La Propuesta de Moción presentada por la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), conformada por SAE y SIETeSS, en la que se recoge la exigencia al Govern de cumplir los acuerdos de fin de huelga y la necesidad de aplicar de forma inmediata y presupuestada la cuantía correspondiente a la clasificación profesional, recogida en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya.
    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS ha conseguido que tan pronto como se firme y entre en vigor, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 18 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS creemos de justicia que el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación se abone desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.

La denuncia es contra la gestión, y lo que para USAE podría ser una malversación de los recursos públicos: se está pagando dos veces por un mismo servicio. Eso es inadmisible, tal y como venimos defendiendo desde el primer momento, recordando asimismo la existencia de alternativas viables que permitirían la implantación de sistemas de eliminación de residuos orgánicos y que ofrecen una solución más segura, eficiente y sostenible para la gestión de estos dispositivos en centros asistenciales.

Estas alternativas eliminan la necesidad de costosos y complejos procesos de limpieza y desinfección, optimizando recursos operativos, reduciendo la carga de trabajo del personal y garantizando disponibilidad inmediata de los dispositivos. Este sistema también favorece el cumplimiento de normativas sanitarias, facilita la trazabilidad y contribuye a la sostenibilidad al eliminar residuos plásticos, alineándose con prácticas medioambientales responsables.

Sin embargo, CC.OO  utiliza esta denuncia legítima para crear un conflicto, inexistente hasta este momento, con fines meramente estratégicos y sindicales.

            La gestión de la limpieza es inadmisible, pero resulta aún más intolerable la respuesta de CC.OO basada en ataques injustificados e infundados contra USAE.

USAE seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores y la correcta gestión de los recursos públicos, sin entrar en guerras sindicales que no benefician ni a los profesionales ni a los usuarios.

Es evidente que la Atención Primaria necesita una reforma y redefinir algunos de sus aspectos. Sin embargo, el triaje de los pacientes por parte de los auxiliares administrativos no parece que sea lo más acertado.

Sin lugar a dudas estos profesionales expertos en gestión documental y atención al público, desempeñan una función fundamental, pero ajena a la atención sanitaria directa al paciente.

Esta medida supone no solo una mala gestión de los recursos humanos, sino un derroche innecesario de recursos económicos, dado que la primera fase de esta reconversión pasa por la formación de dos años para “alfabetización sanitaria” y aprendizaje para derivar a los pacientes.

“Y lo que es mucho peor: los Técnicos en Cuidados de Enfermería tenemos ya esa formación sanitaria cualificada para llevar a cabo ese triaje y derivación. Por tanto, destinar un presupuesto determinado a formar profesionales, cuando ya existen profesionales formados es un despilfarro al que se suma el coste que supondrá la subida de categoría profesional que van a experimentar los auxiliares administrativos. Se va a malgastar dinero público en una medida que no tiene ninguna razón de ser, en lugar de dotar de los recursos económicos necesarios al reconocimiento profesional que los TCE, que cada vez asumen más funciones, y otros Técnicos Sanitarios tienen reconocido por Ley”, recuerda Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE.

Para SAE la plantilla de auxiliares administrativos está sobredimensionada por el aumento de contratación de estos profesionales en las últimas décadas, y que ahora necesitan ser reubicados, cuando, en realidad, ante una población cada vez más envejecida y con un incremento incuestionable de las patologías crónicas, lo que se debería haber hecho es una mayor apuesta por las plantillas de TCE en Atención Primaria. Por ello es inadmisible que se forme a auxiliares administrativo para llevar a cabo tareas asistenciales cuando ya existen profesionales perfectamente cualificados para ello y a los que se ha ido desplazando.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ya manifestó su disconformidad ante la creación de esta figura en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 aprobado por el Consejo Interterritorial.

Por tanto, sin desmerecer a estos compañeros y considerando esta necesidad de reubicación, no podemos dar por buena esta medida teniendo en cuenta que deberían limitarse a las funciones y tareas burocráticas para descargar a otros profesionales sanitarios, respetando que sean éstos quienes lleven a cabo la atención directa al paciente, garantizando así la calidad que éste recibe.

Cristián Monclús, manifiesta al respecto que “con esta medida, lejos de mejorar la Atención Primaria se va a entorpecer la gestión en los centros de salud lo que, indudablemente, va a perjudicar al usuario”.

Esta reforma se está llevando a cabo con el apoyo o el silencio cómplice de los sindicatos de clase que anteponen sus intereses electorales a una atención de calidad, ignorando al usuario, cuya salud, queda claro, les importa poco.

Esta política de no contratación es siempre inadmisible, pero en la provincia de Cádiz donde la población flotante aumenta considerablemente durante los próximos meses supondrá un verano tremendamente complicado.

Estos centros son el primer punto de acceso del usuario cuando tiene un problema de salud. Si no recibe la atención que requiere lo más probable es que acudan a los centros hospitalarios y estos se colapsen aumentando el problema.

Los profesionales han manifestado su preocupación ante esta situación que tampoco ha sido comunicada oficialmente por la dirección de enfermería del Distrito que, ni siquiera, ha aceptado mantener una reunión con los delegados de FTPS.

La falta de Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros de salud de la Bahía de Cádiz augura un verano especialmente complicado si se confirma esta decisión de no contratar a ningún TCE. Desde FTPS se ha solicitado que, de manera urgente, se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar una política de contrataciones adecuada. En caso contrario, la calidad asistencial se verá gravemente afectada ante la falta de recursos humanos.

    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS exige que tan pronto como se firme y apruebe legalmente, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 17 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone un agravio comparativo y una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS exigimos que se abone el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.