En diciembre de 2017 finalizó la vigencia del convenio colectivo que se está aplicando por lo que se está prorrogando automáticamente desde hace nueve años, manteniendo las mismas condiciones laborales y retributivas cuando es más que evidente que durante este periodo la inflación acumulada ha provocado una pérdida significativa del poder adquisitivo de las plantillas. 
    El coste de la vivienda, la alimentación, la energía, el transporte y los servicios básicos han experimentado incrementos continuados, especialmente en las Islas Baleares, donde el coste de la vida se sitúa entre los más elevados de España. Mientras tanto, los salarios del sector no han evolucionado en la misma proporción, generando una brecha cada vez mayor entre los ingresos de los profesionales y la realidad económica que deben afrontar.
    Para Alejandro Juan Alonso, secretario de acción sindical de USAE “la mejora salarial que reclamamos es un derecho que, por otro lado, no debe interpretarse como un coste añadido para las empresas, sino como una inversión estratégica en la estabilidad y la calidad del servicio. Unas retribuciones adecuadas favorecen la fidelización de los profesionales, reducen la rotación, facilitan la cobertura de vacantes y mejoran la capacidad del sector para atraer nuevos trabajadores cualificados. En un contexto en el que cada vez resulta más difícil encontrar y retener personal sanitario, unas condiciones salariales competitivas son una necesidad, no una opción”.
    “Además, la recuperación del poder adquisitivo perdido constituye una cuestión de justicia. Ningún trabajador debería ver cómo año tras año disminuye su capacidad para afrontar los gastos básicos mientras continúa asumiendo las mismas responsabilidades o incluso mayores. La sostenibilidad de las empresas debe ir acompañada de la sostenibilidad económica de quienes hacen posible el servicio cada día”, continúa Alejandro Juan Alonso.
    La patronal debe asumir la necesidad de alcanzar un acuerdo que contemple incrementos salariales suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante estos nueve años y que establezca mecanismos de actualización futura vinculados a la evolución del coste de la vida.
    “Reconocer económicamente a los profesionales del transporte sanitario es una necesidad legítima, razonable y plenamente justificada que supera una cuestión laboral pues se trata de una apuesta por la calidad asistencial, la estabilidad del sector y el respeto hacia quienes desempeñan una función imprescindible para la sociedad balear”, manifiesta Alejandro Juan
   “Por último, no podemos ignorar que los trabajadores del transporte sanitario desempeñan una labor esencial para el funcionamiento del sistema sanitario. Son el primer contacto asistencial para muchos pacientes, garantizan traslados urgentes y programados, trabajan en condiciones de gran responsabilidad y ofrecen atención continuada los 365 días del año. Su labor exige formación, compromiso, capacidad técnica y una elevada carga física y emocional. Durante estos nueve años, la plantilla ha demostrado profesionalidad, vocación de servicio y una enorme capacidad de adaptación ante situaciones extraordinarias, manteniendo la calidad asistencial incluso en los momentos más complejos. Es de justicia que este esfuerzo tenga un reflejo suficiente en las condiciones económicas”, finaliza el secretario de acción sindical de USAE.
 

La Inspección requiere a la empresa que se garantice el derecho al descanso durante la jornada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores, y el artículo 36 del Convenio colectivo de la empresa Gestió Sanitaria i Assistencial de les Illes Balears, que reconoce un periodo de descanso durante la jornada de treinta minutos, considerados tiempo de trabajo efectivo, cuando se presten jornadas diarias continuadas que excedan de seis horas, y el punto 4 del artículo 37 del convenio colectivo.

Además, y referente al descanso por tareas informáticas, de acuerdo con la normativa sobre prevención de riesgos laborales y exposición a pantallas de visualización, se establece que el personal que por su trabajo informático esté expuesto a pantallas ha de tener un descanso de diez minutos por cada hora y media de exposición. En ningún caso se puede acumular este tiempo con el descanso de treinta minutos.

“USAE se vio obligado a interponer la denuncia ante la Inspección por la desidia de la empresa a quien previamente se le había comunicado que el descanso reglamentario de 30 minutos que según convenio y horas de trabajo corresponde a los trabajadores del servicio de ambulancias comenzaba a contar con anterioridad a su llegada al local/zona de descanso, aparcamiento de la ambulancia, etc. reduciendo considerablemente el tiempo de descanso real. Considerando que realizan jornadas de trabajo de 12 horas, los trabajadores reportan cansancio y agotamiento, con el consecuente riesgo que este factor supone para su puesto de trabajo” recuerda el delegado de prevención de GSAIB, Saúl Fernández.

Finalmente, la Inspección ha notificado a GSAIB que no solo que debe garantizar el tiempo de descanso establecido, sino que también debe justificar la evaluación de riesgos correspondiente al centro de coordinación del transporte sanitario no urgente, en concreto los riesgos asociados al trabajo nocturno.

