“El desconocimiento de las funciones de cada profesional, del funcionamiento de los propios servicios de salud, la angustia por un diagnóstico que no llega, la desesperación por las largas horas de espera o la saturación de las urgencias… hay cientos de causas que pueden alterar el estado emocional del usuario. Ninguno de ellos es motivo ni justifica que un profesional sea agredido”, afirma Daniel Torres, secretario de acción social y coordinador de la campaña que en contra de las agresiones emprendió hace tiempo el Sindicato de Técnicos de Enfermería.

            “No podemos dejar de insistir en la necesidad de poner medidas urgentes y contundentes que frenen esta situación. No se pueden considerar hechos aislados o enfrentamientos puntuales. Hay un problema evidente contra el que hay que luchar con firmeza. El prestigio social del que hasta hace unos años gozaban los profesionales sanitarios lamentablemente ha desaparecido pero ha dado lugar a una situación inadmisible, inexplicable en la que el usuario tiene que ser concienciado del papel que representan los profesionales de la salud en la sociedad”, continúa Daniel Torres.

            Los responsables de SAE trasladarán a la Consejera de Sanidad en la próxima cita que mantengan la preocupación de los profesionales por estas situaciones contra las que hay que actuar con rapidez y eficacia.

            En este sentido, por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado esta misma semana una campaña informativa en los centros sanitarios para recordar a los usuarios que se denunciará por la vía penal cualquier agresión a los profesionales de dichos centros. Se distribuirá cartelería tanto en los centros de salud como en hospitales donde se insiste a los usuarios en que “ante cualquier amenaza, coacción o agresión física y/o verbal o cualquier otra actuación ilícita contra los profesionales se cursará la pertinente denuncia por la vía  penal, pudiéndose castigar estas acciones con penas de cárcel. Además, se avisa de que los centros disponen de diferentes medidas de seguridad, entre las que se incluye la conexión directa con la Policía y se recuerda que los usuarios pueden realizar sugerencias y aportaciones de mejora o presentar cualquier reclamación a través de los puntos de Atención a la Ciudadanía.

La plataforma EBEP 36.3 integrada por prácticamente todos los Sindicatos independientes, profesionales, sectoriales presentes en la Administración pública, excepto por los dos sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. Está compuesta por: ANPE, APFP, ASFEM, ASIMPAL, APLJAEN, ASPOLOBA, CESM, CIPOL, CITAM, CPPM, CSL, CSIT, ERNE, FEPOL, FESEP, GIGU, INTERSINDICAL VALENCIANA, PSPL, SBAragón, SATSE, SAP, SEP-CV, SEP-MA, SIB, SFP, SICO, SIME, SIPAN, SIPNA, SIPLA, SIPLC, SIPOL, SIPLG, SIPLRM, SITAG, SPC, SPLCA, SPL-CME, SPLCyL, SPL-CLM, SPLS, SPPLB, SPPME, SRPF, SVPLES, UFP, UPLB, UPM, USAE, USPB, USPLBE, USTM…

Una vez constituida y dada a conocer hace unas semanas, han iniciado sus contactos para llevar a cabo su propuesta de modificar el articulo que da nombre a la propia Plataforma.

El articulo a modificar (aunque en realidad se trata de un párrafo del mismo, el 3º del Articulo 36 y base de la propuesta es el que hace referencia a la constitución de las Mesas de Negociación en las diferentes administraciones de todo el estado General, Autonómica, Sectorial, Local (Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos).

 Se da la circunstancia que desde hace 12 años que se publicó el Estatuto del Empleado Público EBEP (2007) las Mesas donde los empleados públicos negocian a través de sus representantes sindicales (Tanto de los trabajadores como de los funcionarios que conviven dentro de la misma Administración) libremente elegidos en elecciones sindicales al efecto, las mesas se constituían teniendo en cuenta “todos” estos representantes (laborales y funcionarios) y de acuerdo con lo que establece la Ley de Libertad Sindical, todos aquellos sindicatos que alcancen el 10% o más de los delegados podrán estar en la mesa de negociación de su ámbito (en el caso de los partidos políticos es el 5% e incluso en algunas CCAA el 3%) además podrán estar los sindicatos mayoritarios, al margen de los resultados que saquen, aunque no obtengan un solo voto, lo cual es toda una contradicción, es como si los partidos mayoritarios siempre estuvieran presente en todas las instituciones aun sin obtener un solo voto en ellas.

 Esta situación injusta de los Sindicatos independientes con respecto a los Sindicatos mayoritarios, si bien asumida por todos durante estos últimos 12 años ha cambiado radicalmente, tras una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del pasado año donde interpreta este Artículo de forma que en la práctica supone que en las mesas de negociación solo estarán estos dos sindicatos de clase, negándole el derecho a los representantes de los sindicatos independientes elegidos por los trabajadores el acceso a negociar sus condiciones, en un claro atentado al derecho a la libertad sindical, con los peligros y riesgos que ello conlleva de firma de convenios fallidos al no estar respaldados por los representantes elegidos y respaldados por los propios trabajadores y sin embargo “impuestos” sus representantes por imperativo “judicial” algo que podría poner en grave tesitura el clima socio-laboral en las administraciones, y sin olvidar que hablamos de sectores cruciales del estado como la Defensa, Admón. Gral., Sanidad, Enseñanza, Seguridad…

 Por ello la mayor Plataforma Sindical creada desde la democracia ha iniciado los contactos políticos para poder solucionar esta grave situación, con el objetivo de solventarla lo antes posible y poder seguir trabajando como hasta ahora, o por el contrario embarcarnos en un periodo de incertidumbre socio-laboral que obviamente los sindicatos independientes no van a permitir.

