Ningún trabajador merece los improperios que el señor García les ha dirigido, pero si, además, proceden de un representante político, como es el caso puesto que se trata del alcalde de Puente Génave, la ofensa es absolutamente inaceptable.

Los responsables políticos deben ser los primeros en mantener el respeto a los empleados públicos y si califica como “tremenda mierda de servicios sanitarios que tenemos” debería plantearse hasta qué punto es responsabilidad suya, ya no en el ámbito municipal, pero sí autonómico del que dependen los servicios sanitarios o en qué medida podría contribuir a mejorarlos. El respeto a los trabajadores es un buen comienzo.

SAE quiere mostrar públicamente su apoyo a los profesionales del centro sanitario de Sierra de Segura que “estaban dando vueltas”, probablemente atendiendo a otros pacientes, durante las tres horas que el señor alcalde permaneció en el centro. No son “gandules” sino grandes profesionales que se ven obligados a soportar la violencia verbal de pacientes como el señor García incapaces de asumir que no pueden pagar su frustración con el prójimo. Comentarios de este calibre reflejan la crispación política y social a la que se enfrentan a diario los trabajadores.

            Las quejas fueron constantes desde el primer minuto cuestionando el trabajo del profesional. Una vez realizada la higiene exigió que le cambiara el agua y después que volviera a lavarle los genitales a pesar de las indicaciones por parte del profesional de que estaba todo correcto.

            “Hasta ese momento no había habido ninguna crítica u opinión en torno la realización de la higiene y justo en este momento empieza a hablar con nuestra compañera de manera despectiva, vejatoria y humillante”, manifiesta Marta García, delegada de SAE en el centro.

            “Humillar y vejar a un profesional en el desempeño de su trabajo es una forma de violencia que no debemos permitir. Por supuesto, la comunicación con el paciente es fundamental y forma parte de la calidad asistencial que ofrecemos y estos tienen que comunicar e informarnos de situaciones que les afectan durante el desempeño de nuestras funciones. Sin embargo, dialogar con el profesional no es imponer su voluntad y menos con expresiones tan habituales como poco afortunadas del tipo “para eso te pago” “tú estás aquí para limpiarme”.

            Es sencillamente inadmisible y se han activado los mecanismos de actuación disponibles como es la denuncia a través del Plan Director de Seguridad Corporativa y de Protección del Patrimonio del SESCAM (PERSEO) uno de cuyos objetivos es prevenir situaciones de tensión y conflictos entre los profesionales sanitarios, usuarios y pacientes.

          Así, entre sus prioridades está el cambio de denominación de la categoría y se haga efectiva la anunciada desde el Ministerio de Sanidad de Técnicos en Cuidados de Enfermería.

          En cuanto a las retribuciones complementarias, la propuesta presentada es que se equipare a los TCE a las establecidas para el subgrupo C1 teniendo en cuenta que el nivel formativo de estos profesionales es el mismos que el establecido para el subgrupo C1 y que los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas pueden determinar las cuantías de las retribuciones complementarias.

          Igualmente, se trasladó al director del SCS la conveniencia de valorar tanto la experiencia como la formación en los servicios especiales a los que acceden los profesionales a través de unas listas específicas y en las que hasta el momento sólo se tiene en consideración el tiempo trabajado en dichos servicios sin tener en cuenta los cursos post grado de especialización.

          “La formación nos convierte en mejores profesionales y en estos servicios es fundamental la actualización de conocimientos que debería valorarse y retribuirse específicamente a los profesionales de estos servicios”, considera Isabel Lozano, vocal de organización y comunicación de SAE.

          Los representantes de los TCE instaron al director a que se obligue a todos los hospitales del Servicio Canario de Salud a habilitar los mecanismos necesarios para que los Técnicos de Enfermería puedan registrar absolutamente todos los cuidados o actividades que realizan y no solo las cuestiones más básicas.

          El registro de la praxis realizada es un derecho y una obligación del profesional ya que la ley establece que el usuario tiene derecho a saber qué profesional le ha realizado tal o cual cuidado. Sin embargo, se da la circunstancia de que no todos los hospitales canarios cuentan con estos programas o los TCE no pueden hacer un registro completo y adecuado por estar los campos demasiado limitados a unos cuantos cuidados o técnicas.

          “El registro es una práctica habitual en muchas comunidades autónomas como es la figura del Coordinador de TCE desde hace años. Sin embargo, y a pesar de que el colectivo de TCE es uno de los más numerosos en la sanidad y que la implantación de esta figura serviría, sobre todo, de motivación y reconocimiento profesional, hemos tenido que reclamarla nuevamente”, manifiesta Isabel Lozano.

