El Sindicato de Técnicos de Enfermería se mantiene a la expectativa dada la penosa experiencia con la firma de acuerdos anteriores. Así ocurrió con la traición que los profesionales de la Formación Profesional están sufriendo desde el año 2018 tras el reparto de los Fondos Adicionales y como resultado se dejó de valorar tener una titulación de Formación Profesional para acceder al nivel D.

Por tal motivo, se va a estudiar con sumo detenimiento el documento firmado, se entregarán cuantas alegaciones se consideren oportunas porque para SAE es fundamental que este nuevo Estatuto corrija las desigualdades que hay en la plantilla de la administración pública y se actualicen los derechos de los trabajadores.

Las actualizaciones legislativas deben llevarse a cabo manteniendo los derechos laborales y retributivos ya consolidados en todos los aspectos respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir en los empleos públicos.

“Estamos en un momento muy importante porque es necesaria la renovación de aspectos fundamentales pero en SAE vamos a estudiar detenidamente cualquier documento para evitar que se puedan llevar a cabo situaciones como la de 2018” manifiesta la secretaria autonómica de SAE, Begoña Ruiz Malagón.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería interpuso un recurso de reposición a la convocatoria publicada por la citada corporación municipal para la provisión de un puesto de cuidador gerontológico para el centro de día. Las bases de la citada convocatoria no solo eran incongruentes en la denominación del puesto convocado, sino que aprovechando esta se asignaban determinadas funciones que no se corresponden con la categoría del puesto.

Estos errores en las bases fueron puestos en conocimiento, tanto de manera verbal como por escrito, al Ayuntamiento de Sartaguda sin que estos errores hayan sido subsanados por lo que SAE ha interpuso la mencionada demanda judicial.

En primer lugar, y en cuanto a la denominación del puesto convocado no coincide la denominación del título del anuncio y de la resolución de alcaldía que es "Cuidador gerontológico" con la reflejada en las bases en las que se indica que el puesto de trabajo es gerocultor/a. Las bases hacen referencia al cuidador gerontológico y en otro punto de la mismas se indica que el puesto de trabajo es el de gerocultor en el centro de día de Sartaguda. No son términos que se puedan utilizar como sinónimos, gerocultor o cuidador-gerocultor y cuidador gerontológico no son sinónimos y este Ayuntamiento está haciendo un uso erróneo y no ha lugar es a la inclusión en la misma convocatoria de referencias a dos puestos diferentes.

Por otro lado, en la convocatoria se recogen tareas y funciones que son ajenas al puesto de trabajo de gerocultor incluyéndose en concreto dos tareas que no son propias del puesto de trabajo de gerocultor sino de limpieza y lavandería.

“Subyace en este punto una discriminación indirecta teniendo en cuenta que el 80 o 90% de las personas que optan al puesto de gerocultor son mujeres, por lo que añadir funciones de limpieza/lavandería que no le corresponden refuerza estereotipos de género” manifiesta la secretaria autonómica de SAE en Navarra, Begoña Ruiz.

El Estatuto Básico del Empleado Público establece que los procesos de selección deben garantizar, además de los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad, la correspondencia entre las pruebas y las funciones propias del puesto ofertado, aspectos que esta convocatoria incumple.

“SAE va a mantener hasta el final su exigencia tanto para que se rectifiquen las bases de la convocatoria y se sustituyan la palabra cuidador gerontológico por la de gerocultor o cuidador- gerocultor como la anulación y supresión de las funciones de limpieza de las instalaciones o de las funciones propias de limpieza y lavandería, si fuera necesario. Asimismo, vamos a mantener este proceder en todas las convocatorias que se lleven a cabo sin respetar los derechos del colectivo al que representamos”, finaliza la secretaria autonómica de SAE.

