Los cuidados que se prestan en esta unidad no son solo muy específicos y complejos sino continuos e individualizados, dada la gravedad de los niños que allí se atienden por lo que establece que la dotación de TCE debería ser de un profesional para la atención de dos niños. Sin embargo, en esta UCI, que cuenta con 12 pacientes, no es así ya que únicamente hay cuatro profesionales en el turno de mañana, dos para la tarde y uno por la noche.

Durante el turno de mañana, serían necesarios, como mínimo, 5 TCE; 3 en el turno de tarde y 3 en del de noche con lo que sería necesario un refuerzo de personal por parte de la dirección de enfermería para dar una buena atención.

El Hospital Reina Sofía es uno de los pocos hospitales de Andalucía en el que se realizan trasplantes cardiacos infantiles, lo que supone que los pequeños que esperan esta intervención permanecen ingresados en esta UCI conectados ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea), que precisa de atención individualizada y continua de un TCE. Actualmente, hay 6 niños en esta situación, la mayoría desde hace meses.

Juan Antonio Moreno Torres, secretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería, manifiesta que “la dirección de enfermería no solo es consciente de la situación, sino que desde hace meses los profesionales están haciendo malabares para que el servicio no se resienta, pero no pueden más. Salir llorando a diario del puesto de trabajo es inadmisible, y verte obligado a pedir el traslado a otra unidad para proteger tu salud emocional no es ninguna solución”.

En el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, el Ministerio de Sanidad recoge la necesidad de “fortalecer y modernizar” este nivel asistencial para asegurar su capacidad de adaptarse “a los nuevos desafíos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario”. Estos retos pasan por una población cada vez más envejecida y un incremento de las enfermedades crónicas –desde 2019 se ha registrado un aumento del 10,84% de personas que padecen uno o más problemas de salud crónicos, es decir, 2.343.657 ciudadanos-.
    Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) llevamos años luchando para que los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) formen parte de las plantillas de Atención Primaria en todas las comunidades autónomas, pues, aunque el Real Decreto 137/84, de 11 de enero, sobre Estructuras Básicas de Salud, incluye a estos profesionales en este primer nivel asistencial, su presencia es prácticamente inexistente.
    “Actualmente, España cuenta con 3.055 centros de salud y 10.036 consultorios locales, que son la primera referencia sanitaria de los ciudadanos, por lo que deberían contar con plantillas multidisciplinares, en las que, desde luego, debe estar presente el TCE, pues somos fundamentales como apoyo en las funciones realizadas por el resto del personal sanitario, en la elaboración del diagnóstico de salud, o en la planificación, organización y evaluación de los programas, como el de Educación para la Salud, tanto en el ámbito ambulatorio como en la atención domiciliaria; pero también, dentro de estos equipos, los TCE colaboramos en la prevención de la enfermedad o en la promoción de la salud, así como en la atención a los pacientes y en la aplicación de tratamientos y rehabilitación de las secuelas dejadas por la enfermedad. Además, somos un colectivo esencial en la atención al enfermo crónico y, con una población cada vez más envejecida, estas patologías aumentan día a día, convirtiéndonos en los profesionales más importantes en su atención. Por ello, desde SAE seguiremos reivindicando la inclusión de los TCE en este nivel asistencial, pues si desde el Ministerio quieren apostar de verdad por la Atención Primaria, deben apostar por nuestra presencia en los equipos asistenciales”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social y formación de SAE.

    A partir de ahora, el Gobierno de Canarias debe poner en marcha los procedimientos administrativos necesarios para el reconocimiento, a todos los efectos, de la categoría profesional de los actuales técnicos en transporte sanitario de Canarias, actualmente denominados camilleros y conductores, otorgándoles la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias, recogida en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas.
     “Nuestra profesión es esencial para garantizar la seguridad y salud de la población canarias, pues somos quienes realizamos la atención sanitaria inmediata al paciente ante una llamada de emergencia o urgencia. Por ello este reconocimiento oficial y nuestra inclusión en la contratación autonómica es indiscutible. Así, el nuevo convenio que se está negociación debe recoger nuestra denominación, pues igual que se nos exige que tengamos un título para ejercer la profesión, la contratación se debe hacer a partir de esta titulación y no como hasta ahora, que se nos contrataba como técnicos en transporte sanitario. Esperamos que con esta aprobación de la PNL nuestra situación pase de ser precaria a ser justa, adaptando nuestras condiciones laborales a la titulación que nos exigen y nos define”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 
 

    Desde meses, este pasillo se utiliza para dejar camas de pacientes, bloqueando, por ejemplo, el acceso al escáner de urgencias, fundamental para poder realizar pruebas a usuarios que requieren una atención urgente. Estos pacientes, además, en numerosas ocasiones, son trasladados en camas REA, más grandes de lo habitual, lo que impide que puedan recorrer el pasillo con la celeridad que se precisa, pues los profesionales deben mover previamente las camas que permanecen en el mismo.    
    Al peligro que supone para los pacientes no acceder a tiempo a una prueba en el caso de tener que usar el escáner o el hecho de tener que ser atendidos en un pasillo sin privacidad, se suma el menoscabo de la seguridad y salud de los profesionales que deben asumir posturas no ergonómicas y están sometidos a un incremento de las cargas de trabajo por esta falta de espacio. Así, se aumentan los riesgos musculoesquelético y la posibilidad de golpearse, tropezarse o caerse.  
    A pesar de que el servicio de urgencias utiliza varias zonas de paso para ubicar camas, no podemos consentir el uso del pasillo de la Torre Sur, pues es de evacuación y tal y como recoge el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, “las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento”.  
    “Esta situación se repite desde hace meses, a pesar de que existe un requerimiento de Inspección de Trabajo de 2013, que ya proponía la retirada de las camas que obstaculizan el recorrido de evacuación en el servicio de urgencias. Por ello, desde USAE hemos elevado denuncia a Inspección de Trabajo solicitando una evaluación que obligue, de forma urgente, a la dirección del hospital a mantener este pasillo despejado de forma continua, pues es apremiante que implementen las actuaciones necesarias de organización, ya que de lo contrario seguirán dando muestras de su falta de interés por el bienestar y la salud de usuarios y profesionales”, explica Paola Iosuf, responsable de SAE en Santa Cruz de Tenerife.

Esta decisión de la Dirección, se produjo ayer tras la última concentración que realizamos en la puerta del Hospital de Urduliz como medida de presión ante la vulneración del derecho al descanso y la conciliación que la Gerencia está perpetrando contra los profesionales.

“La escasez de plantilla no puede justificar una transgresión de la normativa vigente, impidiendo a los profesionales reducciones de jornadas, excedencias por conciliación, días de asuntos propios... No vamos a permitir que la falta de contratación, amparada por el ahorro económico, impida que los profesionales en activo puedan ejercer sus derechos, por ello desde SAE seguiremos luchando para que el compromiso adquirido se materialice lo antes posible”, explica María Antonia Trueba, secretaria provincial de SAE en Bizkaia.