Entre otras cuestiones, SAE reivindica que desde Medicina Preventiva se realice el test del Covid-19 a todos los profesionales, que se distribuyan EPIS adecuadas a todos los trabajadores, y que desde la Supervisión de la unidad se ponga en marcha un retén de profesionales para que se puedan dar días de descanso a las plantillas, pues el ritmo de trabajo y la tensión a la que está sometido el personal es insostenible; en este sentido, SAE también exige que una de las enfermeras de UCI se encargue de la docencia, tanto del personal nuevo como del que ya está en plantilla.
Asimismo, exigimos que todas las medidas organizativas que se adopten en la unidad sean trasladadas adecuadamente a los profesionales, ya que se ha modificado la actividad diaria de los Técnicos en Cuidados de Enfermería y se está generando un clima de improvisación y desconcierto que pone en riesgo la salud mental y física de todos los profesionales.  
“Sin material de protección suficiente y sin pruebas para detectar el virus, la Dirección Gerencia está abandonando a sus profesionales y poniendo en riesgo su seguridad. Por ello, desde SAE hemos exigido en múltiples ocasiones la importancia de realizar la prueba a todos los profesionales sanitarios debido al alto riesgo de contagio que existe entre los profesionales por la escasez de mascarillas y otros elementos de protección individual. No puede entenderse esta desprotección irresponsable cuando en el momento actual lo primordial es proteger la salud de los trabajadores sanitarios. La falta de pruebas, la alarmante escasez de EPIS y el estrés al que están sometidos los trabajadores puede desembocar en una falta de profesionales que agravaría la saturación que ya existe. Por ello desde SAE pedimos medidas urgentes que permitan trabajar de manera organizada”, explica Juan Antonio Moreno, vicesecretario de SAE en Córdoba
 

Facilitar EPIS a la enfermería diplomada y no a los TCE, negarse a realizar los test diagnósticos por considerar el Covid-19 como un sarampión, obligar a los enfermos a compartir termómetros por falta de material, mantener el comedor abierto hasta la semana pasada y negarse a instalar teléfonos inalámbricos en las habitaciones para que los residentes no tengan que salir a los comunes para atender sus llamadas son sólo algunas de las actuaciones llevadas a cabo por la Directora de la Residencia Parquesol de Valladolid.

Parece mentira que aún queden responsables sanitarios que no se tomen en serio la gravedad de esta pandemia y la situación de estrés y desprotección a la que están sometidos los profesionales sanitarios, entre los que, desde luego, se encuentran los Técnicos en Cuidados de Enfermería, que están en la primera línea asistencial.

 Es altamente preocupante que los responsables sanitarios jueguen con la seguridad de sus trabajadores, poniendo en riesgo tanto su salud como la de los residentes, que son población de alto riesgo y, por lo tanto, se deberían extremar las medidas de protección. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería esperamos que la dirección del centro cambie su manera de actuar y empiece a gestionar la situación con la responsabilidad y la seriedad que entraña. 
 

Entre otras situaciones, solicitan el cese inmediato de la actividad quirúrgica no urgente que se está desarrollando en el Hospital Valle del Guadalhorce de forma que esos recursos tanto humanos como materiales deben ser empleados en la actividad que está generando la situación de la infección por Covid-19.Resulta incomprensible la actitud por parte de la Subdirección médica del área quirúrgica (cuyo responsable está ejerciendo el cargo en funciones, sin nombramiento, desde hace tres años) de mantener dicha actividad. De forma paralela a esta situación las urgencias del HVG están saturadas de pacientes a la espera de ingreso.

La unidad de partos y nidos se trasladará al Hospital Maternal para la atención en esta unidad de paciente Covid-19 que se va a convertir en una UCI. Sin embargo, los profesionales manifiestan no tener el adiestramiento preciso en el manejo de este tipo de pacientes y del aparataje eléctrico de estas unidades y consideran que esta situación puede llegar a agravar la situación de estos pacientes.

Los profesionales, además, han manifestado sentirse desamparados ya que en estos momentos el mando intermedio de la unidad ejerce sus funciones en otro puesto. Los sindicatos consideran que esta nueva situación debe estar coordinada por el Servicio de Medicina Intensiva y los recursos humanos que desempeñen su labor en dicha unidad, deben estar formados y ser parte de dicho servicio.

