El propio EBEP recoge en su exposición de motivos la importancia y necesidad de un proceso de reforma que debe “…adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea…”, dejando  constancia de cómo, en lo que se refiere a los funcionarios, “…se hace preciso modificar su clasificación actual, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestros sistema educativo…”.
Sin embargo, estas premisas no son suficientes para derogar, después de más de 10 años de vigencia, la Disposición Transitoria Tercera. De hecho, las partes interesadas en no llevar a cabo esta derogación, continúan argumentando que este sistema transitorio responde a la incorporación de España al espacio europeo de educación superior, lo que conlleva esta clasificación transitoria hasta que se generalice la implantación de las nuevas titulaciones; un argumento incoherente, si tenemos en cuenta que a los grupos de profesionales técnicos no les afectan estos cambios y que la implantación de estos nuevos títulos universitarios finalizó en 2010.
“Desde 2007 SAE no ha dejado de trabajar para conseguir derogar esta disposición, contando con el apoyo de diferentes dirigentes ministeriales, consejerías de sanidad… y, desde luego, no vamos a dejar de luchar, pues es inadmisible que continúen jugando con nuestro trabajo y nuestra formación. En este sentido, otra de nuestras reivindicaciones es la actualización de las funciones del colectivo que continúan rigiéndose por las establecidas en 1973. La falta de respecto a la formación y al trabajo real que los TCE desempeñamos en la atención sanitaria es alarmante y por ello desde SAE continuaremos luchando, como hasta ahora, para que se reconozcan los derechos de nuestro colectivo”, explica Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación de SAE.

SAE ha informado a la Consellería de Sanidad de las irregularidades que se están produciendo en los distintos hospitales de la Comunidad Valenciana con la empresa de limpieza y de las posibles repercusiones para los usuarios de la Sanidad Pública. 

Sorprendentemente la respuesta a varios escritos y diferentes reclamaciones, ha sido que la Consellería ha delegado funciones de limpieza en el personal Técnico en Cuidados de Enfermería.

El hecho de que un profesional sanitario sea obligado a manipular residuos y basuras y luego atienda a los pacientes supone un importante riesgo de infecciones nosocomiales para el usuario, avalado por los estudios epidemiológicos que parece no tener en consideración la Consellería.

Lo evidente es que se está poniendo en riesgo la salud de los usuarios al no cumplirse los acuerdos pactados con las empresas contratadas y suscritos en el pliego de condiciones de limpieza, y que estas deficiencias representan un perjuicio para todos los ciudadanos valencianos.

Por otro lado, es inadmisible que una empresa a la que se ha contratado para dar un servicio lo incumpla, mientras se exige al personal estatutario que realice este servicio, rebajando el tiempo destinado a la atención y cuidado del paciente y empobreciendo la calidad asistencial.

            Las empresas adjudicatarias deben contar con el  personal suficiente para llevar a cabo las funciones acordadas en el convenio y hacerlo en óptimas condiciones. Es inadmisible que la falta de trabajadores en esta empresa, externa y ajena a la Consellería repercuta por un lado,  en los Técnicos en Cuidados de Enfermería  a quienes se les ha obligado a realizar funciones de limpieza y por otro, al usuario que ve reducido el tiempo que los TCE dedican a su asistencia en tareas fundamentales para su recuperación como son el aseo, la higiene o la alimentación.

  La función del Técnico en Cuidados de Enfermería es cumplir con el cuidado terapéutico del paciente, y compensar la incapacidad del mismo, proporcionándole el apoyo y cuidados básicos para su recuperación, como su aseo e higiene, alimentación, vigilancia de las heridas, etc., pero en ningún momento una función del Técnico puede ser realizar tareas de limpieza.

            A pesar de que la categoría de Técnicos en Farmacia fue creada en el Servicio Andaluz de Salud en el año 2008, incluyéndose en el texto refundido y en las actualizaciones del pacto de bolsa única el 18 de mayo de 2010 (BOJA nº. 137 de julio del mismo año) la gerencia del hospital opta por sobrecargar de trabajo a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) para los servicios de farmacia, saltándose así la normativa existente.

