La inactividad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 12 años, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, está provocando en el colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería una clara discriminación y vulneración de los derechos fundamentales.

Ante esta situación, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado formalmente ante el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que proponga al Consejo de Gobierno un proyecto legislativo mediante el cual revoque la suspensión del reconocimiento y nuevos pagos de Grado I, II, III y IV de la carrera profesional de los TCE y apruebe la reanudación de la carrera profesional para estos profesionales.

El agravio con los TCE castellanomanchegos no solo es respecto a sus compañeros otros servicios de salud, ya que la mayoría de las comunidades autónomas tiene reconocida la carrera profesional, los pagos y la progresión, siendo Castilla-La Mancha donde no se respeta el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Además, estos profesionales sufren la discriminación en la igualdad de trato respecto al resto de funcionarios públicos de esta Administración que sí han ido recuperando y se les ha reconocido sus complementos.

Y, probablemente la discriminación más evidente es aquella entre los propios TCE que han visto reconocidas sus carreras profesionales a través de las innumerables sentencias producidas en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo que han reconocido los efectos económicos de la carrera profesional –aunque no la progresión de grado-, con aquellos profesionales que no han acudido a la jurisdicción contenciosa.

La decisión de la suspensión de la carrera y de su pago de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Plan de Garantías de Servicios Sociales se tomó como medida extraordinaria, excepcional, transitoria y puntual ante la gravísima situación de crisis económica que atravesaba Castilla La Mancha en ese momento. Sin embargo, ya no se dan las condiciones económicas para el mantenimiento de esas medidas extraordinarias y así lo confirman los informes de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Por tanto, es urgente que se tomen las medidas necesarias para poner fin a este despropósito y así lo ha solicitado SAE ante el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por ser el competente para que elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de ley que suponga la reanudación de la carrera profesional de los TCE” manifiesta la Secretaria Autonómica de SAE en Castilla La Mancha Mª José Soria.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se suma al Día Nacional del Trasplante con un cartel que quiere animar a los ciudadanos a hacerse donantes, un gesto altruista que ayuda a salvar vidas. 
    Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2023 se realizaron 5.861 trasplantes, una cifra excelente que se alcanzó gracias a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 435 que en vida donaron un riñón (433) o parte de su hígado (2). 
    Estamos en cifras históricas -48,9 donantes fallecidos p.m.p.-, que rozan el Plan Estratégico de llegar a 50 donantes p.m.p. marcado por la ONT en su Plan Estratégico “50x22”. Estos resultados nos alejan del resto de países del mundo –según el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, Estados Unidos, por ejemplo, registró, en 2022, 44,5 donantes p.m.p.- y mantienen nuestro liderazgo.
“Somos un ejemplo de solidaridad, por ello, desde SAE queremos poner en valor el programa nacional, del que son parte fundamental todas aquellas personas que de manera altruista donan sus órganos, pero también todos los profesionales, entre los que se encuentran los Técnicos Sanitarios, que forman parte de los diferentes procesos que conforman la donación y el trasplante, y lo hacen de manera coordinada para que el resultado final sea el deseado: salvar la vida de un paciente. No obstante, el esfuerzo de todos debe ser mayor, pues la lista de espera para un trasplante continúa moviéndose en cifras más elevadas de lo que nos gustaría. Por ello desde SAE queremos aprovechar este día para remarcar que hacerse donante es un acto de bondad del que todos deberíamos participar”, concluye Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 14.1 recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”.

“Lamentablemente con la muerte de esta compañera se han puesto sobre la mesa los fallos que tienen los protocolos de seguridad en las prisiones catalanas. Por ello, queremos subrayar que los profesionales Técnicos Sanitarios que realizan su trabajo en prisiones mantienen un contacto estrecho y cercano con los usuarios, lo que les expone a riesgos evidentes, que, cumpliendo la legislación vigente, se deben minimizar adoptando todas las medidas necesarias, como un incremento de funcionarios que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios durante la atención a los presos”, explica Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Catalunya.
 

SAE , UGT, CCOO  y la Plataforma Unidad por C1 han vuelto a concentrarse esta mañna a las 10:30 horas en todos los Centros del SAS, en los que se concentrarán a las puertas de los mismos, hartos de que la CCAA derive el problema al Gobierno.

A nivel estatal, el Acuerdo Marco para la Administración del S. XXI en su art. 4 reconoce aplicación del art. 76 del EBEP en 2023.

Trabajan para el SAS y el Consejo de Gobierno responde que es tema estatal, a pesar de que la Ley de Función Pública de Andalucía es desarrollo del EBEP, clasifican a Funcionarios y dejan fuera a Estatutarios siendo empleados públicos igualmente, son discriminados en dicha Ley, por lo que exigen su cambio mediante Proposición de Ley en trámite en Parlamento.

No pararán en sus movilizaciones hasta que les reconozcan la titulación que estudian y se les exige en centros sanitarios donde desempeñan su trabajo.

No podemos olvidar que se trata de personas mayores, con pluripatologías, muchas con deterioros cognitivos de diferentes niveles que en ocasiones les lleva a levantarse entre la noche y deambular desorientados por los pasillos… en definitiva se trata de pacientes que precisan de una atención continua.

“Ni siquiera la dotación habitual es suficiente para prestar la atención sanitaria en condiciones porque se redujo la plantilla y actualmente en el turno de noche hay un único TCE por planta y en situaciones puntuales solo  dos Técnicos. Pero lo que ha ocurrido en la noche del día 13 es intolerable”, manifiesta al respecto Mª Gemma Gutiérrez Castrillo, responsable palentina de SAECYL.

“Afortunadamente no se produjo ninguna incidencia de gravedad, pero esto no es excusa para permitir ni normalizar la falta de profesionales y que estos se estén reduciendo de manera paulatina. Desde SAECYL se lleva tiempo reclamando que se aumente la dotación de Técnicos en Cuidados de Enfermería priorizando la calidad asistencial y el bienestar de los pacientes”, manifiesta la responsable de SAECYL.

Es urgente que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León lleve a cabo lleve a cabo una política de personal en las residencias acorde a las necesidades de los usuarios y no en función de otros criterios que nada tienen que ver con prestar atención sanitaria de calidad.