El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) viene denunciando desde hace años la precariedad en la que se encuentra el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias; una situación que afecta gravemente a la integridad física y mental de los profesionales y a la atención que reciben los usuarios. Sin embargo, a pesar de las solicitudes que hemos presentado para que se lleve a cabo una evaluación de riesgos –la última se realizó en 2015-, no hemos obtenido respuesta, salvo el vago argumento de la Gerencia explicando que no se puede realizar porque están “de obras”.
    Mientras los responsables sanitarios eluden adoptar medidas para solventar la penosa situación de este servicio, la falta de camas y camillas continúa obligando a las ambulancias a pasar horas en la puerta del centro hospitalario esperando para poder dejar a los pacientes. Una realidad que paraliza los vehículos e impide el traslado de otros usuarios, como, por ejemplo, los que se deben desplazar del Servicio Normal de Urgencias del centro de salud de San Benito al HUC, de manera que, además de comprometer la asistencia sanitaria de estos pacientes que precisan unos cuidados hospitalarios, se sobrecarga a los profesionales de estos servicios. Pero la situación no mejora cuando el usuario consigue entrar en Urgencias, pues, tras ser atendidos, deben esperar en sillas o butacas a ser ingresados en planta debido a la falta de camillas y espacios adecuados, ya que las áreas de trabajo están saturadas. 
    Actualmente, el servicio de Urgencias del HUC tiene una afluencia de más de 250 pacientes al día, que tienen que esperar una media de diez horas a ser atendidos –hay ocasiones que hasta 18 horas-. Además, el perfil de los usuarios nada tiene que ver con el de hace años, pues la población cada vez está más envejecida y demanda cuidados y una atención más personalizados, sin embargo, las plantillas de TCE no se han adaptado a esta realidad, que pasa, además, por el hecho de que algunos pacientes viven en los hospitales porque no disponen de la plaza sociosanitaria que requieren debido a la falta de camas en estos centros.
    Es evidente que el plan de contingencia adoptado por la Gerencia para aliviar esta situación es insuficiente, especialmente en una época en la que las enfermedades estacionales incrementan la sobrecarga laboral. Así, por ejemplo, esta semana, la saturación del servicio ha sido tan alarmante, que ha obligado a modificar el acceso de los familiares al servicio de UVI porque se han tenido que ubicar camillas en un  pasillo de tránsito interno.
    A esta fotografía se añade el hecho de que las infraestructuras, además de ser insuficientes, se han quedado obsoletas y están desatendidas, lo que pone en riesgo la seguridad de los profesionales, quienes han sufrido algunas caídas por el mal estado de los suelos.
    “La realidad a la que están sometidos profesionales y usuarios hace urgente una evaluación de riesgos laborales, sin embargo, no parece que la Gerencia quiera solucionar los problemas existentes. Mientras, la frustración, el estrés o los riesgos físicos, como las lesiones músculo-esqueléticas, son habituales entre los TCE debido a esta sobrecarga asistencial, que, además, se ve incrementada al tener que seguir asumiendo funciones de otros colectivos, como el de los celadores, pues este profesional no se ha implantado adecuadamente ni equiparando al resto de Gerencias del Servicio Canario de Salud”, explica Paola Iosuf, responsable de SAE en Santa Cruz de Tenerife.
 

   Los problemas mecánicos son una constante en las unidades; así, durante 2024 también se  vieron afectadas las de Traslado No Urgente, incrementando el número de servicios de cada unidad, lo que perjudicó la atención al paciente por el alto flujo de trabajo.
    Podemos señalar varios ejemplos que representan el mal estado de los vehículos: en el primer semestre de 2024, hubo que sustituir en una ocasión una unidad de SVB con material de medicalizada por una de Traslado No Urgente, durante al menos 20 horas, por orden del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al no disponer la empresa adjudicataria, UTE LANZAFUER ACCIONA ICOT, de unidad de sustitución; en noviembre de 2024, se averió la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife y se sustituyó con la de Soporte Vital Avanzado de Playa Blanca, quedando esta zona sin unidad durante 12 horas; el pasado 6 de enero, la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife tuvo que prescindir del Técnico Sanitario porque, por orden de la empresa y con aviso al SUC, tuvo que trasladarse a otra unidad; o los días 11, 12 y 13 de enero, Arrecife volvió a quedarse sin una unidad de SVB  hasta las 12 del mediodía por falta de coche de repuesto.    
