Sin embargo, la manera de proceder en los centros contradice algunos de los puntos establecidos en la resolución aprobada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales donde se apela, textualmente a: “La especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros motiva que hayan de extremarse las medidas de atención, cuidado y seguridad de las mismas, así como de las personas trabajadoras, para prevenir nuevos contagios y contribuir a la finalización de la crisis sanitaria” e incluso establece en otro que “en el caso de trabajadores de un centro que presentaran sintomatología compatible con una posible infección COVID-19 de forma inmediata deberá poner el hecho en conocimiento del coordinador COVID y abandonar el centro para dirigirse a su domicilio”. Se establece, igualmente, la necesidad de realizar PCR a todos los trabajadores nuevos que se incorporen a la plantilla del centro así como quienes regresen de sus permisos.

            Pero estas pruebas no están realizando con plenitud de garantías dado que tras la realización de la prueba el trabajador acude, sin esperar resultados, a su puesto de trabajo. Y es en este punto donde la forma de proceder, y la contradicción que se establece con lo expuesto anteriormente, pone en peligro a todos: tanto a los usuarios como a los trabajadores.

De hecho, SAE tiene constancia de algunos compañeros que han estado en su puesto de trabajo a la espera de este resultado que, finalmente ha sido positivo. Se demuestra, así, la necesidad de establecer un protocolo que permita cumplir con el objetivo real de frenar el virus. Recordamos que el número de profesionales sanitarios con positivo por COVID-19 asciende a 55.824 hasta el 12 de agosto y es prioritario mantener sanos a los profesionales.

Por eso desde SAE exigimos un cambio en los protocolos que evite al máximo situaciones como la señalada para que se cumpla lo establecido por la propia Consejería.

            Sin embargo, el retraso tanto en la ejecución de las pruebas como en la comunicación de los resultados deja a la plantilla reducida a la mitad, ya que estos profesionales pendientes de la PCR no están siendo sustituidos, por lo que su trabajo recae sobre sus compañeros en activo.

            La especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros motiva que hayan de extremarse las medidas de atención, cuidado y seguridad de las mismas, así como de las personas trabajadoras, para prevenir nuevos contagios y contribuir a la finalización de la crisis sanitaria.

Por eso el Sindicato de Técnicos de Enfermería exige una solución inmediata a esta falta de personal para cubrir la ausencia de los trabajadores pendientes de la PCR  con el fin de no castigar más a los profesionales que están en la plantilla activa asumiendo una sobrecarga de trabajo por falta de previsión.

Sus sanitarios no puedan pagar la crisis por partida doble

Baleares 31 de agosto de 2020.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) espera que los Presupuestos Generales de 2021, que se han de presentar en septiembre, cumplan con sus objetivos fundamentalmente en lo que respecta a aumentar la cohesión, la justicia social y la igualdad de oportunidades, fortaleciendo nuestro Estado del Bienestar, así como el sistema sanitario público para garantizar que tiene las capacidades y los recursos suficientes para afrontar cualquier situación futura.

            Esa es, precisamente, la petición de SAE: cohesión, justicia social y fortalecimiento del sistema sanitario público. Consignas básicas, especialmente devaluadas en Baleares.

            “Desde SAE-Baleares apelamos a la responsabilidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos Generales del Estado justos y equitativos con la situación actual dejando de lado las estrategias de partido y debates insustanciales que solo conducen a la desesperación de los ciudadanos. La pandemia de la Covid 19 tiene muchos frentes abiertos, además del estrictamente sanitario y requiere de compromisos serios  frente a un futuro incierto para todos”, manifiesta al respecto el responsable de SAE, Daniel Torres.

“Baleares es una de las CCAA que más aporta al Estado y sin embargo, el reparto en los presupuestos para las Islas Balaeres no es equitativo, ni justo.  Este año, a esta situación se va a unir la fuerte caída en la fuente fundamental de ingresos, lo que aboca a sus ciudadanos a un complicado futuro. Si Baleares no va a contar con los ingresos procedentes del turismo ¿qué soluciones dará el Gobierno? ¿qué medidas se  establecerán para que la sanidad balear pueda hacer frente al alarmante aumento de los casos de Covid-19?” continúa Daniel Torres.

            En Baleares la situación no es nada halagüeña para la sociedad en su conjunto ni para los profesionales que se van a convertir en víctimas de la situación por partida doble: como ciudadanos  y como sanitarios.

