Esta dirección se considera con autoridad y licencia para obligar mediante instrucción escrita a los Técnicos de Enfermería del Bloque Quirúrgico a cargar y descargar las cajas procedentes del Servicio de Esterilización a pesar de que esta función corresponde a otra categoría.

         SAE lleva más de veinte años reclamando la actualización de las funciones dado que se mantiene vigente desde 1973 un estatuto obsoleto y absolutamente desfasado. Sin embargo esto no justifica en ningún caso que se empeoren estas funciones y se sobrecargue a los TCE con funciones que no les corresponden como es el caso del traslado del material y equipos sanitarios y no sanitarios que corresponden al personal celador.

         Los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería han mantenido esta mañana una reunión con la directora de enfermería, Ana Belén Pérez Jiménez, cuyo argumento a pesar de estar equivocado y no sustentarse en ninguna normativa legal es que “siempre se ha hecho así”. Mantiene esta absurda postura a pesar de la existencia de resoluciones en las que se cita literalmente que el traslado del material y equipos sanitarios y no sanitarios corresponde al celador.

         “El cambio de hospital a unas instalaciones más grandes ha supuesto una sobrecarga laboral inasumible para los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería. Si el hospital ha evolucionado buscando mejores y más adecuadas instalaciones, es contradictorio que se mantenga esta situación utilizando como argumento la costumbre cuando, aunque así fuera, se estaba haciendo en contra de la normativa vigente”, manifiesta Victoria González, secretaria provincial de SAE en Cáceres.

         “SAE hace meses denunció esta situación ante la Inspección de Trabajo y está a la espera del dictamen, pero no se descartan otras medidas para que esta instrucción se retire” finaliza la secretaria provincial de SAE que considera asimismo que “parte del problema radica en la actitud autoritaria y poco dialogante de la directora de enfermería”.

            Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE, considera insuficiente este texto después de cuatro años, incluida esta mañana en la que los Técnicos Sanitarios han estado reivindicando con concentraciones quincenales que se implante la carrera profesional, hay una moción en el Parlamento y dos sugerencias del Defensor del Pueblo. Y después de todo esto aparecen términos como “compromiso de abordar”, “implantación progresiva” o “suficiencia presupuestaria”.

            Si se quiere acabar con la discriminación que sufrimos los Técnicos  no hay compromiso de abordaje: hay que publicar la ley que lo recoja y en igualdad de condiciones que el resto de categorías profesionales que sí lo tienen reconocido.

            Esto  obliga a SAE a mantener sus concentraciones reivindicando que el “compromiso de abordar” sea inmediato, que la “implantación progresiva” se acelere al máximo y que se destine una partida presupuestaria concreta para solventar la “suficiencia presupuestaria”. Y todo ello, por supuesto, sin olvidar nuestro reconocimiento profesional.

            Por otro lado, mucho nos tememos que ahora algunos interesados utilizarán este párrafo para vender humo a los profesionales cuando en realidad más allá del reconocimiento explícito de que los Técnicos no tenemos carrera profesional no hay nada concreto que mejore la situación.          

         “Las cuentas del Gobierno se van a debatir el viernes 4 de noviembre y los Técnicos queremos que tengan en cuenta esta petición. Por eso nos concentraremos frente al Parlamento el viernes de 11:00 a 12:00 horas” manifiesta la secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Begoña Ruiz Malagón, que recuerda que “la discriminación que está sufriendo el personal Técnico de Enfermería y Técnico Sanitario con relación al resto del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, tiene la doble vertiente. Por un lado, el encuadramiento automático en el nivel D del personal celador y de servicios generales establecido en el Acuerdo de 9 de marzo de 2018 entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y los sindicatos LAB CCOO y UGT sobre la aplicación de lo previsto en el apartado primero del II Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de las condiciones de trabajo, con el consiguiente agravio comparativo para el personal Técnicos de Enfermería”.

“En este sentido exigimos el reconocimiento a nuestros estudios de Formación Profesional que en estos momentos no se está valorando al estar en el escalafón más bajo de la administración junto con los trabajadores que no tienen titulación,  algo que no sucede en ninguna Comunidad Autónoma”.

