El artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Los profesionales sanitarios y sociosanitarios, tanto en Atención Primaria como en Especializada, están dentro de estas categorías, pues en su trabajo diario se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la fatiga mental, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo.
“Por todo ello, desde SAE hemos ejercicio nuevamente nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones solicitando la realización de un estudio en el que se contemplen la siniestralidad del sector, la morbilidad y mortalidad, las condiciones de trabajo -peligrosidad, insalubridad, toxidad, turnicidad, entre otros factores-, y los requerimientos físicos y psíquicos que precisa la atención sanitaria. Características que obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Por ello desde SAE exigimos la jubilación de los profesionales sanitarios a los 60 años sin penalizar”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
 

C. Valenciana, 14 de octubre de 2021.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) continúa manteniendo reuniones con todos los responsables de los grupos políticos para reclamar que se aplique la Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana a los Técnicos Sanitarios, sin excepción. Los últimos encuentros los han mantenido esta mañana Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE y Nieves Gómez, secretaria autonómica de SAE en la Comunidad Valenciana con Carmen Martínez Ramírez, portavoz de Sanidad del grupo PSOE y con Carles Esteve Aparicio, portavoz de Sanidad del grupo Compromís.
     SAE exige que se cumpla la Ley 4/2021 de 16 de abril de la Función Pública Valenciana promulgada en desarrollo del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y que debe suponer la inmediata clasificación de los Técnicos de Grado Medio al subgrupo C1 y de los Técnicos de Grado Superior al Grupo B. Son numerosas las sentencias emitidas por los distintos tribunales que señalan que el fin de la Disposición Transitoria Tercera del EBEP que mantiene a estos profesionales en un grupo inferior al que marca el artículo 76 de la propia ley, será la publicación de las leyes de la Función Pública que se dicten en su desarrollo, tal y como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.
     El Sindicato de Técnicos de Enfermería recuerda que el origen de esta polémica es la falta de voluntad de cumplir con lo establecido en la propia Ley 4/2021 de la Función Pública de la Comunidad Valenciana, publicada en abril en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, por tanto, debió entrar en vigor un mes después. Sin embargo, la Conselleria se niega a aplicar esta ley recurriendo a argumentos y trucos dialécticos para mantener esta situación.
     SAE, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente, solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son los profesionales laborales y funcionarios, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.
     No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia, como el de que afecta a un gran número de profesionales.
      “Así ocurrió en la última e intensa reunión mantenida con el responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanitat quien, al término de la misma reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.
     “Es increíble que un organismo público se niegue a aplicar una ley que beneficia a sus empleados públicos, a los que se les exige una titulación específica de la Formación Profesional pero se les retribuye lo mismo que a otras categorías a las que solo se les exige la ESO o el Bachillerato. Además, en la Comunidad Valenciana pretenden aplicarla de manera discriminatoria ya que mientras que la Consejería de Justicia, Interior y Función Pública sí aplicará la Ley porque tiene pocos afectados, la de Sanidad no lo hará porque tiene muchos. En vista de estas decisiones parece que las cortes autonómicas aprueban leyes para justificar ante sus ciudadanos los sueldos que cobran sus diputados”, manifiesta Isabel Lozano.
     “Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes suponen un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, SAE espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en la falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
     “Asimismo, esta es una reivindicación que está abanderando SAE en solitario ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.
     En las últimas semanas SAE ha mantenido reuniones con la jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat,  Luis Arquillos Cruz, portavoz de Justicia del grupo Ciudadanos, José Juan Zaplana López, portavoz de Sanidad del Grupo Partido Popular, José Mª Llanos Pitarch, portavoz de Justicia del Grupo Vox, Irene Gómez Santos, portavoz de Justicia del grupo Podemos, Javier Iñigo Dies, Subdirector General de RRHH, Rafael Juesas Aucejo, Jefe del Servicio de negociación colectiva, retribuciones y condiciones de Trabajo y con la Jefa del Servicio de Gestión de Personal de la Conselleria de Sanitat.