    A pesar de que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores recoge que el “Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo consulta cuando prevean cambios al respecto”, la empresa adjudicataria no ha informado de dichas incidencias al Comité.           Asimismo, en el apartado 39 de la normativa o contrato con GSC se recoge que “por avería, falta de dotación o situación similar el adjudicatario deberá suplir la unidad con uno de características idénticas junto con su dotación en un tiempo máximo de una hora sin que ello justifique un defecto en la prestación del servicio a los usuarios del SCS”, sin embargo, la empresa no está cumpliendo con esta normativa.
    “Esta conducta de dejadez pone en riesgo a los ciudadanos, por lo que desde FTPS hemos reclamado en múltiples ocasiones a la empresda adjudicataria que cumpla con el servicio que debe ofrecer e, igualmente, instamos a la Administración a que actúe contra este incumplimiento. Esperamos que esta situación no se alargue más en el tiempo, pues poner en riesgo la salud y seguridad de profesionales y usuarios no debería ser una opción”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote. 

Por ello, desde USAE continuamos exigiendo, a pesar de obtener solo la callada por respuesta, una valoración adecuada de los protocolos existentes para que se lleven a cabo los cambios necesarios, teniendo siempre en cuenta el derecho de los TES gallegos a desempeñar su trabajo con todas las garantías para su integridad física y mental. En este sentido, es fundamental la unificación de criterios, formación y actuación multidisciplinar con el resto de servicios con los que coincidimos -personal sanitario de diferentes unidades, policías, etc.-; el registro de aquellos espacios o pacientes con antecedentes de situaciones violentas para poder prever un riesgo mayor del habitual; la presencia de las Fuerzas y Cuerpos del Estado-FOP para acompañarnos en esos ambientes hostiles y minimizar el riesgo ante situaciones en las que los TES no tenemos ni autoridad ni herramientas para enfrentarnos; y el seguimiento por parte de la mutua de trabajo de las agresiones, verbales o físicas, sufridas, así como un apoyo psicológico a la víctima. 
Entre estos ambientes más hostiles, de los que ya hemos alertado en múltiples ocasiones al 061, se encuentran las zonas de ocio nocturno, domicilios de personas conflictivas con antecedentes por intento de agresión a sanitarios y/o policía, o pacientes con comportamientos inestables, entre otros.
Sin embargo, los escenarios valorados por el 061 a través de las Instrucciones Técnicas-IT, cuyo funcionamiento no difiere en nada a un Protocolo de Actuación, no describen las circunstancias reales a las que nos enfrentamos la mayoría de las veces. Además, la norma nos obliga a informar a la Central de Coordinación de Urgencias Sanitarias-CCUS 061 de cualquier cambio que se produzca en los avisos por los que hemos sido activados, lo que es totalmente imposible, ya que hacer frente a un momento delicado requiere de toda nuestra atención para adoptar las decisiones más adecuadas a la situación, manteniendo siempre el objetivo prioritario de garantizar nuestra seguridad y la del paciente. En este sentido, otro problema al que tenemos que buscar solución es alinear los protocolos de todas las entidades con las que trabajamos para poder actuar en una misma dirección.
 “El 061 ha rechazado sistemáticamente nuestras propuestas y ante esta desprotección nos preguntamos ¿quién será el siguiente en sufrir una agresión?, pues los TES, incuestionablemente, estamos en primera línea de actuación y seguimos cumpliendo con nuestro trabajo con el miedo de que cualquiera y en cualquier momento podamos ser víctimas de una situación parecida a la sufrida en el HUAC hace unos días. No hay que olvidar que las cuestiones que afectan a la seguridad del personal sanitario repercuten directamente en la seguridad y calidad asistencial del paciente y, desde luego, trabajar con temor no es sano, ni para el TES ni para los ciudadanos a quienes debe dar servicio”, explica José Luis Fuego, responsable de USAE en A Coruña.

    En la reunión mantenida ayer con el PSC, éste mostró su falta de voluntad para cumplir el pacto que puso fin a la huelga hace un año, a pesar de la moción presentada por ERC, que se aprobó el pasado mes de diciembre en el Parlament de Catalunya, por la que se insta a este partido y a la Consellería de Salut al cumplimiento íntegro del acuerdo.
    El menosprecio, tanto a nivel profesional como económico, a los Técnicos que trabajan en el ICS es un insulto, por lo que no descartamos volver a paralizar hospitales y centros de Atención Primaria, afectando a servicios como, por ejemplo, laboratorios, quirófanos o esterilización, si los responsables sanitarios no aplican de inmediato las medidas acordadas, que pasan por la implementación de mejoras económicas, como el complemento de homologación –ya acordado para el colectivo de enfermeras-, cuyo reconocimiento llevamos esperando desde 2007; la aplicación de un complemento específico en atención primaria que iguale al de los hospitales, ya que el TCE cada vez asume una mayor carga asistencial; el pago del complemento domiciliario en atención primaria, que ya se abona al resto de categorías profesionales, lo que provoca un agravio comparativo; el reconocimiento económico, en atención hospitalaria, de la especialidad de críticos (UCI, REA Bloque Quirúrgico, Quemados, Urgencias) y esterilización por la alta complejidad y especificidad de estos servicios; la mejora de la formación, ya que los TCEs cada vez asumimos más funciones que requieren formaciones específicas para garantizar una buena calidad asistencial; el reconocimiento y actualización de nuestras funciones; o la implantación del registro de nuestro trabajo.
    “Un año después, el compromiso de los responsables de la sanidad catalana sigue sin cumplirse. Desde SAE no vamos a consentir que sigan insultando así a los Técnicos Sanitarios, unos profesionales que ya están sometidos a importantes niveles de estrés, siendo las categorías sanitarias con mayor porcentaje de burnout debido al aumento de las cargas de trabajo, la reducción de personal y la falta de reconocimiento. Seguiremos manteniendo los encuentros previstos con los partidos políticos y hemos solicitado una reunión con el President de la Generalitat y con la gerencia del ICS para desencallar esta situación, pero de no solventarse de inmediato, volveremos a colapsar la sanidad catalana con una huelga indefinida”, explica Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña.

La agresión sufrida por una Técnico en Cuidados de Enfermería y una pediatra en Muxia y el apuñalamiento que el pasado lunes puso en peligro la vida de un enfermero y la seguridad de un vigilante del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña solo ponen en evidencia la inseguridad con la que los profesionales sanitarios deben desarrollar su trabajo.
    Desde hace años, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) venimos denunciando la falta de protocolos adecuados para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores sanitarios, por ello, los TCE nos hemos vuelto a unir a las muestras de apoyo a nuestros compañeros, condenando en todo momento las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufrimos los profesionales.
    Es evidente que los planes actuales no sirven para frenar a pacientes y familiares con ansiedad, preocupación o desesperación por la gravedad de la situación médica, por la incertidumbre o por la demora en la respuesta, ni para contener a quienes llegan exaltados y con actitud violenta por el consumo de alcohol o drogas, ni para reducir a quienes padecen trastornos mentales y emocionales. Por lo que desde SAE exigimos nuevas estrategias que realmente sean efectivas para prevenir y abordar estas agresiones. 
     “La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario debe poner en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus profesionales. Desde SAE abogamos, por ejemplo, por proporcionar una formación adecuada al personal, sanitario y no sanitario, que presta sus servicios en centros de salud para que aprendan a identificar y gestionar situaciones de agresión de manera segura y efectiva, por implementar medidas de seguridad en los servicios, o por establecer políticas y procedimientos claros para prevenir y responder a las agresiones, incluyendo la documentación adecuada de incidentes y el apoyo a las víctimas. Desde SAE nos seguiremos sumando a todas las medidas de protesta que se pongan en marcha para condenar las agresiones”, explican los responsables de SAE en Galicia.