El problema fundamental es el inadmisible traslado en la responsabilidad entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas en torno a si serían las leyes de Función Pública autonómicas o la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado la que pondrían fin a esta lamentable situación que afecta a miles de profesionales.

En ese sentido, el último encuentro ha sido el mantenido con Héctor Casado, Subdirector General de Relaciones Laborales de Función Pública y al que han asistido Dolores Martínez e Isabel Lozano secretaria general y secretaria de organización y comunicación del SAE, respectivamente.

En él se ha dejado constancia que la futura Ley de la Administración General del Estado sólo afectará al personal de los organismos dependientes de ésta, pero no al personal funcionario, estatutario o laboral de los servicios de salud.

Casado ha insistido en el argumento de responsabilizar a las comunidades autónomas que han de publicar sus leyes específicas de regulación de Función Pública.

Es evidente lo inadmisible de este argumento puesto que se da la circunstancia de la aprobación de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana y la nula voluntad de cumplir lo establecido en la propia ley. Una vez aprobada la ley autonómica trasladan la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Miles de profesionales, esenciales tanto en sanidad en servicios sociales, se sienten abandonados por sus políticos: por los autonómicos y por los nacionales que se pasan la pelota de unos a otros. Desde SAE continuamos trabajando con insistencia para que se cumpla la ley.

Si bien es verdad que en los últimos años la incorporación de hombres al colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) ha experimentado un incremento destacable, la profesión continúa siendo mayoritariamente femenina y por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) queremos sumarnos al Día Internacional de la Mujer para reivindicar el papel que las TCE realizan en los distintos ámbitos sanitarios y sociosanitarios y la necesidad de que, por las características de penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad propias de este ámbito laboral, la edad ordinaria de jubilación se anticipe a los 60 años sin que ello suponga ninguna penalización.
Las TCE son responsables de proporcionar al paciente/usuario todas aquellas técnicas de enfermería y cuidados dentro de sus competencias que mejoran la salud de los usuarios y garantizan su bienestar. Un trabajo que conlleva posturas inadecuadas, ritmos excesivos de trabajo, estrés, movilización de pacientes/usuarios, movimientos repetitivos, el empleo de productos químicos contaminantes - hay investigaciones que apuntan que la metabolización de las sustancias químicas es diferente en hombres y mujeres, afectando más a éstas, incluso con menores dosis de exposición-, y la presencia de altos niveles de ruido en algunos servicios, lo que puede provocar tinnitus y trastornos en la voz por la necesidad de elevarla.
Pero, además, la incorporación de la mujer al trabajo no ha traído los cambios sociales deseados, haciendo que su jornada se extienda al ámbito doméstico, aumentando así la sobrecarga laboral, el agotamiento y el estrés al tener que buscar permanentemente fórmulas para poder conciliar su vida personal y el cuidado de menores y/o mayores con los horarios laborales. 
Estos factores reducen el tiempo de descanso, fundamental para evitar problemas músculo-esqueléticos, que son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Estos trastornos pueden ser de corta duración, como las fracturas, o enfermedades crónicas que causan limitaciones en las capacidades, como la tendinitis de codo. Además, estos problemas también pueden afectar a la salud mental.
 “El de las TCE es uno de los colectivos con mayor predisposición a sufrir alguno de estos trastornos, que limitan la movilidad y la destreza, lo que les obliga a acogerse a la jubilación anticipada a pesar de la reducción del poder adquisitivo que esto conlleva. Por ello desde SAE queremos aprovechar este día para exigir, una vez más, la reducción de la edad ordinaria de jubilación sin penalización para nuestro colectivo, formado principalmente por mujeres”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE.

            En el día de hoy cobra doble sentido la reivindicación de estos profesionales, mayoritariamente mujeres, a quienes se les está discriminando en relación con otros compañeros dentro de la administración navarra ante la falta del debido reconocimiento de su titulación de Formación Profesional, y con el resto de España donde pueden ejercer su derecho a tener carrera profesional mientras a los Técnicos navarros se les niega sistemáticamente.

