La asesoría jurídica de SAE en Burgos, servicio al que tienen derecho todos los afiliados, presentó numerosas denuncias en contra de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Burgos por el incumplimiento del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

                En los centros dependientes de estas administraciones existen plazas vacantes que son ocupadas por los profesionales durante varios años de forma ininterrumpida, sin que los organismos públicos hayan puesto en marcha los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la normativa, convocando los procesos selectivos pertinentes con el objeto de proveer definitivamente dichas plazas. Esta forma de proceder supone un incumplimiento del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

                El Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha dictado varias sentencias según las cuales el personal interino que ocupa dichas plazas vacantes deben pasar a ser considerados como indefinidos no fijos con las consecuencias legales que a las que dé lugar. La inactividad de la Administración durante tan amplio periodo de tiempo no justifica la duración de la relación laboral y por ello se debe aplicar el art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y convertir dichos contratos en indefinidos.

                Los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Burgos han manifestado su satisfacción por el reconocimiento de este derecho de estos trabajadores. Aunque se espera aún el resultado de algunas de las denuncias presentadas son ya 16 las sentencias favorables, dos contra la Diputación de Burgos y las catorce restantes a la Junta de Castilla y León, y confían en el que todas finalicen con el mismo resultado.

Por parte de la Plataforma se le ha trasladado el dictamen elaborado por la Universitat de València donde se evidencia claramente el funcionamiento erróneo y desajustado al fundamento de la norma a la hora de la constitución de las mesas de negociación en las distintas administraciones y realiza un propuesta de modificación legislativa para enderezar la situación sin ningún tipo de margen de interpretación sesgada o interesada como ocurre en la actualidad.

Además se le ha trasladado también las reuniones que hemos realizado con el resto de grupos de la cámara y la valoración positiva a la iniciativa unánime de todos ellos, con distintos puntos de vista pero todos coincidentes en que hay que solucionarlo, sus propuestas y compromisos adquiridos con todos ellos.

El Sr. Mikel era conocedor tras la reunión que mantuvimos ya con anterioridad a la pandemia, trasladándonos su compromiso de abordarlo en el seno de su grupo, y debatirlo con el resto de los integrantes de la Comisión de Función Pública cuando se trate en la misma.

La Plataforma EBEP 36.3 agradece el interés del Sr. Legarda, y su preocupación por el mantenimiento de la Democracia y Participación Sindical en un sector fundamental como es la Administración Pública, comprometiéndonos a mantener un contacto continuo en el desarrollo de la iniciativa.

Desde la Plataforma seguimos con la ronda de reuniones con las y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios trasladándoles la problemática que la inmensa totalidad de las organizaciones sindicales y por extensión, los cerca de 40.000 delegados y delegadas que representamos en toda España están sufriendo consecuencia de la interpretación excluyente del EBEP a la hora de constituir las mesas de negociación en las diferentes administraciones donde tenemos representación.

El Sr. Mazón (PRC Partido Regionalista Cántabro) se le trasladó el dictamen elaborado por parte de la Universidad de Valencia que deja meridianamente claro que la interpretación que se está realizando del Art. 36.3 del EBEP en la constitución de las mesas y la dinámica de negociación consecuencia de lo anterior, vulnera de manera flagrante los principios fundamentales de la democracia y la libertad sindical.

Al Sr. Mazón además de las nocivas consecuencias del pernicioso funcionamiento que se está generalizando en todas las administraciones y lo que ello conlleva para el normal funcionamiento de las mismas y por extensión a la ciudadanía, se le trasladó la iniciativa de esta plataforma para solucionarlo y la actual situación y los apoyos mayoritarios que por parte de la mayoría de los grupos políticos del Congreso está suscitando nuestra iniciativa.

Por parte del Portavoz nos mostró su interés y preocupación por la situación y se comprometió a trasladárselo a su partido para valorarla. Igualmente nos invitó a que por parte de la Plataforma y dada la importancia de la iniciativa y nuestra representación nos animó a presentar una iniciativa legislativa popular, algo que no nos habíamos planteado y que desde luego vamos a valorar, pues la defensa de la democracia sindical y el respeto a la libre elección de los representantes de las y los trabajadores se merece cualquier acción que mande un mensaje claro al Gobierno que es su obligación respetar los principios fundamentales del estado removiendo los obstáculos que se generen para su desarrollo, siendo el de la Libertad Sindical y la libre elección de las y los representantes sindicales uno de ellos recogido en nuestra carta magna y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ni pueden ni debe ser cercenado por interpretaciones sesgadas, descontextualizadas, ni por supuesto interesadas.

Agradecemos al Sr Mazón su interés y que traslade al resto de partidos del Grupo Mixto la iniciativa e información sobre la misma.
 

El tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad, la hipertensión o el estrés son algunos de los factores de riesgo asociados con las enfermedades cardiovasculares que podemos modificar para prevenir el riesgo de sufrir una de estas patologías, en cuya aparición también intervienen causas no modificables como la edad o agentes hereditarios.
Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) queremos sumarnos un año más al Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular concienciando a la población sobre la importancia de llevar una vida saludable y activa que prevenga la aparición de estas patologías, que, según indica la Organización Mundial de la Salud, son la primera causa de muerte en todo el mundo.
Factores como la obesidad y el sobrepeso están aumentando en todos los países occidentales: en España, cerca del 15% de la población sufre alguna de estas enfermedades, que llevan asociadas la aparición de la diabetes tipo 2. El estrés es otro de los factores de riesgo que ha aumentado desde la pandemia y que influye en la aparición de patologías cardiovasculares. Sin embargo, la falta de información sobre estas enfermedades hace que, por ejemplo, la población no sea consciente de la influencia que este tipo de patologías tiene en su salud cardiovascular.
“Por ello, desde SAE, además de concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos saludables con un cartel que hemos divulgado en hospitales y centros de salud, instamos a las distintas Administraciones a poner en marcha campañas informativas que sitúen a las enfermedades cardiovasculares en el lugar preferente que deben tener y permitan concienciar a la población sobre la importancia de cambiar los hábitos para evitarlas”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

El problema fundamental es el inadmisible traslado en la responsabilidad entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas en torno a si serían las leyes de Función Pública autonómicas o la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado la que pondrían fin a esta lamentable situación que afecta a miles de profesionales.

En ese sentido, el último encuentro ha sido el mantenido con Héctor Casado, Subdirector General de Relaciones Laborales de Función Pública y al que han asistido Dolores Martínez e Isabel Lozano secretaria general y secretaria de organización y comunicación del SAE, respectivamente.

En él se ha dejado constancia que la futura Ley de la Administración General del Estado sólo afectará al personal de los organismos dependientes de ésta, pero no al personal funcionario, estatutario o laboral de los servicios de salud.

Casado ha insistido en el argumento de responsabilizar a las comunidades autónomas que han de publicar sus leyes específicas de regulación de Función Pública.

Es evidente lo inadmisible de este argumento puesto que se da la circunstancia de la aprobación de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana y la nula voluntad de cumplir lo establecido en la propia ley. Una vez aprobada la ley autonómica trasladan la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Miles de profesionales, esenciales tanto en sanidad en servicios sociales, se sienten abandonados por sus políticos: por los autonómicos y por los nacionales que se pasan la pelota de unos a otros. Desde SAE continuamos trabajando con insistencia para que se cumpla la ley.