“Este comportamiento de las gerencias, que es quienes realizan el contrato, consentido por la Consellería, como máximo responsable de la sanidad valenciana, es una muestra más del menosprecio que, continuamente, demuestran hacia el colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería, trascendental en sanidad, afirma Soraya Beltrán, secretaria autonómica de SAE en la Comunidad Valenciana”

“La Consellería se retrata en actuaciones de menosprecio a un colectivo trascendental en la sanidad valenciana y dudamos mucho de que este comportamiento se reproduzca con otras categorías profesionales cuya categoría profesional ha pasado igualmente por diferentes denominaciones”, continúa la secretaria autonómica de SAE.

En cualquier caso, SAE estudia emprender acciones legales contra esta situación ya que parece cuestionable que alguien  pueda firmar un contrato de una categoría inexistente y, en tal caso, la validez legal tiene este documento.

Lo más sorprendente es que está incumpliendo su propia normativa ya que la  Disposición Adicional Tercera del Decreto 123/2016 de 23 de septiembre publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana del 30 de septiembre establecía el cambio de denominación de la categoría de personal estatutario de auxiliar de enfermería por la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Madrid, 6 de junio de 2017.-“El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) estudia emprender las acciones judiciales que considere oportunas ante las declaraciones vertidas por Linda Aiken, por atentar contra la profesionalidad de nuestro colectivo”, manifiesta su Secretaria de Organización y Comunicación, Isabel Lozano.
Aunque estamos completamente de acuerdo con las recientes declaraciones vertidas por Linda Aiken, directora del Centro para Resultados de Salud e Investigación sobre Políticas de la Universidad de Filadelfia, cuando asegura que la reducción de profesionales en las plantillas incrementa la mortalidad de los pacientes, no podemos subrayar sus palabras cuando explica que este incremento de la mortalidad se debe únicamente a la reducción de personal enfermero diplomado y que la contratación de más profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE/AE) no solventaría esta situación, sino que la empeoraría.
Linda Aiken procede de un país como Estados Unidos, referente en muchas cuestiones, pero no por su sistema sanitario, para cuya remodelación el ex Presidente Obama contrató como asesor al ex Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco Rafael Bengoa.
Por ello llama la atención de su intervención en el Congreso Internacional de Enfermería que realice afirmaciones como la siguiente: “añadir un auxiliar por cada 25 pacientes se asocia a un incremento de la probabilidad de muerte de los pacientes en un 25%. Unos resultados dramáticos”. 
En definitiva, si tan chusca proclamación tuviese, si quiera, un punto de certeza tendríamos que concluir que bastaría con reducir el número suficiente de TCE/AE en el ámbito sanitario para conseguir lo que ha venido siendo hasta ahora un sueño inalcanzable del género humano: alcanzar la inmortalidad. Mucho nos tememos que estas investigaciones son de nivel semejante a las del artículo científico que se hizo viral hace escasos días en el que se aseguraba que el calentamiento global era consecuencia directa de los genitales masculinos.
A la postre, resulta desolador comprobar que numerosos análisis, estudios o conclusiones que se tienen por científicas, pero no presentan ninguna clase de rigor, acceden a plataformas de difusión tenidas por ciertas.
Estamos completamente convencidos de que las declaraciones de Aiken están sacadas del contexto sanitario estadounidense, pues no tienen nada que ver con nuestra realidad sanitaria ni con los datos publicados en diciembre de 2016 por el Ministerio de Sanidad referentes a 2010 y 2014.
Según el Ministerio de Sanidad, en este periodo de tiempo, en el sector público sanitario disminuyeron las plantillas de TCE/AE en casi 4.000 profesionales –un 3,19%- frente a la merma del 0,35% del personal de enfermería diplomado. Curiosamente, en este mismo periodo aumentó la mortalidad en un 0,10% en este ámbito sanitario. Estos datos indican que, precisamente, el aumento de TCE/AE rebaja el índice de mortalidad, ya que, como bien dice Aiken, los pacientes ingresados pueden contraer otras patologías e infecciones que aumentan los costes y, por supuesto, la mortalidad. Por ello es necesaria la contratación de TCE/AE para prevenir estas situaciones, pues somos los profesionales indicados, por pasar más tiempo con el paciente, para detectar cualquier anomalía, pudiendo evitar muchas de estas infecciones, sobre todo porque la mayoría de la población ingresada es una población envejecida.
Además de con los datos del Ministerio de Sanidad, las declaraciones de Aiken están en clara contradicción con las conclusiones recogidas en el Libro Blanco de la profesión del Técnico de Enfermería, editado por FAE y elaborado por la Universidad Europea de Madrid en el que se expone que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud depende, en gran medida, de la transformación de puestos de trabajo que hoy en día ocupa la enfermería diplomada en puestos de TCE/AE, pues este cambio reduciría el gasto sanitario público, generando un ahorro de más de dos millones de euros al año en un hospital medio de 200 camas.
Estos son los datos reales, por ello nos preguntamos si es que Linda Aiken ha recibido algún tipo de retribución por falsear las cifras del Sistema Nacional de Salud.
Si no ha sido así, quizá, antes de llevar a cabo declaraciones de una manera tan rotunda, Aiken debería haber tenido en cuenta la realidad de la sanidad española y no afirmar que la contratación de profesionales TCE/AE aumentaría la carga asistencial de la enfermería diplomada que debe supervisar la labor de los TCE/AE, incrementando con ello la tasa de mortalidad, ya que aquí la enfermería diplomada no supervisa en absoluto el trabajo de estos profesionales.

