A este hecho se suma la inexistencia de un convenio colectivo porque la patronal se niega a firmar los acuerdos propuestos por las organizaciones sindicales.
    El Servicio Canario de Urgencias (SUC) y la Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) conocen la situación, pero ninguna ha adoptado las medidas necesarias para acabar con esta situación y resolver los problemas de los profesionales, que pasan por falta de plantillas y recursos insuficientes, lo que, irremediablemente, tienen consecuencias en la atención a la población. 
    “La situación de las ambulancias de SVB no es todo lo buena que nos gustaría, por eso hemos denunciado en varias ocasiones los problemas que rodean a este servicio en Lanzarote. Desde FTPS exigimos un compromiso real con la atención a la población y éste debe pasar por mejorar los recursos, respetar a los profesionales y cuidar los servicios. Es inadmisible que se juegue con la sanidad de esta manera, por ello desde FTPS seguiremos luchando para que las dotaciones cuenten con todos los medios necesarios, tanto humanos como materiales, y por que éstos sean los adecuados para ofrecer a los usuarios una atención eficiente”,  explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 

Como cada año, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos unimos al Día Mundial contra el Cáncer para visibilizar la heterogeneidad del cáncer y, por lo tanto, la necesidad de desarrollar una oncología personalizada, que precisa de recursos humanos y económicos encaminados a continuar avanzando en la investigación y, por supuesto, en la prevención. 
    Esta inversión es esencial para poner a la persona en el centro de la atención, tal y como destaca la campaña Unidos por lo único, con la que la Unión para el Control Internacional del Cáncer pone en valor la empatía hacia cada uno de los pacientes, destacando su individualidad ante la enfermedad. 
    El cáncer engloba distintos tumores, cada uno con una biología, tratamiento y pronóstico, por ello la población debe conocer las herramientas que existen para conseguir diagnósticos tempranos en, por ejemplo, el cáncer de colon, el de piel o el de mama. Pero este mes también se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, una patología que, según la Organización Mundial de la Salud, afecta cada año a 400.000 menores en el mundo – 1.500 en España-.
    Y, aunque la supervivencia supera el 80% en los países ricos, no llega al 30% en países con ingresos bajos y medios –el objetivo de la OMS es doblar este porcentaje para 2030-, por ello es necesario continuar invirtiendo e implementando actuaciones a nivel mundial que garanticen diagnósticos tempranos y veraces, el acceso a cuidados especializados y a tratamientos adecuados, así como políticas que eviten el abandono de los mismos por razones económicas.
    “Desde SAE queremos poner de relieve, una vez más, la importancia de un compromiso real a nivel nacional e internacional en este campo asistencial, pues la única manera de salvar vidas e incrementar la supervivencia de los pacientes, adultos e infantiles, es invirtiendo en investigación, en prevención y en tratamientos. El deber de las organizaciones sanitarias y de los responsables políticos implicados en el ámbito de la salud, tanto nacionales como internacionales, es salvaguardar la salud de la población y para ello es necesario actuar con una responsabilidad basada en la colaboración y la empatía”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE. 

Los responsables de SAE de Jaén han mantenido una reunión con Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, en la que le han trasladado las principales reivindicaciones del colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), que, tal y como ha señalado el representante político de Adelante Andalucía, son justas y cuentan con su apoyo.
Así, entre las principales demandas está la urgencia de actualizar las funciones de este colectivo profesional, que aún rigen su trabajo por las establecidas en el Estatuto de 1973, y la necesidad de que el nuevo Estatuto Marco, firmado recientemente, dote la clasificación de los profesionales de la Formación Profesional – el grupo 4 para los Técnicos de Grado Medio y el grupo 5 para los de Grado Superior- con la retribución correspondiente, de manera que ésta se aplique en el momento en que el Congreso de los Diputados apruebe su tramitación legislativa.
Igualmente, los responsables de SAE han trasladado a su interlocutor la penosa situación en la que se encuentran los hospitales jienenses, que arrastran plantillas deficitarias desde hace más de 40 años, obligando a los profesionales TCE a sobrellevar una carga asistencial inadmisible. Un ejemplo de esta situación se encuentra en los turnos de noche, donde hay servicios en los que un único TCE tiene que hacerse cargo de 30 pacientes.
 “Situaciones así se dan diariamente en los hospitales de la provincia, por lo que esperamos que el apoyo y compromiso político de Antonio Maíllo se traduzca en hechos y nuestra sanidad empiece a contar con los recursos humanos y materiales que necesita para atender con eficacia y seguridad a su población. Igualmente, esperamos que las reivindicaciones históricas del colectivo, por las que llevamos luchando más de 20 años, finalmente, reconozcan nuestros derechos laborales y retributivos a la mayor brevedad posible.  confiamos en que nuestro interlocutor lleve a cabo todas las actuaciones que estén en su mano para que se empiece a valorar más el trabajo que desempeñamos en la atención sanitaria y menos el ahorro económico que supone mantener estancadas nuestras reivindicaciones”, explica Francisca Cortés, secretaria provincial de SAE en Jaén.
 

     El acuerdo ya existe, está firmado y fue posible gracias a la movilización de los trabajadores, que durante semanas sostuvieron una huelga ejemplar para lograr una reivindicación histórica: la equiparación salarial dentro del sistema público de atención a la dependencia. Sin embargo, su aplicación continúa bloqueada por trámites administrativos. Así, según la documentación oficial remitida por la propia Administración, el expediente se encuentra actualmente en tramitación en la Dirección General de Función Pública y Presupuestos, lo que está provocando esta demora, que, desde USAE no vamos a consentir que se prolongue en el tiempo. 
     Los trabajadores han cumplido con su parte. Han demostrado responsabilidad, compromiso y una enorme capacidad de sacrificio. Ahora es la Administración quien debe estar a la altura, agilizar los procedimientos y garantizar que lo acordado se materialice sin más excusas, especialmente los puntos relativos al abono de las cantidades comprometidas.
     “USAE seguirá defendiendo los derechos de la plantilla con firmeza, manteniendo una actitud constructiva, pero sin renunciar a exigir el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos. Si no se produce una respuesta clara en los próximos días, se valorarán las acciones necesarias para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación”, explica Isabel García, presidenta del Comité Intercentros de la Fundación.

Las organizaciones sindicales FTPS, SATSE, SMA, CCOO, CSIF y UGT, representadas en las Juntas de Personal de  la Campiña, manifiestan su frontal rechazo a la intención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de implantar un modelo de “personal itinerante” mediante la fusión laboral de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil.
    Esta medida supondría que las plazas dejen de estar adscritas a un centro hospitalario concreto para integrarse en la denominada “Macro Área”, bajo la que el per-sonal podría ser desplazado indistintamente entre los tres hospitales. Para las organizaciones sindicales, esta propuesta constituye una grave torpeza en la gestión de los re-cursos humanos que no solo perjudica a los profesionales sanitarios, sino que tendrá consecuencias directas y negativas sobre la población del sur de la provincia de Córdoba.
    Los sindicatos sanitarios alertan de que esta fusión laboral implica una movilidad geográfica forzosa encubierta, rompiendo de facto cualquier posibilidad real de conciliación familiar, estabilidad profesional y arraigo a un centro de trabajo. “No saber dónde se va a trabajar es el mejor incentivo para marcharse”, denuncian las organizaciones, subrayando que este modelo convierte al sur de Córdoba en una zona aún menos atractiva para captar y retener profesionales sanitarios en un contexto de escasez estructural de personal.
Impacto directo en los concursos de traslados y en la estabilidad del sistema
    El nuevo modelo planteado por el SAS tendría un impacto especialmente grave en los futuros concursos de traslados:
•    Desaparición de la elección de centro concreto, al quedar las plazas adscritas genéricamente al Hospital Infanta Margarita, englobando a los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil.
•    Incremento de la incertidumbre laboral, al permitir a la administración destinar al profesional a cualquiera de los tres centros.
•    Ruptura de la conciliación familiar y profesional, al imponer una posible itinerancia permanente entre distintas localidades.
•    Pérdida de atractivo de las plazas, fomentando la salida de profesionales hacia otras áreas donde sí se garantice la adscripción estable a un centro.
    En la práctica, esta medida transforma el concurso de traslados en un proceso “a ciegas”, que deja de ser una herramienta de movilidad voluntaria para convertirse en un factor añadido de precariedad laboral.
Fuga de profesionales y deterioro de la atención a la ciudadanía
    Las organizaciones sindicales recuerdan que esta fuga de profesionales no es una hipótesis, sino una realidad ya constatada. En los últimos años, especialistas de los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil han abandonado la zona ante la precariedad laboral en el macro área sanitaria, la imposibilidad de elegir centro de trabajo estable va a acelerar la fuga de talento, marchándose a otros hospitales de la provincia o de provincias limítrofes.
    “La pérdida de potencial humano altamente cualificado no solo la sufren los profesionales; la sufre directamente la población”, subrayan unánimemente los sindicatos sanitarios. La falta de equipos estables repercute de forma inmediata en la continuidad asistencial, el cierre de servicios, el incremento de las listas de espera y la merma en la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos y pacientes del sur de Córdoba.
La alternativa: áreas sanitarias diferenciadas, una solución ya pactada
    Frente a este modelo de precarización, las organizaciones sindicales exigen retomar el acuerdo alcanzado en julio de 2022 en las mesas de negociación con la Consejería de Salud y el SAS: la creación de dos áreas sanitarias diferenciadas, Campiña y Subbética.
    Lejos de ser una improvisación, esta propuesta cuenta con el respaldo de plataformas ciudadanas y de la totalidad de las fuerzas políticas de la provincia, tal y como se recoge en el acta del Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba del 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, las OOSS denuncian que la Consejería se mantiene “sorda y ciega” ante este amplio consenso social e institucional.
    La creación de áreas sanitarias de menor tamaño es, según los sindicatos, la única vía realista para garantizar:
•    Una gestión sanitaria cercana y eficaz.
•    Plantillas estables, evitando la fuga de especialistas.
•    Una atención sanitaria de calidad, con servicios consolidados y tiempos de espera razonables.
Exigencia de paralización inmediata
    Por todo ello, la Junta de Personal de la Campiña ha solicitado una reunión urgente con la Delegada Territorial de Salud y Consumo de Córdoba para exigir la parali-zación inmediata de la fusión laboral y el cumplimiento de los acuerdos de 2022. Sin embargo, aún siguen esperando respuesta a esa solicitud que, por motivos similares, desde el Área Norte de Córdoba también la solicitaron y ya la tienen agendada para el próximo día 5 de febrero.
    El objetivo es preservar la dignidad laboral de los profesionales y garantizar una sanidad pública segura, accesible y de calidad para la ciudadanía del sur de la provincia. Los profesionales y quienes les representan exigen tener los puestos de trabajo y plazas asignadas a un hospital concreto. Para garantizar que todas las categorías profe-sionales tengan una adscripción efectiva a un centro de trabajo delimitado.