Así se ha decidido en la Comisión de Salud, celebrada por videoconferencia esta mañana, al aprobar la moción, que fue presentada por los grupos parlamentarios G.P. Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai, la A.P.F. de Podemos Ahal Dugu Navarra y el G.P. Mixto-Izquierda-Ezkerra, y finalmente aprobada por unanimidad, para que ésta fuera debatida en el Pleno presentando una propuesta de resolución que no podía ser más clara: se instaba al Gobierno de Navarra a realizar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la carrera profesional, en similares términos a los previstos para el resto personal sanitario, a los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y a los Técnicos Sanitarios.      

Además de la aprobación de esta importante medida, en este pleno se ha puesto en valor el esfuerzo y dedicación de estos profesionales de los cuidados durante la pandemia y se ha reconocido, igualmente, la enorme injusticia que se comete con estos profesionales tras la aprobación de los fondos adicionales en 2018 y el encuadramiento a colectivos como los celadores y personal de limpieza en el nivel D, equiparándolos con los Técnicos en Cuidados de Enfermería a quienes se les exige estar en posesión del título de FP de grado medio.

En cualquier caso, Begoña Ruiz, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Navarra, manifiesta su satisfacción por lo que considera un gran paso en el reconocimiento de este derecho a los Técnicos que, siempre, ha abanderado SAE en todas las instancias.

Begoña Ruiz recuerda que “Navarra es la única Comunidad Autónoma en la que los Técnicos no tenemos reconocido el derecho a carrera profesional y estamos excluidos del sistema de motivación personal y reconocimiento al desarrollo profesional denominado carrera profesional, que redunda en el mejor servicio sanitario sin que exista razón objetiva que justifique la exclusión de estos profesionales de esta progresión individualizada prevista por ley para todo empleado público”

La regulación en la Comunidad Foral de Navarra del actual sistema de carrera profesional para el personal sanitario del Departamento de Salud y sus organismos autónomos tuvo lugar en el marco de la Ley Foral 11/1992, que establece el régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

SAE contaba con el respaldo del Defensor del Pueblo de Navarra que ya manifestó su  apoyo a la  queja formulada por SAE en cuanto a la carrera profesional y la reclasificación que se ha hecho con trabajadores sin titulación y a quienes se ha equiparado a los Técnicos.

Ahora la aprobación de esta moción supone el espaldarazo que debe poner fin de forma definitiva a esta inaceptable vulneración de los derechos de estos profesionales.

Este complemento está regulado en la disposición adicional séptima de la Ley 11/2011, reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. No obstante, no es así para los trabajadores sociosanitarios de las residencias de mayores y de las residencias de personas con dependencia de la Comunidad Foral de Navarra, a pesar de la especial virulencia con la que este virus ha atacado a estos centros tanto en el número de contagiados como de fallecidos, atendidos por los trabajadores socio-sanitarios que han puesto, y siguen poniendo, en riesgo su salud sin contar con equipos de protección suficientes.

Sin embargo, estos trabajadores, inadmisiblemente, no tienen retribución alguna por el complemento especial de riesgo a pesar de estar altamente expuestos durante su jornada laboral.

“Por tanto, el citado complemento, y precisamente por sus características, debe hacerse extensivo y regularse igualmente para estos profesionales sociosanitarios. Todo ello acompañado de las medidas de protección adecuadas para estos trabajadores” manifiesta al respecto Begoña Ruiz Malagón, secretaria autonómica de SAE en Navarra.

“Por otro lado,  continúa la responsable de SAE, es evidente que se han de revisar los índices que actualmente retribuyen el complemento de especial riesgo que se fijó en un 10% cuando fue aprobado y se bajó hasta el 1% y 2%  sobre el salario inicial en octubre de 2011, a pesar del alto riesgo de contagio por la mayor exposición a enfermedades infeccionas de alto riesgo.

La “caída en picado” de esta retribución -con la justificación coyuntural de “dar cumplimiento al objetivo de déficit del 2011-2013”- ha perpetuado no obstante unos índices del complemento que, en modo alguno, se corresponden con los riesgos a los que se exponen nuestros profesionales sanitarios. En este escenario de mayor exposición al COVID-19, no cabe duda, que los índices que retribuyen el complemento de especial riesgo de nuestros profesionales sanitarios resultan insuficientes.

Por ello, se ha de revisar este complemento de especial riesgo que fue aprobado en un periodo determinado en el que el riesgo a enfermedades altamente infecciosas era menor, tal y como ha hecho público la Organización Mundial de la Salud.

De hecho el riesgo a contraer enfermedades infecciosas de alto riesgo en Navarra es una realidad contemplada por el propio Gobierno de Navarra que en febrero de 2020 hizo pública la necesidad de “constituir en el Complejo Hospitalario de Navara un equipo de cuidados sanitarios de 30 profesionales capacitado para atender una emergencia sanitaria derivada de la presencia de alguna de las enfermedades infecciosas de alto riesgo” fijando complementos salariales para el personal que forme parte de este equipo.