SAE ha conseguido 4 delegados a la Junta de Personal, siendo la segunda organización sindical más votada en este proceso electoral.

Seguiremos trabajando y defendiendo los intereses laborales de todos los TCE.

     El doctor Vicente Bellver Capella, vocal del Comité de Bioética de España, ha expuesto ante los asistentes al Congreso de Bioética que se está celebrando en Cartagena, las claves y los dilemas de la maternidad subrogada tanto en relación con los problemas de filiación como del propio proceso de gestación y los conflictos que surgen entre la gestante y los comitantes, es decir, las personas que tienen la voluntad de tener ese hijo.
Posteriormente, Cristina del Campo Fontecha autora de la ponencia La gestación subrogada ¿un privilegio para los ricos? ha expuesto también argumentos a favor y en contra de esta técnica y la diferente legislación en distintos países y ha afirmado que “existen estudios recientes en los que se afirma que el 87% de los españoles está a favor de la gestación subrogada, es decir, la técnica de reproducción asistida por la que una mujer, con plena capacidad para obrar, consiente libremente y de forma irrevocable, en llevar a cabo la gestación del hijo de otra persona”.
     Ha planteado, igualmente, que “todo parece indicar que tarde o temprano será regulada también en España ya que el derecho va un paso por detrás de las convicciones sociales, es decir, regula aquellas situaciones que, anteriormente, hubieran existido en la sociedad. Ésta es también la situación en la que nos encontramos en la actualidad respecto a la gestación subrogada”.
     La ponente ha manifestado que “no faltan argumentos a favor y en contra de esta técnica que permite que numerosas personas que anhelan tener hijos y, sin embargo, no pueden hacerlo por diversos motivos (problemas de fertilidad, por tratarse de parejas homosexuales o incluso el caso de que una persona desee tener hijos por sí sola) defienden la prevalencia de la voluntad de las partes por encima de la disposición legal si las partes están conformes con la celebración de este contrato”.
     “A favor del proceso, continúa Cristina de Campo, están también quienes apelan a los procesos de adopción en España (tan lentos que pueden llegar hasta los ocho años y que además no cubran todas las peticiones ya que se entregaron en adopción menos de 2.000 menores cuando había 33.000 familias españolas dispuestas a acogerlas) y a las dificultades que plantean los tratamientos de fertilidad que en la sanidad pública tiene limitaciones y en la privada un alto coste económico”.
     La ponente ha manifestado igualmente que “el rechazo a esta técnica está, entre otros argumentos, en la renuncia de la madre gestante con la firma del contrato a la posibilidad de arrepentirse de su decisión ante una situación que no se ha dado todavía y que bien podría animarle a cambiar de idea.  Consideran, además que el alto coste total sigue siendo un espacio al que solo pueden acceder algunos ya que allí donde está regulada, el coste de la donación "altruista" oscila entre los 45.000 y los 60.000 euros. El Foro de la Familia está en contra de la maternidad subrogada porque el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto, se mercantiliza el deseo de ser padres, no se puede garantizar el derecho de la madre gestante a no sufrir las consecuencias psicológicas de un posible aborto, etc”
     “En la actualidad, la situación en la que se encuentra España es discriminatoria” considera esta ponente, que afirma, asimismo, que “son varios los casos de personas famosas cuyo proceso se ha publicado en prensa con júbilo y, sin embargo, a finales del año pasado se informaba de la detención de un matrimonio homosexual que había concertado un contrato con una mujer gestante en el que ésta última se obligaba a entregar al niño a cambio de una suma de dinero”. 
     Ha finalizado su intervención planteado varios interrogantes: “la diferencia para admitir y alabar esta gestación o sin embargo poner el grito en el cielo ¿radica en si se ha producido o no en el extranjero?, pero ¿quién puede permitirse el lujo de acceder a esta técnica? Si se admite la inscripción de los nacimientos producidos en el extranjero, ¿por qué no se admite directamente la gestación subrogada en España?”.
     “En segundo lugar, al no hallarse sistemáticamente regulada, permitiendo simplemente la inscripción de aquellos nacimientos obtenidos por esta técnica y reconocidos en otros Estados, hace que no se legislen ciertos aspectos mínimos que en todo caso debieran respetarse, como por ejemplo ¿cuál es la edad máxima de los futuros progenitores para poder acogerse a esta técnica, o la diferencia de edad máxima y mínima que debe existir entre el hijo y sus progenitores, como sí ocurre, por ejemplo, en la adopción o, incluso, si se admite toda clase de gestaciones subrogadas o por el contrario solo se admiten aquellas que fueran altruistas”.
     Durante la mañana los asistentes han podido escuchar también intervenciones en las que se planteaban los dilemas éticos que surgen ante los enfermos terminales o los documentos de voluntades anticipadas. 

