Actualmente, la Fundación para la Dependencia cuenta con cinco centros, tres en Mallorca y dos en Ibiza, pero los profesionales perciben un salario diferente según trabajen en una u otra isla debido al plus de insularidad, que es superior en Ibiza. No obstante, existe un agravio comparativo respecto a todos los profesionales de la Fundación si comparamos sus nóminas con las de quienes trabajan en el Instituto Mallorquín de Servicios Sociales.
“Es inadmisible que por el mismo trabajo se perciban diferentes salarios según el ámbito del que se dependa, por ello creemos fundamental que se evalúe la situación y se igualen las tablas salariales. Reivindicamos salarios y complementos similares en todas las islas, aunque tenemos en cuenta que el plus de residencia varía en función de la isla donde se realice el trabajo. Confiamos en que el compromiso adquirido por las responsables de los servicios sociales de Baleares y por la Presidenta Prohens  de estudiar la viabilidad de  la actualización de las tablas salariales, finalmente cuente con los apoyos necesarios y los recursos económicos lleguen a los profesionales, pues será un aliciente para la  fidelización”, explican los responsables de USAE. 

    Esta agresión verbal pudo haber acabado en con un golpe físico si otra compañera no hubiera intervenido retirando a la agresora.
No estamos hablando de un caso puntual; el número de agresiones a los profesionales sanitarios en Andalucía se ha incrementado, en parte, por la penosa situación que se vive en la atención hospitalaria debido a la falta de profesionales. Sin embargo, nada puede justificar estos comportamientos, por ello desde FTPS-SAE exigimos mejores protocolos y un refuerzo de los recursos para acabar con esta lacra social, pues los profesionales sanitarios tienen derecho a realizar su trabajo con todas las garantías para preservar su seguridad y salud, como cualquier trabajador. 
 “Si bien es verdad que estos episodios son fruto del temperamento de los usuarios, desde FTPS-SAE queremos recordar a la Consejería la necesidad de poner en marcha todas las medidas necesarias para contener las agresiones. Nosotros, como defensores de los derechos de los profesionales seguiremos luchando para que se endurezcan las penas a los agresores y se incrementen los recursos para evitar estos comportamientos. Por su parte, los profesionales, tal y como ha hecho nuestra compañera, deben presentar un parte de lesiones para denunciar los hechos, pues es fundamental para que la Administración tome conciencia de la realidad y la gravedad de este tipo de actos violentos”, explica Anabel Valero Moreno, responsable de FTPS en el centro hospitalario.
 