Por tanto, la petición de SAE está en consonancia con el diario del propio Gobierno por lo que para no contradecirse debería aplicar tanto la revisión del propio complemento (hasta el 10% inicialmente fijado) como la extensión a los colectivos profesionales, incluyendo a los trabajadores sociosanitarios.

La Conselleria se comprometió y anuncio que de los 1.210 contratos que se iban a realizar, 91 serían de TCE, sin embargo los Departamentos de Salud han decidido prescindir de nuestro colectivo y la Consellería ha anulado estos contratos, lo que nos resulta indignante ya que, tanto por nuestra formación como por nuestra experiencia, somos el personal más adecuado para realizar este refuerzo que precisa la Atención Primaria, especialmente si tenemos en cuenta que los centros de salud están contratando a celadores para que tomen la temperatura en las entradas, cuando esta función la deberíamos realizar los TCE. 
    “Ante la escasez de profesionales TCE que existe en este nivel asistencial en toda la Comunidad Valenciana, desde SAE ya exigimos a la Consellería la necesidad de contratar a más profesionales TCE, pues 91 nos parecían muy escasos, sin embargo ahora los Departamentos de Salud deciden que nuestro colectivo es prescindible, a pesar del incuestionable papel que hemos jugado en esta crisis sanitaria por nuestro trabajo tan cercano y continuo en la atención al paciente, pero también somos fundamentales en la prevención, por ello exigimos a la Conselleria que retome los contratos anulados y los incremente en número, pues, tal y como demostramos diariamente, nuestro trabajo es esencial en todos los niveles asistenciales, a pesar de que existan colectivos profesionales y responsables sanitarios que quieran frenar nuestra presencia en la Atención Primaria”, explica Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE en Comunidad Valenciana.
 

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería queremos sumarnos al Día Nacional del Celíaco reivindicando mayores subvenciones para conseguir una equidad en los precios de los productos sin gluten, pues a las dificultades clínicas que conlleva la enfermedad, hay que sumar los elevados costes de su tratamiento: una dieta estricta sin gluten y sin transgresiones durante toda la vida. 
Según el último estudio realizado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), la cesta de la compra de una persona celiaca supone un incremento de 935 euros anuales con respecto al de una persona que no padece la enfermedad; y, aunque esta diferencia pueda parecer nimia, debemos tener en cuenta que la mayoría de las personas celíacas se privan de muchos productos o no los compran a menudo.
Esta enfermedad, de la que está diagnosticado un 1% de la población, puede aparecer a cualquier edad y puede dar la cara a través de otros trastornos que se derivan de ella. De hecho, la FACE estima que más de un 75% de pacientes celíacos están sin diagnosticar debido a las diferentes formas de presentación clínica que se relacionan con esta patología.
Los síntomas más frecuentes, los relacionados con el sistema digestivo -pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas, impermeabilidad intestinal, inflamación…- aparecen cuando la enfermedad celíaca es sintomática, pero hay casos en los que los pacientes presentan síntomas menos característicos –cefaleas, depresión, epilepsias, autismo,…-, y otros en los que son asintomáticos. Por ello, es necesario establecer protocolos para que la celiaquía pase a formar parte de los análisis rutinarios y, ante cualquier sospecha, se lleven a cabo todas las pruebas necesarias –serológicas, genéticas, biopsias,…- para descartar la enfermedad, pues el retraso o ausencia de diagnóstico tiene consecuencias para la salud, ya que pueden aparecer complicaciones como la osteoporosis, la infertilidad o problemas dentales en los niños.
 

Según la legislación laboral, la dirección del centro debe proporcionar a sus empleados equipos de protección individual e implementar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención, seguridad e higiene en el trabajo, sin embargo, hasta la última semana de abril, ha mantenido escondidos los EPIs, dotando a los profesionales únicamente con mascarillas quirúrgicas y guantes, y no ha llevado a cabo un aislamiento real de los residentes con síntomas, primero, y positivos, después, permitiendo así la propagación del virus y poniendo en riesgo la salud de residentes y trabajadores: de los 78 residentes, 37 son positivos, y, en el caso de los trabajadores, esta cifra se eleva a 15. 
Por ello desde SAE hemos presentado esta denuncia con el objetivo de que se depure la responsabilidad penal, y en su caso civil, tanto de los administradores y encargados de la residencia como de aquellos que, conociendo el delito y pudiendo evitarlo, no hubieran adoptado las medidas para ello.
 “En diversas ocasiones, los Técnicos en Cuidados de Enfermería han solicitado a la dirección del centro la adopción de medidas de protección adecuadas así como un incremento de personal ya que la plantilla ha sido insuficiente para cuidar y atender adecuadamente a los residentes positivos, sin embargo, la Dirección, aun siendo conocedora del grave riesgo de contagio, ha obviado reiteradamente estas peticiones, incumpliendo de manera sistemática la normativa sobre protección de riesgos laborales, como los efectos de la difusión de la pandemia, tanto para los trabajadores como para los residentes”, explica Ana María Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y León.