Actualmente, los pacientes permanecen hacinados en camillas y sillones ubicadas en pasillos y en camillas "X", esperando pruebas y cama, sin intimidad ni condiciones adecuadas, con tiempos de espera superiores a las 65 horas para poder ingresar en planta. En estos momentos, hay 27 pacientes pendientes de ingreso, lo que evidencia un bloqueo estructural del sistema.
El nivel de deterioro asistencial es especialmente alarmante por la gravedad de los pacientes afectados. Son pacientes con patologías graves como hemorragias cerebrales, insuficiencia cardiaca, anginas de pecho o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, esperando una cama disponible. Asimismo, se están produciendo situaciones dantescas, como pacientes oncológicos paliativos permaneciendo más de 24 horas en camillas o casos de pacientes de traumatología con sepsis infecciosa en pasillos durante más de 25 horas. Todo ello constituye un auténtico peligro y una vulneración inaceptable de la dignidad y seguridad de los pacientes.
Esta situación se agrava por una gestión ineficiente de los recursos disponibles. Existe una sala con 5 camas y 6 sillones que, lejos de destinarse a aliviar la presión asistencial, se utiliza durante el turno de mañana para pacientes de planta pendientes de alta y permanece cerrada el resto del día por falta de recursos humanos para trabajar con los pacientes; es decir, por falta de contratos, mientras los profesionales se tienen que marchar a otras comunidades para trabajar con cierta estabilidad.
Tras meses denunciando esta misma problemática, la Junta de Personal considera que Málaga padece un grave problema estructural en su sanidad pública. Nos encontramos ante un hospital mal gestionado por parte de la gerencia y la dirección económica, con una evidente falta de recursos humanos y una organización deficiente que se mantiene en el tiempo sin soluciones efectivas.
Esta situación está siendo además mantenida y consentida por el Servicio Andaluz de Salud, que no adopta medidas ante un deterioro asistencial cada vez más evidente. A ello se suma una gestión caracterizada por la falta de diálogo con los trabajadores, basada en la imposición y alejada de cualquier voluntad de consenso, y que pese al cese voluntario 
del director de enfermería, el caos organizativo persiste e incluso empeora, lo que confirma el fracaso de la actual dirección para revertir esta crisis.

Los profesionales trabajan al límite, en condiciones extremas. Los pacientes sufren las consecuencias directas de esta situación. La dirección no ofrece soluciones.

Por todo ello, la Junta de Personal exige nuevamente la dimisión inmediata del director gerente Jesús Fernández Galán, así como de la Dirección Económica, por su responsabilidad directa en este colapso y por una gestión que está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía.

Si no se actúa de manera urgente, se iniciarán movilizaciones, no descartándose ninguna medida de presión. La situación es insostenible. Es indigna y peligrosa. Y, lo más grave, ya está poniendo vidas en riesgo.
 

Según denuncia la organización, los compromisos alcanzados tras las movilizaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 no se han materializado. Esta situación motivó una nueva convocatoria de huelga en marzo de 2025, que fue desconvocada tras un nuevo acuerdo en el que el ICS se comprometía a cumplir los puntos pendientes antes del 31 de diciembre de 2025. 

Sin embargo, una vez superado el plazo, la organización asegura que no se ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos. Además, el requerimiento formal presentado en enero de 2026 tampoco obtuvo respuesta por parte de la Administración. 

Ante esta situación, FTPS ha optado por la vía judicial para exigir el cumplimiento de los acuerdos y defender los derechos del colectivo. El procedimiento quedó registrado el pasado 18 de marzo de 2026 en la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC. 

Desde la federación sindical critican la “falta de credibilidad institucional” y advierten de que el incumplimiento de acuerdos firmados “rompe la confianza en la negociación colectiva”.

FTPS no descarta nuevas movilizaciones si la Administración no rectifica y cumple con los compromisos adquiridos.

En enero de 2025 ya se interpuso la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo incluyendo en la misma al servicio de Anatomía Patología donde se han implantado solo algunas de las medidas propuestas.

Sin embargo, en los quirófanos no se ha implementado suficientes  medidas de protección a los trabajadores. La Inspección en la relación de propuestas de corrección para implantar medidas de extracción localizada que redujeran al máximo la exposición.

En este sentido, se requería al Hospital valorar las condiciones de ventilación de las zonas donde existe exposición, comprobar la eficacia de los sistemas de extracción y la posibilidad de realizar en procesos estancos las operaciones en la que existe exposición.

