En este sentido, los sindicatos han insistido en la necesidad de mejorar la comunicación en el centro, sobre todo en lo que respecta a los cambios en la estructura que éste va a sufrir como consecuencia el día 31 de diciembre de su integración en el Servicio Andaluz de Salud. Es evidente que se van a producir modificaciones que afectan a los profesionales y, hasta la fecha, se desconoce cómo les va a afectar.

Por citar un ejemplo la cobertura de bajas o puestos sin cubrir seguirá un proceso diferente al actual. En este sentido, hasta la fecha hay tres bajas estructurales que desde la Dirección General de Personal no se autorizan. Por eso, instamos a que el centro siga reclamando la cobertura de estas bajas pendientes de contratación, además de un puesto estructural que está pendiente de que convoque como interinidad vacante

Estas, entre otras situaciones, está generando incertidumbre entre los profesionales.

 “Por ello, hemos centrado este encuentro con el PSOE en que solicitar que se atiendan las necesidades reales del centro, se identifique la estructura del mismo, se mejore la organización y comunicación y se agilice al máximo la cobertura de los puestos vacantes porque esto repercute directamente en la calidad asistencial que recibe el usuario”, manifiesta el delegado de SAE, miembro de FTPS, en el Hospital de La Janda, Cristian Braza.

Después de la publicación el día anterior (12 de noviembre) de una nota informativa y de la Resolución de la Secretaría General de la Administración Pública apelando al sentido común y a preservar la seguridad de los profesionales, los cargos intermedios recibieron al día siguiente instrucciones dónde se les reclama nombres y apellidos y categoría de aquellos profesionales que no acudieron a su puesto de trabajo. Ello a pesar de la existencia de normativa de prevención de riesgos laborales y la reciente resolución sobre el aviso especial ante este fenómeno adverso y declaraciones públicas de responsables políticas que han actuado con sensatez.

Los responsables directos jefes de servicio, supervisores y demás cargos intermedios habían previsto las contingencias que podrían ocurrir en una situación de alarma meteorológica, y habían organizado el trabajo y al personal con total sentido común y, sin embargo, los trabajadores del AGSEMA se han sentido perseguidos (de distintas formas) y se han visto amenazados por esta Dirección Gerencia al ser requeridos a ocupar su puesto de trabajo, bajo amenazas económicas y con posible expediente informativo.

            Esta situación es inaceptable y pone en evidencia la necesidad de elaborar un plan de contingencias ante este tipo de acontecimientos a la mayor brevedad posible.

La Junta de Personal del Hospital Virgen de la Victoria condena enérgicamente la gestión realizada por la Dirección Gerencia y el restode Direcciones de este centro hospitalario ante la reciente alerta roja por la DANA.Consideramos que la respuesta institucional ha sido lenta, descoordinada y ha puesto en riesgo tanto a todos los profesionales del Centro· como a los pacientes.
En concreto, la Junta de Personal denuncia:
• Presiones a los trabajadores: Se han producido casos de trabajadores que se les ha obligado a acudir a sus puestos de trabajo a pesar de las condiciones climatológicas adversas y del riesgo evidente para su seguridad. Y reproches a los que ante el riesgo de acudir a su puesto de trabajo no lo hicieron.
En concreto la Dirección de Enfermería, especialmente en el área de C(íticos pide a los trabajadores de dicha área que justifiquen la falta mediante "un informe de la AEMET demostrando que su zona de residencia es una zona inundable", de lo contrario tendrían que devolver las horas, decisiones totalmente inconsistentes e incoherentes, contradiciendo la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública y el B.O.E. publicado el 12 de Noviembre donde se
especifican las medidas a seguir en diferentes situaciones con la DANA, incumpliéndose también la Ley de de Prevención de Riesgos Laborales. Esta misma Dirección, tras recibir solicitudes de profesionales de licencias por conciliación familiar se les responde que "se busquen la vida para dejar a sus hijos': que por motivo de la DANA tenían suspendidas las clases, que no se les autorizaba la licencia.
También en el HARE Benalmádena se procedió a evitar el desplazamiento de algunas categorías, como marcaba la normativa vigente en caso de DANA, sin embargo, desde la Dirección de Enfermería se opta porque los profesionales a su cargo acudan a sus puestos de trabajo, aún sin tener actividad que realizar, ya que las agendas y toda la actividad no urgente estaba suspendida.
• Retraso en la toma de medidas frente a lé:1 alerta: La información sobre la gravedad de la situación y las medidas a adoptar se transmitió de forma tardía a los profesionales, lo que dificultó la planificación y organización de los servicios.
• Descoordinación entre los jefes de servicio: La falta de una comunicación clara y efectiva entre los diferentes niveles jerárquicos generó confusión y retrasos en la toma de decisiones.

