En Burgos son tres las residencias que dependen de estas Gerencias, y tanto los residentes como los profesionales se están enfrentando a un riesgo más que evidente. Desde SAE no se descarta tomar las medidas legales que considere oportunas ante lo que considera un abandono de los profesionales de estos centros a los que no se está protegiendo debidamente ni sometiendo a las pruebas PCR en las debidas condiciones.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha solicitado en reiteradas ocasiones la realización de test PCR masivos al personal que trabaja en las residencias dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y, sin embargo, no se están realizando en las debidas condiciones por lo que los trabajadores se sienten abandonados ante la imposibilidad de realizarse las pruebas y extremadamente preocupados teniendo en cuenta que ya se han confirmado 28 casos en esta residencia.

            La realización de las PCR correspondería al Servicio de Prevención de la Junta que en Burgos está cedido a Quirón Prevención. Sin embargo, y aunque se desconocen los motivos reales lo cierto es que los profesionales no se están realizando las tan necesarias PCR. Tampoco en los centros de Atención Primaria se están realizando las pruebas porque a la saturación de los centros hay que añadir que no se indica la petición de la prueba si no hay una sintomatología clara o se demuestra un contacto estrecho con un caso positivo

            Por otro lado, para SAE es una temeridad actuar, únicamente ante el aumento de casos y no mantener la prevención de manera continuada con el uso de mascarillas FFP2, EPIs adecuados y que el personal no se movilice.

            La reproducción del virus es una situación que no podemos controlar pero repetir los mismos errores que en la primera ola es, sencillamente, inadmisible. Estamos ante un virus del que seguimos desconociendo muchos datos y, por lo tanto, la prevención y la precaución han de ser extremas con independencia de que cada día se anuncie una nueva forma de propagación: contacto de superficies, aerosoles…

            El aumento de los casos entre los profesionales va a suponer que la residencia esté bajo mínimos de personal, sobrecargando a los que permanezcan en activo ante la imposibilidad de conceder permisos y descansos y la dificultad de encontrar Técnicos de Enfermería para las residencias ya que las bolsas de trabajo están agotadas

            La falta de personal afecta a todas las categorías profesionales y de hecho aunque la Gerencia Territorial de Burgos ha comunicado la compra de pruebas serológicas y de antígenos para entregar en estos momentos a la Residencia de Cortes, tanto para los residentes, como para el personal se desconoce quién llevara a cabo las pruebas a los profesionales o se recurrirá a personal ajeno a la empresa, pero en cualquier caso se está dilatando la realización de estas pruebas mientras los casos positivos siguen aumentando.

Los representantes de los trabajadores públicos de SACYL recibieron ayer por la tarde una comunicación informando de la suspensión de las negociaciones, tras la reunión mantenida por la Gerencia Regional de Salud con el presidente Alfonso Fernández Mañueco y la directora de Función Pública, Paloma Rivero.

Tras diez días de negociaciones, desde Presidencia se detiene una negociación cuyo único objetivo es minimizar todas las pérdidas de derechos laborales, permisos, jornadas y posibilidades de conciliación que inicialmente desde la Consejería de Sanidad pretendían imponer a los trabajadores sanitarios, cuando paradójicamente hoy se negocia la mejora para los empleados públicos del resto de las consejerías de la Administración autonómica, excluyendo de forma específica en el documento cualquier tipo de mejora a todos los empleados públicos que se encuentran en primera línea de la lucha contra el COVID, sanitarios, sociosanitarios y de educación.

La situación que estamos viviendo ahora mismo a nivel epidemiológico y de saturación hospitalaria viene derivada de la deficiente gestión llevada a cabo por todas las administraciones, estatal, autonómicas y locales, no por culpa de los trabajadores de la sanidad, que dieron más del 100% de sí durante la primera ola, sin medidas de protección, y que ahora ven recortados sus derechos como trabajadores, para que la Administración pueda solventar la grave situación derivada del COVID a nivel sanitario.

Esta 2ª ola no es una situación excepcional, como ayer manifestó el presidente Mañueco, ya se preveía que se iba a producir una segunda ola cuando llegara el otoño. La Junta de Castilla y León y en concreto Presidencia y  Función Pública, se están riendo de todos los empleados públicos que están luchando en primera línea contra la pandemia derivada por el COVID. A los sanitarios les recortan sus derechos laborales, mientras al resto de empleados públicos les mejoran sus condiciones.

Los empleados públicos de Sanidad no se merecen que de nuevo se les utilice en una guerra soterrada entre los 2 gobiernos de la Junta, PP y Ciudadanos. Mientras ayer el presidente  hablaba de diálogo y negociación en sus declaraciones, en la práctica se hurta a los representantes de los trabajadores de la sanidad la defensa de los mismos y sólo se plantea la negociación de mejoras para los empleados que dependen directamente de las consejerías dependientes de Función Pública, todas pertenecientes al PP.

Que el Gobierno de la Comunidad considere que la mejora asistencial a los ciudadanos de  Castilla y León se consigue imponiendo recortes en los derechos laborales, jornadas maratonianas  a los profesionales, anulando la conciliación familiar… supone una temeridad y un desconocimiento total de lo que es la Sanidad Pública. 

