“La situación se está dilatando más de la cuenta bien por falta de interés por parte de la dirección de enfermería o por retrasos entre distintos organismos. En cualquier caso, es un trabajo que debe ser debidamente reconocido porque nuestros compañeros han invertido muchas horas en realizar esta labor, que, por otro lado, es del máximo interés para la propia dirección”, manifiesta Pilar Castro, secretaria provincial de SAE en León.

                Por otro lado, esta situación está generando un profundo malestar por las falsedades que han invertido desde ciertas organizaciones sindicales que han intervenido tras la denuncia pública de nuestras compañeras poniendo en duda el compromiso de la dirección de enfermería para acreditar este trabajo.

                Este compromiso existe y, además, es de justicia que así sea. SAE no va a cejar en su empeño hasta conseguir que se entregue a nuestros compañeros la pertinente acreditación.

                En su momento, los sindicatos solicitamos una reunión con la dirección de enfermería a la que acudieron delegados que habían estado, directa o indirectamente, implicados en todo el proceso de recogida de datos y elaboración del trabajo. A excepción del delegado designado por CSIF cuya participación y conocimiento de este trabajo de investigación es nulo porque se trata de una persona de reciente incorporación.

                Resulta, cuanto menos sorprendente, que fuera esta persona a la reunión sin tener conocimiento de todo el proceso, y no otras personas de esta organización sindical que han participado en el estudio igual que el resto de delegados de la Junta de Personal.

                Esta es una decisión de CSIF que no vamos a cuestionar. Pero sí vamos a poner en duda la motivación tras las falsedades que están afirmando sobre esta reunión o la negativa a que acudiera el delegado designado. Cada organización sindical está en su derecho de utilizar las estrategias

Entre otras reivindicaciones, USAE trabajará durante los próximos años por el solape de jornada, el reconocimiento del tiempo de comida, la definición de las funciones, la reducción de la jornada laboral, el aumento de ratios en todas las unidades, un mejor convenio colectivo, o la carrera profesional para los trabajadores del ámbito privado; en definitiva, por todas aquellas demandas de los Técnicos en Emergencias Sanitarias y su visibilidad laboral y social.

“Los resultados obtenidos nos convierten en el sindicato mayoritario del transporte sanitario, tanto público como privado, de Islas Baleares, por ello queremos agradecer a todos los profesionales la confianza que han depositado en nuestras siglas. Ahora tenemos la fuerza suficiente para conseguir todas aquellas reivindicaciones de los profesionales del transporte sanitario y para seguir avanzando como colectivo, tanto retributiva como laboralmente”, explica Alejandro Juan Alonso, responsable de USAE en Baleares. 
 

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Salud y Consumo constituyó el Observatorio de Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y desde 2020 la comunidad cuenta con el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, sin embargo, el número de ataques contra los profesionales no deja de sumar casos.

“Si bien es verdad que estos episodios son fruto del temperamento de los usuarios, desde SAE queremos recordar a la Consejería la urgencia de implementar todas las medidas necesarias para contener las agresiones, tanto físicas como verbales, y a los profesionales la importancia que tiene que las denuncien. Desde SAE llevamos años luchando para que los trabajadores del ámbito sanitario puedan desempeñar sus funciones con total seguridad, pero para conseguirlo es necesario que todos los agentes implicados tomen conciencia de la gravedad de este tipo de actos violentos y actúen en consecuencia, mejorando los protocolos y endureciendo las penas a quienes cometen agresiones”, explican María José Ucelay y Cristián Braza, delegados de SAE en el centro hospitalario. 
 

            En este sentido, se enmarcan por ejemplo el cómputo de las horas trabajadas y un cálculo de las mismas que siempre supone que los profesionales perciban tanto en sus nóminas, como en sus cotizaciones cantidades menores a las que realmente les corresponde. El particular cálculo se aplica igualmente a la hora de abonar el plus de localización o la consideración de extra para determinados servicios.

            Además, estos profesionales reclaman el reconocimiento de su categoría profesional acorde con la titulación que desde hace tiempo les respalda “Somos Técnicos en Emergencias Sanitarias y no Técnico en Transporte Sanitario que era la denominación anterior cuando no existía una formación académica reglada que respaldara la capacitación de los profesionales. Pero ahora sí y se exige para acceder a un puesto de trabajo por lo que lo lógico sería el reconocimiento de esta categoría”, manifiesta al respecto, Rafael Fernández, responsable de FTPS en Lanzarote

            Para FTPS es, igualmente prioritario, iniciar un proceso de fiscalización de las empresas adjudicatarias del servicio dada la necesidad de llevar a cabo inspecciones tanto de las condiciones laborales, como del estado del parque móvil de ambulancias. Es lamentable la situación de algunas bases.

            Los responsables de FTPS han planteado, igualmente, las irregularidades relacionadas en cuanto al plan de igualdad cuyo incumplimiento incluso ha supuesto sanciones a la empresa y de hecho ahora se está trabajando en un plan de igualdad específico.

            Así mismo, se ha comunicado la sospecha de irregularidades en algunas contrataciones que FTPS, como miembro mayoritario del Comité de Empresa lleva tiempo queriendo solucionar sin que la empresa facilite la documentación pertinente.

            “Es evidente que esta situación se traduce en un profundo malestar entre los trabajadores que, además, durante años se han sentido abandonados por todos y está provocando casos de desgaste profesional, o síndrome de bournout laboral, que desde FTPS queremos combatir”, finalizan los repsonsables de FTPS.

La resolución 1/2024, de 24 de enero, “exime a las entidades dedicadas a la prestación del servicio de atención residencial y centro de día a personas mayores de La Rioja de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos, consistente en la deducción de una cuantía resultante de la aplicación de un porcentaje a una base de penalidad, directamente a la facturación o similares”.
    De esta manera, la Consejera de Salud y Políticas Sociales, que justifica la medida por la falta de oferta en el mercado de trabajo, da carta blanca a las empresas que gestionan las residencias para que estas plantillas no estén cubiertas como recoge la ley, permitiendo así que la calidad asistencial a la que tienen derecho los residentes merme.
En lugar de levantar sanciones ante el incumplimiento de la ley, la Consejera de Salud y Políticas Sociales debería plantear cambios profundos en las infraestructuras, que pasan por la construcción de residencias y centros públicos, con estándares europeos y garantía de los derechos humanos. 
“Con esta resolución, a los empresarios les saldrá más barato prestar unos cuidado inadecuados que cumplir con los ratios establecidos por la ley, lo que incrementará la sobrecarga laboral de los trabajadores y mermará la calidad asistencial. El problema real se encuentra en las pésimas condiciones laborales que ofrecen las empresas privadas que gestionan estos establecimientos, lo que obliga a los profesionales a desplazarse a otras comunidades autónomas. Por ello es incomprensible que en lugar de buscar soluciones reales al problema, se legisle a favor del empresario para que éste no se vea perjudicado por una escasez de profesionales que él mismo ha provocado ofreciendo unas condiciones de trabajo indignas. Esperamos que se dé marcha atrás con esta resolución y se lleve a cabo un impulso real y convincente con la construcción de centros públicos que alejen la especulación y el enriquecimiento de las empresas privadas”, explica Margarita Prejano, responsable de SAE en La Rioja.