El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado al Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como máximo responsable de la gestión y, por tanto, de los profesionales de las residencias de mayores y centros sociosanitarios, así como a los responsables de las consejerias competentes en cada comunidad autónoma,  que se apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros. Es inaplazable que se tomen estas medidas.

Merecen profesionales con la debida titulación y la exigencia de ésta debería ser requisito imprescindible para poder optar a cualquier puesto de atención sanitaria. Sin embargo, lamentablemente, esto no es así y nos encontramos con cientos de centros sociosanitarios que llevan a cabo la contratación de personas  que presentan certificado de participación en algún curso de dudoso rigor, sin la debida carga lectiva ni formativa que les permita adquirir los debidos conocimientos, y a quienes se les supone muy buena voluntad pero a los que no les exige ninguna titulación que les capacite para la atención sanitaria.

Conviene recordar igualmente que dadas las particularidades de este sector de la población, en ocasiones dependientes, e incluso, grandes dependientes, con pluripatologías crónicas requieren de cuidados continuos y fundamentales, muchos de ellos requieren técnicas de enfermería específicas tales como la alimentación enteral, oxigenoterapia, prevención de úlceras…entre otras.

En la mayor parte de los centros las plantillas de profesionales titulados como Técnicos en Cuidados de Enfermería o Gerocultores realizan sus funciones diarias con total independencia y autonomía sin ser precisa la supervisión de ningún titulado superior lo que justifica que la titulación de estos profesionales debe ser la de Grado Superior de la Formación Profesional y un Nivel 3 de cualificación.

SAE se ha dirigido al máximo responsable de la gestión de la residencias de la tercera edad, centros de día y centros sociosanitarios para que definitivamente ponga fin a esta lamentable situación que, de no solucionarse tendrá nefastas consecuencias para el conjunto de la sociedad cada vez más envejecida y con más patologías crónicas.

La demanda de plazas en centros residenciales y sociosanitatarios para personas mayores aumenta a diario y cada vez van a hacer falta más plazas y más profesionales con la debida formación que proporcionen los cuidados integrales que requieren las personas mayores.

Necesitan cuidados continuos y de calidad no siempre excesivamente especializados por lo que urge llevar a cabo una reorganización de los recursos humanos de forma que las plantillas estén ajustadas a estos cuidados que llevan a cabo los Técnicos en Cuidados de Enfermería y que estos tengan la debida titulación.

          Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), cuya asesoría jurídica ha llevado a cabo la defensa legal de  esta compañera, esta sentencia, que ya es firme puesto que la empresa no ha presentado recurso, es una prueba de lo denunciado con anterioridad respecto a las disfunciones e  irregularidades en la gestión del régimen disciplinario y  la política de gestión de los recursos humanos de la  Residencia Centro de  día San Cibrao, que gestiona Mensajeros de la Paz.

           Entre estas irregularidades se encuentra una gestión del régimen disciplinario de los trabajadores del centro que se lleva a cabo de forma no apropiada, excesiva e incluso no ajustada a derecho como el despido, ahora anulado, a una trabajadora tras presentar candidatura a un proceso legalmente establecido

           Desde SAE confiamos en que la dirección de la residencia modifique definitivamente su esta forma de proceder y de gestionar los recursos humanos.

Asimismo, en la sanidad pública, la falta de recursos económicos, nos enfrenta al peligro que supone la escasez de pruebas, de manera que si un profesional da positivo en una primera PCR y los síntomas van desapareciendo hasta convertirle en asintomático, en siete días, sin una segunda PCR, debe incorporarse a su puesto de trabajo, poniendo en riesgo a sus compañeros y pacientes.
 “El número de bajas por Covid entre el personal sanitario no deja de crecer, mermando las ya de por sí insuficientes plantillas, además tenemos que aguantar acusaciones sobre nuestra implicación en los contagios, cuando muchas consejerías no están realizando las PCR necesarias a los profesionales, ni siquiera tras comunicar un contacto directo con un positivo. Los profesionales sanitarios estamos cansados física y mentalmente y observamos diariamente un descontrol manifiesto en múltiples actuaciones, tanto dentro del ámbito sanitario, como fuera. Por ello, desde SAE exigimos a los responsables sanitarios del Gobierno y a los consejeros autonómicos que propicien actuaciones y protocolos que permitan controlar de manera efectiva y eficaz el virus y su transmisión. La irresponsabilidad por parte de algunos gestores sanitarios así como aquellas que observamos entre algunos ciudadanos, está minando nuestra motivación y nos desespera. Todos debemos comprometernos con la salud y la única manera de hacerlo es invirtiendo en los procesos necesarios para controlar la propagación de la Covid-19 y estableciendo las actuaciones necesarias para cuidar a los profesionales”, explica Isabel Lozano, secretaria de comunicación de SAE.
 

