Es evidente que la Atención Primaria necesita una reforma y redefinir algunos de sus aspectos. Sin embargo, el triaje de los pacientes por parte de los auxiliares administrativos no parece que sea lo más acertado.

Sin lugar a dudas estos profesionales expertos en gestión documental y atención al público, desempeñan una función fundamental, pero ajena a la atención sanitaria directa al paciente.

Esta medida supone no solo una mala gestión de los recursos humanos, sino un derroche innecesario de recursos económicos, dado que la primera fase de esta reconversión pasa por la formación de dos años para “alfabetización sanitaria” y aprendizaje para derivar a los pacientes.

“Y lo que es mucho peor: los Técnicos en Cuidados de Enfermería tenemos ya esa formación sanitaria cualificada para llevar a cabo ese triaje y derivación. Por tanto, destinar un presupuesto determinado a formar profesionales, cuando ya existen profesionales formados es un despilfarro al que se suma el coste que supondrá la subida de categoría profesional que van a experimentar los auxiliares administrativos. Se va a malgastar dinero público en una medida que no tiene ninguna razón de ser, en lugar de dotar de los recursos económicos necesarios al reconocimiento profesional que los TCE, que cada vez asumen más funciones, y otros Técnicos Sanitarios tienen reconocido por Ley”, recuerda Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE.

Para SAE la plantilla de auxiliares administrativos está sobredimensionada por el aumento de contratación de estos profesionales en las últimas décadas, y que ahora necesitan ser reubicados, cuando, en realidad, ante una población cada vez más envejecida y con un incremento incuestionable de las patologías crónicas, lo que se debería haber hecho es una mayor apuesta por las plantillas de TCE en Atención Primaria. Por ello es inadmisible que se forme a auxiliares administrativo para llevar a cabo tareas asistenciales cuando ya existen profesionales perfectamente cualificados para ello y a los que se ha ido desplazando.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería ya manifestó su disconformidad ante la creación de esta figura en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 aprobado por el Consejo Interterritorial.

Por tanto, sin desmerecer a estos compañeros y considerando esta necesidad de reubicación, no podemos dar por buena esta medida teniendo en cuenta que deberían limitarse a las funciones y tareas burocráticas para descargar a otros profesionales sanitarios, respetando que sean éstos quienes lleven a cabo la atención directa al paciente, garantizando así la calidad que éste recibe.

Cristián Monclús, manifiesta al respecto que “con esta medida, lejos de mejorar la Atención Primaria se va a entorpecer la gestión en los centros de salud lo que, indudablemente, va a perjudicar al usuario”.

Esta reforma se está llevando a cabo con el apoyo o el silencio cómplice de los sindicatos de clase que anteponen sus intereses electorales a una atención de calidad, ignorando al usuario, cuya salud, queda claro, les importa poco.

Esta política de no contratación es siempre inadmisible, pero en la provincia de Cádiz donde la población flotante aumenta considerablemente durante los próximos meses supondrá un verano tremendamente complicado.

Estos centros son el primer punto de acceso del usuario cuando tiene un problema de salud. Si no recibe la atención que requiere lo más probable es que acudan a los centros hospitalarios y estos se colapsen aumentando el problema.

Los profesionales han manifestado su preocupación ante esta situación que tampoco ha sido comunicada oficialmente por la dirección de enfermería del Distrito que, ni siquiera, ha aceptado mantener una reunión con los delegados de FTPS.

La falta de Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros de salud de la Bahía de Cádiz augura un verano especialmente complicado si se confirma esta decisión de no contratar a ningún TCE. Desde FTPS se ha solicitado que, de manera urgente, se lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar una política de contrataciones adecuada. En caso contrario, la calidad asistencial se verá gravemente afectada ante la falta de recursos humanos.

    Así, ante la actual negociación para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que recoge esta clasificación, FTPS exige que tan pronto como se firme y apruebe legalmente, la Generalitat de Catalunya asigne automáticamente una partida presupuestaria para hacer efectiva la retribución de acuerdo con los nuevos niveles: el C1 para los Técnicos Sanitarios de Grado Medio y el B para los de Grado Superior de la Formación Profesional.  
    “Han pasado más de 17 años desde la aprobación del EBEP, y esta clasificación no ha sido implementada efectivamente, lo que supone un agravio comparativo y una discriminación económica respecto a otros colectivos profesionales. Por ello, desde FTPS exigimos que se abone el nuevo nivel retributivo aplicado a la nueva clasificación desde el mismo momento de su aprobación legal”, explica Cristian Monclús, responsable de SAE en Cataluña. 
    La no aplicación de esta clasificación no puede seguir excusándose por motivos presupuestarios. Se trata de un derecho reconocido legalmente desde hace casi dos décadas y es responsabilidad del Govern de la Generalitat asegurar su ejecución íntegra y justa, con dotación presupuestaria inmediata y compensación retroactiva.
    Esta compensación es indispensable para garantizar la justicia retributiva y la dignificación de nuestras profesiones, de acuerdo con los principios de equidad y proporcionalidad dentro de la Función Pública.

