El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto denuncia contra la residencia de ancianos de Ávila, perteneciente a la Junta de Castilla y León, debido a su inacción ante las agresiones, verbales y físicas, a las que está sometida una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de uno de los residentes.
    Insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente. 
    Tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia sobre esta situación, sin que los responsables hayan adoptado ninguna medida al respecto, salvo imponer a la agresora un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza. La situación, cada vez más grave, ha provocado la baja de la profesional, sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora.
    Esta falta de apoyo por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el extremo de no informar a la víctima de los pasos que debía seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta de Castilla y León.
    “Desde SAE informamos y formamos a los profesionales para evitar las agresiones, físicas o psíquicas, a las que los trabajadores están expuestos tanto en hospitales y centros de salud como en centros sociosanitarios. La arrogancia, la prepotencia, el doble discurso, la falta de valores éticos/morales, la falta de respeto y, sobre todo, el desarrollo de conductas violentas premeditadas por parte de usuarios y familiares ponen en riesgo a los profesionales durante su jornada laboral, y es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por su seguridad. Para ello, es esencial que se instauren protocolos y planes de prevención bien desarrollados que garanticen la integridad de los profesionales, algo que, desde luego, está muy lejos de la actitud adoptada por la dirección del centro”, explica Inmaculada García, secretaria provincial de SAE en Ávila.

El paradigma de la atención sociosanitaria debe cambiar acorde a los cambios sociales y demográficos actuales y futuros basados en una población cada vez más envejecida, con pluripatologías y enfermedades crónicas. Pacientes que requieren de cuidados continuos que deben proporcionar personal de enfermería, pero no necesariamente y, en su mayoría, profesionales universitarios.

Por eso, no dejan de sorprender las declaraciones de los representantes de los enfermeros respecto al borrador del Decreto de la Junta que debe desarrollar la Ley Reguladora del Modelo de Atención Residencial para Cuidados de Larga Duración en Castilla y León de 2024.

SAECyL ha defendido siempre y por encima de otras consideraciones la necesidad de que la atención socio sanitaria sea responsabilidad de personal con titulación y que cada estamento lleve a cabo aquellas funciones que por competencias y cualificación les corresponde.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería / Técnicos de Atención Directa (TAD) tienen titulación adecuada y forman parte de los equipos de enfermería. Sin embargo, los responsables de las organizaciones de enfermeros olvidan ambas premisas y generan una alarma innecesaria al realizar afirmaciones como que “las funciones que son exclusivas de la enfermería podrían dejarse en manos del personal sin titulación universitaria generando intrusismo profesional y dejando sin cobertura segura a una población altamente dependiente y pluripatológica”.

En las residencias, no todos los cuidados de enfermería son exclusivos del personal universitario, sino que la atención que requieren los usuarios no está tan centrada en la atención altamente cualificada sino en los cuidados fundamentales y constantes que facilitan los Técnicos en Cuidados de Enfermería aunque lo realmente inadmisible es que se contrate a personas sin ningún tipo de titulación ni cualificación.

    Es evidente que los responsables de la Diputación no son conscientes de la realidad asistencial que existe en sus centros, donde los residentes cada vez demandan más atenciones debido al estado en que llegan: el número de dependientes de grado alto o muy alto se ha incrementado considerablemente, mientras los profesionales han envejecido y las plantillas se han reducido, lo que exige un sobresfuerzo, tanto físico como mental, que provoca un aumento de las bajas. 
    El principal problema radica en las bolsas de empleo, que son muy cortas o inexistentes, lo que retrasa las contrataciones. En el caso de Diputación, la actual bolsa se basa en un modelo arcaico que deriva de las oposiciones –la última corresponde a las OPEs de estabilización de 2022-, por lo que el acceso está restringido a la aprobación de alguna de las pruebas, habiendo ocasiones en las que no se puede generar bolsa. 
    “Desde SAECYL exigimos que Diputación de Burgos establezca, tal y como ya se hace en SACYL y Gerencia de Servicios Sociales, un sistema de bolsa abierta y permanente, desvinculada de las oposiciones, que se adapte a las demandas reales de los centros residenciales. De esta manera siempre habría aspirantes y se respetaría el derecho de los profesionales al descanso y a trabajar en condiciones adecuadas, y el de los usuarios a recibir una atención adecuada. Actualmente, la falta de personal está poniendo en riesgo la salud de los profesionales, además de repercutir negativamente en la calidad de un servicio en el que debe primar la atención directa, personalizada y humanizada con el usuario”, explica la responsable de SAECYL, Sonia Mª Tellez.

SAE lleva más de diez años reclamando que se reconozca este derecho del tiempo de permanencia necesario que media entre los turnos de entrada y de salida para tramitar la información relativa a los pacientes ingresados. Por lo que esta reducción en siete horas es un insulto para los Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales sanitarios que, como el resto de categorías, debe mantener una comunicación apropiada con sus compañeros para que la atención al paciente sea lo más eficiente posible.

De hecho, y a instancias de SAE, el Procurador del Común dirigió en 2014 a la Consejería de Sanidad una Resolución por la que le comunicaba que “se deben adoptar las medidas necesarias para delimitar esta continuidad asistencial a los Técnicos en Cuidados de Enfermería”. Y ello después de años de insistencia en la Mesa Sectorial que, incluso, llegó a formar una mesa técnica para que los TCE vieran reconocida esta reivindicación. 

“Sin embargo, ahora, aunque nos han reconocido este derecho, no lo han hecho con el número de horas adecuado, especialmente si tenemos en cuenta que también se lo han otorgado al personal celador, que no tiene que realizar esta transmisión de información al no ser profesionales sanitarios. Es evidente que existen organizaciones sindicales que buscan cualquier oportunidad para poner una zancadilla a los profesionales TCE. Así ha sido en el caso de CCOO que, cuando firmamos el acuerdo con la Gerencia en febrero, lo recurrió en los Juzgados. El rancio clasismo de unos y el egocentrismo sindical de otros pueden ser los motivos de tan inadmisible atropello al derecho laboral de los TCE”, explica Inmaculada García, responsable de SAECYL en Castilla y León.
 

    La Gerencia Regional de Salud incumple así la normativa vigente en esta materia, ya que la Orden que regula las bases comunes para la constitución de las bolsas de empleo del personal estatutario temporal y el funcionamiento de éstas, indica que, a lo largo de cada año natural, la Dirección General de Profesionales determinará la fecha de corte hasta la que tendrán en cuenta las inscripciones efectuadas y sus actualizaciones. Sin embargo, ahora mismo aún nos estamos rigiendo por la fecha de corte determinada por Resolución de 7 de enero de 2020, cuya publicación definitiva se realizó en noviembre de 2022.     
    “El pasado 1 de junio de 2023 se abrió el plazo para presentar documentación justificativa de méritos con una fecha de corte determinada hasta el 28 de febrero de 2023. Sin embargo, este nuevo proceso está paralizado y se espera que así continúe durante meses, pues primero se debe publicar un listado provisional y después uno definitivo. Por lo que hasta que se resuelva este proceso, la bolsa continuará funcionando con el corte establecido en 2020. Un desfase indignante que desde SAECYL ya hemos denunciado en diversas ocasiones, solicitando la agilización de los plazos. No vamos a consentir que los TCE -tanto quienes han podido adecuar y actualizar sus méritos, como los nuevos candidatos que, a pesar de reunir los requisitos, continúan fuera- sigan sufriendo este agravio, por ello, adoptaremos las medidas que consideremos necesarias, incluida la vía judicial, para solventar este perjuicio”, explica Inmaculada García, responsable de SAECYL en Castilla y León.