SAE reivindica, constantemente, la necesidad de introducir mejoras en la sanidad y que éstas pasan por el debido reconocimiento a los profesionales sanitarios a través de salarios dignos y dotaciones de personal adecuadas.

            “En primer lugar, el anuncio realizado por el Govern en la última Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de una medida que pretende ser una subida salarial y que en realidad no es tal. Como ya denunció SAE en su momento, aplicar el 2% de subida en las retribuciones básicas pero bajar el mismo porcentaje de los complementos autonómicos refleja no solo la falta de dignidad de los políticos sino el poco respeto que tienen hacia los profesionales sanitarios.  Profesionales que, además, arrastran desde hace años pérdidas que hacen ya la situación insostenible para muchos de ellos: bajadas de sueldo en crisis anteriores, pérdida de la jornada de 35 horas, falta de reconocimientos de los procesos de carrera profesional”

            De manera paralela, la alarmante falta de personal está obligando a los profesionales a doblar turnos e incluso se ofrece que renuncien, voluntariamente a sus vacaciones. Esto es una muestra más de que la prioridad es la reorganización de los recursos humanos y la contratación de profesionales para reforzar las plantillas: vista la evolución de la enfermedad  los profesionales van a tener que hacer frente de nuevo a situaciones extremas de sobrecarga pero esta vez están agotados, física y emocionalmente.

       El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado al Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como máximo responsable de la gestión y, por tanto, de los profesionales de las residencias de mayores y centros sociosanitarios, así como a los responsables de las consejerias competentes en cada comunidad autónoma,  que se apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros. Es inaplazable que se tomen estas medidas.

Merecen profesionales con la debida titulación y la exigencia de ésta debería ser requisito imprescindible para poder optar a cualquier puesto de atención sanitaria. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así y nos encontramos con cientos de centros sociosanitarios que llevan a cabo la contratación de personas  que presentan certificado de participación en algún curso de dudoso rigor, sin la debida carga lectiva ni formativa que les permita adquirir los debidos conocimientos, y a quienes se les supone muy buena voluntad pero a los que no les exige ninguna titulación que les capacite para la atención sanitaria.

Conviene recordar igualmente que dadas las particularidades de este sector de la población, en ocasiones dependientes, e incluso, grandes dependientes, con pluripatologías crónicas requieren de cuidados continuos y fundamentales, muchos de ellos requieren técnicas de enfermería específicas tales como la alimentación enteral, oxigenoterapia, prevención de úlceras…entre otras.

En la mayor parte de los centros las plantillas de profesionales titulados como Técnicos en Cuidados de Enfermería o Gerocultores realizan sus funciones diarias con total independencia y autonomía sin ser precisa la supervisión de ningún titulado superior lo que justifica que la titulación de estos profesionales debe ser la de Grado Superior de la Formación Profesional y un Nivel 3 de cualificación.

SAE se ha dirigido al máximo responsable de la gestión de la residencias de la tercera edad, centros de día y centros sociosanitarios para que definitivamente ponga fin a esta lamentable situación que, de no solucionarse tendrá nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad cada vez más envejecida y con más patologías crónicas.

La demanda de plazas en centros residenciales y sociosanitatarios para personas mayores aumenta a diario y cada vez van a hacer falta más plazas y más profesionales con la debida formación que proporcionen los cuidados integrales que requieren las personas mayores.

Necesitan cuidados continuos y de calidad no siempre excesivamente especializados por lo que urge llevar a cabo una reorganización de los recursos humanos de forma que las plantillas estén ajustadas a estos cuidados que llevan a cabo los Técnicos en Cuidados de Enfermería y que estos tengan la debida titulación.

          Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), cuya asesoría jurídica ha llevado a cabo la defensa legal de  esta compañera, esta sentencia, que ya es firme puesto que la empresa no ha presentado recurso, es una prueba de lo denunciado con anterioridad respecto a las disfunciones e  irregularidades en la gestión del régimen disciplinario y  la política de gestión de los recursos humanos de la  Residencia Centro de  día San Cibrao, que gestiona Mensajeros de la Paz.

           Entre estas irregularidades se encuentra una gestión del régimen disciplinario de los trabajadores del centro que se lleva a cabo de forma no apropiada, excesiva e incluso no ajustada a derecho como el despido, ahora anulado, a una trabajadora tras presentar candidatura a un proceso legalmente establecido

           Desde SAE confiamos en que la dirección de la residencia modifique definitivamente su esta forma de proceder y de gestionar los recursos humanos.