Tras innumerables reuniones a lo largo de los años con todos los grupos parlamentarios y gestores sanitarios, por fin se ha escuchado a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) adaptando su denominación a su titulación, que desde 1975 era de Técnico Auxiliar y desde 1995 es la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, tal y como recoge el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril. 
La nueva denominación de la categoría profesional no solo debe tener efectos para el personal que actualmente ocupa plazas de Auxiliar de Enfermería, sino que también debe extenderse a los nombramientos de nuevo personal que se produzcan como resultado de las Ofertas de Empleo Público aún en ejecución y que se convocaron con aquella denominación, de manera que todo el personal, actual y futuro, quede con igual condición.
“Durante más de 25 años desde SAE hemos luchado para que este reconocimiento se hiciera realidad; aunque la propuesta de SAE era la de Técnicos en Cuidados de Enfermería, celebramos que por fin la denominación vaya en paralelo a la titulación. A este reconocimiento se suma la aprobación de otra de las reivindicaciones de SAE, que ya está implantada en varias Comunidades Autónomas: la creación de la figura del Coordinador de TCE en los centros asistenciales. Por fin sentimos que nos escuchan y nos valoran, por lo que esperamos que la actualización de funciones y el encuadramiento en el grupo que nos corresponde se hagan realidad cuanto antes”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía.
 

SAE apoyó un documento que permitiera la contratación de los profesionales bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y competencia de forma que estos pudieran actualizar periódicamente sus méritos y que todo esto se llevara a cabo con la debida transparencia.

Sin embargo, desde el año 2018  ninguno de estos puntos se están  cumpliendo y a ello hay que añadir, la poca previsión de la Administración, que ha asumido graves problemas informáticos, supone el funcionamiento de la Bolsa está alterando la naturaleza de este sistema de empleo.  

Son muchos los profesionales afectados por el mal funcionamiento de la Bolsa que se enfrentan igualmente a la situación generada por la pandemia y la gestión de las contrataciones realizadas por la necesidad asistencial de contar con el mayor número de profesionales en los peores meses de la pandemia. Sin embargo, y una vez que el número de ingresados en los hospitales está descendiendo, algunos profesionales han mostrado su malestar con el hecho de que los llamados  contratos-Covid hayan sido  renovados hasta el mes de septiembre sin tener en cuanto a los miles de profesionales que esperan una llamada de la Bolsa de Empleo.

Por todo ello, el Sindicato de Técnicos de Enfermería, además de participar en la manifestación, ha dirigido al Consejero de Sanidad de Castilla- La Mancha un  documento en el que además de recoger sus demandas le insta a respetar los principios de contratación recogidos en el Acuerdo de la Bolsa de contratación tales como la actualización anual de méritos, llamamientos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y competencia o transparencia en el funcionamiento de la Bolsa.

            El Tribunal obliga a formalizar una nueva convocatoria asignando al colectivo el subgrupo C1 tal y como establece el artículo 76 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) exponiendo que “la Resolución de 14 de noviembre de 2019 del Servicio Canario de Salud  es nula de pleno derecho, toda vez que procede a extender los efectos del derecho transitorio, en concreto la Disposición Transitoria Tercera (D.T.3ª) enfatizando que esta situación de mantener sine die la vigencia de la misma ha generado una discriminación que conculca el artículo 14 de la Constitución Española”.

            Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería esta sentencia es de vital importancia.”Llevamos años inmersos en la lucha para que se respeten los grupos de clasificación establecidos en este artículo 76. Este, sin duda, es un gran avance para todo el colectivo”, manifiesta la secretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Dolores Martínez Márquez.

 “Juntos: ¡resistiendo, apoyando, sanando!” es el lema con el que el próximo 17 de mayo se celebrará el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, contextualizando así la recuperación de la pandemia de Covid-19, que ha intensificado las desigualdades existentes, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables, como el de las personas trans.
La discriminación y violencia que se ejerce contra las personas LGBTI sigue siendo una lacra social en nuestro país. Un ejemplo claro lo encontramos en la legislación vigente, que continúa sin actualizarse y diagnostica a las personas trans con un trastorno mental de disforia de género.
Esta distinción fomenta la discriminación y el acoso de los que las personas trans son víctimas en numerosos ámbitos, que van desde el escolar hasta el laboral, pero también en el sanitario. Por ello, tal y como ya ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y la ONU, las personas trans no deben ser consideradas como enfermas mentales.
En el informe Las personas trans y su relación con el sistema sanitario, que elaboró la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bixesuales (FELGTB) en 2019, un 84% de las personas participantes estaba inmersa en un proceso médico y el 75% de ellas afirmaba que el personal sanitario tenía un conocimiento de la realidad trans bajo o muy bajo. 
Desde SAE nos sumamos un año más a este día reivindicativo para dar visibilidad al estigma, la fobia y la marginación que sufren las personas LGBTI y exigir a los distintos sistemas de salud mayor inversión en formación en materia de orientación e identidad sexual entre los profesionales sanitarios con el objetivo de romper estereotipos, concienciar y sensibilizar a los profesionales para garantizar una asistencia equitativa y respetuosa. 
 

                En el citado recurso SAE expone y detalla  ante el Consejero  de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior  del Gobierno de Navarra los motivos por lo que considera que se deben anular las bases de esta convocatoria “por no ajustarse al ordenamiento jurídico y ser contrarias a derecho”.

                Begoña Ruiz Malagón, secretaria autonómica del SAE, explica que “si bien ni la resolución ni las bases de la convocatoria contienen referencia alguna al nivel que corresponde a las plazas convocadas del análisis de la parte expositiva de la Resolución se desprende que el régimen funcionarial será el nivel D”.

                Los decretos a los que remite la resolución impugnada, el detalle de las plazas, los requisitos de formación que las bases de la convocatoria exige a los aspirantes, entre otros aspectos analizados, llevan a la evidente conclusión de que será el nivel D.  

                “La desigualdad que introducen estas bases afecta y perjudica particularmente al personal que representamos en SAE, es decir a los Técnicos Sanitarios  encuadrados en nivel D a quienes se les exige la titulación y formación correspondiente a dicho nivel D en consonancia con las funciones que desarrolla. Por el contrario, las Bases de la Convocatoria para el acceso a los puestos de servicios generales convocados solo exigen el certificado de escolaridad”.

                “A la vista de todo ello debe concluirse que esta convocatoria conlleva una evidente discriminación en el acceso a la función pública y perpetua el inaceptable agravio entre el personal que ocupe los puestos de servicios generales convocados, hasta la fecha personal funcionario del nivel E, accediendo al  mismo nivel D que los técnicos sanitarios a quien represento sin contar con requisitos de formación y funciones equivalentes y contra el que llevamos años luchando”, afirma Begoña Ruiz.