El próximo 12 de mayo los Técnicos de Enfermería podremos celebrar con pleno derecho nuestro orgullo de formar parte de esta profesión sin que ninguna entidad pueda poner argumentos en contra. 

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha estado durante varios años maniobrando en contra, alegando supuestas confusiones en torno a la marca registrada (12 de mayo: Día del Técnico de Enfermería) por el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) con diferentes actuaciones, e iniciando, finalmente, un proceso judicial que ha concluido de manera definitiva tras cumplirse, sobradamente, todos los plazos legales para interponer recursos, lo que hace que la sentencia 69/2024, de 18 de julio, por la que el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid desestima la demanda del CGE sea firme.

Entre otros argumentos, dicha sentencia recoge: “en la demanda del CGE parece deducirse que lo que subyace en el fondo no es más que una disputa entre ambos colectivos y que el objetivo del CGE es defender la superior titulación, competencias y funciones de los enfermeros/ as frente a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y éstos, por el contrario, tratan de ensalzar su labor, de dar importancia a su trabajo y que también son parte importante de los equipos de enfermería”.

“Ahora, el Consejo General de Colegios de Enfermería, interesado en negar este derecho a los Técnicos de Enfermería, deberá acatar la sentencia y respetar el fallo que reconoce nuestro derecho a hacer uso de una marca que fue publicada el día 5 de diciembre de 2022 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y que da derecho a SAE a celebrar el 12 de mayo también como Día del Técnico de Enfermería, una reivindicación específica de nuestro sindicato, pues los Técnicos de Enfermería forman, junto con las enfermeras, los equipos de enfermería”, explica Isabel Lozano Sevilla, secretaria de organización y comunicación de SAE.

Los ciudadanos de Arrecife llevan más de tres días sin dos vehículos por falta de unidades de sustitución. Esta situación se da de manera constante en la isla, por lo que el Gobierno y el Servicio Canario de Urgencias (SUC) conocen la situación y su falta de actuación les convierte en cómplices del servicio precario que ACCIONA-ICOT está gestionando. La solución planteada por el SUC pasa por derivar los servicios a otras empresas privadas o a otras unidades ubicadas en puntos alejados de la isla, lo que repercute en los tiempos de atención.
    Además, hay unidades que no pasan de 80km/h, lo que impide que se puedan realizar servicios de urgencia con la premura y eficacia que requieren. 
    Debido al alto número de servicios de urgencias de la isla, la Consejeria de Sanidad ha ampliado el servicio con dos nuevas unidades en la isla de Lanzarote. Estas adjudicaciones no han sido otorgadas a la empresa que ostenta el contrato público sino que han sido entregadas a una segunda, hecho que confirma las carencias que tiene la adjudicataria en la isla. 
    Actualmente, los Técnicos en Emergencias Sanitarias están inmersos en la negociación de un nuevo convenio, situación que se está postergando en el tiempo debido a las empresas negociantes y problemas entre los sindicatos que nos representan. Estas empresas finalizaron en diciembre de 2024 el contrato público con Gestión Sanitaria de Canarias, empresa pública del mismo, y anualmente están teniendo que hacer contratos de emergencia.
    En la última comisión de Sanidad y posteriores declaraciones, la Consejera afirma que si la negociación del convenio no concluye en un corto periodo de tiempo, se verá obligada a sacar la licitación del concurso en Canarias. Este hecho repercute económicamente sobre los trabajadores porque perderían no solo las subidas de estos años, sino que las nóminas bajarían aún más. Del mismo modo, los derechos sociales conseguidos hasta ahora, se verían mermados ante una media nacional.  
     “La degradación de los servicios, particularmente el de soporte vital no es nueva y desde FTPS lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, pues se está jugando con la vida de las personas y la seguridad de los profesionales, quienes ahora reciben, además, la amenaza de continuar con un convenio obsoleto y denigrante. Por ello, continuaremos luchando para que los responsables de la sanidad canaria adquieran un compromiso real con la atención a la población, mejorando los recursos, respetando a los profesionales y cuidando los servicios. Es inadmisible que continúe primando el ahorro económico por encima de la calidad asistencial y laboral”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 
 

En septiembre de 2024, el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, se comprometió con los responsables de USAE a reconocer los puestos del personal sanitario de ambulancias de GSAIB de Ibiza y Formentera como de difícil cobertura.

    Esta propuesta generaría un incremento de 2.352 euros anuales para cada trabajador y beneficiaría a un total de 101 Técnicos de Emergencias Sanitarias. Además, según recoge el Govern en su página, la propuesta contemplaría la adopción de medidas incentivadoras como la valoración adicional en procedimientos de selección de personal y movilidad o prioridad para participar en acciones formativas.

