En la última Mesa Sectorial celebrada en el año 2025, se acordó formalmente con el SALUD un calendario de trabajo para el año 2026, con el objetivo de abordar materias de especial trascendencia para el conjunto de profesionales del sistema sanitario público. Entre ellas, destacan el desarrollo de un nuevo modelo de Carrera Profesional y la mejora de las condiciones retributivas relativas a noches, festivos y guardias.

Es inadmisible trasladar a comités de huelga la negociación de materias que ya estaban siendo tratadas en la Mesa Sectorial e intolerable ignorar deliberadamente el órgano donde debe desarrollarse la negociación colectiva para todos los profesionales. Se vulneran los principios de negociación colectiva, además de un desprecio institucional hacia los órganos legalmente establecidos y hacia las organizaciones sindicales que ostentan la representación legítima del conjunto de los trabajadores.

La Mesa Sectorial no es un espacio opcional, sino el único ámbito legítimo para la negociación de condiciones laborales que afectan al conjunto del personal del SALUD.

Por todo ello, exigimos la reanudación inmediata del calendario de reuniones acordado, así como la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial con inclusión de los puntos pendientes y el cese de cualquier negociación paralela al margen de este órgano.

Si de manera inmediata no se retoma la negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial, respetando los acuerdos previamente alcanzados y garantizando la inclusión de todas las categorías profesionales, FTPS no descarta iniciar un proceso de movilización progresivo en defensa de los derechos de todos los profesionales y no vamos a consentir la fragmentación de la negociación ni la exclusión de categorías profesionales

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos al Día Mundial del Trastorno Bipolar con el objetivo de visibilizar una patología con la que conviven más de 60 millones de personas en todo el mundo, afectando a entre un 2% y un 3% de los españoles.  
    La bipolaridad es un trastorno crónico del humor que conlleva cambios extremos en el ánimo, alternando episodios de depresión con fases de manía. Se trata de una patología que afecta por igual a mujeres y hombres, siendo todo el mundo susceptible de padecerla. Como ocurre con todas las enfermedades mentales, las principales actuaciones deben ir encaminadas a eliminar el estigma social y garantizar la empatía, y para ello es fundamental educar y concienciar a la sociedad, acabando con los falsos mitos que rodean a la bipolaridad.
    Por nuestra parte, este año queremos poner el foco en los profesionales que trabajan en salud mental, destacando las reivindicaciones que tienen para mejorar este campo asistencial, que pasa, por ejemplo, por una mayor formación, pues “cuanto mejor se conoce, por ejemplo, el trastorno bipolar, mejor se puede abordar y tratar”, explica Jorge Santurio, Técnico en Cuidados de Enfermería con más de 30 años de experiencia en la unidad de Hospitalización de Agudos de Psiquiatría del Hospital de Jove (Asturias).
    Santurio resalta, igualmente, la necesidad de revisar las ratios para incrementar las plantillas de las unidades de psiquiatría, pues contar con “un mayor número de profesionales nos permitiría dedicar más tiempo a las actividades que realizamos con los pacientes, lo que, combinado con la medicación, es esencial para su bienestar”.
    “Conseguir una estrategia de Salud Mental eficiente, fuerte y segura pasa por contar con los recursos, humanos y materiales, necesarios, que garanticen una atención adecuada, individualizada e integral, lo que, sin duda, redundará en un avance significativo en el bienestar de los pacientes. Por ello, el Ministerio de Sanidad debe realizar una apuesta real por la salud mental, que facilite, por ejemplo, la implantación de unidades específicas para el tratamiento de cada patología mental. Además, debemos destacar la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, de continuar desarrollando protocolos de detección temprana –el trastorno bipolar se diagnostica entre 6 y 7 años después de haber debutado-, y de garantizar tratamientos adecuados, pues la medicación es primordial para tener una vida plena”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

    Con esta propuesta, que generaría un incremento de 2.352 euros anuales para cada trabajador y beneficiaría a cerca de 100 profesionales, USAE está exigiendo al director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, y al Gerente de GSAIB, Sergio Pablo Rodríguez, que cumplan el Pacto de Salud, a través del cual se busca la estabilización laboral para reducir la precariedad, siendo uno de los puntos estratégicos para ello fidelizar profesionales en áreas de difícil cobertura.
     
