Según el último dato aportado por el comité autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, el 90% de los casos positivos activos en las islas se dan entre los trabajadores de la sanidad. Un porcentaje intolerable que lleva a SAE a exigir a GSAIB que empiece a realizar los test PCR a todos los profesionales sanitarios, tal y como se recoge en la última corrección de la “Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario”, realizada el pasado13 de abril.
“Esperamos que desde la Dirección Gerencia de GSAIB hayan comenzado a trabajar en el diseño de un plan para llevar a cabo los PCR y que en el mismo se incluya la realización de las pruebas a los familiares de los trabajadores. Actualmente, los profesionales sanitarios están sometidos a un alto estrés y elevados niveles de ansiedad  fruto de la inseguridad con la que se enfrenta a su trabajo y, por supuesto, del temor que esta desprotección les causa, tanto por el contagio hacia ellos mismos, como por convertirse en portadores y contagiar algún miembro de su núcleo familiar.  Por ello, exigimos que se empiecen a realizar inmediatamente las pruebas PCR a todos los profesionales que desempeñan su trabajo en la sanidad balear, pues es la única manera de comenzar a controlar la propagación del virus”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

 La 72ª Asamblea Mundial de la Salud ha designado 2020 como Año Internacional del Equipo de Enfermería y desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) aprovechamos este reconocimiento para destacar mensualmente el trabajo que los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), como parte de estos equipos, realiza en diferentes parcelas asistenciales.

Sin embargo, este mes de abril, queremos destacar el encomiable trabajo de todos los profesionales sanitarios, tanto en hospitales y centros de salud, como en centros sociosanitarios; y queremos insistir en nuestras principales reivindicaciones: la urgencia de realizar test a todos los profesionales sanitarios y equiparlos con los Equipos de Protección Individual adecuados.

“Para salvar vidas, los profesionales del equipo de enfermería debemos estar bien protegidos, pues nuestro contacto con los pacientes es continuo y el riesgo al que nos exponemos, como ya se ha visto, es muy alto, costándole la vida a varios compañeros. Si queremos que el número de muertes descienda, debemos frenar la expansión del virus y para ello es fundamental proteger a quienes velan por la salud de los ciudadanos, con el objetivo de evitar contagios externos y entre los propios profesionales. Pero, además, es urgente la realización de test a todos los profesionales sanitarios para adoptar las medidas necesarias en cada caso; es altamente contradictorio aislar a la población y permitir que profesionales que dan positivo, pero no presentan síntomas, continúen desempeñando su trabajo asistencial. Los protocolos se deben cumplir para frenar la expansión del Covid-19”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.

“Más de 28.000 profesionales sanitarios se han infectado por Coronavirus debido a las pobres medidas de seguridad que se les ha proporcionado. Por ello, SAE ha solicitado, tras un mes de crisis sanitaria, la intervención del Defensor del Pueblo, con el objetivo de que el Ministerio de Sanidad y los diversos servicios autonómicos de salud den una respuesta inmediata a nuestra reivindicación. El uso de estos equipos de protección está regulado en el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) y en el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a su comercialización, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son muy claras en cuanto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de todas las medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones elementales de seguridad y evitar así verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
Sin embargo, la falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias está generando situaciones en la que el acceso y uso a los EPIs está siendo restringido y se suministra en algunos casos por debajo de las necesidades, llegando incluso a amenazarse a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de estos equipos para prevenir contagios activos o pasivos.
“En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos, se llega al extremo de que en las reformas de los protocolos de algunos centros sanitarios se discrimina a los trabajadores, en función de su categoría profesional, a la hora de asignarles sus respectivos equipos de protección individual, de manera que, aún en la misma situación de contacto estrecho con los enfermos, hay colectivos que reciben EPIs de mayor seguridad que otros profesionales, como los TCE. Este tipo de situaciones son inadmisibles, por ello, pedimos al Defensor del Pueblo, en cuanto garante de los derechos ciudadanos, entre los que se encuentra la salud laboral, su intervención para que los gestores sanitarios empiecen a actuar para garantizar la protección de los profesionales”, manifiesta Mª Dolores Martínez.  
 

            La situación en esta residencia es inaceptable. El pasado 30 de marzo SAE ya denunció ante la Consejería la situación en este centro respecto a, entre otras cuestiones, la falta de protección de los profesionales, las negativas a realizar test diagnósticos por considerar el Covid-19 como un sarampión…         

            En estos quince días se han disparado tanto el número de  contagiados como los  fallecidos y la directora debe seguir equiparando el Covid 19 con un sarampión teniendo en cuenta que hasta el día de ayer no ha llevado a cabo ningún aislamiento.

            Sin embargo, inexplicablemente se mantiene en su puesto a la responsable de esta dramática situación lo que convierte a la Consejería en responsable en la misma medida.

             Mientras que la Diputación de Valladolid ha tomado medidas tomado el control de las residencias o  en la residencia RAVSA se ha controlado la situación, inexplicablemente se mantiene en su puesto a la directora de la residencia Parquesol.

            Por no mencionar la falta de empatía con los profesionales contagiados al dudar de si el contagio se ha producido en su centro de trabajo. Es inadmisible que teniendo en cuenta la falta de protección con la que se está trabajando eluda su responsabilidad culpando a los profesionales.

            Es inaceptable y la Consejería debe cesar de forma inmediata a la Directora de la Residencia Parquesol.