La ausencia de plazas para TCE en la OPE de 2016 demuestra el escaso conocimiento que los gestores tienen sobre la realidad de los centros asistenciales navarros. En 2009 se convocaron 69 plazas y siete años después la Administración considera que con éstas las plantillas quedan cubiertas y pueden seguir prestando la calidad asistencial que merece el usuario.

“Para evitar este agravio, desde SAE vamos a luchar con el objetivo de que la Administración ponga sobre la mesa una oferta pública de empleo coherente con la realidad asistencial navarra y esto sólo será posible si se incluye a los TCE. De otra manera, la Administración sólo está demostrando una falta de respeto hacia nuestro colectivo, hacia nuestra profesión y hacia el paciente”, explica Begoña Ruiz, Secretaria Autonómica de SAE en Navarra.

En este sentido, SAE tampoco comparte la idea del nuevo gerente de que el centro hospitalario no precisa de más personal, cuando la realidad asistencial demuestra diariamente que las plantillas son insuficientes. Esta afirmación es propia de un gestor que lo único que busca es el beneficio económico, cuando lo que realmente debe primar en el sector sanitario son unas prestaciones sociales y asistenciales adecuadas a la población.

“Es evidente que con medidas encaminadas a privatizar y llenar las arcas nunca se va a alcanzar una adecuada calidad y eficiencia asistencial, ni para los trabajadores ni para los pacientes. Por ello, desde SAE esperamos que el gerente cambie de actitud, y en lugar de implantar medidas privatizadoras, ponga en marcha medidas que garanticen la calidad asistencial que los usuarios merecen. Solo si se produce este cambio de actitud, SAE colaborará con el nuevo gerente" ha explicado  Mª Pilar Castro, Secretaria Proivncial de SAE en León.

“Desde SAE no estamos de acuerdo con este convenio porque, a pesar de dejar sin efecto dudoso los 19 despidos que estaban previstos -siempre que las circunstancias económicas y de actividad no varíen sustancialmente, según ha recalcado el gerente de la Clínica-, vulnera los derechos laborales y retributivos de los profesionales, quienes tendrán que asumir 60 horas más de jornada anual y la pérdida de varios complementos. Por todo ello, llevaremos a cabo la denuncia pertinente para que no se pierdan estos derechos”, explica Ana Allue, Secretaria provincial de SAE en Lleida.

SAE seguirá presionando, como ha hecho hasta ahora, para impedir que continúen utilizando los recortes en la asistencia sanitaria como moneda de cambio para llenar sus arcas. La sanidad es un bien social y los profesionales sanitarios son quienes con su trabajo se encargan de conseguir que los usuarios sean atendidos con la calidad asistencial a la que tienen derecho. Y para ello es necesario que se respeten los derechos laborales y retributivos de los profesionales.

La legalidad de las actuaciones no depende de la voluntad de las personas o, como en este caso, de ciertas entidades que representan a enfermeros diplomados empeñadas en frenar, por sistema, la evolución del colectivo de TCE con cualquier argumento por muy absurdo que sea, como en este caso. La falta de ética y legalidad está en aplicarse el refrán español pan para mí que los santos no comen que es lo que viene haciendo este colectivo enfermero.

Considerar que el nombramiento de esta figura es una ilegalidad es una afirmación tan gratuita como incierta. Recordamos al Consejo de Enfermería que en algunas comunidades autonómicas el nombramiento de la figura ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autonómica o ha sido rubricado por los consejeros de sanidad autonómicos y ninguna de estas actuaciones puedan ser consideradas sospechosas de ilegalidad, máxime cuando en prácticamente todas las categorías profesionales existen coordinadores.

La enfermería básica, es decir los TCE, tienen muy claras sus competencias, sus funciones y su relación con los compañeros de la enfermería diplomada y su dependencia orgánica de la dirección de enfermería. Sin embargo, ha sido la pasividad, a veces los abusos e injusticias de estos órganos directivos, así como la falta de atención a los problemas específicos del colectivo de la enfermería básica lo que, en definitiva, motiva la necesidad de implantar la figura del Coordinador Adjunto de TCE en los centros sanitarios.

La creación del puesto de Coordinador Adjunto es un peldaño más para acabar con la falta de reconocimiento profesional que vive el colectivo y, precisamente para evitar confusión  competencial y delimitar la autonomía y competencias de los TCE, es por lo que esta figura es cada vez más necesaria en los centros hospitalarios.

El colmo del despropósito de CECOVA es aludir a que se induce a los TCE a cometer delitos de intrusismo profesional y al enfrentamiento entre colectivos, cuando es el propio consejo quien está instigando con estas declaraciones a favorecer este tipo de enfrentamiento.

La única afirmación absolutamente cierta es que ésta es una reivindicación del Sindicato de Técnicos de Enfermería, pero esto no resta ni mérito ni valor a la figura del Coordinador y desde SAE se responderá debidamente y con la contundencia que precisen las acciones de cualquier tipo que se quieran interponer para boicotear la labor del Coordinador.

Por último, queremos decirle al CECOVA que se preocupe de lo que afecta a sus representados en asuntos de intrusismo con otras categorías y deje al colectivo de TCE en paz.

Ante la falta de respuestas por parte de ambos organismos, el Sindicato de Técnicos de Enfermería está ultimando la denuncia que se va a presentar ante la Inspección de Trabajo y exigió, el pasado 29 de febrero, el cese inmediato de la directora del centro.

Desde hace aproximadamente un año, fecha en que la directora del centro de Sotiello asumió el cargo, el conflicto laboral con todos los profesionales del centro es continuo; el trato despótico, el desprecio hacia los profesionales, o la forma de comunicación habitual en la que se incluyen insultos delante de los compañeros, residentes o familiares, está provocando importantes episodios de estrés y ansiedad en los trabajadores.

De hecho, se puede constatar con los partes médicos de los facultativos del SESPA y de la mutua de accidentes, que la mayoría de los profesionales han tenido que ser atendidos por problemas de ansiedad.

Las amenazas de apertura de expedientes son continuas, incluso si un profesional duda del cumplimiento de una orden que contraviene el criterio asistencial, pues una instrucción de esta dirección va siempre seguida de una amenaza ante su hipotético incumplimiento.

Otros comportamientos, tan comunes como inadmisibles, son la continua coacción para que los profesionales renuncien a ejercer su derecho a disfrutar de un  permiso o incluso una baja laboral, y la vulneración de la intimidad de los trabajadores a quienes se les pregunta sobre su afiliación sindical.

Esta inadmisible forma de proceder no se limita exclusivamente al acoso laboral que sufren a diario los profesionales ya que los residentes también ven como se vulneran sus derechos.

La directora del centro permite y facilita a una persona ajena a la institución el acceso a las instalaciones con total libertad y sin restricciones de ningún tipo, ya sean los vestuarios de las trabajadoras o las habitaciones de los residentes. Esta persona, además, se jacta ante los profesionales de contar con el beneplácito de la dirección del centro para realizar un control sobre sus actividades que ni le corresponde ni le compete llevar a cabo. No hay ninguna relación que justifique remotamente que esta persona acceda a las instalaciones, ni mucho menos, controle o supervise a ningún trabajador ni residente.

Por todo lo expuesto, SAE ha interpuesto las denuncias que corresponden y ha exigido el cese inmediato de la directora del centro. No obstante, no descartamos llevar a cabo más actuaciones si desde el ERA o desde la Consejería no se actúa de inmediato.