La responsabilidad individual de muchos ciudadanos que se han instalado la app para mantener un seguimiento de un posible contacto con un positivo de COVID-19 choca frontalmente con la mala gestión del trabajo de los rastreadores, la convierte en inútil y lo único que consigue es aumentar el miedo en la población.

        El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)  en Castilla y León ha exigido a la Consejera de Sanidad que pongan en marcha las medidas necesarias para que la labor de estos rastreadores tenga el efecto deseado que, desde luego, no es el de aumentar miedo o inseguridades.

        Una vez recibido el mensaje de alerta que informa del contacto con un positivo de COVID-19 empieza el calvario de los usuarios. Puestos en contacto con el teléfono facilitado por la Consejería de Sanidad para llevar a cabo el control y seguimiento de estos casos y evitar así la expansión del virus es imposible conseguir contactar con un profesional que realice una PCR o indique el seguimiento establecido.

        El contestador automático habilitado para tal fin únicamente indica los números que hay que marcar en función de la situación individual pero es extremadamente difícil que el final sea entablar conversación con uno los rastreadores o conseguir una cita para la realización de una prueba PCR.

        Esta circunstancia está llevando a que, ante la confirmación de Radar Covid de haber tenido contacto y el miedo a haberse contagiado, los usuarios acudan a la sanidad privada y que todos los miembros de la unidad familiar se sometan a la prueba PCR. El precio medio de una de estas pruebas ronda los 150 euros.

            Pese a ello, se ha publicado una orden formal capacitando a que en el  IFBS se permita la contratación para la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería, a trabajadores sin la titulación requerida para el puesto y en su lugar contratar a personas que dispongan del certificado de profesionalidad de “atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales”.

            Prescindir del requisito imprescindible de la titulación supone una merma en la calidad de los cuidados que se prestan a nuestros mayores. Es inaudito en cualquier establecimiento, pero mucho más cuando esta situación se permite en los centros públicos rebajando los requisitos en la titulación, tal y como se establece en la citada orden foral para acceder a un puesto en una administración pública, que equipararía a las residencias del IFBS con la precaria situación que se vive en los centros privados, donde en muchos de ellos los residentes son atendidos por personal con nula o escasa formación sanitaria.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha exigido formalmente ante la Consejera de Trabajo y Políticas Sociales que en todas las residencias privadas se exija la titulación de Técnico en Cuidados de Enfermería. Es sencillamente inadmisible.

            SAE ya comunicó tanto al Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como máximo responsable de la gestión y, por tanto, de los profesionales de las residencias de mayores y centros socio sanitarios, así como a los responsables de las consejerías competentes en cada comunidad autónoma, que se apliquen las medidas necesarias y se exija la titulación correspondiente a todos los profesionales que ejercen sus funciones asistenciales en estos centros.

            Para este Sindicato, la primera muestra de consideración a nuestros mayores debe ser la de asegurarles la atención adecuada por los profesionales indicados, debidamente formados. El cuidado, el respeto y la protección a las personas mayores debe estar entre las prioridades de cualquier sistema de salud.

         Pese a estas circunstancias, el Servicio Canario de Salud derivó a esta profesional al servicio público de salud considerando, a pesar de todos los informes y reconocimientos médicos aportados, que no se trata de un accidente de trabajo.

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha presentado la reclamación previa no solo ante el Servicio Canario de Salud, sino que también lo ha hecho ante Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Soical  y la Mutua MAC. Sin embargo, ésta es una reclamación previa a la vía jurisdiccional  a la que SAE no dudará en llegar si no se modifica la consideración de este incidente.

         Para SAE es más que evidente que se dan los requisitos para que se disponga la declaración de accidente laboral accidente laboral el sufrido por la reclamante durante su jornada laboral y en su puesto de trabajo en la UCI del Hospital General de la Palma.  Por tanto, de no rectificarse esta consideración la asesoría jurídica de SAE llevará a cabo las acciones oportunas.

            Sin embargo, la manera de proceder en los centros contradice algunos de los puntos establecidos en la resolución aprobada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales donde se apela, textualmente a: “La especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros motiva que hayan de extremarse las medidas de atención, cuidado y seguridad de las mismas, así como de las personas trabajadoras, para prevenir nuevos contagios y contribuir a la finalización de la crisis sanitaria” e incluso establece en otro que “en el caso de trabajadores de un centro que presentaran sintomatología compatible con una posible infección COVID-19 de forma inmediata deberá poner el hecho en conocimiento del coordinador COVID y abandonar el centro para dirigirse a su domicilio”. Se establece, igualmente, la necesidad de realizar PCR a todos los trabajadores nuevos que se incorporen a la plantilla del centro así como quienes regresen de sus permisos.

            Pero estas pruebas no están realizando con plenitud de garantías dado que tras la realización de la prueba el trabajador acude, sin esperar resultados, a su puesto de trabajo. Y es en este punto donde la forma de proceder, y la contradicción que se establece con lo expuesto anteriormente, pone en peligro a todos: tanto a los usuarios como a los trabajadores.

De hecho, SAE tiene constancia de algunos compañeros que han estado en su puesto de trabajo a la espera de este resultado que, finalmente ha sido positivo. Se demuestra, así, la necesidad de establecer un protocolo que permita cumplir con el objetivo real de frenar el virus. Recordamos que el número de profesionales sanitarios con positivo por COVID-19 asciende a 55.824 hasta el 12 de agosto y es prioritario mantener sanos a los profesionales.

Por eso desde SAE exigimos un cambio en los protocolos que evite al máximo situaciones como la señalada para que se cumpla lo establecido por la propia Consejería.

            Sin embargo, el retraso tanto en la ejecución de las pruebas como en la comunicación de los resultados deja a la plantilla reducida a la mitad, ya que estos profesionales pendientes de la PCR no están siendo sustituidos, por lo que su trabajo recae sobre sus compañeros en activo.

            La especial vulnerabilidad de las personas usuarias de estos centros motiva que hayan de extremarse las medidas de atención, cuidado y seguridad de las mismas, así como de las personas trabajadoras, para prevenir nuevos contagios y contribuir a la finalización de la crisis sanitaria.

Por eso el Sindicato de Técnicos de Enfermería exige una solución inmediata a esta falta de personal para cubrir la ausencia de los trabajadores pendientes de la PCR  con el fin de no castigar más a los profesionales que están en la plantilla activa asumiendo una sobrecarga de trabajo por falta de previsión.