Además, y junto a estas camas se colocan unas colchonetas que supone un sobreesfuerzo para los Técnicos de Atención Directa (TAD) que deben atender a los pacientes y se ven obligados a la movilización de estas colchonetas.
Se calcula que hay un centenar de estas camas en los distintos centros de Castilla y León que, sin duda, supone un aumento en la seguridad para los pacientes. Sin embargo, se traduce en la inseguridad de los profesionales que les atienden, Técnicos de Atención Directa (TAD) que están trabajando en deficientes condiciones laborales derivadas de la movilización de los pacientes en estas camas, poniendo en grave riesgo la salud del personal.
La atención a pacientes en estas condiciones obliga a los trabajadores a realizar su labor en posturas forzadas, con flexión constante del tronco y sobrecarga lumbar, incrementando significativamente el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, bajas laborales y cronificación de patologías de espalda, incluso en alguna ocasión, se ha tenido que proceder a tener que trabajar arrodillados en el suelo para poder atender al usuario.
Esta situación vulnera los principios básicos de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, que establece la obligación empresarial de adaptar el trabajo a la persona y evitar riesgos innecesarios, especialmente en lo relativo a la manipulación manual de cargas.
SAECyL trasladó esta situación a la Directora Técnica de Recursos Humanos y Gestión de Centros, de la Gerencia de Servicios Sociales, a quien recordó su responsabilidad institucional de cuidar a quienes cuidan. Se alertó de la falta de medios técnicos suficientes como camas regulables en altura, grúas de movilización que lleguen a la cota 0 ya que es evidente que la movilización de los pacientes en estas camas impide una correcta ergonomía a la hora de tener que desarrollar el trabajo y atender al usuario en dichas camas.
Para SAECyL es prioritaria la dotación urgente de equipamiento ergonómico adecuado y la inmediata retirada de las camas a cota 0 cuando impliquen la movilización manual sin medios adecuados por lo que se necesitarán alternativas que sean seguras tanto para el paciente como para el profesional
No pueden normalizarse prácticas que comprometen la salud física de los profesionales por lo que es urgente una evaluación específica de riesgos laborales que están asumiendo, así como la implantación de protocolos que garanticen la seguridad en la movilización de pacientes.
Si no se adoptan las medidas necesarias a la mayor brevedad posible se valorarán las acciones legales que esta organización considere oportunas y se llevara a cabo la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo.
 

Quince meses después del compromiso adquirido con los Técnicos Sanitarios a través de SAE por parte del Consejero de Salud Consejero de Salud de Navarra, Fernando Domínguez Cunchillos, y el Director de Profesionales, Ignacio Iriarte Aristu, este último ha comunicado a SAE que tal deuda no será retribuida.

Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE, no oculta su decepción ni su desconfianza hacia la Administración y considera que “han traicionado a los Técnicos Sanitarios. Después de múltiples reuniones y medidas de presión para defender nuestros derechos se comprometen a que finalmente sea así y ahora nos lo niegan”.

En septiembre de 2024 se aprobó la Ley Foral por el que se establece el sistema de carrera profesional del personal sanitario adscrito al Departamento de Salud y sus organismos autónomos, excluidos personal facultativo especialista, otro personal facultativo sanitario y personal diplomado sanitario, poniendo fin a una intensa lucha del Sindicato de Técnicos de Enfermería hasta conseguir materializar el derecho de más de 3.000 Técnicos Sanitarios al reconocimiento de su Carrera Profesional en igualdad de condiciones al resto de profesionales.

Semanas después el Consejero de Salud y el Director de Profesionales reconocieron la deuda generada que, ahora, se niegan a retribuir.

Begoña Ruiz confirma que “en SAE no vamos a desistir de nuestro objetivo en todos los ámbitos. Así, se está preparando toda la documentación jurídica para emprender las acciones legales que nuestros asesores jurídicos estimen más oportunas y se ha convocado una concentración para el día 4 de marzo en el Palacio de Navarra (C/Carlos III, nº 2) de 11:30 a 12:30, aunque no se descartan otras medidas de presión”.

El próximo 12 de mayo los Técnicos de Enfermería podremos celebrar con pleno derecho nuestro orgullo de formar parte de esta profesión sin que ninguna entidad pueda poner argumentos en contra. 

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha estado durante varios años maniobrando en contra, alegando supuestas confusiones en torno a la marca registrada (12 de mayo: Día del Técnico de Enfermería) por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) con diferentes actuaciones, e iniciando, finalmente, un proceso judicial que ha concluido de manera definitiva tras cumplirse, sobradamente, todos los plazos legales para interponer recursos, lo que hace que la sentencia 69/2024, de 18 de julio, por la que el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid desestima la demanda del CGE sea firme.

