Destacamos de esta reunión la importancia de que la labor diaria sea reconocida y realizada conjuntamente entre administración y sindicato, ya que SAE desde hace meses viene trasladando las reivindicaciones del personal TCE y celadores para conseguir un funcionamiento adecuado diario.

“Los datos que nos ha trasladado la Gerencia sobre el aumento del personal celador son importantes y un logro para el Hospital de Albacete. Esperamos que esta buena voluntad se mantenga y sea un ejemplo para las demás categorías. Así, es fundamental que se realice una valoración adecuada de las ratios de TCE, de manera que se adapten a una población en crecimiento y con un incremento de patologías crónicas.  Si queremos mantener la eficiencia y calidad en el sistema público sanitario, es necesario contar con infraestructuras y profesionales adecuados, por ello seguiremos luchando por los trabajadores y apostando por la integración del TCE en los equipos de enfermería”, explica Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha.

El Parlamento Andaluz ha rechazado la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Por Andalucía en la que se argumentaba la necesidad de modificar la redacción de la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Fundación Pública de Andalucía, estableciendo la reclasificación de los profesionales de la Formación Profesional de Grado Medio –entre los que se encuentran los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE)-  en el grupo C1 y de los Técnicos de Grado Superior en el B, conforme al TREBEP y el artículo 101 de la propia Ley de Función Pública andaluza. 
    Si bien es cierto que la clasificación de los profesionales debe asentarse en una coordinación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas debido a que se trata de categorías profesionales sanitarias con implantación en todo el territorio nacional, también lo es que llevan años pasándose la pelota de unos a otros mientras los profesionales sanitarios afectados siguen esperando a que esta situación se resuelva y poder, finalmente, ver reconocido su derecho a estar clasificados en el grupo que les corresponde.
    “Sin embargo los criterios económicos que, según la Proposición de Ley presentada, entrarían en vigor con fecha 1 de enero de 2025, vuelven a tumbar la clasificación que por ley nos corresponde. Desde FTPS-SAE llevamos 18 años luchando por poner fin a esta situación discriminatoria, pues durante todos estos años hemos visto como otros colectivos profesionales sí han avanzado en su desarrollo. Los Técnicos Sanitarios estamos cansados de este menosprecio constante hacia nuestro trabajo y exigimos más respeto y consideración pues somos tan imprescindibles en la atención sanitaria como el resto. Por ello, es urgente que las distintas comunidades autónomas y la administración central dejen de jugar con nuestro trabajo y nuestro salario y empiecen a trabajar para desencallar esta extenuante situación”, explica Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía.

    Es evidente que estas nuevas propuestas legislativas buscan incrementar el número de titulados, pero no puede ser a cualquier precio; por ello, siempre hemos luchado por una normativa que ponga en valor una formación cualificada ya que no podemos olvidar que trabajamos con personas que precisan de una atención de calidad, segura y eficaz y para ello es necesario contar con una formación cualificada y actualizada.
    Aunque la intención del Real Decreto 86/2025, de 11 de febrero, de evaluación y acreditación de las competencias básicas adquiridas por experiencia laboral, por vías no formales de formación y aprendizaje informales, es ofrecer oportunidades formativas a mayores de 18 años, no creemos que para las titulaciones de la rama sanitaria, en concreto para la de Técnicos en Cuidados de Enfermería, profesionales que están en contacto directo con el paciente, sea una forma adecuada de acceso.
    “Estas evaluaciones no son nuevas, pues ya en 2006 se aprobó la Ley Orgánica de Educación (LOE), incluso con anterioridad otras, en la que se recogía como requisito para acceder a uno u otro grado una prueba de conocimientos, convocada periódicamente por las administraciones educativas, para acreditar las competencias de ESO –Grado Medio- o de Bachillerato –Grado Superior-. Asimismo, en 2022, la Ley de Ordenación e Integración de la FP, en su artículo 90 recoge que las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral u otras vías podrán ser evaluadas y acreditadas oficialmente, teniendo como referencia el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, con el objetivo de facilitar itinerarios formativos conducentes a mayor cualificación. La lucha de SAE, por lo tanto, tampoco es nueva y la mantendremos hasta conseguir una formación cualificada de nivel superior y especializada para los Técnicos Sanitarios”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE. 

    Tal y como recoge la proposición, “la reclasificación que se postula en la presente proposición de ley no solo busca la aplicación correcta de las normas: pretende resarcir con justicia la labor de este personal sanitario sobre el que persiste un ilógico e inmerecido tratamiento. Especial mención ha de efectuarse a las personas TCE, tanto por su peso cuantitativo en el sistema sanitario, como por tratarse de un colectivo especialmente feminizado, y por su persistente reivindicación de poner fin a una realidad discriminatoria que alcanza al resto de categorías incorrectamente encuadradas en el Subgrupo C2, así como las nueve categorías de técnicos superiores que deben reclasificarse en el Grupo B”.
    Desde SAE hemos mantenido varias reuniones con dirigentes políticos, obteniendo el apoyo de Por Andalucía, Adelante Andalucía y PSOE a nuestra reivindicación, y esperamos que durante la votación se adhieran el resto de grupos parlamentarios y la proposición de Ley sea aprobada por mayoría, pues supondría un paso más en nuestra lucha y el reconocimiento laboral y retributivo de los Técnicos Sanitarios”, explica Cristóbal Arjona, responsable autonómico de FTPS-SAE en Andalucía. 

    Es evidente que los responsables de la Diputación no son conscientes de la realidad asistencial que existe en sus centros, donde los residentes cada vez demandan más atenciones debido al estado en que llegan: el número de dependientes de grado alto o muy alto se ha incrementado considerablemente, mientras los profesionales han envejecido y las plantillas se han reducido, lo que exige un sobresfuerzo, tanto físico como mental, que provoca un aumento de las bajas. 
    El principal problema radica en las bolsas de empleo, que son muy cortas o inexistentes, lo que retrasa las contrataciones. En el caso de Diputación, la actual bolsa se basa en un modelo arcaico que deriva de las oposiciones –la última corresponde a las OPEs de estabilización de 2022-, por lo que el acceso está restringido a la aprobación de alguna de las pruebas, habiendo ocasiones en las que no se puede generar bolsa. 
    “Desde SAECYL exigimos que Diputación de Burgos establezca, tal y como ya se hace en SACYL y Gerencia de Servicios Sociales, un sistema de bolsa abierta y permanente, desvinculada de las oposiciones, que se adapte a las demandas reales de los centros residenciales. De esta manera siempre habría aspirantes y se respetaría el derecho de los profesionales al descanso y a trabajar en condiciones adecuadas, y el de los usuarios a recibir una atención adecuada. Actualmente, la falta de personal está poniendo en riesgo la salud de los profesionales, además de repercutir negativamente en la calidad de un servicio en el que debe primar la atención directa, personalizada y humanizada con el usuario”, explica la responsable de SAECYL, Sonia Mª Tellez.