“La Residencia DomusVI San Jordi tiene un problema endémico de falta de personal que ocasiona trastornos de salud, tanto físicos como mentales, en todos los trabajadores del centro que están al límite de su capacidad tanto física como emocional, como de los propios residentes. Cuando una persona tiene que atender a 30 pacientes, todos ellos con mayor o menor grado de dependencia, es imposible que los tiempos de asistencia en sus necesidades sean los que deberían”, explica la secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Tània Riera.
    SAE ha denunciado en reiteradas ocasiones, desde mayo de 2018, tanto ante la Inspección de Trabajo como ante la Consejería de Bienestar Social, la terrible e insoportable carga de trabajo tanto para los DUE del centro como para las gerocultoras. “La falta de DUE provoca que algunas de sus funciones recaigan en las gerocultoras, aumentado, aún más, su sobrecarga  y teniendo que asumir funciones que, por titulación, no son de su competencia. Esto no sólo les ocasiona un gran estrés sino que son frecuentes los fallos,  lo cual incide directamente en la salud de los usuarios”, manifiesta Tània Riera.
    “Hemos comunicado en reiteradas ocasiones a los responsables de la empresa la necesidad de valorar la situación desde el Servicio de Prevención y los Delegados de Prevención y, en caso de estimar que puede comportar un riesgo hacia la salud de los trabajadores, poder adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos que está acarreando esta situación en sus trabajadores. Sin embargo, es evidente que la empresa no tiene ninguna intención de solucionar estos graves problemas ya que ha suspendido tanto las dos últimas reuniones de prevención de riesgos laborales del Comité de Seguridad y Salud como la reunión extraordinaria pedida en junio por la Presidenta del Comité para abordar precisamente este tema. No se ha realizado correctamente el pertinente “Test de prevención de riesgos laborales”, requerido por la Inspección de Trabajo ante la denuncia presentada por SAE. Dicho test es de una importancia esencial, puesto que no solo ayuda a evaluar la situación laboral y anímica de los empleados del centro, sino que además permite descubrir de qué forma el personal está asistiendo a los pacientes y que aspectos serían mejorables”, continúa Tània Riera. 
    Una prueba inequívoca de la gravedad de la situación en este centro es el nivel de bajas por IT y los continuos movimientos de plantilla, muchas veces ocasionados por bajas voluntarias del propio personal que no se ve capaz de aguantar la presión de trabajar allí en esas condiciones laborales. Ninguna de estas ausencias se sustituye aumentando la presión del personal en activo y agravando aún más la insostenible situación. 
    Ante la falta de respuesta por parte de la empresa a nuestra reivindicación, se ha convocado al Comité para que adopte como Órgano colegiado la medida correspondiente, y una vez se apruebe, se solicite a la Inspección de Trabajo su implementación, ya que proteger la salud de los trabajadores es una premisa básica.

            FTPS manifiesta todo su apoyo y solidaridad con los profesionales agredidosy considera inadmisibles estas agresiones a los profesionales sanitarios y no sanitarios que tienen,  como el resto de profesionales, derecho a realizar su trabajo con todas las garantías de seguridad. Una agresión no forma parte de los riesgos asumibles como propios de la profesión.

            Para FTPS cada vez es más evidente la necesidad de establecer medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los profesionales y de establecer  una estrategia común y un marco jurídico debidamente reforzado para erradicar la que, sin duda, es una lacra social.   

            La Junta de Personal ha convocado una concentración en señal de repulsa que se celebrará mañana a las 12 de la mañana en la puerta principal del centro sanitario.

