Hasta ahora, los contratos para este periodo se realizaban como contrato de vacaciones, sin embargo, este cambio, adoptado por los responsables del IMAS de manera unilateral, niega la opción a los profesionales que están trabajando actualmente con un contrato por acúmulo de tareas a tener un contrato en vacaciones porque la duración máxima de este tipo de contratos es de seis meses dentro de un periodo de doce.

“Los profesionales que hayan agotado este periodo, no tendrán opción a tener un contrato en vacaciones, lo que generará una falta de profesionales en el IMAS y, por lo tanto, una merma en la calidad asistencial. Desde USAE vamos a trabajar con el objetivo de que el IMAS cambie de decisión pues es la única manera de garantizar que la calidad asistencial no se vea mermada para los usuarios durante el verano. La atención, los cuidados y el bienestar que precisan estos pacientes/usuarios no entiende de periodos estivales”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de USAE en Baleares.
 

Desde USAE exigimos a las Consellerías de Función Pública y de Sanidad, así como a GSAIB que dejen de dar largas a los Técnicos en Emergencias Sanitarias e inicien de manera inmediata la negociación del convenio colectivo.

Actualmente los profesionales de GSAIB están trabajando con dos convenios: uno de ellos fue negociado por empresas privadas y dejó de estar vigente en 2017, lo que perjudica a los profesionales fijos, el otro es el Convenio Laboral CAIB, que afecta al personal eventual.  Ninguno de los dos ha sido negociado en los tres años de vida de GSAIB.

Con esta actitud, las Consellerías de Función Pública y de Sanidad y GSAIB demuestran una falta de interés absoluta por los derechos laborales de sus trabajadores. Entre las consecuencias de regirse por unos convenios obsoletos, que poco tienen que ver con la realidad asistencial actual, están la congelación del canon fijo de noches, domingos y festivos al que tiene derecho el personal eventual, o el no reconocimiento al personal fijo de la categoría de Técnico en Emergencias, creada en las Islas Baleares en 2019.

“Mientras las condiciones laborales de sus trabajadores llevan tres años sin mejorar, GSAIB no deja de expandirse. Por ello, desde USAE exigimos que antes de seguir creciendo resuelva los problemas laborales que afectan a los profesionales sanitarios que conforman su plantilla. El convenio colectivo es el único acuerdo que tienen los trabajadores para regular sus relaciones con la empresa, por lo que es urgente que los responsables de Función Pública, Sanidad y GSAIB se sienten a negociar con los representantes de los profesionales un acuerdo que se adapte a la situación actual, mejorando las condiciones laborales y retributivas de los Técnicos en Emergencias Sanitarias”, explica Jorge Troya Miguez, delegado de USAE en GSAIB.
 

Nota de prensa

La compañera, embarazada de siete meses, tenía un contrato por obra y servicio que, casualmente, se acaba justo al día siguiente de la presentación del parte de baja.

Alejandro Juan Alonso, secretario de acción sindical de SAE en Baleares pide una “reflexión sobre esta casualidad que supone que una compañera que llevaba tiempo trabajando sin ningún problema vea rescindido su contrato precisamente tras la presentación de este parte. ¿Es su embarazo el problema? Un embarazo no debe suponer nunca un motivo de despido y sitúa a las mujeres en una clara situación de desventaja y discriminación frente a sus compañeros varones.

USAE ha emprendido las acciones legales oportunas contra este despido solicitando la declaración de nulidad y la readmisión de esta Técnico en Emergencias Sanitarias.

Además de no ser ésta una función del colectivo, incumple la normativa de riesgos laborales, pues cada profesional debe responsabilizarse del material de protección que se le facilita.
En el Hospital Son Llátzer, la Directora de Enfermería, Ana Pérez, ha dado orden a la supervisora de urgencias para que los TCE realicen diariamente la limpieza y desinfección de todas las gafas y pantallas protectoras que utilizan todos los profesionales que pasan por los diferentes servicios en cada turno, lo que les impide atender adecuadamente la demanda asistencial que precisan los pacientes.
“Ana Pérez se ampara en las funciones aprobadas para los TCE en el año 1973, un documento obsoleto, para obligarnos a realizar esta limpieza, poniendo así en riesgo la integridad física de los profesionales. Es evidente que las funciones de nuestro colectivo han evolucionado ampliamente en casi cincuenta años, por lo que seguir guiándose por un protocolo que se aprobó en 1973 es incoherente ya que está muy alejado de la realidad asistencial de hoy en día. Y especialmente en este último año, donde la suspensión de las visitas a los pacientes ingresados hace que estos permanezcan solos en las habitaciones por lo que requieren de una mayor atención por parte de los TCE, quienes les proporcionamos diariamente los cuidados básicos y les acompañamos. La limpieza diaria de todas estas pantallas y gafas supone una sobrecarga laboral que nos impide realizar nuestro trabajo adecuadamente y ello nos genera estrés, agotamiento y ansiedad, que hay que sumar al miedo constante que todos los profesionales tenemos al enfrentarnos a la Covid-19. Por lo tanto, exigimos a la Dirección Gerencia del centro y a la Dirección de RR.HH. de IB-SALUT que adopte las medidas oportunas para que los TCE dejemos de llevar a cabo la desinfección de los equipos de protección de todos los profesionales del centro. En caso contrario, adoptaremos las medidas judiciales que consideremos oportunas para que se respete la ley de riesgos laborales”, explica Alejandro Juan, responsable de acción sindical de SAE en Baleares.