En esta ocasión, un Juzgado de Valencia ha fallado nuevamente a favor de un TES en su proceso contra la Consellería de Sanidad y Salud Pública a la que reclamaba desde febrero de 2021 su derecho a la reclasificación profesional en el Subgrupo C1. Finalmente así se ha establecido y se reconoce tanto el nivel de clasificación como el abono de las retribuciones correspondientes más los intereses desde el pasado mes de febrero.
     Asimismo, esta sentencia hace referencia a la dictada en enero de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se reconocía que “la categoría de Técnico de Emergencias Sanitarias es necesariamente propia del Subgrupo C1 por aplicación de la estructura de titulaciones y grupos establecida en el art.76 del EBEP”. Sin embargo, la Consellería de Sanitat no ha ejecutado esta sentencia
     En definitiva, se demuestra en los juzgados lo que desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería se viene reivindicando desde 2009 y que no es otra cuestión que la aplicación del EBEP y de la propia Ley de Función Pública de la Generalitat.
     Hace unos meses entró en vigor la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana cuyo artículo 31 establecía que los Técnicos del Grado Superior de la Formación Profesional serán clasificados en el Grupo B y los Técnicos de Grado Medio, junto a quienes posean el título de bachiller, se clasificarán en el Grupo C1.
     La incógnita ahora es si, de nuevo, llevarán a cabo alguna actuación a favor de los derechos constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva de los ciudadanos y en contra d su costumbre “de marear la perdiz y no asumir responsabilidades”.
     Desde SAE confiamos en la aplicación inmediata de la ley y del EBEP para no tener que seguir recurriendo a los tribunales, malgastando recursos tanto sindicales como públicos en el reconocimiento de este derecho.

La integración de las agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud es necesaria, pero la creación de un macroárea que aglutine al Hospital Infanta Margarita de Cabra, los hospitales de Montilla y Puente Genil y el futuro hospital de Lucena, vulneraría la legislación vigente al superar la población estimada para un área sanitaria, que se sitúa en 250.000 habitantes, y supondría una merma en la calidad asistencial.

“Un incremento en los tiempos de espera para ser atendidos, la obligación de desplazarse a otras comarcas o falta de profesionales serían solo tres ejemplos de esta pérdida de calidad. Por ello nos sumamos a la reivindicación por la que se exige la división del Área Sur de Córdoba en dos zonas sanitarias: la Campiña Cordobesa –Puente Genil y Montilla- y Complejo Sanitario Infanta Margarita de Cabra junto al CHARE de Lucena. Esta es la solución para mantener una asistencia acorde a las necesidades del usuario, sin que éste vea perjudicada su atención”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería lleva tiempo reclamando que se tomen medidas en este sentido de manera que el Gobierno o las consejerías competentes en cada comunidad autónoma apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros. Es urgente que se tomen estas medidas.
      Las personas mayores se merecen el máximo respeto institucional y que se incumple ante el alarmante descuido que se presta al perfil profesional encargado de esta atención. La primera muestra de consideración a nuestros mayores debe ser la de asegurarles la atención adecuada por profesionales debidamente formados. El cuidado, el respeto y la protección a las personas mayores debe estar entre las prioridades del Estado de Bienestar.
      Siempre son los más vulnerables, con independencia de la pandemia o la ola que estemos atravesando, y merecen que su atención esté en manos de profesionales con la debida titulación. Exigir que los aspirantes a cualquier puesto de atención o cuidado puesto sanitario estén en posesión de la debida titulación debe ser requisito imprescindible.
      Lamentablemente seguimos comprobado que no es así y se llega a contratar a personas que presentan certificados de participación en algún curso de dudoso rigor, sin la debida carga lectiva ni formativa que les permita adquirir los debidos conocimientos, y a quienes se les supone muy buena voluntad pero a los que no les exige ninguna titulación que les capacite para la atención sanitaria.
      Conviene recordar igualmente que dadas las particularidades de este sector de la población, en ocasiones dependientes, e incluso, grandes dependientes, con pluripatologías crónicas requieren de cuidados continuos y fundamentales, muchos de ellos requieren técnicas de enfermería específicas tales como la alimentación enteral, oxigenoterapia, prevención de úlceras…entre otras.
En la mayor parte de los centros las plantillas de profesionales titulados como Técnicos en Cuidados de Enfermería,  Gerocultores  o Sociosanitarios, realizan sus funciones diarias con total independencia y autonomía sin ser precisa la supervisión de ningún titulado superior lo que justifica que la titulación de estos profesionales debe ser la de Grado Superior de la Formación Profesional y un Nivel 3 de cualificación.
      SAE mantiene su demanda constante para que definitivamente se ponga fin a esta lamentable situación que, de no solucionarse, tendrá nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad cada vez más envejecida y con más patologías crónicas.
      La demanda de plazas en centros residenciales y sociosanitatarios para personas mayores aumenta a diario y cada vez van a hacer falta más plazas y más profesionales con la debida formación que proporcionen los cuidados integrales que requieren las personas mayores.
      Necesitan cuidados continuos y de calidad no siempre excesivamente especializados por lo que urge llevar a cabo una reorganización de los recursos humanos de forma que las plantillas estén ajustadas a estos cuidados que llevan a cabo los Técnicos Sanitarios y que estos tengan la debida titulación.