Entre otros argumentos, dicha sentencia recoge: “en la demanda del CGE parece deducirse que lo que subyace en el fondo no es más que una disputa entre ambos colectivos y que el objetivo del CGE es defender la superior titulación, competencias y funciones de los enfermeros/ as frente a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y éstos, por el contrario, tratan de ensalzar su labor, de dar importancia a su trabajo y que también son parte importante de los equipos de enfermería”.

“Ahora, el Consejo General de Colegios de Enfermería, interesado en negar este derecho a los Técnicos de Enfermería, deberá acatar la sentencia y respetar el fallo que reconoce nuestro derecho a hacer uso de una marca que fue publicada el día 5 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y que da derecho a SAE a celebrar el 12 de mayo también como Día del Técnico de Enfermería, una reivindicación específica de nuestro sindicato, pues los Técnicos de Enfermería forman, junto con las enfermeras, los equipos de enfermería”, explica Isabel Lozano Sevilla, secretaria de organización y comunicación de SAE.

Los ciudadanos de Arrecife llevan más de tres días sin dos vehículos por falta de unidades de sustitución. Esta situación se da de manera constante en la isla, por lo que el Gobierno y el Servicio Canario de Urgencias (SUC) conocen la situación y su falta de actuación les convierte en cómplices del servicio precario que ACCIONA-ICOT está gestionando. La solución planteada por el SUC pasa por derivar los servicios a otras empresas privadas o a otras unidades ubicadas en puntos alejados de la isla, lo que repercute en los tiempos de atención.
    Además, hay unidades que no pasan de 80km/h, lo que impide que se puedan realizar servicios de urgencia con la premura y eficacia que requieren. 
    Debido al alto número de servicios de urgencias de la isla, la Consejeria de Sanidad ha ampliado el servicio con dos nuevas unidades en la isla de Lanzarote. Estas adjudicaciones no han sido otorgadas a la empresa que ostenta el contrato público sino que han sido entregadas a una segunda, hecho que confirma las carencias que tiene la adjudicataria en la isla. 
    Actualmente, los Técnicos en Emergencias Sanitarias están inmersos en la negociación de un nuevo convenio, situación que se está postergando en el tiempo debido a las empresas negociantes y problemas entre los sindicatos que nos representan. Estas empresas finalizaron en diciembre de 2024 el contrato público con Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública del mismo, y anualmente están teniendo que hacer contratos de emergencia.
    En la última comisión de Sanidad y posteriores declaraciones, la Consejera afirma que si la negociación del convenio no concluye en un corto periodo de tiempo, se verá obligada a sacar la licitación del concurso en Canarias. Este hecho repercute económicamente sobre los trabajadores porque perderían no solo las subidas de estos años, sino que las nóminas bajarían aún más. Del mismo modo, los derechos sociales conseguidos hasta ahora, se verían mermados ante una media nacional.  
     “La degradación de los servicios, particularmente el de soporte vital no es nueva y desde FTPS lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, pues se está jugando con la vida de las personas y la seguridad de los profesionales, quienes ahora reciben, además, la amenaza de continuar con un convenio obsoleto y denigrante. Por ello, continuaremos luchando para que los responsables de la sanidad canaria adquieran un compromiso real con la atención a la población, mejorando los recursos, respetando a los profesionales y cuidando los servicios. Es inadmisible que continúe primando el ahorro económico por encima de la calidad asistencial y laboral”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 
 

En septiembre de 2024, el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, se comprometió con los responsables de USAE a reconocer los puestos del personal sanitario de ambulancias de GSAIB de Ibiza y Formentera como de difícil cobertura.

    Esta propuesta generaría un incremento de 2.352 euros anuales para cada trabajador y beneficiaría a un total de 101 Técnicos de Emergencias Sanitarias. Además, según recoge el Govern en su página, la propuesta contemplaría la adopción de medidas incentivadoras como la valoración adicional en procedimientos de selección de personal y movilidad o prioridad para participar en acciones formativas.

    Sin embargo, dieciocho meses después, el compromiso adquirido por Ureña sigue sin cumplirse, rompiendo así el Pacto de Salud, a través del cual se busca la estabilización laboral para reducir la precariedad, siendo uno de los puntos estratégicos para ello fidelizar profesionales en áreas de difícil cobertura.

“Es indignante que el director general de Ibsalut mienta de esta manera a sus profesionales, cuando el compromiso del personal sanitario que trabaja en GSAIB es indiscutible, y del mismo deberían tomar ejemplo los gestores de la sanidad balear. Por ello, seguiremos insistiendo en que esta promesa se materialice cuanto antes, pues reconocer estos puestos como difícil cobertura es de justicia y no hacerlo es un agravio comparativo con el resto de profesionales de las islas, pues la carestía de la vida y la vivienda afecta a todos. Si de verdad quieren estabilizar plantillas, que empiecen por cumplir sus promesas”, explica José Manuel Maroto, responsable de USAE en GSAIB Ibiza.