El director gerente del Servicio Aragonés de Salud ha elaborado una instrucción para modificar el calendario vacacional a todo el personal cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, los directores de varios hospitales de Cataluña han pedido a su personal que suspenda sus vacaciones si las tienen después del 15 de septiembre, y en Madrid, donde el déficit de profesionales es incuestionable, ya está negociándose la petición de voluntariedad de aplazar los  periodos de descanso a partir de septiembre.
 “La fatiga, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre…han sido constantes durante estos cinco meses, en los que, a pesar del cansancio y agotamiento, los profesionales sanitarios han demostrado un compromiso y responsabilidad intachables. Sin embargo, todo apunta a que, si no acceden voluntariamente a renunciar a sus vacaciones en septiembre, lo tendrán que hacer a base de instrucción y decreto, lo que claramente vulnera su derecho al descanso. Durante estos meses, las administraciones han antepuesto el ahorro económico a la seguridad de los profesionales y, por lo tanto, a la de los usuarios, y parece que así va a continuar siendo, pues prefieren agotar a los profesionales de plantilla en lugar de realizar nuevas contrataciones. Desde SAE emprenderemos todas las medidas legales que consideremos oportunas si las diferentes administraciones sanitarias no dan marcha atrás, pues el agotamiento físico y mental que tienen los profesionales puede llevarles a cometer involuntariamente errores de los que, por supuesto, no serán responsables ellos, si no la administración”, explica Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE.
 

Sin embargo, el anuncio realizado por el Govern en la última Mesa de Negociación de los Empleados Públicos -celebrada en agosto, un mes inhábil para la Administración-, ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de dignidad y responsabilidad de nuestros políticos al anunciar, sin ningún tipo de negociación previa, un recorte salarial a los funcionarios; de esta manera, se aplicará el 2% de subida en las retribuciones básicas, pero bajará en el mismo porcentaje los complementos autonómicos, dejando así sin efecto una subida real.
A este nuevo varapalo económico a los profesionales sanitarios se suman la bajada de salario que sufrieron en la anterior crisis y que aún no han recuperado, la pérdida de la jornada de 35 horas, que sigue sin restablecerse, y el parón de los procesos de carrera profesional, ya que aún estamos pendientes de la sentencia de la denuncia que se interpuso en el anterior proceso y de que se abran nuevas convocatorias –pendientes 2018, 2019 y 2020- para reconocer económicamente a los profesionales el cumplimiento de objetivos e ítems, lo que conlleva una formación, a cargo del trabajador, para mantener unos conocimientos actualizados y conseguir esos objetivos de obligado cumplimiento. 
Este desprecio por parte de los políticos contrasta con la responsabilidad de los profesionales, que no ha mermado en ningún momento, especialmente durante las últimas semanas en las que el estrés y el agotamiento generados por la saturación de las urgencias en Son Espases y Son Llátzer, o la ansiedad de ponerse y quitarse los EPIS para atender adecuadamente a todos los pacientes en las plantas Covid que no son exclusivas, han sido la tónica.
“Una y otra vez somos los profesionales sanitarios quienes pagamos las crisis sanitarias: recibimos aplausos y homenajes, pero no reconocimientos reales. Siempre estamos en primera línea, pero siempre somos los primeros perjudicados, por ello desde SAE exigimos medidas efectivas que nos permitan frenar la pandemia y reconocimientos que nos dignifiquen como profesionales sin sentirnos indignados constantemente por los responsables políticos. Somos conscientes de la realidad social actual, pero no siempre se pueden solucionar los problemas a costa del salario de los funcionarios. Es una decisión injusta e inmerecida, por lo que esperamos que el Govern recapacite y cambie su decisión, ya que en Baleares, a diferencia de otras comunidades, aún no hemos recibido ningún tipo de gratificación, al contrario, nos quitan lo que nos corresponde. En caso contrario, tomaremos las medidas que consideremos oportunas”, explica Daniel Torres, responsable de SAE en Baleares.