 El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha presentado en la Dirección General de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional los resultados de la encuesta –cerrada en mayo de 2026- que ha realizado entre el profesorado de los institutos de Formación Profesional en los que se imparte el ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCE).
    En total, 935 docentes de más de 700 centros formativos públicos, concertados y privados de toda España han participado en el estudio, valorando el actual currículum formativo, las competencias profesionales, la adecuación de la formación práctica y la posible evolución académica de la titulación de los TCE. 
    “La evolución tecnológica y asistencial del sistema sanitario español ha transformado de forma profunda las necesidades de atención y cuidados de los pacientes. Sin embargo, las funciones reguladas de los TCE continúan sustentándose en un marco normativo diseñado hace más de cinco décadas. Esta situación ha generado una evidente desconexión entre la realidad profesional actual y el reconocimiento legal de las competencias que desempeñan. La reforma de 1995, desarrollada mediante los Reales Decretos 546/95 y 558/95, supuso un avance importante en su formación académica, sin embargo, la titulación continúa encuadrada en un modelo formativo desactualizado, mientras que las demandas asistenciales del siglo XXI requieren perfiles con mayores competencias técnicas, capacidad de autonomía y especialización. Por ello, esperamos que los resultados de nuestra encuesta tengan el peso suficiente, junto al análisis sobre sobre la situación de los TCE en España, presentado recientemente por el Ministerio de Sanidad, para que el Real Decreto sobre la actualización de nuestra titulación sea una realidad cuanto antes, pues es la única de la Formación Profesional que mantiene un currículum de 1.400 horas en lugar de 2.000”, explica Cristóbal Arjona, secretario general de SAE.

Resultados de la encuesta realizada por SAE
A través de la encuesta realizada hemos podido conocer la opinión de quienes diariamente forman y orientan a los futuros TCE, siendo una respuesta casi unánime la necesidad y urgencia de actualizar esta titulación. Así, el 95,7% de los participantes coincide en esta necesidad, destacando que el 70,2% ha manifestado que este ciclo debería ser de Grado Superior por el currículum y la responsabilidad que conllevan las competencias. Así, el 93,5% cree que el currículum actual está desfasado con las necesidades existentes de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, considerando el 88,3% que habría que ampliar el currículum y las competencias si tenemos en cuenta el volumen de población.
        En cuanto a la actualización de conocimientos, el 94,9% considera que el sistema sanitario debe organizar cursos de especialización oficiales para los TCE y, con respecto a si el aprendizaje de los alumnos en sus prácticas corresponde a la formación recibida, el 50,1% observa que no. Asimismo, el 67,6% piensa que la actual formación no prepara adecuadamente a los futuros TCE para ejercer en un puesto asistencial.
    A la pregunta de si debería coexistir una Titulación de Grado Medio con una de Grado Superior de Formación Profesional para los cuidados de enfermería, el 53,7% considera que sí, mientras que el 23,4% afirma que no y el 22,9% cree que debería ser por especialidades.
    A estos porcentajes hay que sumar el que refleja que este Grado Medio es uno de los más solicitados por el alumnado, una estimación en la que coinciden el 92,9% de los participantes en la encuesta.
    Y, con respecto a la Atención Primaria, el 87,1% cree que los TCE deben ampliar su campo de actuación a la asistencia sanitaria domiciliaria.
    En conjunto, los datos evidencian la necesidad de revisar tanto el marco formativo como el reconocimiento profesional de los TCE, alineando sus funciones legales con las competencias reales que ya desempeñan en la práctica clínica diaria.
 

    Afortunadamente, no tenemos que lamentar daños físicos, pero el temor a que esto vuelva a ocurrir y realmente tenga consecuencias graves para los profesionales o los pacientes es una constante. 
    Esta situación es consecuencia de la dejadez por parte de la Dirección Gerencia en el cumplimiento de sus funciones, cuyo objetivo principal es garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de profesionales y usuarios. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ya denunciamos el año pasado la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización, cuyo mal funcionamiento está generando temperaturas de hasta 35º en algunas de las estancias del centro.  A esta situación, ya de por sí grave, pues estamos hablando de pacientes cuya vulnerabilidad aumenta con las altas temperaturas, se suma ahora el desprendimiento de las placas del techo por la condensación de humedad debido a que el sistema de aire acondicionado no evacúa correctamente.
    “Desde SAE no entendemos la actitud negligente de la dirección: son conscientes del problema por las denuncias que hemos emitido y contamos con informes positivos de  Riesgos Laborales en este sentido, sin embargo, continúan sin arreglar los sistemas de climatización, incumpliendo así el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. Esperamos que estos inadmisibles incidentes les hagan reaccionar y adoptar las medidas necesarias para garantizar la integridad física y mental de pacientes y profesionales, por quienes deben velar en el desempeño de su trabajo”, explica Tamara López Sevilla, responsable de SAE en La Rioja.

    USAE lleva años denunciando esta situación que, lamentablemente, se repite cada periodo estival debido a la dejadez del IMAS, a quien no parece importarle estar incumpliendo el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
    Sin embargo, espacios como la lavandería o el comedor alcanzan los 33º, en algunas habitaciones y en la sala de baño geriátrico, los residentes deben aguantar temperaturas de hasta 32º, en la estancia de paliativos hay 31º, mientras que en los vestuarios de los profesionales se han llegado a registrar 30º. Estos son sólo algunos ejemplos de una situación que se podría resolver con gestores que realmente quisieran realizar el esfuerzo.
    “Estamos hablando de usuarios geriátrico que precisan unas condiciones climáticas adecuadas para evitar daños físicos, por lo que instamos, una vez más, al IMAS a acondicionar, de forma urgente, un sistema de climatización que favorezca el descanso y el bienestar de los residentes, pues es inadmisible que, conociendo la situación, aún no se haya solucionado el problema. Si realmente queremos preservar una asistencia de calidad y segura para los usuarios y los profesionales, es necesario una inversión real en el acondicionamiento de las residencias”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical de USAE en Baleares.