Los representantes de los trabajadores denunciamos una vez más que los trabajadores de SACYL sean tratados como empleados  públicos de segunda y exigimos que se negocie al más alto nivel las medidas conducentes a asegurar una asistencia sanitaria de calidad respetando los derechos laborales de los profesionales.

           Y ello después de numerosos escritos y comunicaciones reiterando la necesidad de contratar personal para poder prestar la debida atención a las personas mayores.

          De hecho, el pasado mes de agosto SAE demandó ante el Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030  que se apliquen medidas necesarias respecto al número y la formación de los profesionales que atienden a nuestros mayores.

            Negar la situación no soluciona el problema y atacar públicamente a los profesionales como ha hecho José Forner, director de la residencia Virgen de la Fuensanta y miembro de la Asociación para la Dependencia de la Región (Adermur), vertiendo acusaciones infundadas es directamente indigno de un responsable sanitario.

            Las plantillas de profesionales en las residencias son deficitarias desde hace años,  lo que ocurre es que la crisis sanitaria generada por la Covid-19 ha destapado todo tipo de carencias. Las reticencias de los profesionales para trabajar en las residencias son precisamente por las condiciones de trabajo en la mayor parte de las mismas. La falta de personal en estos centros es un problema que sobrecarga de trabajo a los profesionales teniendo en cuenta que se trata de personas mayores, con distintos grados de dependencia y pluripatologías que obligaría a mantener los ratios de profesionales, incluso, por encima de lo recomendado.

            Es cierto que algunos profesionales no quieren participar de lo que consideran “maltrato institucional a la personas” pero esta realidad no justifica que en lugar de solucionar las situaciones que den lugar a esta lamentable consideración se opte por atacar a los profesionales. También lo es que el sistema de trabajo en estos centros es diferente dadas las particularidades de este sector de la población, en ocasiones dependientes, e incluso, grandes dependientes, con pluripatologías crónicas que requieren de cuidados continuos y fundamentales. Si hay fallos en la organización y coordinación en los centros no es responsabilidad ni de los Técnicos en Cuidados de Enfermería ni de ningún profesional y como profesionales que somos si el servicio está bien organizada la calidad asistencial que prestamos es sobresaliente ya sea en el servicio público o en las residencias.

            Aunque tímidamente parece que algunas Administraciones están empezando a tomar en consideración esta  premisa y cada vez son más los centros donde se prima la necesidad de que un profesional cualificado, capacitado y debidamente formado para determinadas funciones, como es el caso de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, lleven a cabo estas funciones permitiendo que perfiles más especializados en determinadas actuaciones puedan ocupar estos puestos más especializados.         

            Así, nos encontramos ya con varias comunidades autónomas donde se ha contratado a Técnicos en Cuidados de Enfermería para llevar a cabo las labores de rastreo y seguimiento de casos Covid-19, entidades que han regulado la presencia de TCE en los centros escolares para estas y otras actuaciones sanitarias de su competencia como intervenir ante una caída, el control a los diabéticos, la toma de constantes vitales,  la toma de muestras no invasivas, entre otras, dado que somos profesionales cualificados y capacitados para realización de estas funciones y otras específicas en educación para la salud.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) lleva años reclamando tanto en Educación como en Sanidad que esta fuera la forma de proceder en la gestión de recursos humanos y que tal y como recomienda la propia Organización Mundial de la Salud  “los trabajadores apropiados, con las destrezas apropiadas, ocupen los puestos apropiados para realizar las tareas apropiadas”.

            Solo así se podrán optimizar los recursos humanos. Es cierto que la falta de personal es alarmante en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, centros de atención primaria, centros escolares… pero también lo es que no se hace una distribución lo suficientemente adecuada de los profesionales, ni se fomentan los estudios de Formación Profesional de la rama sanitaria ni sociosanitaria. Unos profesionales que, por otra parte, se hacen cada vez más necesarios debido al envejecimiento de la población.

Sin lugar a dudas ésta es una decisión en consonancia con las continuas reivindicaciones que desde SAE se vienen reclamando respecto a la necesidad de optimizar los recursos humanos y que, en tiempos de pandemia, es una premisa obligatoria. Desde SAE confíamos en que diferentes gerencias tomen ejemplo de esta decisión

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería son profesionales perfectamente capacitados y cualificados para llevar a cabo multitud de funciones sanitarias para las que, inexplicablemente, se están destinando a profesionales que podrían llevar a cabo otras funciones igualmente importantes pero tal y como recomienda la OMS lo mejor es que sean los trabajadores apropiados, con las destrezas oportunas s quienes  ocupen los puestos apropiados para realizar las tareas apropiadas. Destinar profesionales con un perfil capacitado para otras tareas más especializadas  es despilfarrar, y por tanto no optimizar, los recursos.

Es cierto que la falta de personal es alarmante en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, centros de atención primaria, centros escolares… pero también lo es que no se hace una distribución lo suficientemente adecuada de los profesionales, ni se fomentan los estudios de Formación Profesional de la rama sanitaria ni sociosanitaria. Unos profesionales que, por otra parte, se hacen cada vez más necesarios debido al envejecimiento de la población.