En definitiva, necesitan de una atención y unos cuidados continuos por parte de unos profesionales que se están enfrentando a esta situación en las condiciones más precarias imaginadas. No disponen ni siquiera de guantes o mascarillas suficientes que, desde luego, no puede ser considerado un Equipo de Protección Individual (EPI) pero es la mínima protección con la que hay que contar.

            Desde algunas residencias, hace tiempo que limitaron los contactos y las salidas al exterior de estos residentes para protegerles al máximo, pero como es lógico los profesionales que les atienden salen al exterior y temen que sin medidas de protección  puedan contagiarles.

         Los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería de residencias de mayores y discapacitados intelectuales denuncian que de no abastecerles con algo tan básico como mascarillas y guantes el riesgo de contagio es altísimo y altísimo el porcentaje de fallecidos que alcanzaría el 85% de los residentes.

            El virus no hace ningún tipo de distinciones. El Ministerio de Sanidad y las autoridades tampoco debe hacerlas y es prioritario proteger a estos profesionales que no prestan sus cuidados en los hospitales, eje de la atención, pero que también están cuidando y atendiendo a muchos españoles, por otro lado, y como hemos señalado los más vulnerables a quienes además el Gobierno ha manifestado su interés por protegerlos.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) de la Residencia Asistida de Valladolid (RASVA), tal y como ocurrió hace unos días en Soria, se plantaron ayer exigiendo a la Dirección del centro, que dependen de la Consejería de Familia, las mascarillas necesarias para poder realizar su trabajo con seguridad.
A pesar de que el centro cuenta con este material de protección, se lo estaba negando a los profesionales, hasta que ayer se plantaron y se negaron a continuar asistiendo a los usuarios, personas de alto riesgo, sino les facilitaban las medidas de protección adecuadas. 
Ante esta situación, los responsables del centro residencial facilitaron una mascarilla a cada profesional exigiéndoles que debían trabajar con ésta misma durante una semana, a lo que los TCE se volvieron a negar hasta que, finalmente, consiguieron que cada día se les dote con una mascarilla nueva. 
“Es altamente preocupante que los responsables sanitarios jueguen así con la seguridad de sus trabajadores, poniendo en riesgo tanto su salud como la de aquellos con los que conviven. La crisis sanitaria que está viviendo el país está sacando a la luz lo mejor y lo peor de cada uno y, desde luego, esta miserable actitud de los responsables de RASVA les retrata como gestores sanitarios. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería esperamos que se tomen medidas sancionadoras necesarias al respecto cuando esta situación de crisis sanitaria finalice. Garantizar la salud de quienes velan por la de los ciudadanos debe ser primordial ahora mismo”, explica Ana María Tobal, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
 

           Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería nos sumamos al llamamiento del Consejero de Sanidad para que se solucione de inmediato la absoluta precariedad a la que se ha abocado a los profesionales y usuarios de Andalucía.

            El suministro de mascarillas estaba, medianamente garantizado por sus proveedores habituales pero se han requisado por parte del Ministerio de Sanidad todos los pedidos.

            “Como profesionales y, como usuarios, entendemos la gravedad de la situación que estamos viviendo todos los españoles y que ha de hacerse una distribución justa y equitativa de los recursos disponibles. Pero, desde Andalucía solicitamos que este reparto se haga con la debida antelación y previsión atendiendo, únicamente a criterios sanitarios o de población”, manifiesta Cristóbal Arjona, secretario autonómico del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

             En estos momentos es prioritario proteger a todos los profesionales sanitarios para que podamos hacer nuestro trabajo de forma segura y cuidar de los demás. Pero es también una obligación moral proteger a los sanitarios especialmente vulnerables cuyas patologías previas les ha convertido en personas de alto riesgo frente a un posible de contagio del virus. Sin embargo, algunos compañeros han solicitado los correspondientes partes de baja laboral y se les están denegando.

            “Esta es una más de las contradicciones que esta pandemia está produciendo: hay que protegerse pero no hay EPIs, se necesitan profesionales pero no se acude a los desempleados y la única conclusión es que todos los profesionales estamos en riesgo y poniendo en riesgo a nuestros pacientes”, finaliza  Cristóbal Arjona. 

En los centros de Servicios Sociales, donde la mayoría de los pacientes son dependientes y de alto riesgo, las mascarillas están destinadas a los usuarios, quienes se las retiran continuamente porque les molestan, lo que expone a los profesionales TCE, que no están provistos de EPIS para poder protegerse.
En el caso de SACYL, la insuficiencia de material está provocando que los trabajadores se tengan que fabricar sus propias mascarillas con carpetas, pues las que les proporciona la Gerencia tienen orden de usarlas durante tres días, sin embargo el vaho que genera la respiración hace que en tres horas sean inservibles.
“Ni mascarillas, ni batas impermeables, ni gafas de protección…Las condiciones de inseguridad en las que los profesionales están realizando su trabajo son alarmantes. Por ello desde SAE exigimos a los gestores sanitarios que demuestren por qué están en sus cargos y pongan en marcha con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales, pues no parece lógico que ante la alerta sanitaria que vive el país, no se garantice la salud de quienes velan por la de los ciudadanos, extendiendo así la cadena de contagio a familiares, mientras se adoptan otras medidas para contener la propagación”, explica Ana María Tobal, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
 

Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exigimos a la Administración que dote de los recursos materiales necesarios a estos profesionales, que diariamente se exponen trasladando a pacientes sin conocer si son casos positivos de Coronavirus o no.
La mayoría de los usuarios son inmunodeprimidos, es decir, de alto riesgo, y los TES están en contacto directo con ellos sin ninguna medida de aislamiento ni de protección ya que los EPIS han sido retirados de los vehículos.
Ante esta situación, los propios profesionales se tienen que llevar los uniformes a casa para lavarlos, lo que, sin duda, es un foco de contagio para ellos y sus familias.
“Ni guantes, ni mascarillas, ni uniformes suficientes para poder cambiar diariamente –a veces se reciclan cada dos días-…. Esta falta de previsión y dotación de material de seguridad es alarmante y, por supuesto, arriesgada. No parece lógico que ante la alerta sanitaria que vive el país, no se garantice la seguridad de quienes velan por la salud de los ciudadanos, extendiendo así la cadena de contagio, mientras se adoptan otras medidas para contener la propagación. Esperemos que, de manera urgente, se empiece a dotar a todos los profesionales de los equipos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo sin poner en riesgo su salud ni la del resto de la población”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.