A pesar de que Inspección de Trabajo ha instado reiteradamente a la empresa a realizar un mantenimiento periódico de los dispositivos de ventilación y refrigeración y llevar un control exhaustivo de las condiciones ambientales, año tras año SAE se ve obligado a denunciar esta situación, que genera un problema de salud laboral tipificado en el anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: “en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas…”. 
Asimismo, el RD recoge que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. Sin embargo, usuarios y profesionales de la residencia están soportando temperaturas de más de 30º, lo que, desde luego, contraviene claramente la legislación vigente.
“El mantenimiento de las instalaciones de luz de la residencia es nulo y esta es una de las causas por la que los sistemas de aire acondicionado que funcionan no se pueden usar, pues los cortocircuitos son frecuentes. Así, la situación no solo agrava el riesgo de sufrir lipotimias o episodios de deshidratación debido a las altas temperaturas, sino el de incendio por el pésimo estado en que se encuentra el cableado eléctrico. Por ello desde SAE instamos, una vez más, a la dirección del centro residencial a que adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar el confort térmico y el bienestar  de profesionales y residentes y deje de primar el ahorro económico por encima de la seguridad y la salud, pues las consecuencias pueden ser nefastas”, explica Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

A pesar de la insistencia, desde el pasado mes de marzo, por parte del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) a la dirección del Hospital Universitario Vall d'Hebron para que cubra las vacaciones, incapacidades temporales o licencias sindicales de la plantilla de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), los profesionales continúan teniendo que realizar su trabajo bajo la presión y el estrés que genera no contar con personal suficiente para poder dotar de calidad la asistencia.

Esta sobrecarga laboral, acentuada durante los meses estivales debido al incremento de la población flotante, es insostenible para los profesionales en activo, repercutiendo negativamente en su bienestar físico y mental. Así, por ejemplo, es físicamente imposible movilizar a un paciente con un número insuficiente de profesionales, como la dirección del centro está obligando hacer a los TCAE, sin que la integridad física se ponga en riesgo, pudiendo provocar sobrecargas musculares o lesiones en las articulaciones. A este atentado con la salud física, se suman el estrés, la ansiedad o el síndrome del trabajador quemado, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades profesionales.

La merma en las plantillas, además, ha obligado al centro hospitalario a cerrar camas y quirófanos, por lo que los pacientes también se ven gravemente perjudicados por la situación, que, desde luego, supondrá un incremento de las listas de espera. Una situación que ya es alarmante en Cataluña –el 32,5% de los pacientes esperan más de seis meses para ser intervenidos- y que se aleja de un sistema sanitario eficiente.  
"Por todo ello, volvemos a exigir al Institut Català de la Salut (ICS) y a la dirección del Hospital Vall d'Hebron que actúen con urgencia y responsabilidad. Los TCAE somos un colectivo esencial en la sanidad: somos quienes más cerca estamos del paciente, acompañándoles, realizando su higiene, garantizando su confort y bienestar diarios. Además, sin nuestro trabajo, muchos procesos clínicos y de cuidados quedarían desatendidos, lo que, sin duda, resentiría considerablemente la atención. Pese a todo, somos uno de los colectivos más invisibilizados y precarizados dentro del sistema sanitario público y una muestra de este desprecio está en la situación que las plantillas de TCAE viven diariamente en este centro hospitalario, poniendo en riesgo su salud. La Administración debería saber que la cobertura de las bajas y de los descansos estivales no es un lujo: es una necesidad para garantizar un sistema sanitario digno, justo y seguro para todos, profesionales y ciudadanos”, explica Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

La Propuesta de Moción presentada por la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), conformada por SAE y SIETeSS, en la que se recoge la exigencia al Govern de cumplir los acuerdos de fin de huelga y la necesidad de aplicar de forma inmediata y presupuestada la cuantía correspondiente a la clasificación profesional, recogida en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya.
    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS ha conseguido que tan pronto como se firme y entre en vigor, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 18 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS creemos de justicia que el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación se abone desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.

Es evidente que la Atención Primaria necesita una reforma y redefinir algunos de sus aspectos. Sin embargo, el triaje de los pacientes por parte de los auxiliares administrativos no parece que sea lo más acertado.

Sin lugar a dudas estos profesionales expertos en gestión documental y atención al público, desempeñan una función fundamental, pero ajena a la atención sanitaria directa al paciente.

Esta medida supone no solo una mala gestión de los recursos humanos, sino un derroche innecesario de recursos económicos, dado que la primera fase de esta reconversión pasa por la formación de dos años para “alfabetización sanitaria” y aprendizaje para derivar a los pacientes.

“Y lo que es mucho peor: los Técnicos en Cuidados de Enfermería tenemos ya esa formación sanitaria cualificada para llevar a cabo ese triaje y derivación. Por tanto, destinar un presupuesto determinado a formar profesionales, cuando ya existen profesionales formados es un despilfarro al que se suma el coste que supondrá la subida de categoría profesional que van a experimentar los auxiliares administrativos. Se va a malgastar dinero público en una medida que no tiene ninguna razón de ser, en lugar de dotar de los recursos económicos necesarios al reconocimiento profesional que los TCE, que cada vez asumen más funciones, y otros Técnicos Sanitarios tienen reconocido por Ley”, recuerda Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE.

Para SAE la plantilla de auxiliares administrativos está sobredimensionada por el aumento de contratación de estos profesionales en las últimas décadas, y que ahora necesitan ser reubicados, cuando, en realidad, ante una población cada vez más envejecida y con un incremento incuestionable de las patologías crónicas, lo que se debería haber hecho es una mayor apuesta por las plantillas de TCE en Atención Primaria. Por ello es inadmisible que se forme a auxiliares administrativo para llevar a cabo tareas asistenciales cuando ya existen profesionales perfectamente cualificados para ello y a los que se ha ido desplazando.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ya manifestó su disconformidad ante la creación de esta figura en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 aprobado por el Consejo Interterritorial.

Por tanto, sin desmerecer a estos compañeros y considerando esta necesidad de reubicación, no podemos dar por buena esta medida teniendo en cuenta que deberían limitarse a las funciones y tareas burocráticas para descargar a otros profesionales sanitarios, respetando que sean éstos quienes lleven a cabo la atención directa al paciente, garantizando así la calidad que éste recibe.

Cristián Monclús, manifiesta al respecto que “con esta medida, lejos de mejorar la Atención Primaria se va a entorpecer la gestión en los centros de salud lo que, indudablemente, va a perjudicar al usuario”.

Esta reforma se está llevando a cabo con el apoyo o el silencio cómplice de los sindicatos de clase que anteponen sus intereses electorales a una atención de calidad, ignorando al usuario, cuya salud, queda claro, les importa poco.

    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS exige que tan pronto como se firme y apruebe legalmente, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 17 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone un agravio comparativo y una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS exigimos que se abone el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.