El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) denuncia una vez más la saturación de las urgencias del Hospital Son Espases, donde hoy han acudido 100 pacientes, de los cuales 46 están pendiente de ingreso y solo 14 tienen cama.
“Sin embargo, a pesar de los intentos de SAE por reunirnos con la Dirección o Subdirección de Enfermería, la Dirección Médica y la Gerencia del Hospital para abordar el Plan de Contingencia para Urgencias, aún no hemos sido recibidos por ningún responsable. De hecho, la Dirección Médica ha cancelado la reunión que teníamos concertada mañana día 17. Es evidente que a ninguno de los responsables del hospital le interesa solucionar esta situación que está afectando a usuarios y profesionales”, explica Eva Mestre, delegada de SAE en el centro.
La falta de espacio por esta saturación está vulnerando la intimidad del paciente ya que es imposible mantener la distancia de seguridad y pone en riesgo a los profesionales, que con plantillas mermadas, ven incrementados sus niveles de estrés y ansiedad.
“Normalizar la falta de espacio y profesionales para atender a los pacientes es, además de inhumano, un peligro para la salud de los profesionales, por ello desde SAE exigimos, una vez más, a los responsables del hospital que doten de personal suficiente las plantillas de TCE y se sienten con SAE para abordar el Plan de Contingencia para Urgencias, pues es la única manera de garantizar una atención sanitaria segura y de calidad”, explica Javier Millar, delegado de prevención de riesgos laborales de SAE en el hospital.

     En la actualidad hay en la Unidad de Cardiología 7 TCE en situación de Incapacidad Permanente y 3 disfrutando de sus permisos vacaciones y 4 más en las consultas de oncología.  Ninguna de ellas ha sido sustituida con nuevas contrataciones por lo que se cubre sus puestos movilizando a compañeras de otras unidades, lo que supone que en unas u otras unidades hay puestos sin cubrir.

“Para parchear esta situación, porque en absoluto es una solución, se están denegando los permisos y licencias de los TCE ante la falta de contrataciones en el Complejo y se supone que estos días quedarán pendientes para su disfrute en el año 2022. Ante esta nefasta política de contrataciones, no parece arriesgado aventurar un año 2022 catastrófico para los TCE” manifiesta al respecto Juan Antonio Moreno Torres, secretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en SAE Córdoba

El SNS- O reconoce a los profesionales que están de guardia los días 24, 31 de diciembre o 5 de enero una retribución especial. Los profesionales reclaman la misma consideración de estos días para quienes trabajen esta jornada como ordinaria.

“Ha sido la Administración quien, a efectos retributivos, los ha considerado como especiales y, por tanto, así deberían ser para todos los profesionales que trabajen cualquiera de esos días”, manifiesta Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra.

Distinguir como día especial estas fechas tan señaladas no debiera generar una discriminación entre profesionales como lo está haciendo ahora, la retribución debiera ser reconocida para todos los trabajadores como ya hemos dicho en numerosas ocasiones.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) mantiene su compromiso con las personas con discapacidad, en quienes se centra la mirada el 3 de diciembre desde que Naciones Unidas proclamara este día como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.
    Como profesionales sanitarios, nos sumamos a este día reclamando especial atención a todas las personas que viven en instituciones, ya sean abiertas o cerradas, y que necesitan contar con el número de profesionales adecuados para mejorar su calidad de vida y, desde luego, una plantilla óptima de Técnicos en Cuidados de Enfermería mejoraría esta calidad y sus expectativas. 
    La discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, no es sinónimo de incapacidad, por lo que es urgente dejar de identificar discapacidad con enfermedad para que los prejuicios y el estigma desaparezcan y para ello es necesario crear el número de recursos profesionales y materiales necesarios que favorezcan la integración real.
“La Administración debe implementar políticas que promuevan el acceso a los servicios generales, invertir en programas específicos que favorezcan la integración y mejorar la educación y la contratación de las personas con discapacidad para conseguir que tengan acceso a los mismos ámbitos, las mismas oportunidades y el mismo trato que el resto de la población. Crear una sociedad diversa en la que no tenga cabida señalar al diferente pasa por romper todas las barreras, las físicas y las mentales, y para ello es fundamental un compromiso que no deje a nadie atrás: el empoderamiento social, económico y político de las personas con discapacidad es la única manera de conseguir un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para todos”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

            La Plataforma EBEP 36.3 (denominada así debido a que es donde radica el problema) aglutina a todo el tejido sindical independiente en la Administración pública de todo el Estado, cientos de organizaciones sindicales de toda índole sectoriales, generales, independientes, nacionalistas, de carácter político o sin él, estatales, autonómicas, locales… que aglutinan casi el 50% de la representación, miles de delegados en todas las instituciones de todo el Estado y que, sin embargo, están siendo excluidos de su capacidad para negociar y cumplir su obligación como representantes elegidos por los propios trabajadores en las elecciones sindicales, por una interpretación torticera e interesada del Estatuto de Empleado Público que desde el 2018 les excluye de las mesas de negociación en  beneficio de los sindicatos mayoritarios CC.OO y UGT que son impuestos pese a no contar con respaldo  de las propias plantillas, y ni tan siquiera haberse presentado a las elecciones en dichas instituciones.

            Una suerte de dictadura sindical, que para nada tiene que ver con los principios de libertad sindical consagrados en la Constitución o la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical. Muy lejos además de lo pretendido por los ponentes del  propio Estatuto del Empleado Público en su elaboración allá por el año 2005 antes de su aprobación en el 2007, cuyo objetivo era unos foros de negociación amplios participativos,  inclusivos e integradores de las representaciones sindicales en cada institución pública. Desde luego para nada la oligarca dictadura sindical en servicios públicos (y lo que ello conlleva) que ahora se pretende en beneficio de organizaciones sindicales con un marcado matiz político.

            La Plataforma les ha hecho entrega a los representantes del Grupo VOX en la comisión de función pública del congreso del estudio/dictamen jurídico elaborado por la Universidad de Valencia donde se evidencia que se está socavando el principio de libertad sindical en las administraciones públicas y aporta una solución legislativa al conflicto.

            Desde la comisión de función pública del grupo Vox al completo, valorada la documentación y estudiado el caso nos trasladan su preocupación por la situación y las repercusiones de degradación de la democracia sindical y el peligro de ser instrumentalizada por determinados sectores político/sindicales como les trasladamos. Nos comunican su apoyo total a la iniciativa para incardinarla en el debate político y que cada grupo político asuma su responsabilidad en las consecuencias a futuro de las relaciones sociolaborales en el seno de la Administración y servicios públicos de este país y lo que ello supone para todas y todos los españoles.

            Desde las organizaciones sindicales que componemos la Plataforma EBEP 36.3 agradecemos al Grupo VOX en el Congreso de los Diputados, su interés y apoyo a nuestra iniciativa en defensa de la libertad sindical de este país.