      De esta manera, los profesionales afectados percibirán en la nómina de febrero los retrasos acumulados por este concepto en 2025, que suponen el 33,33% de la subida acordada, y, con la nómina de marzo, se empezará a cobrar de forma regular la subida de 2026, con la incorporación del 73,33% del total de la cantidad pactada para este año, y, además, se abonarán los atrasos de enero y febrero de 2026. Finalmente, en enero de 2027 se completará el pago del acuerdo, alcanzando el 100% de la subida salarial.
      Además, la empresa ha comunicado dos adelantos de pagos que se van a realizar antes de lo previsto. Así, hoy, 6 de febrero, se abona el 35% correspondiente a la sentencia del TSJIB sobre cantidades no aplicadas en años anteriores, y durante la tercera semana de febrero, se abonarán los atrasos del 2,5% correspondientes a 2025, que inicialmente estaban previstos para más adelante.
      El Comité Intercentros valora positivamente que, por fin, se concreten fechas y cantidades, y que se adelanten pagos que estaban previstos para más adelante, ya que esto supone un alivio económico para la plantilla. 
      “Desde USAE queremos agradecer que en la reunión se haya puesto un calendario encima de la mesa, y al mismo tiempo recordamos que es fundamental que no haya más retrasos y que lo acordado se cumpla en las nóminas tal y como se ha anunciado. Respaldamos la posición del Comité Intercentros y mantendremos una actitud de seguimiento para que los trabajadores y trabajadoras vean reflejado en su nómina lo que se ha pactado, que es el objetivo final de todo este proceso”, explica Isabel García, vocal del Comité Intercentros de la Fundación y presidenta del Comité de Son Güells.

“En realidad se centra en que ésta se desbloquee de una vez por todas, manifiesta María José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha. Hemos mantenido infinidad de reuniones con todos los responsables autonómicos insistiendo en la necesidad de que se desbloquee la carrera profesional para los trabajadores del SESCAM a los que se está discriminando desde la publicación de la Ley 1/2012 Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Plan de Garantías de Servicios Sociales y que paralizó de las convocatorias de Carrera Profesional en el SESCAM”.

De esta manera se está impidiendo a los profesionales afectados ejercer su derecho a progresar en los grados de desarrollo profesional, que valoran de manera individualizada sus conocimientos, experiencia asistencial, actividades de investigación, compromiso con la organización.

Han pasado cinco años desde el compromiso adquirido por el SESCAM tanto con SAE como con el resto de organizaciones sindicales para alcanzar un acuerdo riguroso y equilibrado que pusiera fin a esta situación. Sin embargo, los profesionales siguen en la misma situación de discriminación con respecto al resto de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Todos los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, a excepción de Castilla-La Mancha, tienen abierto este proceso de acreditación lo que supone que muchos profesionales con experiencia y formación prefieren optar a un puesto en servicios sanitarios de otras comunidades autónomas donde sí se les reconoce este esfuerzo individual.

SAE considera que esta situación no puede prolongarse durante más tiempo de manera que los profesionales no puedan cumplir este derecho e insiste al SESCAM en la necesidad de poner fin a la misma.

El agravio con los Técnicos de Enfermería y el resto de profesionales castellano manchegos no solo es respecto a sus compañeros otros servicios de salud, ya que la mayoría de las comunidades autónomas tiene reconocida la carrera profesional, los pagos y la progresión, siendo Castilla-La Mancha donde no se respeta el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Además, estos profesionales sufren la discriminación en la igualdad de trato respecto al resto de funcionarios públicos de esta Administración que sí han ido recuperando y se les ha reconocido sus complementos.

La decisión de la suspensión de la carrera y de su pago de la se tomó como medida extraordinaria, excepcional, transitoria y puntual ante la gravísima situación de crisis económica que atravesaba Castilla La Mancha en ese momento. Sin embargo, ya no se dan las condiciones económicas para el mantenimiento de esas medidas extraordinarias por lo que es, inadmisible, que se mantenga esta situación.

    A este hecho se suma la inexistencia de un convenio colectivo porque la patronal se niega a firmar los acuerdos propuestos por las organizaciones sindicales.
    El Servicio Canario de Urgencias (SUC) y la Gestión de los Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) conocen la situación, pero ninguna ha adoptado las medidas necesarias para acabar con esta situación y resolver los problemas de los profesionales, que pasan por falta de plantillas y recursos insuficientes, lo que, irremediablemente, tienen consecuencias en la atención a la población. 
    “La situación de las ambulancias de SVB no es todo lo buena que nos gustaría, por eso hemos denunciado en varias ocasiones los problemas que rodean a este servicio en Lanzarote. Desde FTPS exigimos un compromiso real con la atención a la población y éste debe pasar por mejorar los recursos, respetar a los profesionales y cuidar los servicios. Es inadmisible que se juegue con la sanidad de esta manera, por ello desde FTPS seguiremos luchando para que las dotaciones cuenten con todos los medios necesarios, tanto humanos como materiales, y por que éstos sean los adecuados para ofrecer a los usuarios una atención eficiente”,  explican los responsables de FTPS en Lanzarote.