     Son muchos los problemas que tienen los profesionales Técnicos en Emergencias Sanitarias, por ello estos resultados nos impulsan para poder negociar en los foros en los que se decide el futuro del colectivo y, por lo tanto, conseguir mejores condiciones laborales y profesionales, como son, por ejemplo, la gestión del transporte sanitario de acuerdo a criterios asistenciales de calidad como en el resto de la atención sanitaria, el aumento de plantillas, salarios dignos, seguridad laboral y profesional o estabilidad en el empleo.
    “Los Técnicos en Emergencias Sanitarias merecen una organización sindical profesional que les defienda en todos los foros, empezando por la propia empresa, y FTPS es esa organización. Son muchos los retos que se nos plantean en esta nueva etapa, pero trabajaremos con la responsabilidad que merece cada uno de ellos para no defraudar la confianza que el colectivo de TES ha depositado en nuestras siglas”, explica Verónica Rodríguez, delegada de FTPS en Lanzarote.
     
 

Murcia 7 de octubre de 2021.- La secretaria autonómica de USAE en Murcia, Elisa Romero, y el delegado de los Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), Juan Antonio Cánovas López, se han reunido con el Gerente del 061 en la Comunidad de Murcia, Francisco Celdrán, a quien han trasladado las reivindicaciones de los TES.

                Entre las fundamentales está la reconversión de los conductores de transporte sanitario en Técnicos en Emergencias Sanitarias con el fin de evitar que coexistan dos categorías diferentes dentro del mismo colectivo profesional y la actualización de las funciones de los TES como parte integrante del equipo asistencial en las Unidades de Soporte Vital Avanzado.

                Asimismo,  se planteó la necesidad de valorar la plantilla actual de TES en el 061 y los proyectos de futuro que la gerencia de la unidad tiene para este ámbito sanitario, integrado en la Consejería de Salud

                Para Elisa Romero, secretaria autonómica de USAE en Murcia “es necesario una apuesta firme para materializar estas reivindicaciones. Es evidente que los TES no son transportistas ni conductores, son profesionales sanitarios y es ésta la consideración que deben tener todos estos profesionales titulados de la Formación Profesional capacitados para llevar a cabo funciones asistenciales específicas en el ámbito de sus competencias”.

                “Por su parte, Francisco Celdrán ha reconocido el esfuerzo de los Técnicos en Emergencias Sanitarias durante la pandemia de la Covid-19 y se ha comprometido con USAE a mantener una comunicación fluida respecto a las cuestiones que afecten a nuestros compañeros”,  finaliza la secretaria autonómica de USAE.

La pandemia ha traído consigo importantes cambios vitales y emocionales que han agravado los problemas de salud mental entre la población. España ha experimentado un incremento de los diagnósticos de ansiedad y depresión (un 6,7% de la población está afectada por uno u otro trastorno), convirtiéndonos en uno de los países europeos que más ansiolíticos consume (más de dos millones de españoles toman estas sustancias a diario).  
Pero estas cifras no son consecuencia de la pandemia; la salud mental en España siempre ha estado en un segundo plano y así lo subraya el hecho de que en nuestro país solo contemos con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 que tienen, como media, el resto de países europeos. Estas plantillas tan deficitarias hacen imposible ofrecer una atención adecuada a los pacientes, que precisan de tiempo y terapias individuales para mejorar su enfermedad y no tanto del consumo de psicofármacos.  
Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) no solo queremos aprovechar este día para poner de relieve la depresión, sino todas las enfermedades de salud mental, y reivindicar la urgencia de incrementar la ratio de psicólogos en Atención Primaria, como el primer nivel asistencial, tanto para detectar y prevenir trastornos incipientes como para tratar aquellos que están más avanzados.
“Según la Encuesta Nacional ENSE de 2017, una de cada diez personas mayores de 15 años ha sido diagnosticada con algún problema de salud mental, y un estudio del Consejo Nacional de Psicología arroja que un 40% de los encuestados tenía síntomas de depresión tras la pandemia y un 30% presentaba problemas de ansiedad. Por ello desde SAE queremos insistir en la necesidad de aprobar el Plan Nacional de Salud Mental para poder empezar a implementar los recursos humanos necesarios en el Sistema Nacional de Salud. Pero también es fundamental que la sociedad deje de minusvalorar la depresión y los problemas de salud mental y tome conciencia de que pueden afectar a cualquiera. Una información veraz y campañas de publicidad son clave para visibilizar la salud mental”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.