Desde hace meses, la Administración no convoca la mesa sectorial, el órgano en el que se deben abordar las demandas de los profesionales, manteniendo la vulneración de varios derechos, como los recortes en la nómina cuando el trabajador está en situación de baja.

Ante este agravio salarial, las organizaciones sindicales exigimos el pago íntegro de la nómina durante las incapacidades temporales, pero también una negociación efectiva para conseguir el encuadramiento extraordinario de carrera y desarrollo profesional, y un nuevo acuerdo de permisos y vacaciones. 

“La negociación y el diálogo con los sindicatos que representan a los profesionales debe ser la piedra angular de cualquier sistema democrático, pues lo contrario contraviene el derecho de los trabajadores a que se estudien y aborden sus reivindicaciones, y el de las organizaciones sindicales a poder desempeñar su función de representación. Por ello, desde SAE seguiremos trabajando y luchando por una negociación efectiva, que nos permita poner sobre la mesa las demandas de los profesionales sanitarios cántabros, particularmente de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE)”, explica Montse Blanco Guerreiro, responsable de SAE en Cantabria.

Tras la denuncia que presentamos desde SAE-FTPS a Inspección de Trabajo, este organismo nos responde que no tiene competencia en esta materia y deja desamparados a los profesionales TCEs, sometidos a una sobrecarga laboral inasumible. 
Para que la atención sea la adecuada, el número de profesionales por paciente debe estar ajustado a las necesidades asistenciales de estos. Es evidente que un menor número de profesionales no pueden dedicar el mismo tiempo de atención a los mismos pacientes, e incluso, a un mayor número de ellos, tal y como ocurre durante el periodo estival.  De esta manera, la calidad asistencial se deteriora por más esfuerzo y disposición que tengan los profesionales.
“Debido a la falta de plantilla, las condiciones laborales a las que están sometidos los profesionales TCE son pésimas, por lo que no entendemos que Inspección de Trabajo se lave las manos en lugar de promover un estudio que evalúe las cargas de trabajo y obligue a la Administración a realizar las contrataciones adecuadas. Las plantillas estructurales no se han incrementado durante años y, sin embargo, la población no solo ha aumentado, sino que los cuidados de los enfermeros son diferentes. Solo por ello, sería obligatorio hacer una evaluación para actualizar los recursos humanos. Las jubilaciones y la escasa contratación hacen que el problema se agrave año tras año, por ello desde SAE-FTPS elevaremos nuestra reivindicación al Defensor del Pueblo, pues no vamos a consentir que continúen devaluando la asistencia sanitaria de los ciudadanos jienenses”, explica Francisca Cortés Solas, secretaria provincial de FTPS-SAE en Jaén. 

La concentración, convocada por el Comité de Empresa, del que forma parte SAE, ha reivindicado la ausencia de un marco normativo para llevar a cabo el proceso de estatutarización del personal laboral, pues la Consellería está cambiando puestos laborales vacantes a puestos de naturaleza estatutaria sin la negociación preceptiva con el Comité de Empresa, órgano de representación de los profesionales del centro hospitalario.
Otra de las actuaciones de la Consellería de Sanidad que vulnera los derechos de los profesionales es la modificación de los criterios que regulan la solicitud de excedencias recogidas en el Estatuto Marco (Ley 55/2003) sin que los procesos selectivos vigentes hayan concluido, lo que hace que muchos profesionales del centro hospitalario se vean obligados a incorporarse a puestos de la Consellería sin tener opción a una excedencia para continuar como trabajadores del CHGUV.
“Desde el Comité de Empresa hemos solicitado una reunión al Conseller en varias ocasiones, recibiendo la callada por respuesta, lo que demuestra su falta de interés ante los problemas de los trabajadores sanitarios. No podemos consentir que continúen gestionando de manera arbitraria, sin consultar a quienes representamos a los profesionales”, explica Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE en Comunidad Valenciana. 

USAE advierte que esta situación se produce en un momento crítico, a las puertas del verano, cuando el aumento de la población flotante incrementa, igualmente, la demanda asistencial y es necesario reforzar las plantillas para cubrir las vacaciones del personal. Sin embargo, GSAIB actúa al contrario y la falta de contratación compromete la operatividad del servicio de emergencias, poniendo en riesgo la atención sanitaria urgente. 

