A la petición expresa e individual de cada uno de los profesionales hay que añadir la sugerencia normativa que el Defensor del Pueblo ha planteado al Gobierno de Navarra

“El Defensor del Pueblo ha utilizado la fórmula en la que sugiere la modificación de la norma y en la misma hay un reconocimiento implícito de que se está producido una situación injusta con los profesionales” manifiesta Begoña Ruiz.

Confiamos en que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta tanto a los profesionales como al Defensor del Pueblo y ponga fin de forma definitiva a esta situación.

 “No obstante, con ser la legalmente establecida no es la que se adapta a la realidad actual ya que debería reconocernos  como lo que somos: Técnicos en Cuidados de Enfermería”, recuerda la secretaria autonómica de SAE, Rosa Romera.

En el transcurso de la reunión mantenida, los responsables autonómicos de SAE  trasladaron  al consejero de Sanidad las reivindicaciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, recogidas en su mayoría en el Libro Blanco de la profesión de Técnico de Enfermería editado por la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) y que recoge un exhaustivo estudio elaborado por la Universidad Europea Madrid cuyas conclusiones son argumento suficiente para impulsar una serena reflexión sobre la necesidad de promover una planificación adecuada y coherente de los recursos humanos y materiales para los próximos años.

El estudio aporta, entre otras conclusiones, la necesidad de racionalizar los recursos humanos en Sanidad para dar respuesta a los nuevos retos de salud que requieren cada vez más una mayor participación pluridisciplinar ante una sociedad cada vez más envejecida.

            Rosa Romera, secretaria autonómica de SAE ha insistido, además, en las reivindicaciones fundamentales para los Técnicos en Cuidados de Enfermería como el cambio de denominación del colectivo y su adaptación a lo estipulado en los Reales Decretos que rigen su formación.

Asimismo, se ha recordado la necesidad de implantar la figura del Coordinador de TCE y los excelentes resultados que está demostrando en aquellas comunidades autónomas donde se ha implantado este mando intermedio que conlleva una gestión eficiente de recursos que repercute en una reducción de costes, lo que es una prioridad para el sistema sanitario.

            Asimismo, la prestación de una calidad asistencial digna y humanitaria debería figurar entre las prioridades de la sanidad. “Para los profesionales es muy difícil mantener este nivel de exigencia, si las plantillas no se actualizan a las necesidades reales de la población y, por ejemplo, se mantiene a un único TCE en el turno de noche en la planta de Medicina Interna de algunos hospitales. SAE  ha solicitado, por tanto, refuerzos de plantillas con un segundo profesional en el turno de noche y un cuarto profesional en el resto de turnos en todas las plantas”, afirma Rosa Romera.

“Hemos insistido en la necesidad de aumentar las plantillas porque es inadmisible que un TCE atienda una media de  30 pacientes, de los que la mayoría son pacientes encamados. A la sobrecarga laboral que esta deficiencia de profesionales genera se añade el estrés que padecen estos profesionales por la frustración de no poder garantizar la calidad de la atención al que usuario tiene derecho”, finaliza Rosa Romera.

Cristóbal Arjona manifiesta que “hemos mantenido una reunión en la que se han trasladado las carencias que sufre el colectivo. Sin lugar a dudas, la falta de profesionales en todos los centros de trabajo es la más alarmante y, como consecuencia de las deficitarias plantillas surgen: la sobrecarga de trabajo, el estrés que padecen casi la totalidad de los profesionales o la merma de la calidad asistencial que afecta directamente al usuario”.

“Hay, igualmente, problemas que se generan por la falta de actualización de las funciones del colectivo que generan situaciones polémica y que son fácilmente evitables.  Por ejemplo, dentro de las funciones de los TCE no está contemplada la recogida de los contenedores de residuo del tipo III,  y, sin embargo se derivan a este colectivo, también hay un serio problemas con el tema de limpieza. Esto supone un despilfarro de dinero público que los TCE tengan que realizar funciones para las que hay personas de las empresas contratadas… entre otras situaciones”  manifiestan los responsables de SAE.

Además, muchas de las situaciones que surgen a diario en los centros de trabajo se solventarían de manera más eficaz si se implantara definitivamente, la figura del Coordinado de Técnicos de Enfermería que SAE reivindica como figura que desde los equipos de enfermería preste la debida atención a los problemas específicos del colectivo de TCE de forma que se daría la solución adecuada a problemas específicos.

