Entre los principales problemas que se abordaron durante el encuentro, están el retraso en la baremación de la Bolsa de Empleo de los profesionales TCE, ya que aún sigue vigente la del 2017, y la regulación de las guardias localizadas realizadas por el colectivo en diferentes especialidades, un problema que afecta a prácticamente todos los hospitales de la comunidad.
“El Consejero de Sanidad se ha comprometido con los Técnicos en Cuidados de Enfermería a tomar medidas para resolver ambas situaciones y mejorar así las condiciones laborales de los profesionales TCE, un colectivo olvidado sistemáticamente por la Administración. Por ello, desde SAE esperamos que a partir de este encuentro se materialicen las medidas necesarias para mejorar la situación de nuestra categoría, en caso contrario, emprenderemos las acciones que consideremos oportunas en defensa de los intereses del colectivo”, explica Gloria Celi de Abia Ríos, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
Los responsables de SAE esperan seguir manteniendo encuentros con los dirigentes de la sanidad de Castilla y León para poder trasladarles las reivindicaciones históricas del colectivo, que pasan por la regulación de las funciones, la reclasificación en el grupo C1 y el reconocimiento del grado superior de la Titulación de Técnicos en Cuidados de Enfermería.
 

Los residuos que surgen de la atención al paciente, según el protocolo, son depositados en las correspondientes bolsas, que deben ser cerradas adecuadamente para su posterior transporte. Esta función de cierre, tal y como recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas de Contratación del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del HUCA, es competencia del personal de limpieza. Sin embargo, mientras en las habitaciones libres de Covid sí que lo realizan, en las zonas Covid, GISPASA, LACERA –responsable de este servicio- y el SESPA han decidido que sean los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes lleven a cabo esta tarea.
Esta situación responde, nuevamente, a los intereses económicos del HUCA y el SESPA que están obligando a los TCE a realizar este servicio para que una empresa privada, LACERA, no tenga que asumir el plus de peligrosidad que su propio personal está demandando por el manejo de los residuos provenientes de UCI´s y plantas Covid.
Pero además, para obligar a los TCE, los mandos intermedios están utilizando amenazas e intimidaciones, incurriendo en actuaciones no ajustadas al derecho laboral, amparándose en virtuales instrucciones a las que no hay forma de acceder pública y libremente para identificar claramente a los responsables de las mismas. 
“Esta nueva agresión al trabajo de los TCE únicamente responde a un sometimiento del SESPA a los intereses económicos de la empresa privada contratada para la prestación de un servicio en el hospital. Si esta situación no se resuelve de inmediato, desde SAE, además de las acciones legales oportunas, emprenderemos aquellas necesarias para conseguir de inmediato el reconocimiento del plus de peligrosidad para todo el personal asistencial del SESPA”.
 

      Así se desprendía de su respuesta a la pregunta planteada por el Partido Popular a este respecto en el Congreso.
En todo caso el Gobierno reconoce que la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Se contempla, también el mecanismo para que nuevas profesiones o actividades tengan esta consideración.
      Sin embargo, la primera etapa de la reforma de pensiones en vigor desde el 1 de enero no lo contempla por lo que los Técnicos en Cuidados de Enfermería y el resto de profesionales sanitarios, deberán esperar a que avance la reforma.
      Ante el anuncio de la reforma de las pensiones, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ejerció nuevamente, pues ya fue denegado años atrás, su Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para que se iniciasen los procedimientos necesarios que concluyan en el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sin penalización.
      Estos profesionales se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran su salud y provocan altos índices de morbilidad, obligando a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Sin embargo, el endurecimiento de estos coeficientes que recoge la anunciada reforma penalizaría demasiado anticipar la jubilación o la haría inviable.
      SAE lleva años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. Estas condiciones hacen que nuestra profesión deba ser considerada una profesión de riesgo, tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia.     
      De hecho, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su Boletín de prevención de riesgos laborales expone que tanto los diplomados como los Técnicos de Enfermería son los dos colectivos del sector sanitario que tienen el índice más elevado de accidentes y enfermedades profesionales, tales como el contagio de enfermedades, más o menos peligrosas, como la tuberculosis, la hepatitis B y C o el Sida, y actualmente el Covid-19.

