Lo que se vivió el pasado viernes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria durante el acto conmemorativo del 35 aniversario de la inauguración del centro hospitalario malagueño no tiene precedentes. La aparición de unos 60 vigilantes de seguridad contratados por la gerencia del hospital durante la celebración, que impidieron que el personal sanitario pudiese concentrarse para que los trabajadores manifestaran su descontento con sus directivos, así como poder deambular por el recinto a empleados y pacientes, además de no invitar a trabajadores y representantes de la Junta de Personal a la misma, ha generado un descontento generalizado.

Un hecho que demuestra el desprecio con quienes son la columna vertebral y auténticos generadores de la actualidad del hospital y con los trabajadores ante una situación atípica y de pánico entre los usuarios que se mostraron sorprendidos y atemorizados con el incremento de la seguridad, preguntándose así mismos lo que ocurría. Actitud que fue calmada por los profesionales, trasladándole a los pacientes que tan solo había un acto, aunque pareciera que asistiría al mismo una máxima autoridad. Ese es el ‘Plan de Humanización’ del que tanto se jacta el gerente del centro.

Es sorprendente esta medida adoptada por la gerencia cuando los diferentes órganos colegiados y representativos de los trabajadores del hospital están cansados de solicitar y exigir más vigilancia y contratos de trabajo para los profesionales sanitarios, y la única respuesta es que no hay más presupuesto con un “se estudiará”, “se le dará una vuelta” o “estamos pendientes de que nos reciban en Sevilla”, entre otras excusas.

En cambio, para el aumento de la seguridad y el catering para los invitados al acto no hubo ningún problema para asumir los costes que ello supone.
 
Asimismo, es llamativo que la dirección no invitara a la celebración a la Junta de Personal, con lo que se demuestra que la gerencia no conoce, a estas alturas, quien representa a sus empleados.

Por ello, los representantes de los trabajadores del CSIF, FTPS, SATSE y SMM en el hospital quieren mostrar su máximo descontento con el director gerente del centro hospitalario, Jesús Fernández Galán, por no ser invitados al acto, excepto directivos y exdirectivos, asociaciones y otras instituciones, y el abuso de poder con los profesionales que impuso el pasado viernes.

En 2021 el SESCAM se comprometió con SAE y el resto de organizaciones sindicales a alcanzar un acuerdo riguroso y equilibrado que pusiera fin a esta situación. Sin embargo, los profesionales siguen en la misma situación de discriminación con respecto al resto de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Todos los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, a excepción de Castilla-La Mancha, tienen abierto este proceso de acreditación lo que supone que muchos profesionales con experiencia y formación prefieren optar a un puesto en servicios sanitarios de otras comunidades autónomas donde sí se les reconoce este esfuerzo individual.

            SAE considera que esta situación no puede prolongarse durante más tiempo de manera que los profesionales no puedan cumplir este derecho e insiste al SESCAM en la necesidad de poner fin a la misma.

El personal del centro ha trasladado los problemas que tienen para realizar las funciones y que podrían llegar a tener consecuencias para los internos. Entre otras cuestiones algunas trabajadoras están realizando funciones para las que no disponen de formación, ni preparación académica lo que no solo genera un riesgo para ellas, sino que podrían llegar a tener consecuencias para los internos.

Por otro lado las gerocultoras tienen formación específica, pero se les asignan funciones que no les corresponden como la administración de medicación e incluso, en ocasiones, la gestión de situaciones de urgencia ante la ausencia de enfermero o médico de manera presencial la mayor parte del tiempo.

            Ante las carencias existentes son prioritarias muchas medidas que pasan por el refuerzo de profesionales, la existencia de un libro oficial de incidencias, personal enfermero de manera presencial en el centro e incluso otras mejoras imprescindibles en lo que respecta al mobiliario, excesivo en algunas habitaciones, e inadecuado en el comedor para usuarios con sillas de ruedas.

 El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha denunciado con anterioridad estos hechos y a pesar de ser un problema estructural no se ha llevado a cabo ninguna medida para modificar ni paliar tal situación y ha habido reuniones previas con los responsables del centro sin que se haya tomado ninguna medida que ponga fin a estas situaciones.