Sin embargo, nada de todo esto se ha llevado a cabo en Quirófano a pesar de que las mediciones realizadas tienen valores inaceptables, desde agoso de 2024. Faltan kits anti derrame y tampoco hay recipientes adecuados y envases precargados para muestras grandes que no obliguen a hacer trasvases en recipientes no autorizados como contenedores de residuos.

En el Servicio de Anatomía Patológica sigue siendo una constante, la falta de vigilancia de la salud y el seguimiento a los trabajadores, tanto a los que están trabajando en la actualidad como los que han pasado por allí anteriormente, es una constante y los trabajadores carecen de formación sobre cómo actuar en caso de que se produzca algún incidente. No reciben ni formación ni la debida información y desconocen, incluso, la existencia el uso y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual (EPI).

Es inadmisible el manifiesto desinterés por la salud de los trabajadores que se desprende de la inacción de los responsables del Hospital Miguel Servet y de los parches que evidentemente no están solucionando el tema.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exige a todos los grupos parlamentarios seriedad y compromiso con la salud de los ciudadanos catalanes y para ello es urgente que lleguen a un consenso presupuestario de forma urgente.

    Tras el anuncio realizado por Salvador Illa sobre el bloqueo de los presupuestos generales de Cataluña de 2026, los 17.250 millones de euros destinados a la sanidad catalana vuelven a la mesa de negociación, dilatando así una situación que lleva paralizada desde 2023, año en que se aprobaron los últimos presupuestos autonómicos. Ahora, la fecha tope que han anunciado los responsables políticos para alcanzar un acuerdo es el próximo verano, lo que, sin duda, no responde a los intereses de los usuarios y de los profesionales sanitarios; por ello, desde SAE exigimos que los representantes catalanes dejen a un lado su rédito político y empiecen a trabajar por sus ciudadanos, pues la falta de presupuesto afecta, por ejemplo, a la negociación de los convenios: el de la sanidad concertada aún está pendiente de aprobación y el de la sanidad pública se firmó sin una partida económica adecuada, lo que está impidiendo que se contraten profesionales o que se mantengan los recortes, entre otras cuestiones.

    “Queremos apelar al sentido común de todos los grupos parlamentarios para que dejen a un lado sus diferencias y comiencen a mirar por el bien común de quienes representan, pues los ciudadanos tienen derecho a un sistema de salud fuerte, dotado con los recursos profesionales y materiales necesarios, apostando siempre por los avances tecnológicos para garantizar la renovación del sistema y, por supuesto, su avance, ofreciendo así la mejor atención a la población”, manifiesta Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

Los miembros de la Junta de Personal del Área Sanitaria de Vigo se han concentrado esta mañana contra el nuevo Régimen de Vacaciones y Permisos 2026, presentado por la Gerencia del Área, pues las condiciones para solicitar los periodos de vacaciones, así como las restricciones que existen para disfrutar de los días de libre disposición vulneran el derecho de los profesionales sanitarios a conciliar la vida familiar y laboral.
        Así, por ejemplo, las solicitudes de los días de libre disposición se deben presentar con una antelación mínima de 15 días a la fecha del permiso, pues si la petición se realiza con 30 o más días de antelación será automáticamente denegada; estos días, así como los acumulados por antigüedad, no pueden unirse a los periodos de Semana Santa, puentes, festivos o Navidad; y, además, el periodo ordinario de vacaciones se establece entre junio y septiembre.
        Estos son sólo algunos de los puntos que se recogen en el documento presentado por la Gerencia de Área, que ha obviado las alegaciones presentadas por la Junta de Personal, publicando un documento abusivo que roza el incumplimiento de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, pues obligar a los profesionales a tener que mantener su actividad laboral, a pesar de contar con días de libranza autorizados, cuando la supervisora consideren que hay un pico de actividad asistencial, deja fuera de la ecuación la conciliación.
        “En lugar de estar jugando con los días de vacaciones y permisos de los profesionales, la Gerencia debería adoptar medidas más realistas y adaptar las plantillas de profesionales a las necesidades de los servicios y las demandas de los usuarios. No podemos seguir consintiendo que la ausencia de una política adecuada de contratación y de un plan de vacaciones que se ajuste a la realidad de Vigo, continúe vulnerando el derecho al descanso de los profesionales”, explica Víctor Leiros, responsable de SAE en Pontevedra.