El pasado mes de septiembre, la Consejería de Salud y Consumo constituyó el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y desde 2020 la comunidad cuenta con el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, sin embargo, el número de ataques contra los profesionales no deja de sumar casos.

“Si bien es verdad que estos episodios son fruto del temperamento de los usuarios, desde SAE queremos recordar a la Consejería la urgencia de implementar todas las medidas necesarias para contener las agresiones, tanto físicas como verbales, y a los profesionales la importancia que tiene que las denuncien. Desde SAE llevamos años luchando para que los trabajadores del ámbito sanitario puedan desempeñar sus funciones con total seguridad, pero para conseguirlo es necesario que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia, mejorando los protocolos y endureciendo las penas a quienes cometen agresiones”, explican María José Ucelay y Cristián Braza, delegados de SAE en el centro hospitalario. 
 

            En este sentido, se enmarcan por ejemplo el cómputo de las horas trabajadas y un cálculo de las mismas que siempre supone que los profesionales perciban tanto en sus nóminas, como en sus cotizaciones cantidades menores a las que realmente les corresponde. El particular cálculo se aplica igualmente a la hora de abonar el plus de localización o la consideración de extra para determinados servicios.

            Además, estos profesionales reclaman el reconocimiento de su categoría profesional acorde con la titulación que desde hace tiempo les respalda “Somos Técnicos en Emergencias Sanitarias y no Técnico en Transporte Sanitario que era la denominación anterior cuando no existía una formación académica reglada que respaldara la capacitación de los profesionales. Pero ahora sí y se exige para acceder a un puesto de trabajo por lo que lo lógico sería el reconocimiento de esta categoría”, manifiesta al respecto, Rafael Fernández, responsable de FTPS en Lanzarote

            Para FTPS es, igualmente prioritario, iniciar un proceso de fiscalización de las empresas adjudicatarias del servicio dada la necesidad de llevar a cabo inspecciones tanto de las condiciones laborales, como del estado del parque móvil de ambulancias. Es lamentable la situación de algunas bases.

            Los responsables de FTPS han planteado, igualmente, las irregularidades relacionadas en cuanto al plan de igualdad cuyo incumplimiento incluso ha supuesto sanciones a la empresa y de hecho ahora se está trabajando en un plan de igualdad específico.

            Así mismo, se ha comunicado la sospecha de irregularidades en algunas contrataciones que FTPS, como miembro mayoritario del Comité de Empresa lleva tiempo queriendo solucionar sin que la empresa facilite la documentación pertinente.

            “Es evidente que esta situación se traduce en un profundo malestar entre los trabajadores que, además, durante años se han sentido abandonados por todos y está provocando casos de desgaste profesional, o síndrome de bournout laboral, que desde FTPS queremos combatir”, finalizan los repsonsables de FTPS.

La resolución 1/2024, de 24 de enero, “exime a las entidades dedicadas a la prestación del servicio de atención residencial y centro de día a personas mayores de La Rioja de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos, consistente en la deducción de una cuantía resultante de la aplicación de un porcentaje a una base de penalidad, directamente a la facturación o similares”.
    De esta manera, la Consejera de Salud y Políticas Sociales, que justifica la medida por la falta de oferta en el mercado de trabajo, da carta blanca a las empresas que gestionan las residencias para que estas plantillas no estén cubiertas como recoge la ley, permitiendo así que la calidad asistencial a la que tienen derecho los residentes merme.
En lugar de levantar sanciones ante el incumplimiento de la ley, la Consejera de Salud y Políticas Sociales debería plantear cambios profundos en las infraestructuras, que pasan por la construcción de residencias y centros públicos, con estándares europeos y garantía de los derechos humanos. 
“Con esta resolución, a los empresarios les saldrá más barato prestar unos cuidado inadecuados que cumplir con los ratios establecidos por la ley, lo que incrementará la sobrecarga laboral de los trabajadores y mermará la calidad asistencial. El problema real se encuentra en las pésimas condiciones laborales que ofrecen las empresas privadas que gestionan estos establecimientos, lo que obliga a los profesionales a desplazarse a otras comunidades autónomas. Por ello es incomprensible que en lugar de buscar soluciones reales al problema, se legisle a favor del empresario para que éste no se vea perjudicado por una escasez de profesionales que él mismo ha provocado ofreciendo unas condiciones de trabajo indignas. Esperamos que se dé marcha atrás con esta resolución y se lleve a cabo un impulso real y convincente con la construcción de centros públicos que alejen la especulación y el enriquecimiento de las empresas privadas”, explica Margarita Prejano, responsable de SAE en La Rioja.

El estudio de ratios de TCE para ajustar las plantillas a las necesidades reales de la atención sanitaria, la creación del puesto de Coordinador de TCE en las direcciones de enfermería, particularmente en los servicios especiales, el cambio de denominación a Técnicos de Enfermería, adaptándolo así a las nomenclaturas de otras categorías, la necesidad de reconocer el Grado Superior a las competencias del colectivo y de actualizar oficialmente sus funciones, que poco tienen que ver con las registradas en 1973, de manera que los TCE sean profesionales con funciones, objetivos y responsabilidad propias dentro de los equipos multidisciplinares, son algunas de las reivindicaciones planteadas. 
En el caso de los TES, la principal petición ha sido la urgencia de que sean considerados personal sanitario dentro del SERGAS, una demanda que desde USAE llevamos años defendiendo, pues desde la publicación del Real Decreto 1397/2007, cuentan con una formación competencial completa, específica y amplia dentro de la Familia Profesional Sanitaria. Asimismo, la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, junto al Real Decreto 184/2015, del catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales de personal estatutario del SNS, les sitúa como personal sanitario.
“Queremos desarrollar nuestra profesión en Galicia al mismo ritmo, con los mismos derechos y con la misma protección que el resto de profesiones sanitarias”, explica el portavoz de los TES gallegos.
“Nuestra interlocutora se ha mostrado muy receptiva y ha reconocido la necesidad de que la estructura sanitaria se ajuste a la realidad y demandas actuales, apoyando todas nuestras reivindicaciones y comprometiéndose a defender la clasificación en el C1 de los Técnicos de Grado Medio de la FP y en el B de los Técnicos de Grado Superior en las reuniones que se lleven a cabo en este sentido. Finalmente, María Encarnación Amigo nos ha emplazado a una futura reunión para continuar trabajando en las mejoras de los TCE y TES”, explica Ana Quintas Vázquez, responsable de Acción Sindical de USAE. 

Las responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Madrid se han reunido con las diputadas del grupo popular en la Asamblea, Lourdes de Villota y Marta Marbán, para trasladarles la necesidad de incluir a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) en los centros educativos.

    Cada vez son más las Administraciones que regulan normativa sobre la necesidad de personal de enfermería en los centros educativos. Sin embargo, no se suele contar con los TCE, a pesar de que están capacitados y formados para realizar actuaciones sanitarias de su competencia, como intervenir ante una caída, el control a los diabéticos, la toma de constantes vitales, la toma de muestras, o actuaciones específicas en educación para la salud, entre otras.
    
    “La inclusión de los Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros educativos supondría un aprovechamiento de los recursos sanitarios en esta parcela asistencial, que debe ser prioritaria para garantizar la salud y seguridad de los menores. Por ello hemos llevado nuestra propuesta a las diputadas de educación del Partido Popular, quienes nos han asegurado que el trabajo para revisar estos equipos sanitarios en los centros educativos se está llevando a cabo y se está valorando nuestra presencia en los mismos”, explica Mª Paz Gallardo, secretaria autonómica de SAE en Madrid.