La incapacidad de la gerencia del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga para conseguir un incremento de profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería para adaptar las plantillas a las necesidades reales que actualmente tiene el servicio de cirugía, obligó ayer a que un único TCE tuviera que atender a los 38 pacientes que había ingresados en la unidad durante el turno de tarde.

Recientemente, el centro hospitalario ha aumentado su actividad quirúrgica realizando intervenciones tanto en el turno de mañana como en el de tarde, sin embargo, las plantillas de TCE continúan siendo las mismas, lo que genera una elevada sobrecarga laboral entre los profesionales, que se ven desbordados al no poder llevar a cabo su trabajo con las garantías de seguridad que éste exige ni con la calidad a la que el usuario tiene derecho.

“Es cierto que las plantillas están cubiertas al 100%, según las ratios establecidas hace años, sin embargo, la situación actual de la unidad de cirugía no es la misma que era entonces, por lo que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería exigimos que estas ratios se adecúen a la realidad actual del servicio, cuyo número de ingresos se ha incrementado considerablemente”, explica Miguel Ángel Guerrero, secretario de Organización y Comunicación de SAE en Málaga. 

“La mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, expresada por el Gobierno Andaluz no va a ser posible para los profesionales de la sanidad andaluza habida cuenta de que algunas de las medidas establecidas no podrán ser aplicadas entre estos colectivos como, por ejemplo, las actividades de autoaprendizaje o desarrollo autónomo, la preparación de tareas y reuniones, planificación de actividades o la realización de actividades de investigación en materia de administración y gestión pública” manifiesta Cristóbal Arjona, portavoz autonómico de USAE en Andalucía 
Los profesionales sanitarios entienden que, “las medidas recogidas por la Junta de Andalucía en el decreto de las 37,5 horas para la jornada laboral de los empleados públicos, son claramente discriminatorias y machacan de forma flagrante a los trabajadores sanitarios”.
Por ello, han solicitado formalmente a la Presidenta de la Junta de Andalucía que se retire el documento mencionado y se elabore un nuevo documento en el que no se incluyan discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional.
En cualquier caso, debe admitirse que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de Administración General e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario.
Asimismo, los sindicatos han solicitado, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de administración general e instrumental,  que se admita e incluya en el nuevo documento para el sector sanitario la formación acreditada bien por las Universidades o  por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.

Reivindicación

Por ello hemos participado en la última manifestación celebrada en Castilla y León en defensa de la sanidad pública, pero no nos hemos sumado al manifiesto ya que consideramos que esta convocatoria ha olvidado lo realmente importante: la sanidad, sus profesionales y sus usuarios, celebrándose con un manifiesto de trasfondo político con el que SAE no está de acuerdo.
 
“Desde nuestra organización siempre apoyamos, y en múltiples ocasiones convocamos, todas las iniciativas que se ponen en marcha para presionar a los responsables políticos y exigirles aquellas mejoras que son necesarias para que nuestra sanidad pública siga creciendo y adaptándose a las necesidades de los usuarios –mayor número de centros, apertura de camas, mejor cobertura sanitaria, etc.- y de los profesionales –incremento de recursos humanos, mejoras laborales y retributivas, mejores gestores, etc.-. Pero no vamos a aceptar ni a firmar un manifiesto que claramente está utilizando la sanidad pública para hacer campaña política”, explica Ana Mª Tobal, secretaria autonómica de SAE en Castilla y Léon.

 “Esta negativa a colaborar es una muestra más del manifiesto menosprecio que la Consejería ejerce con los profesionales que integran el segundo colectivo sanitario más numeroso de la sanidad llevándose a términos que rozan la falta de legalidad, dado que desatiende, incluso, las demandas del Diputado del Común Canario” afirma Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

Los Técnicos en Cuidados de Enfermería reclaman una actualización de sus funciones acorde a su formación académica actual y no a una obsoleta norma preconstitucional del año 1973.

Una de las consecuencias evidentes con esta actualización sería la de conseguir optimizar recursos que redundarían en una mejor y adecuada calidad asistencial para los usuarios de la sanidad.

“El caos que sufre la sanidad canaria y todo lo referente a sus profesionales y sus usuarios no es fruto de infortunio puntual sino de los efectos de la peculiar gestión, por ser benevolentes en cuanto a la utilización de términos, que se está llevando a cabo desde hace años.  Podríamos hablar de una OPE ofertada en el 2007 y tras once años aún no resuelta, el prolongado déficit de profesionales sanitarios para atender a una población envejecida, el colapso de los servicios de urgencias, etc…” manifiesta Isabel Lozano.

“Como cualquier autoridad, funcionario, agente o personal público, en el sentido más amplio, la Consejería de Sanidad está obligada a colaborar con el Diputado del Común en el ejercicio de sus funciones. Por ello, desde SAE esperamos que la Consejería tome nota, reflexione y atienda la demanda del Diputado del Común”, finaliza la responsable de SAE.

Los datos que se han aportado en relación con las agresiones a personal sanitario apuntan que el 31% de las mismas se ha producido contra el personal de enfermería y que la incidencia es mayor entre las mujeres, cifras que concuerdan con los Técnicos en Cuidados de Enfermería, personal de enfermería mayoritariamente femenino, aunque no obstante formarse contra la violencia no debe ser una cuestión de género.

Por eso, aunque necesario y primordial, nos ha sorprendido el anuncio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues en relación con la formación a los profesionales para la prevención de estas agresiones. Según ha explicado “se formará a los médicos en habilidades de comunicación y recomendaciones para que sepan cómo actuar en momentos de tensión ante pacientes conflictivos, cómo protegerse, y cómo actuar tras una denuncia”. Además, serán los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes impartirán a los profesionales sanitarios cursos de formación de prevención y autoprotección.

            Por todo lado, los datos aportados reflejan que las agresiones a los profesionales sanitarios, además de ir aumentado no se dirigen únicamente a los médicos.

 “Los centros y de salud y las puertas de urgencias de los hospitales son los espacios donde los profesionales sanitarios son más vulnerables a padecer agresiones físicas y verbales y en estos puntos hay profesionales de más categorías profesionales que, además son los primeros en atender a los pacientes y en tener que tranquilizarles si vienen alterados y a sus familiares cuando el tiempo en recibir respuesta es mayor que el que desean” recuerda Soraya Beltrán, secretaria autonómica de SAE en la Comunidad Valenciana.