Es frecuente hacer un pacto de silencio para ocultar el diagnóstico y/o pronóstico a los pacientes terminales.
     Así Encarnación Sánchez Expósito y Carmen Muñoz Valadés han planteado durante su intervención La conspiración del silencio: un dilema ético como: “en nuestro entorno cultural es frecuente ocultar el diagnóstico o el pronóstico al paciente al final de su vida al que se le exige dependencia y sumisión a las disposiciones médicas y familiares”.
     Sin embargo, han expuesto que “el paciente en fase terminal se convierte en una persona más frágil y sensible, cuyo estado merece un tratamiento especial con relación al resto de los enfermos. Si esta situación convierte en válido el ocultamiento de la verdad al mismo, conocido como conspiración del silencio, que se define como el acuerdo implícito o explícito, por parte de familiares, amigos y profesionales, de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultarle el diagnóstico y/o pronóstico y/o gravedad de la situación, es algo que está sujeto a diferentes criterios.
     “El enfermo forma parte de un contexto familiar y social, que recibe también el impacto del diagnóstico y la respuesta que dé ante esta situación estresante influirá directamente sobre  la adaptación del enfermo. La familia tiene dificultades para enfrentarse al sufrimiento de lo que sucede. Desde esta perspectiva, tanto desde el punto de vista técnico como ético, conviene distinguir entre las necesidades reales del paciente y de las de sus familiares. Cómo informar, cuándo hacerlo, de qué forma, hasta dónde llegar con la cantidad de información, parecen ser algunas de las interrogantes de mayor peso en este tema”. 
     “Algunos especialistas han llegado a considerar que tienen el derecho a mentir a estos enfermos con el propósito de evitarles informaciones angustiosas sobre su muerte inminente mientras que para otros esta práctica es lesiva a la autonomía del paciente. No obstante, la decisión de informar de la verdad varía en función de diversas circunstancias, entre ellas están las características de la enfermedad, la situación, personalidad y creencias del enfermo, la actitud del entorno socio familiar y, por último, la forma de ser y de pensar del propio médico.
     “Se da un alto porcentaje de pactos de silencio, pero no en todos los casos se puede y debe actuar de la misma manera y no siempre es lícito o adecuado enfrentar al paciente con una verdad que no quiere o no está preparado para recibir, pero sin duda podemos aprender a vivir la muerte de un modo diferente a como lo hacemos en la actualidad” ha concluido los ponentes. 

