El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha recibido, con relativa satisfacción, este compromiso por el que se modifica la categoría estatutaria de Auxiliar de Enfermería por la de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Ésta, que siempre ha sido una reivindicación de SAE no recoge plenamente las expectativas de los profesionales. Concepción Franco, Secretaria Autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en Castilla La Mancha explica que “la denominación Auxiliar de Enfermería está absolutamente desfasada y ni siquiera se ajustaba a lo legalmente establecido en los Reales Decretos 549/1995 y 558/1995. Sin embargo, en todo este tiempo es evidente que la profesión ha evolucionado y, con ser ésta la que indica el Ministerio de Sanidad, tampoco es la denominación que corresponde al colectivo, pues debería ser, tal y como reclama SAE, recogiendo la demanda de los profesionales, la de Técnicos en Cuidados de Enfermería o Técnicos de Enfermería”, manifiesta la Secretaria Autonómica de SAE.

“Somos personal de enfermería y los cuidados son básicos o especializados, en ningún caso son auxiliares, por lo que este concepto no tiene ninguna justificación en lo referido a los profesionales de enfermería. Nuestra lucha es evidente y justificada: queremos que nuestra denominación se ajuste a la situación real”, continúa la responsable autonómica de SAE.

            Desde SAE continuaremos con esta reivindicación hasta que se adapte la denominación del colectivo a la realidad social y sanitaria en todos los servicios de salud. De hecho, paulatinamente, y gracias a la persistencia de SAE se está logrando que desparezca esta denominación desfasada y obsoleta.

Así lo ha anunciado la Comisión de Recursos Humanos, integrada por las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Las primeras convocatorias corresponderán a las categorías más numerosas, entre ellas la Técnicos en Cuidados de Enfermería, mientras que el resto de categorías se examinarán en el segundo semestre o, incluso, a primeros de 2020.

La complejidad del proceso de coordinación entre las distintas comunidades autónomas,  la elaboración del temario único o el establecimiento de baremos comunes serán objeto de múltiples reuniones a lo largo del año 2018 que en definitiva hará que el proceso se dilate en el tiempo mucho más de lo que los profesionales aspirantes a consolidar su puesto de trabajo desean.

Con esta medida, los sindicatos de la Sanidad denuncian el ataque que supone el recurso interpuesto por el Gobierno Central contra la jornada laboral de 35 horas vigente en Andalucía, generando incertidumbre e inestabilidad laboral a miles de profesionales. Por eso, con estas movilizaciones realizan un llamamiento tanto al ejecutivo central como al andaluz para que se saque a la Sanidad Pública, y en especial a los profesionales que la hacen posible cada día, de la confrontación política.

De no alcanzarse un acuerdo SATSE, SMA, SAE, FATE y SACECO apelan a que la Junta de Andalucía, si realmente quiere realizar una defensa de los derechos de sus trabajadores, ejerza su capacidad de autoorganización para respetar las condiciones laborales de los profesionales, así como el empleo generado por la vuelta a las 35 horas. Sin olvidar la calidad asistencial y seguridad para el paciente aportados por la recuperación de profesionales para dar atención sanitaria y cuidados.

Los sindicatos profesionales aseguran que no pueden permanecer impasibles ante la posibilidad de retorno a las 37,5 horas, ya que esta jornada laboral cuando estaba vigente trajo consigo muchos problemas, tanto a nivel de efectivos como en su aplicación. Y es que la jornada de 37,5 horas supuso una destrucción de empleo importante en la Sanidad, lo que generó un elevado déficit de profesionales en los centros, y por ende, un empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía.

Retornar a las 37,5 horas sería una medida que afectaría gravemente a los empleados públicos andaluces, muy especialmente a los profesionales sanitarios, por lo que esperan que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico, ya que, concluyen, la jornada laboral de las 35 horas es fundamental para contar con empleos de mayor calidad y prestar unos servicios óptimos y en condiciones de seguridad a la ciudadanía.

Palma, 30 de agosto de 2017. Los TCE llevan tiempo soportando una sobrecarga laboral como consecuencia de la escasez de profesionales que no se solucionará mientras las plantillas no se correspondan con las necesidades reales de los servicios. Sin embargo, el argumento de la limitación de la tasa de reposición para no aumentar el número de plazas no es excusa para que no se lleven a cabo las contrataciones para sustitución de los profesionales en situación de Incapacidad Temporal o descansos reglamentarios y que sobrecargan indebidamente a los profesionales.