            Supone, además, un deterioro de la calidad asistencial prestada porque los Técnicos en Cuidados de Enfermería se ven obligados a abandonar sus unidades para llevar a cabo estas funciones del servicio de farmacia.

            La sobrecarga de trabajo a los profesionales con funciones ajenas a su categoría profesional es un deterioro de la calidad asistencial tanto en relación con la farmacia como en las funciones propias que deben prestar los Técnicos en Cuidados de Enfermería y que no pueden atender debidamente, tanto por estar realizando funciones ajenas como por dejar de prestar la asistencia sanitaria que  corresponde al paciente en la unidad asistencial del TCE.

            Por ello, Juan Antonio Moreno Torres, vicesecretario provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Córdoba exige a la gerencia el respeto tanto de las funciones como de las categorías profesionales.

En España sólo doce comunidades autónomas tienen leyes que recogen los derechos de las personas transexuales y únicamente ocho se basan en la libre autodeterminación del género.
Ante esta disparidad, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería nos sumamos a este Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género reivindicando una igualdad real en el acceso a los tratamientos de cambio de sexo en todo el territorio español.
 Para ello es fundamental la aplicación y el desarrollo urgente de la modificación de la Ley de Identidad de Género de 2007, que permitía el cambio de nombre y sexo legal de las personas transgénero en el Registro Civil, sin embargo obligaba a un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal al menos durante dos años para que las personas pudieran cambiar su nombre y sexo.
“Esta modificación, pendiente de aprobación en el Congreso, elimina estos requisitos y establece que la identidad de género debe ser “la autopercibida y libremente determinada por cada persona”. Si bien es verdad que algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Baleares, Aragón o Comunidad Valenciana, ya han creado sus propias normas al respecto y contemplan la libre autodefinición del género, otras como Castilla y León, La Rioja o Asturias ni siquiera tienen una Ley trans o LGTBI. Estas diferencias en el cumplimiento e implementación legislativa entre unas y otras autonomías genera una alarmante discriminación entre el colectivo trans, por ello desde SAE nos sumamos a la celebración del Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, dando visibilidad a estas diferencias y reivindicando una mayor voluntad política y social que despatologice la identidad de género”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE. 
 

La sistemática negativa, antes y después de la entrada en vigor del EBEP, allá por el año 2007, a poner en marcha el artículo 76 del citado estatuto, mediante una disposición transitoria, la tercera, sigue condenando a decenas de miles de trabajadores públicos, a una injusta clasificación profesional, algo sin precedentes en la historia de nuestro país que ha llevado a una pérdida adquisitiva acumulada que ronda entre los 30.000 y los 50.000 euros por empleado, hecho que viene agravado si se tiene en cuenta el desfase en las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que redunda en una merma sustancial de las futuras pensiones y prestaciones por desempleo de los afectados, lo cual unido a la pérdida de ventajas fiscales y el copago farmacéutico en estas edades y los recortes salariales sufridos entre el 2011 y el 2016, supone la mayor metida de mano por parte de los gobiernos, en los bolsillos de estas más de 150.000 personas, para financiar obras mastodónticas abandonadas, rescate de bancos y empresas privadas, financiación de asociaciones, fundaciones y empresas públicas de escaso y dudoso interés social, etc.

Porque somos empleados públicos, no una ONG de salvamento gubernamental, porque tenemos familias y los mismos gastos que el resto de los compañeros y compañeras no afectadas, porque nuestros sueldos no son a la carta como los de sus señorías, exigimos el fin del engaño, del fraude y de la estafa en la formación profesional.

Por todo ello, esta plataforma nacional exige la inmediata derogación de la disposición transitoria tercera del EBEP y la entrada inmediata en vigor de su art. 76 y mantiene las concentraciones de los miércoles en todos los centros de trabajo a las 12:00 de la mañana.