Ante este déficit de personal, la empresa pública de ambulancias del SAMU 061 se ha visto obligada a recurrir a la realización de horas extra por parte de los trabajadores, lo que puede suponer un aumento del gasto en más de tres millones de euros y una reducción de los días de descanso del personal.

Estas irregularidades no son nuevas y desde la creación de la empresa pública de ambulancias durante la legislatura anterior se han registrado múltiples anomalías en los procesos de contratación. Esta situación de irregularidad ha provocado una avalancha de denuncias por parte de los trabajadores, que reclaman la regularización de su situación laboral y la corrección del fraude de ley en el que se encuentran inmersos y acusan a la empresa pública de ambulancias del SAMU 061 de dejadez y mala gestión. 

USAE exige que se regularice esta situación mediante la apertura de una bolsa única como viene solicitando desde julio de 2019. En esa fecha presentamos el primer borrador de acuerdo de bolsa única y, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna medida al respecto.

Los sindicatos SAE, CCOO, UGT, CSIF, INTERSINDICAL SALUT y SATSE se han concentrado hoy lunes, 26 de mayo, frente al Palau de la Generalitat para reclamar al president, Carlos Mazón, una solución frente al deterioro de la Sanidad pública valenciana y ante la falta de diálogo del conseller de Sanidad, Marciano Gómez.  
El personal de la sanidad y la ciudadanía llevan meses siendo víctimas de la mala gestión de esta conselleria y desconocen si el president de la Generalitat es consciente de la deriva que ha tomado. “Nos encontramos ante una situación insostenible”, han señalado los sindicatos convocantes, “ya que el conseller ha pasado de incumplir sus compromisos y paralizar la negociación colectiva a demostrar que carece de la capacidad necesaria para gestionar”. 
La Conselleria de Sanidad no ha convocado a los sindicatos a la Mesa Sectorial desde hace más de seis meses -noviembre de 2024-, en una situación inédita e irregular que es reflejo de la nula voluntad de negociación de esta Administración. Cuando Gómez llegó a su cargo realizó algunos intentos de consenso en varios borradores de acuerdos y propuestas, aunque pronto quedó claro que pretendía que los sindicatos los aceptaran sin alegaciones, sin aportaciones y sin ajustes. 
En los últimos meses se han sucedido decisiones unilaterales, imposiciones verticales y un desprecio sistemático al diálogo social que recuerdan, lamentablemente, a etapas superadas de nuestra historia. La falta de transparencia y la eliminación de espacios de negociación está generando un clima de tensión innecesario e improductivo.
Marciano Gómez confunde autoridad con autoritarismo. La imposición de medidas no puede ser la base de una política sanitaria moderna, participativa y orientada al bien común. La Conselleria de Sanidad no había conocido una etapa de tan profundo deterioro en las relaciones laborales ni una desconexión tan evidente con la realidad de los centros de salud y hospitales.
Así, los sindicatos exigen la convocatoria urgente de la mesa de negociación, respetando los principios de diálogo, transparencia y negociación real. No tolerarán que se les trate con desdén, y que los derechos laborales sean constantemente menospreciados a través de propuestas de acuerdo que, lejos de mejorar, solo empeoran la situación.
Las quejas de los sindicatos hacia el conseller se deben a varios aspectos, como el incumplimiento de los siguientes compromisos:
1.- Sanidad revoca la posibilidad de cogerse excedencias 
La Conselleria de Sanidad ha emitido recientemente una instrucción que modifica el sistema de gestión de las excedencias y lo hace, precisamente, cuando están finalizando los diferentes procesos selectivos de todas las categorías profesionales.
La limitación de las excedencias y los servicios bajo otro régimen jurídico, sin ofrecer una justificación adecuada ni alternativas reales, agrava todavía más las dificultades de conciliación de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario. 
2.- Negociación de las 35 horas semanales paralizada 
Los sindicatos llevan meses reclamando la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales según lo establecido en el acuerdo firmado en marzo del 2023 o, en su defecto, la renegociación de los plazos para su puesta en marcha este mismo año. 
