Estos profesionales se ven obligados a realizar en exclusiva funciones como las movilizaciones de los pacientes o el envío de las muestras de laboratorio ralentizando las funciones de atención sanitaria propias de los Técnicos en Cuidados de Enfermería.           

            El celador que presta sus funciones en esta unidad lo hace también la 3º planta de la General, Diálisis de la General y Medicina General. También en Perpetuo Socorro lo que supone incluso que para llegar hasta allí ha de trasladarse en taxi.

            “En definitiva, un auténtico caos que se solucionaría asignando un celador en exclusiva para esta unidad”, manifiesta Juan Antonio Moreno, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Córdoba. “Así se lo han trasladado a la Directora de Enfermería del Hospital Universitario Reina Sofía las profesionales de la planta que, como no podía ser de otra manera cuentan, con el apoyo de SAE.

            “De hecho esta organización sindical emprenderá asimismo, las actuaciones que como sindicato pueda llevar a cabo hasta conseguir la asignación de un celador para esta unidad y que la dotación de profesionales en todos los centros de esta Unidad de Gestión esté debidamente equilibrada”, afirma el Secretario de Acción Sindical de SAE.

En reunión de Junta de Personal celebrada ayer día 2 de septiembre; la Dirección del IFBS, informó a los sindicatos de la necesidad de personal en la categoría de TCE/Auxiliar de Enfermería, teniendo abierta oferta continua a través de Lanbide.

Para más información sobre los trámites a seguir por aquellas personas en posesión de la titulación de TCE que estén interesadas en trabajar en el IFBS de Álava

• Llamar al teléfono de contacto de Oficinas IFBS 945151015.

        La responsabilidad individual de muchos ciudadanos que se han instalado la app para mantener un seguimiento de un posible contacto con un positivo de COVID-19 choca frontalmente con la mala gestión del trabajo de los rastreadores, la convierte en inútil y lo único que consigue es aumentar el miedo en la población.

        El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  en Castilla y León ha exigido a la Consejera de Sanidad que pongan en marcha las medidas necesarias para que la labor de estos rastreadores tenga el efecto deseado que, desde luego, no es el de aumentar miedo o inseguridades.

        Una vez recibido el mensaje de alerta que informa del contacto con un positivo de COVID-19 empieza el calvario de los usuarios. Puestos en contacto con el teléfono facilitado por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo el control y seguimiento de estos casos y evitar así la expansión del virus es imposible conseguir contactar con un profesional que realice una PCR o indique el seguimiento establecido.

        El contestador automático habilitado para tal fin únicamente indica los números que hay que marcar en función de la situación individual pero es extremadamente difícil que el final sea entablar conversación con uno los rastreadores o conseguir una cita para la realización de una prueba PCR.

        Esta circunstancia está llevando a que, ante la confirmación de Radar Covid de haber tenido contacto y el miedo a haberse contagiado, los usuarios acudan a la sanidad privada y que todos los miembros de la unidad familiar se sometan a la prueba PCR. El precio medio de una de estas pruebas ronda los 150 euros.

            Pese a ello, se ha publicado una orden formal capacitando a que en el  IFBS se permita la contratación para la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería, a trabajadores sin la titulación requerida para el puesto y en su lugar contratar a personas que dispongan del certificado de profesionalidad de “atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”.

            Prescindir del requisito imprescindible de la titulación supone una merma en la calidad de los cuidados que se prestan a nuestros mayores. Es inaudito en cualquier establecimiento, pero mucho más cuando esta situación se permite en los centros públicos rebajando los requisitos en la titulación, tal y como se establece en la citada orden foral para acceder a un puesto en una administración pública, que equipararía a las residencias del IFBS con la precaria situación que se vive en los centros privados, donde en muchos de ellos los residentes son atendidos por personal con nula o escasa formación sanitaria.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha exigido formalmente ante la Consejera de Trabajo y Políticas Sociales que en todas las residencias privadas se exija la titulación de Técnico en Cuidados de Enfermería. Es sencillamente inadmisible.

            SAE ya comunicó tanto al Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como máximo responsable de la gestión y, por tanto, de los profesionales de las residencias de mayores y centros socio sanitarios, así como a los responsables de las consejerías competentes en cada comunidad autónoma, que se apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros.

            Para este Sindicato, la primera muestra de consideración a nuestros mayores debe ser la de asegurarles la atención adecuada por los profesionales indicados, debidamente formados. El cuidado, el respeto y la protección a las personas mayores debe estar entre las prioridades de cualquier sistema de salud.

         Pese a estas circunstancias, el Servicio Canario de Salud derivó a esta profesional al servicio público de salud considerando, a pesar de todos los informes y reconocimientos médicos aportados, que no se trata de un accidente de trabajo.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha presentado la reclamación previa no solo ante el Servicio Canario de Salud, sino que también lo ha hecho ante Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Soical  y la Mutua MAC. Sin embargo, ésta es una reclamación previa a la vía jurisdiccional  a la que SAE no dudará en llegar si no se modifica la consideración de este incidente.

         Para SAE es más que evidente que se dan los requisitos para que se disponga la declaración de accidente laboral accidente laboral el sufrido por la reclamante durante su jornada laboral y en su puesto de trabajo en la UCI del Hospital General de la Palma.  Por tanto, de no rectificarse esta consideración la asesoría jurídica de SAE llevará a cabo las acciones oportunas.