La falta de estos equipos para enfrentarse al Covid-19 está poniendo en riesgo la salud de los profesionales sanitarios y de aquellas personas con las que tienen contacto, por ello exigimos que se distribuyan con urgencia equipos suficientes y adecuados: las mascarillas deben ser FFP2 y no mascarillas quirúrgicas como se están repartiendo; además, y a pesar de que el fabricante especifica que son para un solo uso, se está obligando a los profesionales a desinfectarlas para reutilizarlas, pero la desinfección se realiza sin contar con la preceptiva evaluación de riesgos firmada por un técnico competente que garantice el resultado. 
“A este hecho, hay que sumar la falta de formación e información que tienen los profesionales sobre cómo utilizar las medidas de protección adecuadamente: mascarillas, guantes, protección ocular, facial, batas impermeables…lo que les está generando mucha inseguridad y estrés. Por ello, desde SAE hemos presentado estas denuncias con el objetivo de que se empiecen a tomar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Es inhumano, indecente e insultante poner en juego la vida de quienes están en primera fila velando la salud de todos los ciudadanos. No vamos a seguir consintiendo que los profesionales sanitarios de hospitales y residencias continúen acudiendo a sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de protección”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

            Y alguien es el responsable de esta situación, de esta falta de previsión y del riesgo al que se está exponiendo a los profesionales sanitarios españoles y que para el Sindicato de Técnicos de Enfermería puede revestir carácter delictivo. Por ello ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado

            Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras en orden a la necesidad de que ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad.  

            Sin embargo, conforme han aumentado el número de casos, la falta de equipos de protección individual se ha convertido en un grave problema en la mayor parte de los centros, lo que refleja una notable falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias.

            Se están dando casos en los que  el acceso y uso  de estos equipos están siendo restringido y se suministra por debajo de las necesidades llegando incluso a amenazar a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de los Equipos de Protección Individual para prevenir el contagio.

            En esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos se ha llegado al extremo de reformar los protocolos de algunos centros sanitarios discriminando incluso a los trabajadores en función de su categoría profesional en la asignación de los EPIs.

De todas las actuaciones que están llevando a cabo parece deducirse indicios de un delito  contra la seguridad en el trabajo según de los artículos 316 y 317 del Código Penal.

            Asimismo, el Sindicato de Técnicos de Enfermería insta a que se disponga la incoación de diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados y una vez se constante su realidad y su previsible dimensión penal  se plantee ante el órgano judicial competente.

            En cuanto a la admisión de la presente denuncia si se trata de hechos presuntamente delictivos la legislación procesal impone al ministerio público el deber de investigar o trasladar noticia de los hechos al órgano judicial competente.

“Ante la situación que están viviendo los centros hospitalarios, sociosanitarios y las agencias públicas de la comunidad, los delegados andaluces de SAE nos hemos ido incorporando voluntariamente a nuestros puestos de trabajo antes de que se decretara el Estado de Alarma. Sin embargo, sí que nos vemos obligados a mantener unos servicios mínimos de atención a los profesionales para poder velar en todo momento por sus derechos y reivindicar ante la Administración las medidas de protección y las condiciones de trabajo que necesitan para poder atender a los pacientes de una manera eficaz y segura. Si nuestra labor sindical se viera interrumpida completamente, los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería, los Técnicos en Farmacia y los Técnicos en Emergencias Sanitarias quedarían desamparados ante el escenario sanitario actual”, explica Cristóbal Arjona, Secretario Autonómico de SAE en Andalucía.
 

La escasez de recursos materiales y humanos es evidente desde los primeros días de la crisis sanitaria generada por el Coronavirus y los profesionales, tal y como hemos venido denunciando en múltiples ocasiones desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), no han contado con las medidas de protección adecuadas para atender a los pacientes, independientemente de si estos eran positivos o no lo eran.
Esto ha disparado el número de contagios entre los profesionales, sin embargo hay responsables políticos que, en lugar de asumir su mala gestión, están acusando a los profesionales de contagiarse en ámbitos diferentes al hospitalario o sociosanitario. Desde SAE nos preguntamos cómo no se les cae la cara de vergüenza al realizar semejantes declaraciones. En primer lugar, es muy fácil que estos profesionales se hayan contagiado en el ejercicio de su profesión, que han realizado con total dedicación, pero sin las medidas de seguridad adecuadas; y, en segundo lugar, aunque no haya sido así, con independencia de dónde se hayan contagiado, necesitan igualmente realizar su trabajo protegidos para evitar contagiar a los pacientes y a sus propios compañeros.
“La virulencia del Covid-19 exigía medidas de protección adecuadas desde el primer día para todos los profesionales que desempeñan su trabajo en hospitales y centros sociosanitarios. Por ello, exigimos un mayor respeto a estos profesionales que, a diferencia de algunos miembros de la clase política, han hecho gala de su profesionalidad en todo momento asumiendo su responsabilidad incluso sin la seguridad adecuada. Estas acusaciones lo único que demuestran es una gran falta de empatía hacia los profesionales sanitarios y, por supuesto, una alarmante irresponsabilidad de la clase política, que ha actuado de manera negligente desde que comenzó esta crisis sanitaria. Por ello, desde SAE exigimos una disculpa pública”, explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE.