Cada 10 minutos, en el mundo, una mujer murió a manos de su pareja o de un familiar en 2023, una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida –en el caso de las niñas, esta cifra pasa a ser 1 de cada 4 adolescentes-. Con estas cifras de la ONU, el próximo 25 de noviembre celebraremos los 25 años de esta iniciativa puesta en marcha por Naciones Unidas para visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial y trabajar para su prevención y erradicación.
Es España, según los últimos datos de VioGen (31 de octubre de 2024), las víctimas por violencia de género menores de 18 años se sitúan en 2.186; en el tramo de edad comprendido entre los 18 y 30 años la cifra se eleva a 94.737; entre los 31 y 45, suman 273.523; de los 46 a los 64, las víctimas llegan a los 302.117; y a partir de los 65, la cifra baja a los 48.289. De todos estos, son casos activos (objeto de seguimiento policial) 101.008. 
La violencia sobre la mujer es un delito público, por ello desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un cartel divulgativo en el que queremos concienciar a la población sobre este problema social y de salud y alentarles a denunciar si son testigos de algún caso de violencia de género. 
“En este sentido, el personal sanitario tiene un papel fundamental en la detección temprana de lesiones sospechosas o comportamientos anómalos en las víctimas de violencia. Los Técnicos en Cuidados de Enfermería, por ejemplo, somos los profesionales que más cerca estamos de la paciente, por ello, debemos ir más allá de la atención y actuar en la prevención, pero para ello tenemos que tener presente que, en muchas ocasiones, los golpes no son físicos, por lo que debemos estar atentos a cambios de comportamientos, actitudes… que pueden indicarnos si la paciente está siendo víctima de violencia verbal, vejaciones o humillaciones, por ejemplo. Para conseguirlo necesitamos tener la formación adecuada que nos permita conocer los signos, detectarlos, investigarlos, indagar en los factores de riesgo, o en la frecuencia con que actúa el maltratador para poder ofrecer una atención eficaz y eficiente a las víctimas”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

Enmarcados en este proceso de estabilización se convoca por un lado un concurso en el que los aspirantes a consolidar su puesto de trabajo adjuntan sus méritos profesionales y laborales después de años de servicio y por otro un concurso- oposición en el que además de estos méritos se realiza un examen.

Ambos procesos debieron estar perfectamente delimitados y una vez resuelto el concurso haber convocado el concurso-oposición de manera que los aspirantes de éste pudieran optar a las plazas no cubiertas en el primero.

            La forma de proceder del SESPA en otros procesos, la desinformación al respecto, la opción de poder participar en ambos procesos, y el justificado temor a no consolidar el puesto de trabajo llevó a muchos profesionales a participar en ambos procesos.

            La improvisación del SESPA es lo que ha generado el caos actual ya que, a pesar de haber tenido dos años para resolver primero la estabilización por concurso y, posteriormente, por concurso oposición decide resolverlo todo junto y ello ha perjudicado enormemente a todos los aspirantes dado que muchos aspirantes aparecen en ambos listados de elección de plaza de manera que una de ellas al estar adjudicada no es vacante para que puedan optar otros profesionales. Tan solo 18 opositores de los que figuran en el listado de elección de plaza del concurso oposición no figuraban en el listado paralelo del concurso.

            Si la Administración no soluciona este despropósito pueden llegar a perderse un centenar de plazas de Técnicos en Cuidados de Enfermería provocando una situación que ni los profesionales ni los usuarios pueden permitirse. Es perfectamente legal y hay artículos del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) que facilitan salvar esta situación. Solo así, se conseguiría por un lado cumplir con el objetivo que tienen los procesos de estabilización de manera que los profesionales puedan consolidar un puesto de trabajo que, en algunos casos, llevan años ocupando y por otro asegurar que no se pierden puestos de trabajo de TCE.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería están al límite de su capacidad, tanto física, debido al aumento en la carga de trabajo por la reducción de personal, como emocional por los altos niveles de estrés causados por la sobrecarga laboral.

“Un menor número de profesionales no pueden dedicar el mismo tiempo de atención a los mismos pacientes, e incluso, a un mayor número de ellos. Es evidente que la calidad asistencial se deteriora por más esfuerzo y diligencia de los profesionales”. Manifiesta Cristián Monclús, secretario autonómico de SAE en Cataluña

El origen de esta situación no es otro que los recortes en las plantillas a lo que se añade la falta de cobertura para situaciones como incapacidades temporales o reducciones de jornada.

La situación en el hospital podría empeorar porque aún no han llegado los picos de gripe que suelen generar problemas asistenciales y colapsos en Urgencias y esta es una situación que, inevitablemente termina afectando a todos los servicios.

“Por tanto, es urgente llevar a cabo una política de contrataciones adecuada a las necesidades reales del que siempre ha sido referente en toda la comunidad autónoma” finaliza Monclús.

Después de la publicación el día anterior (12 de noviembre) de una nota informativa y de la Resolución de la Secretaría General de la Administración Pública apelando al sentido común y a preservar la seguridad de los profesionales, los cargos intermedios recibieron al día siguiente instrucciones dónde se les reclama nombres y apellidos y categoría de aquellos profesionales que no acudieron a su puesto de trabajo. Ello a pesar de la existencia de normativa de prevención de riesgos laborales y la reciente resolución sobre el aviso especial ante este fenómeno adverso y declaraciones públicas de responsables políticas que han actuado con sensatez.

Los responsables directos jefes de servicio, supervisores y demás cargos intermedios habían previsto las contingencias que podrían ocurrir en una situación de alarma meteorológica, y habían organizado el trabajo y al personal con total sentido común y, sin embargo, los trabajadores del AGSEMA se han sentido perseguidos (de distintas formas) y se han visto amenazados por esta Dirección Gerencia al ser requeridos a ocupar su puesto de trabajo, bajo amenazas económicas y con posible expediente informativo.

            Esta situación es inaceptable y pone en evidencia la necesidad de elaborar un plan de contingencias ante este tipo de acontecimientos a la mayor brevedad posible.

            “El objetivo de este encuentro no era otro que exigir el compromiso de cumplimiento de lo pactado en torno a la carrera profesional de los niveles C y D que tanto hemos reivindicado hasta conseguir su plasmación en el Proyecto de Ley Foral aprobado el pasado mes de septiembre”, manifiestan los responsables de SAE que consideran que “es lamentable que, a pesar de estar aprobada en el Parlamento, desde SAE tengamos que insistir en esta reivindicación, ahora, en contra de la interpretación que hace la Administración para aplicar la ley, saltándose el acuerdo alcanzado”.

            Asimismo, han confirmado que está firmada la resolución oficial para que se inicie el cobro de esta retribución en la nómina correspondiente al mes de noviembre, lo que los profesionales han recibido con satisfacción.

              “Esta satisfacción no es completa ya que desde SAE nos vemos obligados a seguir reivindicando que se tengan en cuenta los servicios prestados en el encuadramiento inicial”, manifiesta la secretaria autonómica, Begoña Ruiz.