Los profesionales sanitarios y no sanitarios del Área de Salud de La Palma han respaldado con sus votos a USAE en las elecciones celebradas ayer, otorgándonos un total de tres delegados a la Junta de Personal.
    El apoyo recibido ha impulsado nuestra candidatura, convirtiéndonos en la primera fuerza más votada en especializada y la segunda en total, lo que afianza nuestro papel en la defensa de los derechos de los profesionales Técnicos Sanitarios. 
    Sin lugar a dudas, será más fácil defender las reivindicaciones fundamentales de estos profesionales, que pasan por la jubilación anticipada a los 60 años sin penalización, el reconocimiento del C1 para los Técnicos de Grado Medio y del B para los de Grado Superior, el aumento de plantillas, la recuperación de los derechos perdidos durante la crisis, o la actualización de nuestras funciones. 
    “Es evidente que muchos proyectos y objetivos precisan de una lucha continua en el tiempo y que éste a veces se extiende más de lo que nos gustaría a todos, pero los profesionales sanitarios de La Palma han sabido ver que nuestro compromiso con sus derechos es constante y sincero y por ello han depositado su confianza en nuestras siglas, lo que nos impulsa a seguir trabajando con tesón y esfuerzo en cada una de nuestras actuaciones para reivindicar sus derechos”, explican las responsables de USAE en La Palma.

La responsable de riesgos laborales de SAE, Ana González, planteó la necesidad de invertir y concienciar a los trabajadores y empleadores sobre la implantación de medidas para evitar la exposición a riesgos en los diferentes ámbitos laborales. En este sentido, recalcó la importancia de los mínimos establecidos por la Unión Europea y la necesidad de que todos los países miembros los deben cumplir. 
    En España, tras la Modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, en cuyo artículo 118 A) recoge que “los Estados miembros promoverán la mejora del medio de trabajo para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y se fijarán como objetivo la armonización”, surgieron diferentes directivas, como la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.
“Nuestra participación en este tipo de foros es fundamental para conocer las principales actuaciones que se están llevando a cabo a nivel europeo en este ámbito y plantear las necesidades que tienen los profesionales sanitarios. Desde SAE mantenemos un trabajo constante para que los centros socio-sanitarios cumplan con todas las medidas establecidas por la ley para garantizar la seguridad y salud de los profesionales Técnicos, como la implantación de las ayudas para la movilización de pacientes, o la existencia de los equipos de protección para trabajar en servicios donde están expuestos a radiaciones. Además, llevamos años trabajando para que se reconozca nuestro derecho a la jubilación voluntaria a los 60 años sin penalización, pues nos enfrentamos a riesgos para nuestra salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos, pero también al desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la escasez de personal, el envejecimiento de la población…Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran nuestra salud y provocan altos índices de morbilidad, obligándonos a jubilarnos de manera anticipada, aun perdiendo dinero por los coeficientes reductores que se aplican”, explica Mª Dolores Martínez, Secretaria General de SAE.
 

                El preacuerdo de Convenio Colectivo del personal laboral de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta que se firmó el 31 de marzo de 2023 con el beneplácito de algunas organizaciones sindicales generó un gran malestar y desde el principio, SAE ha manifestado su oposición tratando de evitar su entrada en vigor y solicitando la nulidad de los puntos perjudiciales para los profesionales.

                Tras varias concentraciones, reuniones con la Administración, la impugnación del preacuerdo ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y posterior demanda ante la Sala de lo Social del TSJ se ha celebrado el juicio que queda visto para sentencia.

                Se demuestra con ello, que SAE ha defendido desde que se firmó este nefasto preacuerdo, los derechos de los profesionales exigiendo que se respete su condición de personal de enfermería, por ello y por la calidad  sanitaria de los usuarios. No así otras organizaciones sindicales que se han mantenido del lado de la Administración, como es el caso de UGT, o en silencio ante las concentraciones de SAE y la celebración del juicio como en el caso de CCOO y CGT que no se han presentado en el mismo.

SAE ha denunciado este convenio que considera nefasto en lo que concierne a la categoría profesional a la que representa y que supone, entre otras cuestiones, la desaparición de las categorías de TCE/TCAE (AE) y Cuidador de Servicios Asistenciales para pasar a llamarse TAD (Técnico de Atención a la Dependencia), una categoría con profesionales de ramas diferentes, con competencias distintas y que desvirtúa la condición y perfil profesional de enfermería de los Técnicos Sanitarios.

            Las consecuencias de estas modificaciones afectarán igualmente a los usuarios que hasta ahora son atendidos por profesionales con competencias de enfermería y cuya actividad tiene por objeto fundamental los cuidados. Los usuarios merecen que estos cuidados sean prestados por profesionales formados para ello.

            Además, la Administración se ha apresurado en hacer cambios en la denominación (Cuerpo/escala/categoría), hasta con el personal fijo, rozando la ilegalidad.

            Confiamos en que tras la celebración del juicio se lleve a cabo la redacción de un nuevo convenio colectivo que modifique lo que concierte a nuestra categoría y que respete tanto a los profesionales como a los usuarios.

La nueva gerencia de Gestión Sanitaria y Asistencial de las Islas Baleares (GSAIB) ha hecho suya la nefasta gestión de los anteriores gerentes.

Desde USAE queremos denunciar que la nueva Gerencia ha paralizado todas las comisiones que se pusieron en marcha tras la publicación del convenio colectivo por parte de la empresa pública, de manera que algunos trabajadores se rigen por el convenio de la Administración Pública y otros por el convenio colectivo de empresas privadas, cuya vigencia era hasta 2017, creando así un agravio comparativo entre los profesionales, tanto desde el punto de vista económico como laboral. 

El actual equipo directivo de GSAIB y su responsable de área de Recursos Humanos, Gabriel Mercadal, llevan a cabo una gestión basada en la improvisación y la descoordinación; un ejemplo claro lo encontramos en las contrataciones y promociones, pues los Técnicos en Emergencias Sanitarias están siendo contratados a través de una  bolsa de trabajo pública que reúne los requisitos normativos de la Administración en unos casos y se asienta en una falta de transparencia absoluta en otros. Esto ha obligado a muchos profesionales a poner denuncias para poder tener garantizada su estabilidad laboral. A este ejemplo hay que sumar el nombramiento de cargos intermedios a dedo, como la nueva supervisora de la Central de Programados, que ha sido designada sin convocatoria pública.

“Esta anomalía legal es extensible a temas organizativos como la gestión de turnos, la formación y la organización del trabajo. La suma de todos estos aspectos ha generado un profundo malestar entre los casi 800 profesionales de GSAIB, lo que nos hace plantearnos la convocatoria de movilizaciones si la gerencia no mejora su gestión y garantiza unas condiciones laborales adecuadas e iguales para todos los profesionales.

No puede ser que, tras la subrogación por GSAIB, las condiciones laborales continúen siendo tan paupérrimas como cuando pertenecíamos a la empresa privada”, explican los delegados del Comité de Empresa de GSAIB.