La situación en cuanto a los Equipos de Protección Individual es también incomprensible. A la falta de equipos se une la incoherencia a la hora de designar el equipo adecuado para cada intervención, la obligación a los profesionales a realizar diferentes técnicas sin los equipos adecuados y la orden por parte de algunos cargos intermedios para que los trabajadores reutilicen los EPIS lavándolos previamente en sus domicilios. Ante estas circunstancias, no es de extrañar que cada vez sea mayor el número de profesionales contagiados.

Estas medidas, además se contradicen con las declaraciones del gerente del SAS que confirmaba que había EPIs suficientes en todos los hospitales

Ante estas situaciones tanto SAE, como el resto de sindicatos, ha solicitado  ante la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria la toma de actuaciones urgentes. Entre otras, que se comunique el número de EPIs disponibles, la instalación urgente de un punto de tomas rápidas para los profesionales del hospital y que se realice por un circuito distinto al de los pacientes, para dar más celeridad a los mismos, y evitar contagios a los pacientes y el resto de profesionales. Por todo ello exigimos la inmediata llegada de los Test rápidos.

Por otra parte, no hay que olvidar la urgente necesidad de llevar a cabo las contrataciones precisas para cubrir el déficit de personal a la que se ve sometido este centro dada la necesidad de personal para hacer frente a esta crisis.

Por todo ello, la Junta de Personal del Hospital Virgen de La Victoria dada esta situación está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.

El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”. Asimismo, en el artículo 21, se establece la obligación del empresario de adoptar las medidas necesarias y dar las instrucciones correspondientes para garantizar la protección de los trabajadores ante riesgos graves inminentes.
Con más de 47 profesionales contagiados y 175 aislados -y sin conocer el verdadero alcance de los contagios-, el riesgo grave inminente que corren diariamente los profesionales es incuestionable. Por ello exigimos a la Administración del Área de Salud que ponga a disposición de los trabajadores mascarillas tipo FFP2, FFP3, batas impermeables adecuadas…, ya que ahora tienen que trabajar con material de protección que ellos mismos se fabrican con bolsas de basura, gafas de buceo, de esquí…
“La responsabilidad y la vocación de servicio público de los profesionales está permitiendo que, a pesar del riesgo que corren diariamente, continúen realizando su trabajo con todas las garantías para los pacientes. Esta profesionalidad del personal sanitario permitirá salir de esta crisis lo antes posible. La falta de material y de medidas de protección afecta directamente a la asistencia en forma de retrasos y dificultades en ocasiones extremas para llevar a cabo una correcta atención. Por ello exigimos al IBSALUT que adopte medidas urgentes y efectivas para acabar con el riesgo físico y psicológico al que se están enfrentando los profesionales diariamente”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.
 

La falta de estos equipos para enfrentarse al Covid-19 está poniendo en riesgo la salud de los profesionales sanitarios y de aquellas personas con las que tienen contacto, por ello exigimos que se distribuyan con urgencia equipos suficientes y adecuados: las mascarillas deben ser FFP2 y no mascarillas quirúrgicas como se están repartiendo; además, y a pesar de que el fabricante especifica que son para un solo uso, se está obligando a los profesionales a desinfectarlas para reutilizarlas, pero la desinfección se realiza sin contar con la preceptiva evaluación de riesgos firmada por un técnico competente que garantice el resultado. 
“A este hecho, hay que sumar la falta de formación e información que tienen los profesionales sobre cómo utilizar las medidas de protección adecuadamente: mascarillas, guantes, protección ocular, facial, batas impermeables…lo que les está generando mucha inseguridad y estrés. Por ello, desde SAE hemos presentado estas denuncias con el objetivo de que se empiecen a tomar medidas urgentes y eficaces para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Es inhumano, indecente e insultante poner en juego la vida de quienes están en primera fila velando la salud de todos los ciudadanos. No vamos a seguir consintiendo que los profesionales sanitarios de hospitales y residencias continúen acudiendo a sus puestos de trabajo sin las mínimas medidas de protección”, explica Alejandro Juan Alonso, secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares.