No obstante, alcanzar el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de eliminar la hepatitis en 2030 se puede alcanzar siempre que se intensifiquen los esfuerzos y se mejoren los accesos al diagnóstico y los tratamientos, pues, actualmente, aunque las herramientas para evaluar y medicar a los pacientes han mejorado, las tasas de cobertura de las pruebas se han estancado.

Para conseguir esta meta es necesario que en 2030 la incidencia de infecciones crónicas por virus de la hepatitis se reduzca a 900.000 y las cifras de la mortalidad anual se sitúe por debajo de las 500.000. Para ello es necesario mejorar la prestación de servicios integrados, descentralizar los servicios de pruebas y tratamientos a la atención primaria, mantener los servicios de hepatitis como parte de la cobertura sanitaria universal e integrar la notificación y el seguimiento de las hepatitis en los sistemas de vigilancia e información sanitaria existentes. Se trata de simplificar la atención y hacerla accesible a todo el mundo.

“La vacunación infantil contra la hepatitis B, la prevención de la transmisión del virus de madre al feto, garantizar la seguridad de las inyecciones y de la sangre, reducir los daños y realizar las pruebas pertinentes para alcanzar un diagnóstico temprano son fundamentales, pero como representantes de los profesionales sanitarios, queremos aprovechar este día para recordar a la Administración su responsabilidad en la implementación de medidas que garanticen la no transmisión de hepatitis víricas en el entorno sanitario y su deber de realizar una mayor inversión en recursos materiales –acciones preventivas, pruebas, medios diagnósticos, medicamentos, vacunas, regímenes terapéuticos, etc.-, que posibiliten una respuesta eficaz y equitativa en todas las Comunidades Autónomas. Desde SAE seguiremos trabajando para mejorar la formación de los profesionales sanitarios, pero también para garantizar su seguridad”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería celebra este acuerdo tras varios años reivindicando que se pusieran fin a la doble discriminación que venían padeciendo los Técnicos Sanitarios de Navarra. Por un lado, eran los únicos profesionales de la sanidad navarra que no tenían reconocido este derecho y Navarra la única comunidad autónoma con esta situación por lo que no podía mantenerse por más tiempo.

Begoña Ruiz Malagón, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE recuerda que “nuestra reivindicación ha sido firme y constante. Contamos con el apoyo de instituciones como el Defensor del Pueblo quien consideró, hasta en dos ocasiones, que no se apreciaban razones de fondo que justificaran nuestra exclusión a en el sistema de carrera profesional”

 Recuerda igualmente que en junio de 2020 en el Parlamento de Navarra se sometió a debate y votación, que fue aprobada por unanimidad una moción que tenía precisamente por objeto instar al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a realizar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la carrera profesional en similares términos a los previstos para el restante personal sanitarios a todos los técnicos sanitarios.

Finalmente, se ha conseguido que más de 3.000 profesionales vean reconocido este derecho en el que se tienen en cuenta sus conocimientos y actualización de los mismos durante su vida profesional, la experiencia en el puesto, el cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios. En definitiva, los mismos criterios que se establecen para los niveles A y B que hace años tienen consolidada la carrera profesional.

Está previsto que a lo largo de este 2024 se pueda comenzar a aplicar la carrera profesional. 

Un valor compartido por la delegada de Sanidad que no solo ha considerado imprescindible la labor del colectivo en la atención a los pacientes sino de la negociación colectiva como cauce para llegar a acuerdos útiles para los profesionales.

            Los responsables de SAE han expuesto las necesidades de cada uno de los hospitales provinciales y las propuestas del sindicato para mejorar la situación de los TCE en sus centros de trabajo.

Entre otras, la necesidad de adecuar las plantillas en determinados servicios donde hay un evidente déficit de TCE para poder ofrecer una mejor calidad asistencial como ocurre en servicios quirúrgicos, unidades de críticos, o el servicio de urgencias del Hospital de Albacete por el gran volumen asistencial en este centro.

            Para SAE es igualmente fundamental que los centros cuenten con las figuras del tutor de formación y el coordinador de TCE dada la necesidad de implicación, integración y reconocimiento de estos profesionales dentro de los equipos.

            Asimismo, se ha planteado la necesidad de que se reactive la carrera profesional en Castilla La Mancha porque es fundamental que todo profesional vea valorado y reconocido su formación y capacidad como parte de su desarrollo profesional.

Hacer tangible este concepto supone que el profesional mejore la motivación e implicación del profesional en su servicio.

“La apuesta por la Formación Profesional debe ser real y no solo una consigna política sin desarrollo posterior en medidas concretas”, consideran las responsables de SAE que “exigen que el encuadramiento de los profesionales se adecúe a los requisitos de titulación requeridos y acabar con las desigualdades que se están produciendo”.

El responsable del agravio que sufren los Técnicos Sanitarios es el proceso que se inició en el año 2018 y que culminó en 2020 por el que el Gobierno de Navarra promocionó directamente y sin exigencia alguna al celador y personal de servicios generales del nivel E en el que se encontraba, al nivel D, y ello en clara discriminación del personal  Técnico de Enfermería, Técnico de Farmacia (profesionales de Formación Profesional de Grado Medio) que siendo de una categoría y nivel superior al personal celador o de servicios generales están equiparados en el mismo nivel D y ello sin razón ni motivo objetivo alguno.

El agravio al que se está sometiendo a los profesionales titulados de grado medio en la Formación Profesional equiparándolo en mismo nivel y categoría profesional que al personal subalterno, sin correspondencia con su capacitación y funciones, y sin respetar por tanto los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, debe ser corregido y no perpetuar esta situación.

Es el momento de poner fin a esta lamentable situación y dadas las negociaciones para una nueva redacción del Estatuto Marco éste debe incluir el debido encuadramiento de los profesionales Técnicos Sanitarios. Es necesario un modelo de reclasificación profesional que recoja las demandas de SAE.

“La violencia es una lacra social y en los hospitales y centros de salud la situación es insostenible. Estar expuesto a una agresión, física o verbal, no forma parte de ninguno de los riesgos que ningún profesional de la sanidad debe considerar asumible. Infecciones, cortes, estrés… podríamos llegar pensar que estamos expuestos a ello. Pero nunca a una bofetada, empujón o insulto”, manifiesta Cristian Braza, vocal de organización y comunicación de SAE en Andalucía.

Los espacios de trabajo deben ser lugares seguros y desde SAE trabajamos para que así sea denunciando públicamente cada caso, además del apoyo que nuestros compañeros puedan recibir en distintos aspectos, y manifestando nuestra repulsa ante estas situaciones en las que se enmarca la concentración convocada para mañana.