Hace casi 30 años la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad y el Comité de Derechos Humanos ha condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, sin embargo el aumento de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI demuestran la necesidad de continuar celebrando el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, al que este año se suma SAE con una clara reivindicación a los distintos sistemas de salud: mayor inversión en formación en materia de orientación e identidad sexual entre los profesionales sanitarios con el objetivo de romper estereotipos, concienciar y sensibilizar a los profesionales y ofrecer una asistencia inclusiva, libre de estigmas y de discriminación, teniendo en cuenta, particularmente, las necesidades específicas de las personas transgénero en materia sanitaria. 
Un 10% de las personas LGBTI sufre discriminación en la asistencia sanitaria y este porcentaje aumenta a un 19% en el caso de personas transgénero, según los datos de la encuesta realizada en 2013 por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), que pone de manifiesto igualmente que un 47% de las personas encuestadas -93.000 en todos los Estados miembros de la Unión Europea y Croacia- son acosadas por su orientación sexual, un 26% son agredidas o amenazadas con violencia por sus preferencias y un 66% tienen miedo a ir por la calle de la mano de una pareja del mismo sexo. 
Aproximadamente uno de cada cinco encuestados que acudieron a servicios de atención sanitaria (22%) o servicios sociales (19%) en el año anterior al sondeo sintieron que el personal de estos servicios les había tratado de manera discriminatoria por el hecho de ser transgénero: un 71% de las personas que solicitan asistencia relacionada con las necesidades derivadas de su identidad de género mencionan experiencias positivas con psicólogos, psiquiatras u otros espe¬cialistas o profesionales sanitarios. Sin embargo, la tasa de satisfacción disminuye a menos de la mitad (45%) en lo que concierne a los médicos generalis¬tas: El 20% afirma que su médico no parecía dis¬puesto a ayudar, y el 10% indica que simplemente se negó a ayudar. 
 “En este sentido, el 79% de las personas transgénero indican que una mayor variedad de opciones de tratamiento mejoraría su calidad de vida, por ello el sector público debe desarrollar estrategias que favorezcan la diversidad y la igualdad de trato en la asistencia sanitaria y fomentar servicios sanitarios específicamente destinados a las personas transgénero, garantizándoles un trato equitativo y respetuoso y facilitándoles el acceso a tratamientos de reasignación de género y, cuando no estén disponibles, apoyar a los individuos a acceder a este tipo de tratamiento en un Estado miembro de la Unión Europea que sí lo ofrezca”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE. 
La actualidad de estos datos viene marcada por el último informe, presentado en 2017, de la situación de la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid, que recoge el análisis de 321 incidentes de odio registrados tanto en municipios de la región como en todos los distritos de la capital, o por el informe francés de 2017 presentado por SOS Homophobie donde se concluye que tras 2 años consecutivos disminuyendo el número de testimonios recibidos, la LGTBfobia progresa de nuevo en 2016 con un aumento del 19,5% de testimonios recogidos por la entidad, situándose las personas transgénero entre las primeras víctimas de esta subida (más del 76% de los testimonios). 
 

Así se lo ha notificado el alto comisionado del Parlamento de Navarra a la Secretaría autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería, respondiendo a la queja formulada por SAE respecto al trato discriminatorio sufrido por los Técnicos en Cuidados de Enfermería con respecto al resto de personal sanitario de Navarra derivado de la falta de desarrollo legislativo a la carrera profesional.

El Defensor del Pueblo considera que lo previsto en la legislación no excluye a estos profesionales del sistema de carrera profesional e insiste en que no se aprecian razones que justifiquen que no se incluye a este personal manifestando que “tanto el derecho a la carrera profesional, como la orientación que tiene el sistema de carrera profesional a la mejora del servicio público sanitario (valorando, en resumen, la experiencia y la formación y perfeccionamiento profesional del personal) se presentarían en términos similares en el caso del personal técnico”.

            “La ausencia de carrera profesional discrimina al personal afectado y es un derecho que ha establecido en todas las comunidades autónomas, con excepción de Navarra”.

            “Por otro lado, en el informe del Departamento de Salud,  que es preceptivo del marco normativo vigente, no se justifica el porqué de la diferencia de trato legislativo que motiva la queja”.

Si bien el dictamen de la institución no es vinculante, ésta emplea la fórmula de la sugerencia normativa utilizada para sugerir al Parlamento de Navarra o a la Administración competente la modificación de leyes y de otras normas si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de dichas normas puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los ciudadanos.

Por tanto, en el caso de que la Administración continúe manteniendo esta agraviante discriminación contra el colectivo de Técnicos Sanitarios será una muestra inequívoca de actuar de espaldas a la ciudadanía y a sus propias instituciones y, siguiendo la recomendación del Defensor del Pueblo, ejercitaríamos las acciones oportunas ante el órgano judicial competente”, finaliza la Secretaria Autonómica de SAE en Navarra.

Confiamos en que el Gobierno de Navarra tenga en cuenta esta sugerencia normativa  y ponga fin de forma definitiva a esta situación.