 Los responsables de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad (FTPS), conformada por SAE y SIETeSS, han compadecido esta mañana en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cataluña para exponer la situación actual en la que se encuentran los profesionales Técnicos Sanitarios de Grado Medio –Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) y Técnicos de Farmacia- y los de Grado Superior de la Formación Profesional, tanto laboral como formativamente.
    Así, durante el encuentro, FTPS ha entregado a los diferentes grupos parlamentarios una propuesta para que se estudie y apruebe en el seno del Parlamento el compromiso de que, una vez aprobado el nuevo Estatuto Marco, en el que se dará cumplimiento a la clasificación profesional de estas categorías, se aplique la retribución correspondiente de forma inmediata.
    De esta manera, Cataluña sería pionera en mejorar la situación profesional de los Técnicos, por ello es esencial que esta clasificación venga con la correspondiente dotación presupuestaria para materializarla, pues los TCE y los TSS llevan más de 17 años esperando que se aplique lo que por Ley les corresponde. 
    Asimismo, FTPS ha instado a los parlamentarios a que lleven a cabo todas las actuaciones que estén en sus manos para que los puntos recogidos en los dos acuerdos de fin de huelga firmados con el ICS y el Govern se cumplan, pues tras más de un año de lucha, aún no se ha visto materializado ninguno de los compromisos adquiridos.
    “Exigimos una actuación contundente a los parlamentarios pues la falta de reconocimiento profesional que estamos sufriendo los Técnicos de Grado Medio y de Grado Superior es ofensiva. Llevamos años siendo maltratados repetidamente con convenios perjudiciales, mermas en las plantillas que han ocasionado importantes sobrecargas de trabajo, incapacidades laborales no cubiertas, o escasa promoción profesional. Es fundamental y justo que se valore adecuadamente a nuestros colectivos profesionales y las políticas sanitarias garanticen condiciones laborales equitativas para todas las categorías, pues lo contrario es un agravio comparativo que no solo menoscaba el ánimo y la salud de los profesionales afectados, sino la sostenibilidad de todo el sistema sanitario catalán”, explica el responsable de SAE en Cataluña. 
 

USAE ha exigido la inmediata intervención de la Dirección General del SES para que se tomen las medidas necesarias que desemboquen en el cumplimiento de las directrices establecidas en el Real Decreto 81/2021 de 7 de julio, que ordenan la asignación de un Coordinador de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCAE) en cada área de salud de manera que el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz convoque de inmediato este puesto.
El Real Decreto establece que es imprescindible la designación de un coordinador para optimizar la gestión y garantizar la supervisión adecuada del personal TCE. Sin embargo, en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, la falta de este puesto ya se ha convertido en una situación de incumplimiento flagrante de la normativa dada la sistemática negativa de la gerencia del centro a cubrir este puesto en los últimos cuatro años. Mantiene su actitud a pesar de la necesidad urgente de esta figura para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de trabajo. 
El resto de las áreas de salud de Extremadura ya han logrado implementar este modelo con éxito, mejorando notablemente la gestión de los recursos y la calidad en la atención. Pese a ello, Demetrio Víctor Pérez Civantos, director gerente, sigue sumido en un bloqueo administrativo que está desmantelando la operatividad de los equipos de trabajo y afectando la capacidad de respuesta del SES, al hacer caso omiso a las directrices directas del director gerente y de Recursos Humanos del SES. 
Este retraso en la asignación de coordinadores TCE, está afectando a los profesionales TCE, y no se puede seguir permitiendo que esta Dirección Gerencia continúe bloqueando el cumplimiento de una medida que beneficiaría a todos los profesionales.
“Es inadmisible este empeño del gerente del CHUB que parece personal porque no responde a ningún criterio lógico por lo que desde USAE hemos pedido al SES que intervenga en tan lamentable situación”, manifiesta la responsable autonómica Victoria González.