La jornada de 35 horas es de justicia para el personal sanitario, que lleva años arrastrando una sobrecarga laboral crónica agravada por la falta de personal y el aumento de la demanda asistencial.
“Trabajamos jornadas extenuantes, con turnos que no permiten la conciliación ni el descanso necesario para cuidar con calidad y seguridad”, han expresado los portavoces sindicales. “Por ello, reivindicamos las 35 horas como un derecho y como una medida imprescindible para garantizar una atención digna a la ciudadanía”, concluyen.
3.- Procesos selectivos atrasados
La Conselleria de Sanidad ha incumplido los plazos establecidos para la finalización de los procesos selectivos, que, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, deberían haberse completado, a más tardar, el 31 de diciembre de 2024. Este retraso reiterado refleja la absoluta falta de respeto hacia los miles de profesionales que esperan un empleo estable.
Por ello, los sindicatos exigen una planificación clara y precisa sobre las fechas de finalización de los procesos selectivos y una gestión más eficiente y responsable de los recursos humanos.
4.- Otros temas incumplidos son la mejora de las agendas, la reducción de listas de espera o la puesta en marcha de la figura de la enfermera escolar, entre otros.
También hay otras medidas que están desmantelando la sanidad pública:
1.- Decreto de funcionamiento de Atención Primaria obsoleto y despilfarrador
Otra iniciativa de la conselleria que, por ahora, se mantiene paralizada gracias a la presión de los sindicatos convocantes. Esta norma supone un retroceso para la sanidad pública y no aborda los problemas estructurales de la Atención Primaria. Todo lo contrario, ya que degrada las condiciones laborales del personal sanitario, reduciendo su autonomía y limitando los recursos necesarios para un trabajo digno y eficaz.
Este Decreto impone un modelo de gestión autoritario y obsoleto, ajeno a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, priorizando recortes y estructuras de control innecesarias frente a las verdaderas necesidades asistenciales. 
Por ello, los sindicatos reclaman más autonomía organizativa y capacidad de decisión para los equipos, en un entorno de colaboración interna y con la ciudadanía. Además, de una Atención Primaria fuerte con la financiación adecuada, las plantillas dimensionadas a las ratios de población, el tiempo suficiente para cada consulta y el respeto a los derechos de salud laboral de la plantilla.
2.- Decreto de alerta de Salud Pública paralizado
Los sindicatos convocantes denunciamos la inaceptable demora en la publicación en el DOGV del Decreto que regula el sistema de alerta precoz y respuesta rápida en Salud Pública (SAPRR-CV), lo que impide su entrada en vigor y retrasa de forma injustificable la puesta en marcha de un instrumento clave para la protección de la Salud Pública. Es una herramienta fundamental ante amenazas sanitarias emergentes o posibles catástrofes.
3.- Un compromiso real con la atención sanitaria urgente SAMU
El “Plan funcional para la atención urgente”, que también mantiene paralizado la conselleria, supone el desmantelamiento del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-CV) y la ralentización de los tiempos de respuesta del servicio de emergencias. Este Plan pretende que el personal del SAMU deje de dedicarse exclusivamente a atender emergencias y atienda a los pacientes de las Urgencias de los hospitales o pasen consulta en los centros de salud más cercanos.
Por todo ello, las organizaciones convocantes han concluido: “nos preocupa profundamente que el conseller prefiera negar la realidad antes que asumir sus responsabilidades. Las consecuencias de sus decisiones erróneas ya se perciben en el empeoramiento de la asistencia sanitaria, el aumento de las listas de espera, el desánimo del personal y la confusión entre los usuarios/as”.
SAE, CCOO, UGT, CSIF, INTERSINDICAL SALUT y SATSE apelan al president de la Generalitat como responsable último de la Sanidad de la Comunitat, y le advierten que no dudarán en convocar todas movilizaciones necesarias si la Conselleria de Sanidad persiste en su actitud de incumplimiento de compromisos y falta de respeto hacia sus profesionales.