• Inundación del laboratorio: Además, se produjo una grave inundación en el laboratorio del hospital debido a un problema en el alcantarillado del centro. Este incidente, que no es el primero, evidencia la falta de previsión y la ausencia de una solución eficaz a un problema recurrente, directa responsabilidad de la dirección de servicios generales, que ha puesto en peligro, no sólo a los profesionales si no a los pacientes ingresados, a los de quirófano, a los de urgencias y críticos de todo el hospital al estar más de siete horas del día de ayer sin funcionar dicho laboratorio, y
que si salió adelante la actividad fue por la efectividad de los trabajadores, ya que gracias a su iniciativa se pudo poner a salvo el banco de sangre, trasladado manualmente por estos mismos a otras dependencias no inundadas.

En este mismo lugar se identificó que una de las salidas de emergencia del
laboratorio está cerrada con llaves, y no está habilitada para personas con movilidad
reducida, ya que presenta gran socabón y 1 O escalones al salir, además, se
encontraba bloqueada por las obras del Centro.
Esta situación pone de manifiesto la falta de previsión y planificación por parte de la
Dirección del hospital, lo que ha generado una gran incertidumbre y malestar entre los
profesionales sanitarios y no sanitarios. Poniendo en riesgo la vida de pacientes y
profesionales, pero seguro que encontrarán alguna excusa para exculparse.
La Junta de Personal exige a la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de la Victoria que:
•Se ponga en marcha un protocolo de actuación claro y eficaz ante sitúaciones de emergencia, garantizando una comunicación fluida y transparente con todos los profesionales.
• Se garantice la seguridad de todos los trabajadores durante el desempeño de sus funciones, evitando cualquier tipo de coacción o presión.
• Se realice una evaluación exhaustiva de la gestión realizada durante la alerta roja, identificando las deficiencias y adoptando las medidas necesarias para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
• Se solucione de manera definitiva el problema del alcantarillado del hospital, evitando así
nuevas inundaciones y garantizando la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones.
Ante la gravedad de los hechos y la evidente falta de capacidad de gestión dei actual gerente, la Junta de Personal exige de nuevo su dimisión inmediata o destitución por las responsables de la Consejería de Salud y del SAS.
La Junta de Personal del Hospital Virgen de la Victoria no permitirá que la, salud de los
malagueños y la seguridad de los profesionales de nuestro Centro se vean comprometidas por una gestión inadecuada.

    Las organizaciones sindicales presentes en la comisión de movilidad del hospital han vetado la presencia de FTPS en esta comisión por no tener representación en la Mesa Sectorial de Sanidad en Andalucía. Esta decisión la adoptaron a pesar de que hemos sido la segunda fuerza más votada en Linares en el último proceso electoral y de que la Administración no se ha opuesto en ningún momento a nuestra participación en esta negociación. 

    Ante esta censura, FTPS presentó demanda alegando que el artículo 10.3.1º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, atribuye a los delegados sindicales el derecho de acceder a la misma información y documentación puesta a disposición de los miembros del Comité de Empresa: “Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del Comité de Empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los Comités de Empresa o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que se pudiera establecer por convenio colectivo: 1.º Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente proceda.  2.º Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto. 3.º Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos.”

 “Desde FTPS hemos interpuesto esta acción judicial porque es indignante que los representantes de los trabajadores veten nuestra presencia en una comisión que afecta a todos los profesionales del hospital, a los que también representamos. Ponernos zancadillas en lugar de unirnos para conseguir los mejores acuerdos laborales dificulta la labor sindical y, por lo tanto, resta eficacia a nuestro trabajo”, manifiesta el delegado de SAE en el Hospital San Agustín, Juan Ramón Ledesma.

    Sin embargo, ahora la Administración ha acordado con otras organizaciones sindicales de la Junta de Personal, excluir a los interinos vacantes del proceso y dejarlos para cubrir las plazas que queden tras la finalización del mismo.
    
    “Esta decisión deja a cientos de profesionales en una situación de agravio, pues la condición laboral no debería ser una premisa para poder participar en la movilidad interna, pues este proceso debe ser igual para quienes durante años han desarrollado su trabajo en la misma empresa. Por ello, desde SAE queremos mostrar nuestro desacuerdo con la medida adoptada, pues es un perjuicio para quienes desempeñan el mismo trabajo y lo único que les diferencia es el tipo de contrato”, explica María Eugenia, delegada de SAE en el hospital.