El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha puesto denuncia contra la residencia de ancianos de Ávila, perteneciente a la Junta de Castilla y León, debido a su inacción ante las agresiones, verbales y físicas, a las que está sometida una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de uno de los residentes.
    Insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente. 
    Tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia sobre esta situación, sin que los responsables hayan adoptado ninguna medida al respecto, salvo imponer a la agresora un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza. La situación, cada vez más grave, ha provocado la baja de la profesional, sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora.
    Esta falta de apoyo por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el extremo de no informar a la víctima de los pasos que debía seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta de Castilla y León.
    “Desde SAE informamos y formamos a los profesionales para evitar las agresiones, físicas o psíquicas, a las que los trabajadores están expuestos tanto en hospitales y centros de salud como en centros sociosanitarios. La arrogancia, la prepotencia, el doble discurso, la falta de valores éticos/morales, la falta de respeto y, sobre todo, el desarrollo de conductas violentas premeditadas por parte de usuarios y familiares ponen en riesgo a los profesionales durante su jornada laboral, y es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por su seguridad. Para ello, es esencial que se instauren protocolos y planes de prevención bien desarrollados que garanticen la integridad de los profesionales, algo que, desde luego, está muy lejos de la actitud adoptada por la dirección del centro”, explica Inmaculada García, secretaria provincial de SAE en Ávila.

Los daños ocasionados a los pacientes en la atención sanitaria ocupan uno de los diez primeros puestos en la lista de causas de morbimortalidad mundial. Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 10 pacientes sufre algún efecto adverso durante su atención y, cada año, más de tres millones de usuarios fallecen como consecuencia de éstos. En este sentido, los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos.

    Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) nos sumamos a este día subrayando la necesidad de invertir en recursos, investigación y profesionales cualificados para prevenir los daños evitables –el 50% de los eventos adversos se pueden evitar -, reducir los riesgos y mitigar sus efectos cuando se producen. Esta actuación no sólo garantizaría la seguridad en la atención de los pacientes y mejores resultados para su salud, sino que comportaría un importante ahorro económico para los Estados. 

    “Contar con los recursos humanos suficientes y cualificados es fundamental para garantizar una atención sin riesgos. Por ello, desde SAE queremos poner en valor el trabajo de los profesionales Técnicos Sanitarios, como son los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE), un colectivo bien cualificado para dotar de eficiencia, seguridad y humanidad la atención en el ámbito sanitario y sociosanitario. Sin embargo, existen propuestas legislativas que están poniendo en riesgo esta cualificación, tan necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes y prevenir riesgos como la aparición de úlceras de decúbito, tromboembolismos venosos, caídas o infecciones”, explica Daniel Torres, secretario de acción social de SAE.

Desde USAE hemos mantenido varias reuniones y hemos presentado múltiples escritos a los gestores de los centros hospitalarios afectados sin que, después de un año, hayan tomado las medidas oportunas para solventar un problema que afecta tanto a profesionales, que se ven obligados a trabajar con uniformes manchados con residuos de todo tipo o con tallas inadecuadas, como a usuarios, que deben traer sus almohadas personales porque o no hay o están deterioradas (deformadas, húmedas o presentan signos de moho). En ocasiones, no existen fundas limpias disponibles, lo que pone en riesgo a pacientes encamados o con úlceras por presión.
La falta de lencería – toallas, sábanas, pijamas y uniformes- en un hospital es inadmisible y está generando una sobrecarga en la organización del trabajo, mermando la higiene hospitalaria y comprometiendo la seguridad y el bienestar de los pacientes, pues existe un mayor riesgo de infecciones, escaras, contaminación cruzada, problemas respiratorios –especialmente en los pacientes más vulnerables-, y malestar general. También se han incrementado los riesgos para los profesionales, que están sometidos a una mayor exposición a patógenos debido a la manipulación de ropa contaminada, y a un estrés continuo al tener que improvisar soluciones y explicar a los pacientes la situación.
“Prendas rotas o excesivamente gastadas, manchas permanentes en los uniformes, sábanas acortadas por un número excesivo de lavados, retrasos constantes en la distribución… Está es la tónica de las empresas adjudicatarias. Ante este problema de seguridad sanitaria, desde USAE exigimos al Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud y a la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales una respuesta inmediata pues la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado considerablemente. Es urgente una explicación clara de porqué las empresas adjudicatarias del servicio de lencería continúan incumpliendo los acuerdos. En caso de no ver un cambio en la gestión que se traduzca en una eficiencia del servicio, desde USAE adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y usuarios”, explica Nieves Sánchez, responsable provincial de USAE en Cáceres.
 

 Los Técnicos Sanitarios se han unido al resto de profesionales sanitarios en estas concentraciones en las que manifiestan su indignación por la falta de avances en las negociaciones para elaborar un Estatuto Marco que recoja de manera clara sus reivindicaciones.

Para los Técnicos Sanitarios son prioritarias la clasificación justa y retribuida, Grupo C1 para los de Técnicos de Grado Medio y B para los de Grado Superior; la jubilación anticipada y parcial, la aplicación de la jornada de 35 horas sin excepción y mejoras en las condiciones laborales, que repercutan no solo en el bienestar de los profesionales, sino también en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Es insostenible y está ocurriendo ante la pasividad de la Dirección Gerencia que se niega a implementar un sistema de información adecuado para los usuarios y a instaurar los protocolos de actuación para pacientes psiquiátricos. Estas medidas son cruciales no solo para reducir el riesgo de agresiones sino para mejorar la atención la atención y la funcionalidad del Servicio de Urgencias.

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria lamenta que los profesionales de la salud tengan que seguir actuando como "escudo de la incompetencia" de los responsables, que no toman medidas preventivas ni de protección.

Entre las medidas preventivas se incluye un sistema de información claro, un protocolo para pacientes psiquiátricos y un control efectivo del tránsito de personal. Y estas precauciones deben estar acompañadas de otras de protección como la instalación de puertas de seguridad, el botones anti pánico eficaces, la remodelación de espacios que faciliten vías de escapes, así como personal de seguridad suficiente y debidamente formado.

 Ante esta situación insostenible, la Junta de Personal se ve obligada a exigir, una vez más, la dimisión inmediata de la actual Dirección Gerencia y de la Dirección Económica Administrativa del hospital.