La política de la Dirección Gerencia de no cubrir las bajas laborales, las licencias y permisos o las reducciones de jornada por conciliación familiar, hace que en muchas ocasiones únicamente haya un TCE en el turno de noches para atender a 36 pacientes.
En esta unidad se encuentran los pacientes que tienen patologías respiratorias complicadas (ELA, traqueostomizados, aislados, con soporte ventilatorio no invasivo…). Lo que hace evidente que el trabajo realizado por dos TCEs en los turnos de tarde y noche no puede ser asumido por un único profesional cuando el otro se ausenta, pues supone una pérdida de cuidados asistenciales vitales, ya que no se puede garantizar la asistencia segura y de calidad. 
“Durante el último mes, desde SAE hemos denunciado la falta de personal en varias unidades, como Medicina Interna, Rehabilitación, Endoscopias, Neumología…, dejando claro que esta carencia de profesionales TCEs afecta a todo el Complejo Hospitalario Universitario. En ningún sector laboral es posible que un profesional realice el trabajo de dos sin que ello tenga consecuencias negativas para su salud, como estrés laboral, ansiedad o agotamiento; asimismo, esta falta de profesionales genera un incremento de las listas de espera y un aumento de agresiones a los profesionales debido a las situaciones que se generan por la falta de plantillas. No vamos a seguir permitiendo que se prime el ahorro económico por encima de la Sanidad, cada vez más deteriorada y desmantelada en favor de un sistema privado.  Por ello, exigimos a la Dirección Gerencia que ejerza la responsabilidad que tiene y sustituya el cien por cien de las bajas laborales y reducciones de jornada. Solo con plantillas adecuadas los cordobeses podremos tener una tranquilidad y seguridad a la hora de acudir a nuestro hospital”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) viene denunciando desde hace años la precariedad en la que se encuentra el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias; una situación que afecta gravemente a la integridad física y mental de los profesionales y a la atención que reciben los usuarios. Sin embargo, a pesar de las solicitudes que hemos presentado para que se lleve a cabo una evaluación de riesgos –la última se realizó en 2015-, no hemos obtenido respuesta, salvo el vago argumento de la Gerencia explicando que no se puede realizar porque están “de obras”.
    Mientras los responsables sanitarios eluden adoptar medidas para solventar la penosa situación de este servicio, la falta de camas y camillas continúa obligando a las ambulancias a pasar horas en la puerta del centro hospitalario esperando para poder dejar a los pacientes. Una realidad que paraliza los vehículos e impide el traslado de otros usuarios, como, por ejemplo, los que se deben desplazar del Servicio Normal de Urgencias del centro de salud de San Benito al HUC, de manera que, además de comprometer la asistencia sanitaria de estos pacientes que precisan unos cuidados hospitalarios, se sobrecarga a los profesionales de estos servicios. Pero la situación no mejora cuando el usuario consigue entrar en Urgencias, pues, tras ser atendidos, deben esperar en sillas o butacas a ser ingresados en planta debido a la falta de camillas y espacios adecuados, ya que las áreas de trabajo están saturadas. 
    Actualmente, el servicio de Urgencias del HUC tiene una afluencia de más de 250 pacientes al día, que tienen que esperar una media de diez horas a ser atendidos –hay ocasiones que hasta 18 horas-. Además, el perfil de los usuarios nada tiene que ver con el de hace años, pues la población cada vez está más envejecida y demanda cuidados y una atención más personalizados, sin embargo, las plantillas de TCE no se han adaptado a esta realidad, que pasa, además, por el hecho de que algunos pacientes viven en los hospitales porque no disponen de la plaza sociosanitaria que requieren debido a la falta de camas en estos centros.
    Es evidente que el plan de contingencia adoptado por la Gerencia para aliviar esta situación es insuficiente, especialmente en una época en la que las enfermedades estacionales incrementan la sobrecarga laboral. Así, por ejemplo, esta semana, la saturación del servicio ha sido tan alarmante, que ha obligado a modificar el acceso de los familiares al servicio de UVI porque se han tenido que ubicar camillas en un  pasillo de tránsito interno.
    A esta fotografía se añade el hecho de que las infraestructuras, además de ser insuficientes, se han quedado obsoletas y están desatendidas, lo que pone en riesgo la seguridad de los profesionales, quienes han sufrido algunas caídas por el mal estado de los suelos.
    “La realidad a la que están sometidos profesionales y usuarios hace urgente una evaluación de riesgos laborales, sin embargo, no parece que la Gerencia quiera solucionar los problemas existentes. Mientras, la frustración, el estrés o los riesgos físicos, como las lesiones músculo-esqueléticas, son habituales entre los TCE debido a esta sobrecarga asistencial, que, además, se ve incrementada al tener que seguir asumiendo funciones de otros colectivos, como el de los celadores, pues este profesional no se ha implantado adecuadamente ni equiparando al resto de Gerencias del Servicio Canario de Salud”, explica Paola Iosuf, responsable de SAE en Santa Cruz de Tenerife.
 

   Los problemas mecánicos son una constante en las unidades; así, durante 2024 también se  vieron afectadas las de Traslado No Urgente, incrementando el número de servicios de cada unidad, lo que perjudicó la atención al paciente por el alto flujo de trabajo.
    Podemos señalar varios ejemplos que representan el mal estado de los vehículos: en el primer semestre de 2024, hubo que sustituir en una ocasión una unidad de SVB con material de medicalizada por una de Traslado No Urgente, durante al menos 20 horas, por orden del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al no disponer la empresa adjudicataria, UTE LANZAFUER ACCIONA ICOT, de unidad de sustitución; en noviembre de 2024, se averió la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife y se sustituyó con la de Soporte Vital Avanzado de Playa Blanca, quedando esta zona sin unidad durante 12 horas; el pasado 6 de enero, la unidad de Soporte Vital Avanzado de Arrecife tuvo que prescindir del Técnico Sanitario porque, por orden de la empresa y con aviso al SUC, tuvo que trasladarse a otra unidad; o los días 11, 12 y 13 de enero, Arrecife volvió a quedarse sin una unidad de SVB  hasta las 12 del mediodía por falta de coche de repuesto.    
    A pesar de que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores recoge que el “Comité de Empresa tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la situación y estructura del empleo en la empresa o en el centro de trabajo, así como a ser informado trimestralmente sobre la evolución probable del mismo, incluyendo consulta cuando prevean cambios al respecto”, la empresa adjudicataria no ha informado de dichas incidencias al Comité.           Asimismo, en el apartado 39 de la normativa o contrato con GSC se recoge que “por avería, falta de dotación o situación similar el adjudicatario deberá suplir la unidad con uno de características idénticas junto con su dotación en un tiempo máximo de una hora sin que ello justifique un defecto en la prestación del servicio a los usuarios del SCS”, sin embargo, la empresa no está cumpliendo con esta normativa.
    “Esta conducta de dejadez pone en riesgo a los ciudadanos, por lo que desde FTPS hemos reclamado en múltiples ocasiones a la empresda adjudicataria que cumpla con el servicio que debe ofrecer e, igualmente, instamos a la Administración a que actúe contra este incumplimiento. Esperamos que esta situación no se alargue más en el tiempo, pues poner en riesgo la salud y seguridad de profesionales y usuarios no debería ser una opción”, explican los responsables de FTPS en Lanzarote.