Los profesionales sanitarios del H.U. Reina Sofía llevan más de un mes concentrándose en turnos de mañana y tarde en el centro hospitalario ante la escasa contratación de trabajadores en todas las categorías, lo que, ante la llegada del periodo estival, está complicando la atención generando una situación límite con el cierre de servicios y camas.
A la falta de contrataciones hay que añadir la ausencia de cobertura para incapacidades temporales, reducciones de jornada, jubilaciones, permisos de maternidad y paternidad, permiso de lactancia, excedencias, desempeños de cargo, llegando incluso a la denegación de permisos reglamentarios. 
Los ciudadanos son los grandes perjudicados, por lo que muchos de ellos se han sumado de manera espontánea a esta manifestación multitudinaria, que demuestra el hartazgo de profesionales y usuarios ante el desmantelamiento de la sanidad andaluza.
“La disminución de profesionales está dejando los efectivos por debajo del mínimo, lo que va directamente ligado a un aumento en las listas de espera, un mayor tiempo de espera en urgencias para ser atendido, más conflictos y agresiones a los profesionales, que han aumentado en el primer trimestre del 2024 un 300%. Ante esta situación, exigimos la inmediata contratación de profesionales que permita la apertura al 100 % de camas y servicios con la dotación de recursos humanos al completo para que se asegure una adecuada atención a los pacientes, que garantice la excelencia y humanización en los cuidados, así como unas condiciones laborales justas para los profesionales”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

Desde hace meses, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) venimos denunciando las diferentes actuaciones que está llevando a cabo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para desmantelar la sanidad pública. Entre estas acciones destaca el ataque directo a sus profesionales y, por tanto, a sus usuarios, a través de la inacción para realizar contrataciones, cubrir incapacidades temporales, permisos o reducciones de jornada. Esta situación no solo merma la salud mental de los trabajadores y repercute en su salud física a través de las sobrecargas laborales, sino que obliga al cierre de camas, servicios, quirófanos, incremento de listas de espera...
 Desde hace semanas nos estamos concentrando contra el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza que el Gobierno de Moreno Bonilla está perpetrando a través del SAS, cuyos responsables parece que tienen una cruzada abierta contra los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE): Ayer desayunamos con la aprobación de un presupuesto para incrementar efectivos en la sanidad andaluza en el que no se contempla a los TCE, y hoy con un incremento abusivo en la nota de corte de la Bolsa de Empleo que imposibilita la contratación de cerca de 10.000 profesionales de esta categoría. 
Hace unos días, denunciamos el aumento en diez puntos en la nota de corte de Técnicos de Farmacia y de Técnicos Superiores de Documentación Sanitaria, y avisamos de que el SAS podía repetir esta práctica con otras categorías. Y así ha sido con los TCE, dejándonos a los profesionales perplejos, desconcertados y con un malestar evidente al haber incrementado en 12 puntos nuestra nota, pasando de 25,5 a 37,5. Conseguir estos 12 puntos supone tener un tiempo trabajado de tres años y medio completos o tres formaciones académicas sanitarias, aparte de la Formación Profesional de TCE. Unos requisitos excesivos que van a dejar sin posibilidad de conseguir un contrato a cerca de 10.000 profesionales. 
“Los profesionales TCE nos están trasladando su evidente malestar ante este abuso, pues después de contar con una formación adecuada para alcanzar la puntuación exigida, ahora se ven en la calle al haberse generado este indecente incremento. Esta decisión, que seguramente se aprobó en Mesa Sectorial sin que ninguna organización sindical presente haya informado, añade una merma más a un sistema cada vez más debilitado por la falta de recursos humanos. No sabemos muy bien a qué está jugando el SAS, pero, desde luego, no está apostando por una sanidad de calidad para nadie, ni para profesionales ni para usuarios, por lo que desde SAE emprenderemos las acciones que consideremos necesarias para defender una sanidad que nos pertenece a todos y que esta mala gestión está haciendo agonizar”, explica Cristian Braza, secretario de Organización y Comunicación de SAE en Andalucía.