La junta de personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga denuncia que, ante el alarmante aumento del número de agresiones, las medidas planteadas por la dirección-gerencia del centro hospitalario en este aspecto son imposibles de cumplir sin los medios y las actuaciones necesarias. 

Por ello, los sindicatos FTPS, SMM, CSIF, CCOO, SATSE y UGT no entienden que, siendo el centro sanitario con el mayor número de agresiones de la provincia, no se le dote con los medios suficientes para evitarlas. 

La junta de personal, tras comunicar su indignación de forma reiterada, convocará concentraciones periódicas de protesta en las próximas semanas, a las que se sumarán estos sindicatos, para reivindicar un cambio de actitud con los profesionales, siendo la primera de ellas este viernes 1 de septiembre, a las 11 horas, en la entrada del servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Victoria. Asimismo, la segunda movilización prevista será el miércoles 6 de septiembre.
 

La profesional que había sido contratada el 1 de julio a través de la bolsa de trabajo del SAS con un contrato por obra y servicio con duración 6 meses, solicitó una reducción de jornada por cuidado de un menor, una prerrogativa laboral que se le concedió a partir del 15 de agosto. Sin embargo, apenas dos días después de obtener esta concesión, el departamento de Recursos Humanos del hospital le notificó su despido basándose en la premisa de no haber superado el periodo de prueba, algo que resulta sorprendente teniendo en cuenta que llevaba 5 años trabajando para el SAS y, por lo tanto, contaba con una alta experiencia en el sector.

"A pesar de que se me pone impedimento por parte de mi supervisora, yo solicito la reducción de jornada. Esta se me concede desde el 15 de agosto. El día 17 de agosto desde Recursos Humanos me llaman para entregarme una carta de despido con el asunto: no ha superado el periodo de prueba. Nadie, ni supervisor ni facultativo, me han dado una explicación", explica Ana Cristina, la Técnica de Laboratorio despedida.

Este caso adquiere mayor relevancia debido al contexto en el que nos encontramos pues el Hospital de Alta Resolución de Lebrija, gestionado por el Hospital Universitario Virgen de Valme, forma parte del proceso de integración de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APES), lo que pone de manifiesto la inmoralidad de aplicación del artículo 12 del convenio colectivo, que aborda el periodo de prueba.

El despido de una profesional con una amplia experiencia en el SAS, contratada a través de la bolsa única, es algo inmoral. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exigimos explicaciones pues, la conciliación familiar es un derecho que no debe ser menoscabado.

A partir del próximo 18 de agosto, los ciudadanos de la localidad se tendrán que desplazar 10 kilómetros para ser atendidos en el centro de salud de Encinarejo y los menores en edad pediátrica tendrán su consulta en el centro Azahara, de Córdoba.

“Es inaceptable que los usuarios se tengan que desplazar para poder recibir una atención médica por la negativa del alcalde de Córdoba y la delegada de Salud a la propuesta de la Administración Sanitaria del Distrito Sanitario de Córdoba de implementar unas instalaciones provisionales provistas de agua, electricidad y todos los recursos necesarios para poder garantizar una asistencia de primer nivel a estos ciudadanos. Pero el cierre de este centro de salud no es el único problema del Distrito Sanitario, en donde, desde hace meses, SAE viene reivindicando la contratación de profesionales para cumplir con las ratios establecidas y garantizar así la calidad asistencial”,   explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra hasta el próximo 7 de agosto, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) queremos subrayar los beneficios que esta alimentación tiene tanto para la madre como para el recién nacido, poniendo de relieve que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún existen más de 500 millones de mujeres trabajadoras que carecen de una legislación en su país con medidas de protección esenciales, y que sólo el 20% de los países exigen a los empleadores que implementen medidas de apoyo como pausas remuneradas o instalaciones adecuadas para la lactancia o la extracción de leche.
    La OMS recomienda, siempre que sea posible, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida porque aporta al bebé todos los nutrientes que necesita, potencia su sistema inmunitario, reduce el riesgo de asma y alergias y ayuda a prevenir la obesidad y la diabetes. Pero, además, en el caso de la madre, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de mama y de ovario, favorece la pérdida del peso ganado durante el embarazo y potencia el contacto físico y psicológico entre ambos. 
“La leche materna es rica en micronutrientes que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo saludable del bebé, proporcionándole la cantidad adecuada de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas. No obstante, a pesar de estos beneficios, no todas las madres pueden continuar amamantando al bebé el tiempo que quisieran, bien por los impedimentos laborales -de ahí que este año la OMS haya puesto el trabajo en el punto de mira-, o bien porque la falta de apoyo e información en los primeros momentos hace que muchas mujeres abandonen esta práctica. Por ello, es fundamental que los profesionales sanitarios asesoren adecuadamente a las madres sobre la mejor postura para que el bebé tome el pecho, de manera que se evite a las madres el dolor y el rechazo a las tomas, y aumente la efectividad de la extracción por parte del bebé. Si se educa adecuadamente, las tomas deben ser efectivas, indoloras y placenteras, creando un vínculo especial entre la madre y el bebé”, explica Daniel Torres, secretario de acción social de SAE.
 

La hepatitis es una de las enfermedades más comunes en el mundo y uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud es eliminarla como amenaza para la salud pública en el año 2030. 
Para ello es necesario reducir las nuevas infecciones de hepatitis B y C en un 90%, disminuir las muertes relacionadas con la hepatitis por cirrosis hepática y cáncer en un  65%, asegurar que, al menos, el 90% de las personas con el virus de la hepatitis B y C sean diagnosticadas, y que, como mínimo, el 80% de los elegibles reciba el tratamiento adecuado. Conseguir estas metas pasa por darle mayor prioridad a esta patología en el ámbito de respuestas de salud pública, dotando de protagonismo a su tratamiento, su prevención y la realización de pruebas, pero también poniendo en marcha campañas de información y sensibilización dirigidas a la sociedad.
“En este sentido, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) hemos distribuido un cartel informativo en todos los hospitales y centros de salud para que la población conozca los síntomas de esta enfermedad, que pasan por pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal u orina oscura, entre otros, y las vías más comunes de contagio, como son, por ejemplo, mantener relaciones sexuales sin protección con el infectado, compartir productos de higiene personal, o ingerir alimentos o agua contaminada por las heces de un infectado. Asimismo, exigimos a los responsables políticos un compromiso serio al respecto, que debe pasar por una mayor inversión en acciones preventivas, pruebas, medios diagnósticos, medicamentos, vacunas o regímenes terapéuticos, que posibiliten una respuesta eficaz y equitativa en todas las Comunidades Autónomas. Pero además, es necesaria la implementación de acciones formativas sobre la hepatitis para los profesionales sanitarios y, desde el punto de vista de la salud laboral, la puesta en marcha de medidas para afrontar el riesgo de transmisión de hepatitis víricas en el entorno asistencial”, explica Daniel Torres, secretario de acción social de SAE.