El reconocimiento oficial por parte del IB-Salut de la escasez de plazas para Técnicos en Cuidados de Enfermería convocadas en la Oferta Pública de Empleo de Baleares no es ninguna novedad ni para IB Salut, ni para SAE ni, por supuesto para los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) Sin embargo, no es la escasez de plazas lo que más malestar ha generado entre los TCE.

El anuncio realizado en la tarde de ayer en relación con la moratoria de dos años en la exigencia del catalán, únicamente para médicos y enfermería diplomada, además de ser discriminatorio, es un agravio inasumible para todos los profesionales TCE que se presenten a la convocatoria de ayer, a quienes sí se les exige un determinado nivel de catalán.

Permitir una nueva moratoria de dos años para otros profesionales a la larga es dispensarles de un requisito que para los Técnicos en Cuidados de Enfermería es obligatorio.

Si bien el objetivo de la Administración es “facilitar que los usuarios de la red sanitaria pública puedan ser atendidos en catalán” de seguir así, solamente serán atendidos en catalán por los Técnicos en Cuidados de Enfermería.

SAE está llevando a cabo un estudio de las repercusiones que se van a derivar de esta nueva situación en relación con los criterios lingüísticos y no descarta emprender acciones legales contra esta situación si se confirmara la flagrante discriminación que este hecho tendría en los profesionales de la enfermería básica.

1. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, esta Junta de Personal quiere solidarizarse con el dolor de los familiares y allegados de la fallecida, a los que deseamos transmitir nuestras condolencias y el más sentido pésame.
2. Asimismo, como Junta de Personal trasladar nuestro máximo apoyo a los trabajadores del Hospital Virgen de Valme, que se encuentran muy afectados por la tragedia ocurrida en el centro, así como mostrar nuestro reconocimiento a los profesionales que el pasado domingo hicieron todo lo posible por evitar el trágico desenlace.
3. La Junta de Personal ha solicitado a la Dirección del centro que a la mayor brevedad y diligencia se esclarezcan las causas que provocaron el accidente, ya que la demora en las investigaciones sólo genera incertidumbre e incógnitas entre profesionales y usuarios.
4. En tanto se determinan las causas que provocaron el siniestro, desde la Presidencia de la Junta de Personal se ha reclamado a la dirección que se implementen medidas adicionales de seguridad en los traslados de los pacientes, tales como que dichos traslados sean realizados por dos celadores cuando se trate de pacientes dependientes o cuya movilidad se encuentre reducida. Dicha propuesta es respaldada de forma unánime por los sindicatos de la Junta de Personal y es aceptada por parte del equipo de dirección del hospital en la reunión celebrada el lunes.
5. También se solicita por parte de la Juta de Personal que se habiliten la segunda puerta de los ascensores en planta primera y segunda para mayor rapidez en los traslados de pacientes de UCI y quirófanos, propuesta que no es respondida por la dirección.
6. Además, en aras de la transparencia, la Junta de Personal ha solicitado información y copia del contrato de mantenimiento del Hospital con la empresa que mantiene los ascensores.
7. Por su parte, según informó la Dirección Económico-Administrativa, la última revisión de los ascensores se había pasado el 12 de agosto y que además contaba con la inspección reglamentaria del Organismo de Control Acreditado realizada el mes de mayo de 2017. Asimismo, han explicado que no existen constancia de quejas en los últimos días sobre el funcionamiento deficiente del ascensor y que en la noche del domingo se realizó una revisión completa de los ascensores del centro hospitalario.
8. La Directora Gerente se ha comprometido a informar de forma puntual al Comité de Seguridad y Salud de todas las investigaciones que se realicen y actualmente el caso se encuentra bajo investigación judicial. Por tanto, desde la Junta de Personal se espera conocer el resultado las pesquisas abiertas antes de decidir emprender cualquier acción.
9. En cualquier caso, la Junta de Personal ha trasladado a la Dirección Gerencia que colaborará en cualquier actuación o investigación que se considere oportunas para dar garantías de seguridad a trabajadores y usuarios.
10. Por último, desde la Junta de Personal se apoyará cualquier acción que desde la mayoría de los profesionales del centro hospitalario se decida emprender al respecto.