Alcanzar la cifra de cero muertes por SIDA en 2030 es uno de los objetivos de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), pero para ello es necesario que la comunidad internacional impulse una actuación conjunta que permita que los países afectados por los recortes en la financiación - según ONUSIDA, a finales de 2024, se contaba con 18.700 millones de dólares para dar respuesta al SIDA en los países de bajos y medios ingresos, un 17% menos que los 21.900 millones que se necesitan anualmente hasta 2030- puedan seguir trabajando y avanzando para conseguir la meta planteada.
    Así, por ejemplo, un presupuesto adecuado es necesario para seguir mejorando los diagnósticos tempranos - según ONUSIDA, en 2024 aproximadamente 5,3 millones de personas no sabían que vivían con el VIH-, garantizar que las personas que reciben un diagnóstico positivo tengan acceso al tratamiento antirretroviral que asegura su calidad de vida y evita la transmisión, y que la atención pueda ser integral.
    Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos al lema de ONUSIDA para este año, “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida”, pues la ayuda y la cooperación de todos es fundamental para seguir avanzando y mejorando las cifras.
 “En nuestro país, aunque los nuevos diagnósticos de VIH descienden, aumenta el porcentaje de personas con un diagnóstico tardío -el 48,7% en 2023-. Por ello, es necesario seguir trabajando en la concienciación de la población sobre las prácticas de riesgo y la importancia que tienen las pruebas para detectar a tiempo la infección. El conocimiento es esencial para cuidar la salud. No obstante, el avance en España en la lucha contra el VIH es significativo, por ello debemos trabajar conjuntamente y compartir recursos con los países que más lo necesitan, pues, de otra manera, será imposible erradicar la enfermedad”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social y Formación de SAE.
 

Para poder prestar una Atención Primaria digna, es necesario que la dotación de TCAE en los Centros de Salud de Atención Primaria y Puntos de Atención Continuada sea incrementada y distribuida de modo regular, ya que, en todas las provincias, se aprecia que esta plantilla no solo es irregular, sino que también es claramente insuficiente. A efectos clarificadores, este sindicato ya presentó en varias ocasiones, diferentes escritos reivindicando el aumento de la dotación de personal TCE, puesto que se apreciaban desigualdades respecto a cada área sanitaria.
Hay que recordar que el Estatuto de Personal Sanitario No facultativo del año 1973, establece en su art. 84 las competencias de estos profesionales en las instituciones abiertas, por lo que su ausencia en estos centros sanitarios de Atención Primaria -además de otros- indica que las funciones asistenciales tienen que estar prestándose por otro tipo de personal al que no le corresponden.  
Actualmente el déficit de médicos y enfermeros tendría que obligar a optimizar a los profesionales sanitarios con los que se cuenta. Por ello se hace necesario una buena reestructuración de las plantillas en Atención Primaria, potenciando la figura del Técnico en Cuidados de Enfermería ya que su propia formación les atribuye capacitación para ejercer actividades o funciones asistenciales, burocráticas y organizativas. De hecho, puede comprobarse como en Atención Especializa desempeñan de forma rutinaria funciones que en los centros de salud asumen las enfermeras.
La estrategia de recursos humanos del Sergas debería encaminarse a potenciar un modelo que optimice los recursos, lo que según el modelo actual no está ocurriendo.
 