            En un día de consignas por la igualdad, es lo que reivindican desde hace años estos profesionales que se sienten maltratados por la Administración navarra. Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra ha insistido ante sus compañeros en esta paradójica circunstancia ya que “las manos que cuidan a la sociedad navarra están siendo maltratadas una y otra vez. Reconocer una profesión como la nuestra en una sociedad avanzada es símbolo de calidad asistencial, pero no es algo que tenga en su agenda este Gobierno que insiste en mantenernos invisibles, ante una sociedad que demanda cada vez más cuidados”.

            “Seguiremos insistiendo en nuestro derecho a que se cumplan nuestras reivindicaciones, se acabe este maltrato y los Técnicos Sanitarios navarros tengamos la igualdad que desde otras instancias hoy se viene reclamando en otros ámbitos”, finaliza Begoña Ruiz.

            El 8 de marzo, conmemora la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, busca reconocer los logros que han alcanzado en el mundo y sensibilizar acerca de los problemas de desigualdad a los que las mujeres se siguen enfrentando hoy día. Con este argumentario, los Técnicos Sanitarios tienen que seguir denunciando el maltrato de la Administración de Navarra al colectivo de Técnicos Sanitarios, mayoritariamente femenino y que está siendo ninguneado por el Gobierno de Navarra al no reconocer su trabajo.

            Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra insiste en que “es lamentable que tengamos que seguir exigiendo el debido reconocimiento a nuestros estudios de Formación Profesional que en estos momentos no se está valorando. Nuestra formación continua necesaria para poder realizar nuestra profesión le sale gratis a la Administración, al no reconocernos el Derecho a una Carrera Profesional como tienen el resto de sanitarios”.

            Recuerda, igualmente que “las manos que cuidan a la sociedad navarra están siendo maltratadas una y otra vez. Reconocer una profesión como la nuestra en una sociedad avanzada es símbolo de calidad asistencial, pero no es algo que tenga en su agenda este Gobierno que insiste en mantenernos invisibles, ante una sociedad que demanda cada vez más cuidados”.

            La ejemplaridad de un Gobierno del siglo XXI en el Día de la Mujer es no tratarnos de manera desigual como lo está haciendo sino que debería corregirla y proteger los empleos que está precarizando. No obstante y a pesar de que llevamos demasiado tiempo aguantando esta situación de maltrato no vamos a renunciar al cumplimiento de nuestros derechos” finaliza la secretaria autonómica de SAE.

    Aceves ha manifestado en esta reunión que la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado solo afectaría a los profesionales de este ámbito y no a los profesionales estatutarios (la mayor parte de los titulados sanitarios de Formación Profesional), que dependen de la aprobación de las leyes de función pública autonómicas.
    A pesar de que el recorrido de la manifestación, cercano al Congreso de los Diputados, facilitaba tanto a José Luis Aceves como al resto de los diputados a los que SAE solicitó mantener un encuentro que les permitiera, además, comprobar el hartazgo de los manifestantes, esta reunión no se ha mantenido hasta el día de hoy.
    Uno de los motivos, tanto de esta multitudinaria manifestación como de la reunión de hoy, es insistir al diputado socialista en la necesidad de poner fin a la Disposición Transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), cuya transitoriedad debió hacer finalizado en 2009. Sin embargo, 13 años después sigue sin aplicarse el artículo 76 del propio EBEP y la debida clasificación de los Técnicos Sanitarios en el grupo que les corresponde, esto es, los de Grado Medio en el Subgrupo C1 y los de Grado Superior en el Grupo B.
    Es inadmisible que el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Comunidades Autónomas se trasladen la responsabilidad unos a otros sin que se ponga fin a esta lamentable situación que afecta a miles de profesionales.
    Los políticos respaldan su desidia y ninguneo a estos profesionales argumentando la aprobación de leyes reguladoras de Función Pública de las Comunidades Autónomas. La experiencia está demostrando la falta de responsabilidad al respecto de unos y otros dado que se da la circunstancia de la aprobación de la Ley de Función Pública de la Comunidad Valenciana y la nula voluntad de cumplir lo establecido en la propia ley. Una vez aprobada la ley autonómica trasladan la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
“En definitiva, están jugando con los derechos de miles de profesionales y se pasan la pelota de unos a otros. Por eso, los Técnicos Sanitarios dijeron basta el día 24 de febrero y desde SAE continuamos trabajando con insistencia para que se cumpla la ley”, manifiestan las responsables de SAE.