          Por  otro lado, SAE insistió en la necesidad de que se ejecute en todos sus términos la sentencia en relación con la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de 2019. SAE presentó demanda contra la convocatoria de 1501 plazas de la OPE del 2019 de TCAE como C2 y desde abril del 2021 que obtuvo sentencia favorable y tras devolver las tasas en diciembre de 2022, el SCS a día de hoy no ha ejecutado la sentencia en todos sus términos como así le obligaba el juzgado en el auto de julio de 2023.

De esta manera, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades, aprobado ayer, dota de partida económica al Acuerdo de Carrera Profesional que el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), junto al resto de organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, firmaron el pasado 20 de abril, tras 14 años en los que la negociación ha estado bloqueada por la Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Plan de Garantías de Servicios Sociales.

 El SESCAM era el único servicio del Sistema Nacional de Salud que impedía a sus trabajadores ejercer su derecho a progresar en los grados de desarrollo profesional, que valoran de manera individualizada sus conocimientos, experiencia asistencial, actividades de investigación, o compromiso con la organización.

“Durante estos años hemos mantenido concentraciones, hemos convocado manifestaciones y nos hemos reunido con todos los responsables sanitarios implicados en este proceso para que se desbloqueara la negociación y, por fin, tras esta lucha mantenida en el tiempo, hemos conseguido que todos los profesionales con derecho a la Carrera Profesional puedan comenzar a percibirla. Asimismo, esperamos que con el incremento presupuestario para Sanidad –un 13,6% más que en 2026-, recogido en el Anteproyecto de Ley, la sanidad manchega vea mejoradas sus infraestructuras y plantillas en todos los niveles asistenciales, pues es la única manera de conseguir un Servicio Sanitario fuerte y eficiente”, explica Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla la Mancha.

Tanto la Dirección de Enfermería del centro hospitalario como la Directora de RR.HH. del Ibsalut tienen conocimiento de esta situación, pues, al hecho de que este pull es el único de la gerencia que no tiene una rueda de trabajo anual, se suma la manera en que la supervisora del área de hospitalización de adultos lo está gestionando, vulnerando tres derechos laborales: la conciliación de la vida laboral y familiar (Art.  34, 37 del Estatuto de los Trabajadores y Art. 49 del Estatuto Básico del Empleado Público), el cumplimiento de la normativa en materia de petición de reducción de jornada y permisos del personal estatutario de Ibsalut (Manual de permisos y licencias), y la desconexión digital (Art. 88 de la LOPDGDD, 3/2018, y Ley 10/2021).

Además del agravio comparativo que supone con el resto de unidades -el pull de pediatría tiene turno anual y las eventualidades de descubiertos se gestionan de la misma manera que en una unidad de hospitalización (solicitando a los trabajadores si pueden cubrir el descubierto con cambios de turnos, prolongaciones de jornada…)-, elaborar el turno mes a mes obliga a que éste no esté preparado hasta pasado el día 20, dejando a los trabajadores 10 días para realizar los cambios que necesiten e impidiéndoles solicitar reducciones o permisos antes del día 15 del mes en curso, tal y como indica la norma,  o teniendo que hacerlo sin conocer su calendario laboral del siguiente mes. De lo contrario, el trabajador debe solicitarlo, por escrito o verbalmente, a la supervisora de área, sin que exista un registro telemático que permita seguir un control de las horas mensuales / anuales de manera adecuada.
Con respecto a las ubicaciones, éstas se otorgan cuando se publica el turno e, incluso, unos pocos días antes o el mismo día de trabajo, siendo habitual los cambios de unidad en la misma jornada laboral, lo que obliga al profesional a estar en continua comunicación para conocer su puesto de trabajo o si tiene que acudir o no al mismo, generando ansiedad y estrés, especialmente en los últimos meses, en los que no se les da opción de réplica a lo indicado.

“El servicio donde más renuncias a contratos de corta duración existen es en este pull y esto es debido a la mala gestión y organización del equipo, lo que es responsabilidad de la supervisora del área de hospitalización de adultos. Por ello, desde USAE hemos vuelto a exigir la creación del turno colectivo para garantizar la conciliación, la solicitud de permisos y licencias tal y como indica la normativa vigente y el derecho a la desconexión digital, pues el trabajador no está obligado a responder llamadas, ni correos ni mensajes fuera de su jornada laboral. A lo que sí tiene derecho es a poder desempeñar su trabajo en un entorno laboral que cumpla la normativa y garantice su seguridad. Esperamos que Inspección de Trabajo analice la situación y adopte las medidas necesarias contra quien tiene la máxima responsabilidad en este sentido, pues es evidente que sus decisiones están vulnerando los derechos tanto de los trabajadores como de los sindicatos –Ley de Libertad Sindical-, pues, en nuestro caso, ha dejado de convocarnos a los apercibimientos disciplinarios y de darnos respuesta a los correos enviados”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de USAE en Baleares.