    Sin embargo, dieciocho meses después, el compromiso adquirido por Ureña sigue sin cumplirse, rompiendo así el Pacto de Salud, a través del cual se busca la estabilización laboral para reducir la precariedad, siendo uno de los puntos estratégicos para ello fidelizar profesionales en áreas de difícil cobertura.

“Es indignante que el director general de Ibsalut mienta de esta manera a sus profesionales, cuando el compromiso del personal sanitario que trabaja en GSAIB es indiscutible, y del mismo deberían tomar ejemplo los gestores de la sanidad balear. Por ello, seguiremos insistiendo en que esta promesa se materialice cuanto antes, pues reconocer estos puestos como difícil cobertura es de justicia y no hacerlo es un agravio comparativo con el resto de profesionales de las islas, pues la carestía de la vida y la vivienda afecta a todos. Si de verdad quieren estabilizar plantillas, que empiecen por cumplir sus promesas”, explica José Manuel Maroto, responsable de USAE en GSAIB Ibiza.

        Esta instrucción, que prorroga el plan para reducir las listas de espera, se aprueba al no haberse alcanzado el objetivo previsto, pero el texto recoge una actualización del complemento de productividad que continúa manteniendo a los TCE en una situación de discriminación retributiva. Así, tanto por consultas externas como por pruebas radiológicas siguen percibiendo un 18% de la cuantía marcada para los facultativos, y de un 20% en el caso de las intervenciones quirúrgicas. De esta manera, si un facultativo percibe 22 euros brutos por una primera visita en consulta que no exceda los 15 minutos, un TCE recibirá 3,96 euros brutos; en el caso de las cirugías, si el facultativo percibe 61 euros brutos, el TCE se quedará en 13. 
                    Estas cuantías infravaloran el trabajo de los profesionales TCE, y rozan la ilegalidad, pues según el Estatuto de los Trabajadores las horas extraordinarias deben retribuirse con un valor que no puede ser inferior a la hora ordinaria y, desde luego, 3,96 euros brutos es una cantidad ridícula que denigra el trabajo del colectivo.
       “Por ello, desde USAE exigimos a la Administración un mayor reconocimiento a los trabajadores que están comprometidos con este objetivo sanitario, que redundará en un mejor funcionamiento del sistema y reivindicamos a las gerencias territoriales una gestión adecuada, pues son ellas las responsables de detallar la actividad extraordinaria necesaria para reducir las listas de espera y de regular el programa especial de productividad ligado a este objetivo, incluyendo las retribuciones de los profesionales que se impliquen y participen en el mismo. La negociación de estas cuantías es nefasta y dice mucho de su capacidad para gestionar los sistemas sanitarios, por lo que esperamos que se lleve a Mesa de Negociación para que las organizaciones sindicales aporten las alegaciones pertinentes”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de acción sindical de USAE en Baleares.

Los docentes han conseguido hacer efectivas sus justas reivindicaciones, aunque las condiciones de la propuesta no cubran sus demandas. Sin embargo, desde SAE, reclamamos al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que siga el ejemplo de Educación y se lleven a cabo propuestas que recojan igualmente las reivindicaciones de los Técnicos Sanitarios.

La negativa por parte de CatSalut y del ICS a solucionar las nefastas consecuencias que para los Técnicos Sanitarios tiene el III Acord del ICS firmado en 2023 y que recogía las condiciones de trabajo y retributivas del personal estatutario llevó a los Técnicos Sanitarios a un calendario de movilizaciones que incluyó un mes de huelga indefinida,

Se puso fin a estas movilizaciones con el compromiso del Conseller de Sanitat a realizar un estudio retributivo que concluyera mejoras económicas para los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCAE) y Técnicos Superiores Sanitarios y las  firmas de un acuerdo de fin de huelga tanto con CatSalut como con el Institut Català de la Salut (ICS) que reflejaba los compromisos sobre la reestructuración organizativa y el reconocimiento de la clasificación profesional, así como medidas de equiparación salarial en el sector público sanitario de Cataluña antes de diciembre de 2025.

Dos meses después la situación es la misma por lo que la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), y los sindicatos miembros, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) va a denunciar este incumplimiento y emprender las acciones que considere oportunas.

 “Es inadmisible que algunos profesionales puedan llegar a acuerdos que mejoren sus condiciones retributivas y, sin embargo, los Técnicos Sanitarios mantengan durante años su precariedad y sometidos a un Acord que acentúa aún más las diferencias salariales entre las categorías sanitarias manifiesta Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

Es prioritario poner fin a la desigualdad laboral y económica que sufren los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos Superiores Sanitarios y el desinterés hacia estos trabajadores sanitarios esenciales para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes, así como para quienes prestan cuidados fundamentales. Es inexplicable que siendo todos empleados públicos los docentes consigan mejoras y los sanitarios no.