“Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos. Por eso, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) espera que todos los Técnicos de la FP manifiesten su oposición y no admitan esta enorme injusticia por más tiempo que se sustenta, únicamente, en  falta de voluntad política para aplicar la Ley”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

      El Sindicato de Técnicos de Enfermería, firme en su propósito de llevar a cabo la clasificación correspondiente,  solicitó tanto a la Consejería de Sanidad como a la de Función Pública la inmediata aplicación de lo dispuesto en esta Ley. La respuesta del Director General de Función Pública fue ágil reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos  en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”. Son estos profesionales, mayoritariamente del sector sociosanitario, quienes se integran en este ámbito administrativo.

      No ocurre lo mismo con los profesionales estatutarios que prestan sus servicios para la Conselleria de Sanitat que, eludiendo que las leyes entran en vigor cuando y como corresponde y, en este caso, la clasificación  de los Técnicos de la Formación Profesional, continúan esgrimiendo argumentos a su conveniencia. Supone pues que esta Ley va a generar una  discriminación entre profesionales con la misma categoría y titulación dependiendo de la Consellería para que la que presten servicios.

       “No hay justificación para que no se aplique la ley, e incluso el Subdirector General de Recursos Humanos  de la Conselleria de Sanitat reconoció la validez de nuestros argumentos y planteó elevar este asunto al Consejo Interterritorial. Pero  esta no es una alternativa válida, conocemos el funcionamiento de este órgano y el resultado de sus reuniones. Y lo cierto es que la aplicación de una Ley aprobada y publicada tiene poco que debatir. Mantener a los Técnicos en grupos de clasificación que no les corresponde es un despropósito y una ilegalidad que SAE no va a permitir” reconoce Isabel Lozano.

       “SAE  abandera en  solitario esta reivindicación ya que el resto de organizaciones sindicales y plataformas que dicen representar a estos colectivo no se han pronunciado en ningún momento respecto a la intención de la Conselleria, cuyo desinterés es evidente, pero lo más alarmante es la falta de implicación de aquellas entidades que dicen representar a los Técnicos de la Formación Profesional”, finaliza la secretaria de organización y comunicación de SAE.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha sido el único sindicato sanitario que hoy se ha manifestado, junto a miles de pensionistas, contra la anunciada reforma de las pensiones, que afecta a todos los trabajadores y, especialmente, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. 
Desde SAE hemos ejercido nuevamente, ya que fue denegado años atrás, nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones para que se inicien los procedimientos necesarios que concluyan en el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años para los profesionales sanitarios y sociosanitarios.
Estos profesionales se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran su salud y provocan altos índices de morbilidad, obligando a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Sin embargo, el endurecimiento de estos coeficientes que recoge la anunciada reforma penalizaría demasiado anticipar la jubilación o la haría inviable.
“Por todo ello, desde SAE continuaremos trabajando y sumándonos a todas las actuaciones encaminadas a frenar la anunciada reforma de las pensiones, que afectará, sobre todo, a los trabajadores en activo a día de hoy y, especialmente, a los profesionales sanitarios por la penosidad de los puestos de trabajo. En un país en el que cada vez se accede con más edad al mercado laboral y en donde la fijeza en el puesto de trabajo es casi una utopía para muchos –lo que supone periodos de tiempo sin cotizar-, serán muy pocas las personas que puedan acceder a esta jubilación anticipada, por ello es inadmisible que se quiera aumentar la edad de jubilación y alargar los años de cotización para alcanzar el 100% de la cuantía de la pensión”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se suma al Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria con un cartel que quiere concienciar sobre este problema de salud por el que anualmente, según estima el Consejo Español de RCP, fallecen 45.000 personas en nuestro país, superando las muertes por accidentes de tráfico o diferentes tipos de cáncer.

Ante una parada cardiorrespiratoria, cada minuto cuenta y uno de retraso en la atención hace disminuir un 10% las posibilidades de supervivencia. Por ello desde SAE queremos sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de conocer las maniobras básicas de reanimación para actuar de forma precoz: empezar a realizar las comprensiones en los cuatro primeros minutos conseguirá que los órganos no se encuentren tan dañados cuando lleguen los equipos de emergencias y aumenta las posibilidades de supervivencia en más del 50%.

“Pero, desgraciadamente, esta inmediatez tan necesaria solo ocurre en el 30% de los casos, por ello desde SAE reivindicamos un mayor compromiso de las diferentes administraciones públicas en la divulgación, a través de cursos formativos, folletos y campañas, que permitan a la población tomar conciencia de la importancia que su actuación tiene para salvar vidas y le dote de las herramientas y conocimientos necesarios para conseguirlo. Además, es urgente incrementar el número de desfibriladores semiautomáticos en los lugares públicos”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social y Formación de SAE.
 

Desde SAE llevamos años exigiendo la reducción de la edad ordinaria de jubilación con el 100% de su cuantía para el personal sanitario debido a las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad propias de la atención sanitaria. La última actuación en este sentido ha sido, nuevamente, ejercer nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, solicitando el inicio de los estudios necesarios para el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años; una petición que nos fue denegada años atrás. 
Las características de la profesión sanitaria obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican; sin embargo, el endurecimiento de los coeficientes que recoge la reforma penalizaría demasiado esta jubilación anticipada o la haría inviable.
“Tanto en la Atención Especializada como en la Primaria, los profesionales sanitarios y sociosanitarios se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo. Por ello SAE y los profesionales sanitarios acudiremos el día 16 a la convocatoria de manifestación junto a los pensionistas”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.
 

El artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.
Los profesionales sanitarios y sociosanitarios, tanto en Atención Primaria como en Especializada, están dentro de estas categorías, pues en su trabajo diario se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la fatiga mental, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo.
“Por todo ello, desde SAE hemos ejercicio nuevamente nuestro Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones solicitando la realización de un estudio en el que se contemplen la siniestralidad del sector, la morbilidad y mortalidad, las condiciones de trabajo -peligrosidad, insalubridad, toxidad, turnicidad, entre otros factores-, y los requerimientos físicos y psíquicos que precisa la atención sanitaria. Características que obligan a estos profesionales a jubilarse de manera anticipada, aún perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican. Por ello desde SAE exigimos la jubilación de los profesionales sanitarios a los 60 años sin penalizar”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.