Begoña Ruiz, recuerda que “esta ha sido una lucha de años en los que hemos mantenido no solo infinidad de concentraciones como ésta, sino de reuniones con todos los grupos parlamentarios, con todas las instituciones hasta conseguir la aprobación de la ley. No nos merecemos que ahora se haga esta torticera interpretación de la ley que supone un nuevo agravio a estos profesionales”.

Pensábamos que con la aprobación de la Ley terminaba esta reivindicación y vemos que no es así. Nuestra reivindicación finalizará cuando se lleve a cabo la aplicación justa de la ley de carrera profesional para los niveles C y D, lo que implica el reconocimiento de la deuda generada.

Los parlamentarios Txomin González (Bildu) y Laura San Martín (UPN) han manifestado su apoyo durante la concentración e incluso UPN ha registrado a la Mesa de las Cortes de Navarra una pregunta oral para su contestación en la Comisión de Salud solicitando la valoración del Consejero de Salud de estas reivindicaciones por el incumplimiento de lo establecido en las negociaciones sobre el desarrollo de la Carrera profesional.

“Agradecemos el apoyo de los parlamentarios que algunos han mantenido desde el inicio de la reivindicación. Pero este tiempo ya pasó y es la hora de que insten al Gobierno de Navarra a que se aplique la ley con el reconocimiento de la deuda generada y respetando lo negociado”, finaliza la secretaria autonómica de SAE.

SAE insta al Parlamento a que, tras su aprobación, se aplique el Proyecto de Ley de Carrera Profesional del personal sanitario adscrito al Departamento de Salud y sus organismos autónomos en los términos en los que fue negociada y no, como parece ser su intención, con ruines interpretaciones que se traducen en insistir en el agravio a los Técnicos Sanitarios.

Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra explica que “en la citada negociación asumimos que el abono iba a ser de forma progresiva, siendo el 50% de la asignación en 2024, hasta un 70 % en 2025, hasta un 90% en 2026 y el resto en 2027, pero teniendo en cuenta los atrasos generados, es decir, recuperando la deuda que contrae la Administración con los profesionales”

Otro punto clave fue que el encuadramiento inicial iba a ser teniendo en cuenta los servicios prestados en los sistemas públicos de salud de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, nos encontramos con una modificación que hace el Departamento de Salud sin tener en cuenta lo pactado en Mesa Sectorial y separa en este encuadramiento inicial por estamentos.

En definitiva, si bien aprobó una ley de carrera profesional para los técnicos sanitarios mantiene el agravio institucional hacia estos profesionales lo que obliga a SAE, nuevamente, a movilizar a los afectados para exigir sus derechos.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2024 se diagnosticarán 36.395 nuevos casos de cáncer de mama. En 2020, esta cifra se situaba en 34.088. El incremento en estos datos es evidente, pero también en el porcentaje de supervivencia, que se sitúa, durante al menos cinco años después del diagnóstico, en el 86% en España.
Pero para que estos datos sigan creciendo, es fundamental reforzar los sistemas de salud para conseguir una gestión integral del cáncer de mama, que contemple campañas formativas sobre la autoexploración y un incremento de recursos que permitan concienciar a la población sobre la importancia de participar en los programas de cribado -actualmente, el porcentaje se sitúa en el 80% -. Esta es la única manera de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud: reducir en un 2,5% anual la mortalidad mundial por esta enfermedad, de manera que entre 2020 y 2040 se eviten 2,5 millones de muertes.
“Para contribuir a la concienciación en nuestro país, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hemos elaborado un cartel educativo en el que recogemos los principales síntomas y signos –bulto en el pecho, hundimiento del pezón o venas crecientes, entre otros-, para mostrar a las mujeres cómo identificarlos, pues la autoexploración es una parte incuestionable para facilitar la detección precoz y los tratamientos tempranos. Con esta infografía, que hemos distribuido por los hospitales, centros de salud y redes sociales, queremos conseguir esa concienciación y subrayar la importancia que la detección precoz tiene para la supervivencia”, explica Daniel Torres, Secretario de Acción Social de SAE.
 

Si bien Mensajeros de la Paz es la responsable de la gestión de la residencia, el propietario del edificio es el Ayuntamiento pero las consecuencias de la dejadez y las diferencias entre propietario y concesionaria las están padeciendo los usuarios y los trabajadores.

Las deficiencias en las instalaciones del edificio, además de un importante incremento de la exposición a riesgos laborales para los trabajadores, suponen un deficiente servicio para los usuarios dejándolos en una situación comprometida y sin la atención debida. Los continuos problemas de las tuberías del agua que provocan roturas, fugas, goteras… ponen en riesgo a los trabajadores por provocar situaciones insalubres de humedad extrema en zonas como vestuarios, posibilidad de accidentes por resbalones o los riesgos asociados a la electricidad ya que el agua de las tuberías llega a caer por los focos de la luz.