            Desde SAE recordamos que tanto los Técnicos en Cuidados de Enfermería como en Emergencias Sanitarias son profesionales perfectamente capacitados y cualificados para la realización de los test de antígenos por lo que no hay ningún riesgo en que estos profesionales realicen estas pruebas. De hecho, en la situación de pandemia actual es más peligroso alarmar a la población con mensajes infundado, carentes de rigor y que únicamente se basan en el afán excluyente que tiene una parte de la enfermería en querer ser siempre los protagonistas de cualquier actuación sanitaria y para ello el argumento es denigrar y menospreciar al resto de profesionales sanitarios.

            En la Comunidad de Madrid se han repartido test de antígenos para que se los realicen los propios usuarios y esto ha permitido detectar multitud de casos positivos facilitando el aislamiento inmediato de estos, ayudando así a la contención del virus y a reducir las largas colas para el diagnóstico en los centros sanitarios. Es insólito que los madrileños pueden llevar a cabo su propia prueba pero en Castilla y León se exigen responsabilidades a la Consejería de Sanidad por que lo hagan Técnicos Sanitarios.

            La única medida que reprochable los responsables sanitarios en este caso es que se haya optado por externalizar este servicio a través de empresas privadas en lugar de reforzar las plantillas en los centros sanitarios, incluida la Atención Primaria con Técnicos de Enfermería de las Bolsas de Empleo de Sacyl.

            De hecho el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, reconoce que se empieza a notar una reducción de la carga en Atención Primaria. Esto demuestra la necesidad de reforzar las plantillas con los equipos adecuados y para ello, los Técnicos en Cuidados de Enfermería son fundamentales.

            Por otro lado, estas polémicas que resurgen periódicamente se evitarían si definitivamente se actualizaran las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería conforme a la práctica real y se aumentara el nivel de cualificación de acuerdo a las necesidades existentes tanto de la población como de la escasez de profesionales sanitarios.

         “Sin duda, una de las reivindicaciones prioritarias es la actualización de nuestras funciones que se está tratando en el Ministerio de Sanidad en un grupo en el que participa Iñigo Cortázar. Como responsable máximo de los recursos humanos de la sanidad castellano manchega conoce perfectamente el fundamental papel que los TCE desempeñamos y, por tanto, le hemos insistido en la necesidad de que este grupo de trabajo dé el impulso definitivo que los Técnicos necesitamos y se materialice definitivamente la actualización de nuestras funciones”, manifiesta José Antonio Gálvez.
        SAE ha instado a que se apliquen las medidas necesarias para que se cumpla lo estipulado en la Orden publicada en el DOCM en relación con la figura del Coordinador de TCE. “Lo cierto es que no termina de implantarse tal y como debería y desconocemos si desde las gerencias se presentan obstáculos o se aceptan presiones que deriva en que los TCE no tengan esta figura en la estructura orgánica”, manifiesta el secretario autonómico de SAE en Castilla La Mancha quien recordó igualmente “que  también la figura del tutor de formación forma parte de las reivindicaciones de SAE y debería, asimismo, recibir un impulso desde la Administración puesto que la normativa educativa lo avala”.
        Asimismo, los responsables de SAE reivindicaron tanto el aumento de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Hospital Universitario de Toledo como la necesidad de que se mantenga a estos profesionales en las consultas dado que han demostrado que su presencia allí es fundamental para llevar a cabo una adecuada optimización de los recursos humanos. Esta optimización, que siempre es fundamental, se convierte en una prioridad absoluto en los tiempos de crisis y pandemia que estamos viviendo y, sin embargo, inexplicablemente se disminuyen las plantillas de TCE en consultas.