“Es indignante el agravio comparativo que existe ahora mismo con el resto de profesionales sanitarios de GSAIB, que ya tienen reconocidos los puestos como de difícil cobertura, por ello desde USAE exigimos el mismo trato para los Técnicos en Emergencias Sanitarias y los Técnicos en Transporte Sanitario de Menorca, pues la carestía de la vida y la vivienda nos afecta a todos. El compromiso de estos profesionales es indiscutible, y del mismo deberían tomar ejemplo los gestores de la sanidad balear. Así, si realmente quieren estabilizar plantillas en Menorca, deben comenzar por identificar estos puestos como de difícil cobertura”, explica Marina Sánchez Haro, responsable de USAE en Menorca.

Actualmente, los pacientes permanecen hacinados en camillas y sillones ubicadas en pasillos y en camillas "X", esperando pruebas y cama, sin intimidad ni condiciones adecuadas, con tiempos de espera superiores a las 65 horas para poder ingresar en planta. En estos momentos, hay 27 pacientes pendientes de ingreso, lo que evidencia un bloqueo estructural del sistema.
El nivel de deterioro asistencial es especialmente alarmante por la gravedad de los pacientes afectados. Son pacientes con patologías graves como hemorragias cerebrales, insuficiencia cardiaca, anginas de pecho o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, esperando una cama disponible. Asimismo, se están produciendo situaciones dantescas, como pacientes oncológicos paliativos permaneciendo más de 24 horas en camillas o casos de pacientes de traumatología con sepsis infecciosa en pasillos durante más de 25 horas. Todo ello constituye un auténtico peligro y una vulneración inaceptable de la dignidad y seguridad de los pacientes.
Esta situación se agrava por una gestión ineficiente de los recursos disponibles. Existe una sala con 5 camas y 6 sillones que, lejos de destinarse a aliviar la presión asistencial, se utiliza durante el turno de mañana para pacientes de planta pendientes de alta y permanece cerrada el resto del día por falta de recursos humanos para trabajar con los pacientes; es decir, por falta de contratos, mientras los profesionales se tienen que marchar a otras comunidades para trabajar con cierta estabilidad.
Tras meses denunciando esta misma problemática, la Junta de Personal considera que Málaga padece un grave problema estructural en su sanidad pública. Nos encontramos ante un hospital mal gestionado por parte de la gerencia y la dirección económica, con una evidente falta de recursos humanos y una organización deficiente que se mantiene en el tiempo sin soluciones efectivas.
Esta situación está siendo además mantenida y consentida por el Servicio Andaluz de Salud, que no adopta medidas ante un deterioro asistencial cada vez más evidente. A ello se suma una gestión caracterizada por la falta de diálogo con los trabajadores, basada en la imposición y alejada de cualquier voluntad de consenso, y que pese al cese voluntario 
del director de enfermería, el caos organizativo persiste e incluso empeora, lo que confirma el fracaso de la actual dirección para revertir esta crisis.

Los profesionales trabajan al límite, en condiciones extremas. Los pacientes sufren las consecuencias directas de esta situación. La dirección no ofrece soluciones.

Por todo ello, la Junta de Personal exige nuevamente la dimisión inmediata del director gerente Jesús Fernández Galán, así como de la Dirección Económica, por su responsabilidad directa en este colapso y por una gestión que está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía.

Si no se actúa de manera urgente, se iniciarán movilizaciones, no descartándose ninguna medida de presión. La situación es insostenible. Es indigna y peligrosa. Y, lo más grave, ya está poniendo vidas en riesgo.
 

Según denuncia la organización, los compromisos alcanzados tras las movilizaciones de diciembre de 2023 y enero de 2024 no se han materializado. Esta situación motivó una nueva convocatoria de huelga en marzo de 2025, que fue desconvocada tras un nuevo acuerdo en el que el ICS se comprometía a cumplir los puntos pendientes antes del 31 de diciembre de 2025. 

Sin embargo, una vez superado el plazo, la organización asegura que no se ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos. Además, el requerimiento formal presentado en enero de 2026 tampoco obtuvo respuesta por parte de la Administración. 

Ante esta situación, FTPS ha optado por la vía judicial para exigir el cumplimiento de los acuerdos y defender los derechos del colectivo. El procedimiento quedó registrado el pasado 18 de marzo de 2026 en la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC. 

Desde la federación sindical critican la “falta de credibilidad institucional” y advierten de que el incumplimiento de acuerdos firmados “rompe la confianza en la negociación colectiva”.

FTPS no descarta nuevas movilizaciones si la Administración no rectifica y cumple con los compromisos adquiridos.