El origen de este problema es que la instalación de agua no está preparada para soportar las altas temperaturas a las que deben someterse las prendas de los residentes para el proceso de higienización y desinfección. El agua alcanza 60º y con estas temperaturas las cañerías se rompen generando continuas goteras.

Los problemas con las tuberías afectan al aseo de los residentes ante la falta de agua caliente y los profesionales remedian la situación de manera precaria, por ejemplo, calentando agua en una marmita de cocina y subiendo cubos de agua a mano para llenar las palanganas y poder realizar el aseo con agua caliente.

Por otro lado, no es adecuado que los uniformes del personal se laven conjuntamente con la ropa de los residentes que, por sus circunstancias de salud, llegan con restos y fluidos corporales.

Por otro lado, la falta de personal es una constante en el centro incumpliendo por completo la ratio paciente/personal de enfermería hasta el punto de que faltan tanto Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) como diplomados de enfermería prestando servicios en la residencia. Sus funciones las asumen los TCE a pesar de que algunas de las funciones que deben llevar a cabo exceden su titulación y que, incluso le estarían prohibidas por ley provocando, además, con ello una sobrecarga de trabajo en estos profesionales al tener que asumir sus propias funciones y las del personal diplomado.

No lleva a cabo ninguna contratación de manera que los trabajadores suplen a quienes se encuentran en situación de Incapacidad Temporal aumentando la sobrecarga laboral de los profesionales y tampoco concede los permisos de libre disposición a los que tienen derecho.

De hecho, incluso los familiares de los usuarios se han quejado, tanto por la falta de personal como por el evidente deterioro de las instalaciones, que afectan directamente a los residentes que, incluso, carecen de timbre en las habitaciones para poder solicitar la ayuda de los profesionales.

Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería es evidente que hay que poner fin de manera inmediata a todas estas situaciones.

    Con esta protesta, organizada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), estos profesionales sanitarios exigen que la reforma del Estatuto Marco que se está negociando reconozca la clasificación que les corresponde: el grupo C1 para los Técnicos de Grado Medio de la Formación Profesional y el B para los de Grado Superior, tal y como se recoge en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuya aplicación está paralizada por una disposición transitoria incluida en el mismo texto.
    Esta situación es injusta, y así lo han reconocido los responsables sanitarios autonómicos y nacionales, pues de todos los empleados públicos, los grandes perjudicados mayoritariamente son los profesionales sanitarios ya que en el resto de Administraciones para la inclusión en el grupo C2 solo se requiere la ESO y en el C1 el Bachillerato. Sin embargo, en el ámbito sanitario se exigen titulaciones específicas de Formación Profesional.
    “Para SAE esta reivindicación es histórica: nos hemos reunido con diputados nacionales y autonómicos que han manifestado su apoyo a nuestra reivindicación, hemos protestado en numerosas ocasiones frente al Congreso de los Diputados, ante los ministerios de Función Púbica y Sanidad, en las puertas de las consejerías de Sanidad, ante los parlamentos autonómicos, en los hospitales de toda España… Hoy hemos vuelto a salir a la calle y lo hacemos esperanzados en que, finalmente la reforma del Estatuto Marco, la normativa específica del personal estatutario de los servicios de salud, aplique el mandato del artículo 76 del EBEP. La transitoriedad no puede perpetuarse”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.   

Respuesta del Ministerio de Sanidad
    En reunión mantenida entre los responsables de SAE con la Directora General de Ordenación Profesional, Celia Gómez, y una asesora de la Ministra de Sanidad, Mónica García, éstas han informado que la voluntad del Ministerio de Sanidad es la de abordar la clasificación de todos los profesionales, pero de acuerdo al Marco Español de Cualificaciones con correspondencia al Marco Europeo de Cualificaciones en su adaptación al EBEP, sin dejar claro cómo esta adaptación afectará a los Técnicos Sanitarios.
“El Estatuto Marco debió ser reformado tras la publicación del EBEP (en 2007) pero hasta el año 2021, por mandato del Tribunal Superior de Justicia Europeo, no se ha acometido una reforma profunda del mismo, que se está llevando a cabo en la actualidad, aunque, según nuestras interlocutoras no será inminente. Desde SAE seguiremos saliendo a la calle y adoptando las medidas que consideremos necesarias para que los criterios económicos y la falta de voluntad política dejen de estar por encima de un derecho profesional que los Técnicos Sanitarios llevan 17 años esperando que se les reconozca”, concluye Isabel Lozano.