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Las reuniones con los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados consistentes en la presentación de la plataforma, informar de la situación generada y exposición de la propuesta para solucionarlo, ha contado con la valoración y el apoyo de todos los grupos hasta ahora entrevistados, y su compromiso de incluirlo en el debate político una vez la legislatura eche a andar, siendo: Grupo Socialista, Popular, Ciudadanos, Unidas-Podemos y Mixto, así como la FEMP, quedando pendientes para este mes el resto de grupos, CCAA y Ministerios implicados

 Desde la Plataforma no se va a renunciar a nada, pues para nosotros es intolerable que se ningunee la decisión de los trabajadores de elegir libremente a sus representantes y no se imponga a sus representantes en una especie de dictadura sindical. Tan grave es la situación generada que ha conseguido la unidad de todo el tejido sindical independiente del país (sindicatos generalistas, sectoriales, independientes, progresistas, conservadores, nacionalistas…) Todos, excepto los sindicatos envestidos de una suerte de “divina potestas” con el peligro que ello puede conllevar de empobrecimiento de las relaciones y condiciones de todos los empleados del sector público al ser representados por sindicatos al margen del apoyo que tengan, lo que les inhibe de responsabilidad de la gestión frente a sus empleados públicos “supuestamente” representados.

Iniciado ya el curso político en septiembre, la Plataforma 36.3 reemprende su trabajo para conseguir enmendar y volver a la situación anterior de la sentencia lo antes posible o en caso contrario iniciar una situación de conflicto colectivo generalizado ante lo que es una situación claramente inasumible.

 Los últimos casos conocidos se han producido en los centros de salud Son Serra, San Agustín y Santa Catalina y la UBS Genova y las víctimas han sido facultativos y DUE.

“Sin embargo para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) no es un problema de estamentos profesionales ni de ámbitos sanitarios. Es una lacra contra la que hay que actuar de forma contundente”, manifiesta  Daniel Torres,  responsable de SAE en Baleares.

“No hay argumento posible para justificar un caso de violencia ni física ni verbal, nunca. Y tampoco para creer que los profesionales sanitarios deben asumir el riesgo de acudir a un puesto de trabajo para cuidar de otras personas y estar expuestos a que una de ellas, o sus familiares, intenten o consigan agredirles”, finaliza Daniel Torres que insiste en la “necesidad de implementar medidas contundentes, que se cumplan debidamente y no queden en multas económicas, y que se lleven a cabo estrategias de concienciación social para luchar contra estos lamentables sucesos”.

La Diputación de León ha convocado plazas para Técnicos en Cuidados de Enfermería y las encuadra en el Grupo C1, tal y como corresponde al colectivo y en aplicación de lo establecido en el artículo 76 en relación con la Disposición Transitoria Tercera del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tal y como la propia convocatoria expresamente recoge.

“Sin lugar a dudas la publicación de esta convocatoria es un logro para el colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería, representados mayoritariamente por el Sindicato de Técnicos de Enfermería y que lleva años luchando por la inclusión de los profesionales en esta grupo profesional”, manifiesta la secretaria de comunicación de SAE, Isabel Lozano.

“Para nosotros supone un gran avance en cuanto al reconocimiento de nuestra lucha que seguiremos manteniendo hasta que este reconocimiento sea efectivo en todos los ámbitos y nuestra reclasificación sea una realidad. Únicamente nos daremos por satisfechos cuando consigamos el objetivo final: la finalización de la Disposición Transitoria del EBEP para todos los empleados públicos y que otras instancias utilizan para mantener al colectivo en un grupo que no les corresponde”, finaliza Isabel Lozano.

Los últimos casos de agresión que han tenido lugar en Mallorca han sido en el Hospital Son Espases, donde una Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) sufrió las amenazas y las descalificaciones de una paciente, y una enfermera se vio involucrada en un intento de agresión física, en el Hospital Psiquiátrico, donde otra TCE fue amenazada verbalmente y sufrió, igualmente, un intento de agresión física, y en la Policlínica Miramar, donde, en esta ocasión, fue un médico del servicio de urgencias quien padeció el intento de agresión física.
A pesar de que estas agresiones se producen a personal funcionario durante el ejercicio de su profesión, las penas que se imputan a los agresores son pequeñas multas, que poco tienen que ver con lo establecido en el artículo 550 del Código Penal. Así ha ocurrido recientemente en un hospital madrileño, donde el familiar de un paciente, que amenazó y agredió verbalmente a una trabajadora del hospital, ha sido condenado a la pena de una multa de un mes cuantificada en cuatro euros al día.
“Los profesionales sanitarios, como el resto de profesionales, tienen derecho a realizar su trabajo con todas las garantías de seguridad y tener que enfrentarse diariamente a este tipo de episodios genera situación de estrés y ansiedad que poco tienen que ver con los preceptos que marca la salud laboral. Por ello, desde SAE vamos a pedir que se endurezcan las medidas adoptadas contra los agresores pues es evidente que las que existen no son efectivas para acabar con las agresiones en el ámbito sanitario”, explica Daniel Torres,  responsable de SAE en Baleares.