Dentro de la campaña “SAE con las enfermedades raras”, a través de la cual nuestra Organización quiere aportar su granito de arena a la visibilización de estas patologías menos conocidas y, por lo tanto, más abandonadas por la Administración, vamos a dedicar el mes de febrero al Síndrome de Rett.
Las principales reivindicaciones que tienen los afectados por este síndrome, que afecta alrededor de 2.500 menores en nuestro país, son una mayor inversión en investigación, el incremento del número de terapias subvencionadas, un mayor apoyo a las familias, una mayor integración en la sociedad y un incremento de la formación e información para los profesionales.
    Así nos lo han trasladado desde la Asociación Española Síndrome de Rett, en donde, entre otras cuestiones, trabajan por acabar con la desigualdad que existe actualmente entre las Comunidades Autónomas para otorgar las subvenciones, instando a la Administración a que ponga en marcha un plan que desemboque en una mayor equidad, teniendo siempre como referente la comunidad en la que mejor se están realizando las cosas.
“El diagnóstico de una enfermedad rara es un punto más en un largo camino que, tanto los pacientes como sus familias, tienen que hacer acompañados de profesionales con la debida formación. Por ello, nos sumamos a todas las reivindicaciones de los afectados por este síndrome y, especialmente, exigimos a las distintas administraciones que articulen las herramientas necesarias para que todos los profesionales sanitarios puedan tener acceso a una formación adecuada para atender a los afectados por el Síndrome de Rett según sus necesidades particulares”, explica Daniel Torres, secretario de Acción Social y Formación de SAE y coordinador de la campaña.
 
 

La incapacidad de la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga para conseguir un incremento de profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería para adaptar las plantillas a las necesidades reales que actualmente tiene el servicio de cirugía, obligó ayer a que un único TCE tuviera que atender a los 38 pacientes que había ingresados en la unidad durante el turno de tarde.

Recientemente, el centro hospitalario ha aumentado su actividad quirúrgica realizando intervenciones tanto en el turno de mañana como en el de tarde, sin embargo, las plantillas de TCE continúan siendo las mismas, lo que genera una elevada sobrecarga laboral entre los profesionales, que se ven desbordados al no poder llevar a cabo su trabajo con las garantías de seguridad que éste exige ni con la calidad a la que el usuario tiene derecho.

“Es cierto que las plantillas están cubiertas al 100%, según las ratios establecidas hace años, sin embargo, la situación actual de la unidad de cirugía no es la misma que era entonces, por lo que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería exigimos que estas ratios se adecúen a la realidad actual del servicio, cuyo número de ingresos se ha incrementado considerablemente”, explica Miguel Ángel Guerrero, secretario de Organización y Comunicación de SAE en Málaga. 

“La mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, expresada por el Gobierno Andaluz no va a ser posible para los profesionales de la sanidad andaluza habida cuenta de que algunas de las medidas establecidas no podrán ser aplicadas entre estos colectivos como, por ejemplo, las actividades de autoaprendizaje o desarrollo autónomo, la preparación de tareas y reuniones, planificación de actividades o la realización de actividades de investigación en materia de administración y gestión pública” manifiesta Cristóbal Arjona, portavoz autonómico de USAE en Andalucía 
Los profesionales sanitarios entienden que, “las medidas recogidas por la Junta de Andalucía en el decreto de las 37,5 horas para la jornada laboral de los empleados públicos, son claramente discriminatorias y machacan de forma flagrante a los trabajadores sanitarios”.
Por ello, han solicitado formalmente a la Presidenta de la Junta de Andalucía que se retire el documento mencionado y se elabore un nuevo documento en el que no se incluyan discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional.
En cualquier caso, debe admitirse que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de Administración General e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario.
Asimismo, los sindicatos han solicitado, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de administración general e instrumental,  que se admita e incluya en el nuevo documento para el sector sanitario la formación acreditada bien por las Universidades o  por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.

Reivindicación

Por ello hemos participado en la última manifestación celebrada en Castilla y León en defensa de la sanidad pública, pero no nos hemos sumado al manifiesto ya que consideramos que esta convocatoria ha olvidado lo realmente importante: la sanidad, sus profesionales y sus usuarios, celebrándose con un manifiesto de trasfondo político con el que SAE no está de acuerdo.
 
“Desde nuestra organización siempre apoyamos, y en múltiples ocasiones convocamos, todas las iniciativas que se ponen en marcha para presionar a los responsables políticos y exigirles aquellas mejoras que son necesarias para que nuestra sanidad pública siga creciendo y adaptándose a las necesidades de los usuarios –mayor número de centros, apertura de camas, mejor cobertura sanitaria, etc.- y de los profesionales –incremento de recursos humanos, mejoras laborales y retributivas, mejores gestores, etc.-. Pero no vamos a aceptar ni a firmar un manifiesto que claramente está utilizando la sanidad pública para hacer campaña política”, explica Ana Mª Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y Léon.

 “Esta negativa a colaborar es una muestra más del manifiesto menosprecio que la Consejería ejerce con los profesionales que integran el segundo colectivo sanitario más numeroso de la sanidad llevándose a términos que rozan la falta de legalidad, dado que desatiende, incluso, las demandas del Diputado del Común Canario” afirma Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería reclaman una actualización de sus funciones acorde a su formación académica actual y no a una obsoleta norma preconstitucional del año 1973.

Una de las consecuencias evidentes con esta actualización sería la de conseguir optimizar recursos que redundarían en una mejor y adecuada calidad asistencial para los usuarios de la sanidad.

“El caos que sufre la sanidad canaria y todo lo referente a sus profesionales y sus usuarios no es fruto de infortunio puntual sino de los efectos de la peculiar gestión, por ser benevolentes en cuanto a la utilización de términos, que se está llevando a cabo desde hace años.  Podríamos hablar de una OPE ofertada en el 2007 y tras once años aún no resuelta, el prolongado déficit de profesionales sanitarios para atender a una población envejecida, el colapso de los servicios de urgencias, etc…” manifiesta Isabel Lozano.

“Como cualquier autoridad, funcionario, agente o personal público, en el sentido más amplio, la Consejería de Sanidad está obligada a colaborar con el Diputado del Común en el ejercicio de sus funciones. Por ello, desde SAE esperamos que la Consejería tome nota, reflexione y atienda la demanda del Diputado del Común”, finaliza la responsable de SAE.