El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”. Asimismo, en el artículo 21, se establece la obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias y dar las instrucciones correspondientes para garantizar la protección de los trabajadores ante riesgos graves inminentes.
Con más de 47 profesionales contagiados y 175 aislados -y sin conocer el verdadero alcance de los contagios-, el riesgo grave inminente que corren diariamente los profesionales es incuestionable. Por ello exigimos a la Administración del Área de Salud que ponga a disposición de los trabajadores mascarillas tipo FFP2, FFP3, batas impermeables adecuadas…, ya que ahora tienen que trabajar con material de protección que ellos mismos se fabrican con bolsas de basura, gafas de buceo, de esquí…
“La responsabilidad y la vocación de servicio público de los profesionales está permitiendo que, a pesar del riesgo que corren diariamente, continúen realizando su trabajo con todas las garantías para los pacientes. Esta profesionalidad del personal sanitario permitirá salir de esta crisis lo antes posible. La falta de material y de medidas de protección afecta directamente a la asistencia en forma de retrasos y dificultades en ocasiones extremas para llevar a cabo una correcta atención. Por ello exigimos al IBSALUT que adopte medidas urgentes y efectivas para acabar con el riesgo físico y psicológico al que se están enfrentando los profesionales diariamente”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

La falta de estos equipos para enfrentarse al Covid-19 está poniendo en riesgo la salud de los profesionales sanitarios y de aquellas personas con las que tienen contacto, por ello exigimos que se distribuyan con urgencia equipos suficientes y adecuados: las mascarillas deben ser FFP2 y no mascarillas quirúrgicas como se están repartiendo; además, y a pesar de que el fabricante especifica que son para un solo uso, se está obligando a los profesionales a desinfectarlas para reutilizarlas, pero la desinfección se realiza sin contar con la preceptiva evaluación de riesgos firmada por un técnico competente que garantice el resultado. 
“A este hecho, hay que sumar la falta de formación e información que tienen los profesionales sobre cómo utilizar las medidas de protección adecuadamente: mascarillas, guantes, protección ocular, facial, batas impermeables…lo que les está generando mucha inseguridad y estrés. Por ello, desde SAE hemos presentado estas denuncias con el objetivo de que se empiecen a tomar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Es inhumano, indecente e insultante poner en juego la vida de quienes están en primera fila velando la salud de todos los ciudadanos. No vamos a seguir consintiendo que los profesionales sanitarios de hospitales y residencias continúen acudiendo a sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de protección”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

            Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles y que para el Sindicato de Técnicos de Enfermería puede revestir carácter delictivo. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado

            Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.  

            Sin embargo, conforme han aumentado el número de casos, la falta de equipos de protección individual se ha convertido en un grave problema en la mayor parte de los centros, lo que refleja una notable falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias.

            Se están dando casos en los que  el acceso y uso  de estos equipos están siendo restringido y se suministra por debajo de las necesidades llegando incluso a amenazar a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de los Equipos de Protección Individual para prevenir el contagio.

            En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos se ha llegado al extremo de reformar los protocolos de algunos centros sanitarios discriminando incluso a los trabajadores en función de su categoría profesional en la asignación de los EPIs.

De todas las actuaciones que están llevando a cabo parece deducirse indicios de un delito  contra la seguridad en el trabajo según de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

            Asimismo, el Sindicato de Técnicos de Enfermería insta a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados y una vez se constante su realidad y su previsible dimensión penal  se plantee ante el órgano judicial competente.

            En cuanto a la admisión de la presente denuncia si se trata de hechos presuntamente delictivos la legislación procesal impone al ministerio público el deber de investigar o trasladar noticia de los hechos al órgano judicial competente.

“Ante la situación que están viviendo los centros hospitalarios, sociosanitarios y las agencias públicas de la comunidad, los delegados andaluces de SAE nos hemos ido incorporando voluntariamente a nuestros puestos de trabajo antes de que se decretara el Estado de Alarma. Sin embargo, sí que nos vemos obligados a mantener unos servicios mínimos de atención a los profesionales para poder velar en todo momento por sus derechos y reivindicar ante la Administración las medidas de protección y las condiciones de trabajo que necesitan para poder atender a los pacientes de una manera eficaz y segura. Si nuestra labor sindical se viera interrumpida completamente, los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería, los Técnicos en Farmacia y los Técnicos en Emergencias Sanitarias quedarían desamparados ante el escenario sanitario actual”, explica Cristóbal Arjona, Secretario Autonómico de SAE en Andalucía.