Por otro lado, la falta de desarrollo legislativo del derecho a la carrera profesional de los “Técnicos Sanitarios” conlleva una discriminación de este personal con el resto del personal que sin razón objetiva alguna la tiene reconocida, como así lo ha reconocido recientemente el Defensor del Pueblo reiterando a los Departamentos de Salud y Función Pública que ponga fin a esta discriminación

En junio de 2020 en el Parlamento de Navarra se sometió a debate y votación, que fue aprobada por unanimidad una moción que tenía precisamente por objeto instar al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra a realizar las actuaciones necesarias para el reconocimiento de la carrera profesional. Sin embargo no lo cumple y se mantiene como la única comunidad  donde esto sucede.

El Gobierno de Navarra va a tramitar unos presupuestos en los que no recogen de momento ninguna partida para solventar el agravio que sufrimos, por ello instamos al Gobierno de Navarra y a todos los partidos políticos que corrijan esta desigualdad de trato que estamos sufriendo y presente iniciativas o enmiendas para acabar con esta discriminación.

SAE va a seguir denunciando el agravio que sufrimos y no vamos a dejar que nos hagan invisibles como pretenden.

Ahora, tras solicitar el recargo de prestaciones por la incapacidad temporal de estas TCE, la Inspección de Trabajo reconoce el derecho a cobrarlo de algunas y deniega el de otras. 
    Estos informes están firmados por la misma inspectora, siendo los dos primeros favorables y el resto, a pesar de estar presentados en la misma fecha (7 de mayo de 2020), negativos. Este cambio de criterio se debe, según recogen los informes, a una imposición: “No obstante lo anterior, debe señalarse que con fecha 10 de noviembre de 2021, se dictaron criterios a este organismo a fin de que se tenga en cuenta las excepcionales circunstancias vividas en esos momentos…”.
“No entendemos que siendo idénticos los hechos, puedan cambiar los criterios, las órdenes e instrucciones que se dan a la inspectora y le hagan cambiar de decisión de un día para otro, pues supone un agravio comparativo para estas profesionales.  No obstante, ante este cambio, los nuevos criterios deberían aplicarse a aquellas solicitudes que se presentaran a partir del 10 de noviembre de 2021, no debiendo afectar a las registradas previamente y más cuando éstas se realizaron en la misma fecha. No es culpa de las afectadas el retraso en la resolución de las solicitudes por parte de Inspección de Trabajo, que está favoreciendo a unas y perjudicando a otras para ahorrarse el coste de las indemnizaciones. Es injusto y poco ético que se vulnere el derecho a la prestación por Covid de aquellos trabajadores que arriesgaron su vida durante los primeros meses de la pandemia. Desde SAE continuaremos trabajando para que todos los profesionales reciban el recargo de prestaciones derivadas de accidente de trabajo/enfermedad profesional en el porcentaje que les corresponda”, explica Trinidad Marin, responsable de SAE en Lugo.

USAE ha vuelto a manifestarse hoy contra la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios extremeños. 

A pesar de que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la subida del 2% del salario de los funcionarios públicos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020, Extremadura continúa adeudando a sus trabajadores este incremento salarial, por ello desde USAE seguimos manifestándonos para conseguir la equiparación salarial con el resto del personal público de la Administración del Estado. 

A esta pérdida de poder adquisitivo hay que sumar la del recorte del 5% que sufrimos desde junio de 2010,  la del 5,5% aplicada en  2022 y la no actualización de los complementos. 

Ahora los sindicatos de clase y la Administración han negociado una subida del 9,5% que no es real, pues está sujeta al PIB y al IPC. 

Por todo ello, desde USAE, ante la reiterada negativa de la Junta de Extremadura a recuperar, actualizar y negociar las condiciones salariales de todos los funcionarios y laborales de la Administración autonómica, exigimos la recuperación del poder adquisitivo y la inclusión de las partidas económicas necesarias en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 2023. Desde USAE continuaremos movilizándonos por nuestros derechos económicos.