La violencia sobre la mujer es un problema de salud pública, por ello desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos un año más al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a través de la campaña UNITE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres, puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de las Naciones Unidas, que en esta ocasión se celebra bajo el lema “Acabar con la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”.
    El abuso a través de imágenes, el ciberacoso, los deepfakes generados por IA o los discursos de odio no dejan de aumentar sin límite en el ámbito virtual, extendiéndose, en muchas ocasiones, a la vida real. Un ejemplo en este sentido está en el incremento del consumo de porno en menores –según un estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya, alrededor del un 20% de adolescentes reconoce haber consumido porno antes de los 10 años, y son los chicos quienes suelen acceder antes, con más frecuencia y de manera más continuada (un 23,3% lo consume a diario y un 44,4% lo hace semanalmente)- y cómo esta práctica y la falta de educación afectivo sexual distorsionan la visión de una sexualidad sana, generando expectativas irreales y promoviendo comportamientos violentos –sexo sin consentimiento, violencia, pornovenganza, sometimiento o dominación-.
    La Fiscalía General del Estado denunció en 2022 un notable y preocupante ascenso de agresiones sexuales cometidas por menores de edad en su memoria anual. En ese año se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años. Entre las causas, la Fiscalía recogía una inadecuada formación en materia ético-sexual y el visionado inapropiado y precoz de pornografía violenta.
Las agresiones sexuales provocan en las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo: embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, cefaleas, síndromes de dolor (espalda, abdominal o pélvico crónico), trastornos gastrointestinales o limitaciones de la movilidad. Pero, además de las secuelas físicas, estas formas de violencia pueden llevar al suicidio y causar depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, alimentarios, problemas con el alcohol o las drogas y prácticas sexuales de riesgo.
 “Los Técnicos en Cuidados de Enfermería, como profesionales sanitarios somos fundamentales en la detección temprana de lesiones sospechosas o comportamientos anómalos en las víctimas de violencia, por ello es fundamental que contemos con una formación adecuada para poder realizar una detección temprana efectiva, sensible y empática que nos permita indagar en los factores de riesgo personales y sociales para poder ofrecer una atención eficaz y eficiente a las víctimas”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

         La atención de este paciente mantiene a todo el equipo en constante alerta ya que para poder atender al menor o acceder a su habitación es necesaria la presencia de, al menos, cinco profesionales para evitar nuevas agresiones, lo que deja desatendidos al resto de pacientes ingresados en la unidad.

         Ante esta situación el Sindicato de Técnicos de Enfermería reclama que se adopten las medidas necesarias para garantizar tanto la atención sanitaria que precisa el menor como la seguridad tanto de los profesionales como del resto de usuarios de la planta en la que permanece ingresado.

         El Servicio Andaluz de Salud debe impulsar protocolos y recursos específicos para la hospitalización de pacientes infantiles y juveniles que requieren atención psiquiátrica garantizando su atención, sin poner en riesgo ni la atención a otros pacientes ni la seguridad de los profesionales sanitarios.

“La reforma del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra del que se prevé presentar un borrador en diciembre ofrece a la Administración una oportunidad de oro para poner fin a la gravosa y discriminatoria situación que sufren los Técnicos Sanitarios de la Comunidad Foral de Navarra”, manifiesta la secretaria autonómica de SAE, Begoña Ruiz.
“La apuesta por la Formación Profesional debe ser real y no solo una consigna política sin desarrollo posterior en medidas concretas”, consideran las responsables de SAE que “exigen que el encuadramiento de los profesionales se adecúe a los requisitos de titulación requeridos y acabar con las desigualdades que se están produciendo”.
Para SAE es innegable la necesidad de avanzar y corregir la gravosa situación que padecen los Técnicos Sanitarios en relación con la falta de reconocimiento a sus títulos formativos. Este agravio se mantienen desde el proceso iniciado en el año 2018 y culminado en 2020 por el que el Gobierno de Navarra promocionó directamente y sin exigencia alguna al celador y personal de servicios generales del nivel E en el que se encontraba, al nivel D, y ello en clara discriminación del personal Técnico de Enfermería, Técnico de Farmacia (profesionales de Formación Profesional de Grado Medio) que siendo de una categoría y nivel superior al personal celador o de servicios generales están equiparados en el mismo nivel D y ello sin razón ni motivo objetivo alguno.
Así las cosas se somete a una flagrante injusticia a los profesionales titulados de grado medio en la Formación Profesional equiparándolo en mismo nivel y categoría profesional que al personal subalterno, sin correspondencia con su capacitación y funciones, y sin respetar por tanto los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, debe ser corregido y no perpetuar esta situación.
“Además hemos trasladado a la Dirección de Función Pública la petición de que se reconozca el derecho que tienen los funcionarios públicos a percibir las retribuciones  por festivos y nocturnidad, y en los periodos de Incapacidad Temporal como vienen reconociéndose en diferentes sentencias y con carácter retroactivo de oficio, sin tener que obligar al personal a iniciar procesos judiciales como estamos viviendo ahora”, finalizan las responsables de SAE.