La iniciativa judicial constituye el paso previo a una posible demanda de conflicto colectivo por vulneración del derecho fundamental a la protección de la salud de los trabajadores. Tal y como recoge el escrito presentado ante el juzgado, «resulta indispensable conocer el estado real de la gestión preventiva de la Administración empleadora», ya que esa documentación es de obligada elaboración y debe estar a disposición tanto de la autoridad laboral como de los representantes de los trabajadores.
La solicitud se dirige a la práctica totalidad de los centros asistenciales del sistema sanitario madrileño: los hospitales públicos del SERMAS, los centros hospitalarios con otros modelos de gestión, el SUMMA 112, el Centro de Transfusiones, la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR) y diversos hospitales monográficos, de apoyo y de media estancia, con el objetivo de comprobar si todos ellos disponen de una planificación preventiva real y cumplen con las obligaciones que establece la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
La vía judicial ha comenzado ya a dar sus primeros resultados. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Madrid ha requerido al Hospital La Princesa, al Hospital de Getafe y al Hospital Príncipe de Asturias (y más centros en los próximos días) la aportación de esta documentación, dando curso a la solicitud presentada por la Federación.
Con este objetivo, AMYTS-SAE-SIETeSS CAM ha solicitado que los órganos judiciales requieran a los distintos centros la documentación que la legislación obliga a elaborar y conservar en materia de prevención de riesgos laborales. Entre ella figuran el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, la planificación de la actividad preventiva, la documentación sobre formación e información a los profesionales, la investigación de accidentes e incidentes, la vigilancia de la salud, la entrega de equipos de protección individual o las auditorías del sistema preventivo.
Según expone la demanda, esta diligencia resulta «estrictamente necesaria e indispensable para la correcta fundamentación, delimitación y viabilidad» de la futura demanda, ya que «solo a través del análisis del sistema de gestión preventiva se puede determinar el nexo causal entre el incumplimiento y el daño sufrido».
Este paso llega después de que las gerencias no facilitaran esta información a los delegados de prevención de la Federación, pese a tratarse de documentación esencial para ejercer las funciones de vigilancia y control que les atribuye la legislación en materia de prevención de riesgos laborales.
Para AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, el objetivo de esta actuación es esclarecer si la sanidad pública madrileña dispone de una planificación preventiva real y eficaz o si, por el contrario, existen incumplimientos que puedan comprometer la seguridad y la salud de los profesionales.
 

Una vez más, el examen de Oferta Pública de Empleo de Función Pública genera la indignación y el malestar entre los opositores Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), que denuncian una prueba cuyo contenido sobrepasa la formación de los profesionales.

    A pesar de que debemos esperar al resultado definitivo, el elevado número de quejas recibidas por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos lleva a exigir a la Administración mayor transparencia, coherencia y equilibrio en la elaboración de estas pruebas, diseñadas para valorar la capacidad profesional que se exige para acceder a un puesto de esta categoría.
  
    El objetivo principal de una convocatoria de OPE es estabilizar el empleo, mejorar las plantillas y garantizar así una dotación de recursos humanos acorde a las necesidades de los diferentes ámbitos sanitarios y socio-sanitarios. Por ello, los exámenes deben ajustarse al currículum formativo de cada categoría profesional, valorar las competencias de cada opositor de acuerdo al mismo y procurar la cobertura de las plazas convocadas. Lo contrario supone un ataque al esfuerzo y tiempo invertidos por los opositores y puede conllevar un desequilibrio en el sistema sanitario, manteniendo las plantillas sin los recursos suficientes lo que, desde luego, provoca una merma en la calidad asistencial. 

    “Desde SAE nos mantendremos a la espera de los resultados del proceso y, tras el periodo de impugnaciones, valoraremos adoptar las actuaciones que consideremos necesarias para garantizar la igualdad, la proporcionalidad y la capacidad que deben primar en cualquier proceso selectivo”, explica Elisa Romero, secretaria autonómica de SAE en Murcia.

    Las altas temperaturas que se están viviendo en el exterior están afectando a los espacios, así, por ejemplo, aunque en el comedor se han instalado lamas en las ventanas para evitar la entrada del sol, en las habitaciones los pacientes y profesionales deben soportar temperaturas que oscilan entre los 28 y 30 grados, muy por encima de lo marcado en el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC”.
    Las condiciones climáticas del centro suponen un riesgo para los pacientes psiquiátricos, cuya vulnerabilidad aumenta debido a las altas temperaturas, pudiendo desequilibrar su bienestar y su seguridad. Por ello, desde SAE no entendemos cómo, a pesar de haber denunciado esta situación el año pasado y de los informes positivos emitidos por Riesgos Laborales en este sentido, la dirección del centro continúa sin arreglar los sistemas de climatización.  
    A este respecto, queremos recordar, igualmente, que estamos ante un problema de salud laboral tipificado en el mencionado anexo III del RD 486/1997: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
    “Estamos hablando de usuarios psiquiátricos cuya estabilidad puede verse alterada ante condiciones climáticas extremas, por lo que instamos, una vez más, a la dirección del centro a acondicionar, de forma urgente, un sistema de climatización que favorezca el descanso y el bienestar de los usuarios y profesionales, pues es inadmisible que, conociendo la situación, aún no se haya solucionado el problema. Si realmente queremos preservar una asistencia de calidad y segura para todos, es necesario una inversión real en el acondicionamiento del centro”, explica Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.

Esta reivindicación cuenta con un respaldo claro en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, suscrito por CCOO y UGT con el Gobierno de España, que contempla la adecuación de la clasificación profesional del personal empleado público conforme a la realidad de sus titulaciones, competencias y responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Salud. Este es un objetivo común que compartimos las organizaciones firmantes.

Las organizaciones consideramos que la unidad sindical constituye la principal fortaleza para alcanzar estos objetivos.

En este sentido, si no se producen avances efectivos en los próximos meses, tras el periodo estival utilizaremos todos los instrumentos sindicales a nuestro alcance con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos y reclamar una solución definitiva tanto para la reclasificación profesional como para el desarrollo académico y profesional del personal Técnico.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada, desde la unidad y el consenso, hasta conseguir que estas reivindicaciones sean una realidad.

La unión representa un paso decisivo para fortalecer esa demanda y trasladar un mensaje claro a las administraciones: ha llegado el momento de hacer efectiva la reclasificación profesional del personal Técnico.
 

    Las altas temperaturas que se están viviendo en el exterior están afectando a los espacios, así, por ejemplo, en los vestuarios de los profesionales se han alcanzado los 30º, mientras que en algunas habitaciones y la sala de baño geriátrico las temperaturas han llegado a los 32º.
    Estas condiciones, denunciadas en varias ocasiones por USAE, además de poner en riesgo la integridad física de pacientes y profesionales, tampoco son apropiadas, por ejemplo, para los medicamentos.
    A este respecto, queremos recordar que estamos ante un problema de salud laboral tipificado en el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
    “Estamos hablando de usuarios geriátrico que precisan unas condiciones climáticas adecuadas para evitar daños físicos, por lo que instamos, una vez más, al IMAS a acondicionar, de forma urgente, un sistema de climatización que favorezca el descanso y el bienestar de los residentes, pues es inadmisible que, conociendo la situación, aún no se haya solucionado el problema. Si realmente queremos preservar una asistencia de calidad y segura para los usuarios y los profesionales, es necesario una inversión real en el acondicionamiento de las residencias”, explica Daniel Torres, secretario autonómico de SAE en Baleares.