Entre los principales problemas que se abordaron durante el encuentro, están el retraso en la baremación de la Bolsa de Empleo de los profesionales TCE, ya que aún sigue vigente la del 2017, y la regulación de las guardias localizadas realizadas por el colectivo en diferentes especialidades, un problema que afecta a prácticamente todos los hospitales de la comunidad.
“El Consejero de Sanidad se ha comprometido con los Técnicos en Cuidados de Enfermería a tomar medidas para resolver ambas situaciones y mejorar así las condiciones laborales de los profesionales TCE, un colectivo olvidado sistemáticamente por la Administración. Por ello, desde SAE esperamos que a partir de este encuentro se materialicen las medidas necesarias para mejorar la situación de nuestra categoría, en caso contrario, emprenderemos las acciones que consideremos oportunas en defensa de los intereses del colectivo”, explica Gloria Celi de Abia Ríos, Secretaria Autonómica de SAE en Castilla y León.
Los responsables de SAE esperan seguir manteniendo encuentros con los dirigentes de la sanidad de Castilla y León para poder trasladarles las reivindicaciones históricas del colectivo, que pasan por la regulación de las funciones, la reclasificación en el grupo C1 y el reconocimiento del grado superior de la Titulación de Técnicos en Cuidados de Enfermería.
 

Los residuos que surgen de la atención al paciente, según el protocolo, son depositados en las correspondientes bolsas, que deben ser cerradas adecuadamente para su posterior transporte. Esta función de cierre, tal y como recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas de Contratación del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del HUCA, es competencia del personal de limpieza. Sin embargo, mientras en las habitaciones libres de Covid sí que lo realizan, en las zonas Covid, GISPASA, LACERA –responsable de este servicio- y el SESPA han decidido que sean los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes lleven a cabo esta tarea.
Esta situación responde, nuevamente, a los intereses económicos del HUCA y el SESPA que están obligando a los TCE a realizar este servicio para que una empresa privada, LACERA, no tenga que asumir el plus de peligrosidad que su propio personal está demandando por el manejo de los residuos provenientes de UCI´s y plantas Covid.
Pero además, para obligar a los TCE, los mandos intermedios están utilizando amenazas e intimidaciones, incurriendo en actuaciones no ajustadas al derecho laboral, amparándose en virtuales instrucciones a las que no hay forma de acceder pública y libremente para identificar claramente a los responsables de las mismas. 
“Esta nueva agresión al trabajo de los TCE únicamente responde a un sometimiento del SESPA a los intereses económicos de la empresa privada contratada para la prestación de un servicio en el hospital. Si esta situación no se resuelve de inmediato, desde SAE, además de las acciones legales oportunas, emprenderemos aquellas necesarias para conseguir de inmediato el reconocimiento del plus de peligrosidad para todo el personal asistencial del SESPA”.