       No obstante, parece que no tiene intención de llevar a cabo y aplicar esta ley en lo que atañe a la clasificación correcta de los Técnicos estatutarios de los Servicios de Salud ya que, a pesar de que la propia Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana en su artículo 3.2 dice textualmente: “el personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud se regirá por lo dispuesto en su normativa específica (el Estatuto Marco) y subsidiariamente en aquellas materias no reguladas en dicha normativa, por la presente ley”, se da la circunstancia de que la clasificación que hizo el Estatuto Marco por grupos, de acuerdo a la titulación exigida para el acceso al puesto de trabajo, es la misma que hacía la Ley 30/84, derogada por la entrada en vigor del EBEP que en su artículo 76 clasifica a los Técnicos  Superiores en el Grupo B y a los Técnicos de Grado Medio en el Subgrupo C1 .Asimismo, el Estatuto Marco en su artículo 5.2 ya dividía al personal de la Formación Profesional en Técnicos Superiores y Técnicos de Grado Medio, es decir, los clasifica de igual modo que el artículo 76 del EBEP y que la Ley de la Función Pública Valenciana en base a este artículo.
       El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha contactado tanto con la Consejería de Sanidad como con Función Pública para que se aplique de inmediato lo dispuesto en esta Ley que, para los Técnicos de la Formación Profesional supone, sin lugar a dudas, un avance sustancial que llevan años reclamando. Si bien SAE ha recibido la resolución del director general de Función Pública reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”.
         Las leyes entran en vigor cuándo y cómo corresponde. La clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional debe producirse de manera automática como dice esta Ley y la Administración no debe recurrir argumentos y trucos dialécticos para perpetuar esta situación por más tiempo.
Lo contrario es un despropósito y el Sindicato de Técnicos de Enfermería no va a permitir que la Consellería de Sanidad mantenga a los profesionales en un grupo que no les corresponde.
        Desde SAE animamos a los Técnicos de la Formación Profesional a manifestar su oposición y no admitir esta enorme injusticia por más tiempo dada la falta de voluntad política para aplicar esta ley. Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos.

            El responsable en Menorca del transporte programado  pretende justificar este comportamiento como una “broma”  cuando se realizan comentarios ofensivos y denigrantes hacia un compañero que está viviendo una situación discriminatoria, de acoso y derribo atentando contra su dignidad, sintiéndose intimidado y con miedo a que se produzca un encuentro en cualquiera de las bases de Menorca.

            Los comentarios son degradantes, ofensivos, y en presencia de otros compañeros, lo que está afectando a su jornada y a su estado de ánimo.

            El convenio colectivo del sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia y de asistencia extrahospitalaria de las Illes Balears recoge la consideración de falta grave “la falta de respeto a la intimidad de los compañeros/as de trabajo y/o de los usuarios incluidos las ofensas verbales, físicas o de carácter sexual”.

            Estos hechos se comunicaron a la empresa SSG- Baleares que restó gravedad al asunto probablemente sustentado en una relación de amistad entre el jefe de zona y el autor de estas ofensas.

            Por todo lo arriba expuesto USAE  ha remitido un escrito al Secretario General de Servicios de Salud de Baleares, Manuel Palomino Chacón comunicando los hechos y solicitando que el Servei de Salut tutele y medie en este tipo de actuaciones por la gravedad que conllevan. “No tienen cabida y debe ser erradicadas del sistema sanitario público del que, por otra parte, estos trabajadores formarán parte próximamente” manifiesta la secretaria autonómica de USAE, Dolores Moreno.

            Los diferentes convenios laborales recogen estas funciones y en los centros de trabajo se adaptan éstas  y según las necesidades y la situación de cada momento. Esto supone que funciones que los TCE han realizado durante años las direcciones decide asignarlas a otros colectivos hasta que por las necesidades y la falta de personal en ese colectivo se  delegan, nuevamente,  a los TCE.

            Esta es la habitual situación en Servicios Sociales donde sus responsables, y a pesar de la situación que se está viviendo, no han tenido la capacidad de prever las contrataciones necesarias para cubrir las vacaciones del colectivo de enfermeras. Ante esta situación de falta de otros profesionales, por delegación de trabajo, se imponen a los Técnicos en Cuidados de Enfermería las funciones que las direcciones consideran.

            Esta lamentable situación provoca un profundo malestar entre los Técnicos en Cuidados de Enfermería que se saben imprescindibles para el sistema sanitario pero se sienten utilizados por la Administración.

            ¿Valemos? o ¿no valemos? se preguntan cada vez que se les utiliza para llevar a cabo funciones a través de la famosa delegación pero que cuando apelan al reconocimiento de las mismas se les niega. Por eso, es una prioridad la actualización de las funciones acorde a la realidad actual del sistema sanitario.