Los Documentos de Voluntades Anticipadas permiten tomar decisiones respecto a lo qué se quiere y hasta dónde se quiere llegar.
     Por otro lado, Yosune Garmendia San Sebastián se cuestionó ¿qué ocurre cuando llega el final de la vida o existe un deterioro en la salud? Una de las respuestas a esta pregunta la tenemos en el Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), en el que se contempla: “el derecho de la ciudadanía a la expresión anticipada de su voluntad a las decisiones clínicas que le atañen”. Es decir, contempla las instrucciones que una persona expresa sobre tratamientos, sobre lesiones o enfermedades que padece o sobre las que pudiera padecer en el futuro y se pueden incluir en el mismo, previsiones relativas a las intervenciones médicas que se desea recibir y cuestiones relacionadas con el final de la vida.
     “Los DVA aumentan el conocimiento de la propia enfermedad, al haber sido informado adecuadamente antes de la toma de decisión y mejora la calidad de la relación médico-paciente ya que consensuan qué es lo que se quiere y hasta dónde se quiere llegar”.
     Para esta autora “al permitir conocer los valores éticos del paciente, se facilita la interpretación de los deseos expresados respecto a sus momentos finales. Asimismo, facilita la toma de decisiones terapéuticas, con la planificación anticipada de los cuidados, adelantándose a lo que pueda suceder, evitando así que se realicen tratamientos no deseados y disminuyendo el riesgo de decisiones erróneas. Todo ello, alivia el estrés y las cargas, tanto al paciente y su entorno, como a los profesionales, reforzando las buenas prácticas clínicas y aportando seguridad ética y jurídica a los profesionales”.
     “Se plantean, igualmente, dificultades, ya que los DVA no están actualizados o presentan instrucciones ambiguas o preferencias poco claras que son de difícil interpretación en ocasiones. Es difícil decidir cuál es el momento clínico en que debe aplicarse el DVA que debe estar disponible para ser consultado en el momento de la toma de decisiones”.
     “Podemos afirmar que los TCE somos los profesionales que estamos “más a pie de cama, tenemos una relación directa, intensa y continuada con nuestros pacientes, con lo que somos receptores de las dudas, deseos y preguntas, etc. y ello nos da una situación de cercanía y protagonismo en la interrelación entre el sistema asistencial y el paciente y su familia. Los TCE tenemos un papel importante para detectar situaciones específicas, necesidades de información, identificar expectativas o indicar cómo iniciar el proceso de realizar un DVA. Somos, sin lugar a duda, un enlace entre los usuarios y el sistema, lo que se puede materializar en derivar determinadas cuestiones a los facultativos, facilitando el encuentro y comunicación entre ellos”, ha concluido en su intervención. 
     Tras la lectura de conclusiones de este congreso, se ha procedido al acto de clausura del mismo en el que han participado Doña Rosa Romera Fernández, Presidenta del Congreso, doña María Dolores Martínez Márquez, Presidenta de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería, don José Carlos López Lacoma, Director de Enfermería del área II Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena y don Juan Martínez Hernández, Presidente del Comité Científico.

Madrid, 2 de junio de 2017.- La concentración que han protagonizado recientemente las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de la Sanidad madrileña en la Puerta del Sol en defensa de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud ha evidenciado su incapacidad para negociar las mejoras de los trabajadores en los foros indicados para ello.
Desde SAE siempre apoyaremos y promoveremos, tal y como hemos hecho hasta ahora, la acciones que se lleven a cabo para promocionar y defender a los profesionales sanitarios, sin embargo no vamos a bailar el agua de unas organizaciones sindicales que presumen de estar en mesa y, a la hora de la verdad, son incapaces de alcanzar acuerdos para mejorar la situación laboral y retributiva de los profesionales.
En este sentido, cuestiones tan fundamentales como la carrera profesional, la jornada laboral o el aumento de plantillas, continúan paralizadas. 
“SAE lucha continuamente por conseguir mejoras para los profesionales sanitarios y así lo seguiremos haciendo, reivindicando cuestiones como la urgencia de acabar con el déficit en las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería, uno de los colectivos imprescindibles debido a los cambios demográficos y las necesidades asistenciales que demanda la sociedad. Nosotros continuaremos con nuestro trabajo para mejorar la sanidad madrileña y conseguir todas aquellas reivindicaciones que beneficien a los profesionales sanitarios, particularmente a los TCE. Y, de la misma manera que SAE se implica en alcanzar estos objetivos, exigimos al resto de organizaciones sindicales que están presentes en la Mesa de Negociación que se comprometan con la sanidad madrileña, sus usuarios y sus profesionales”, explica Álvaro Cano, secretario autonómico de SAE en Madrid.