El Sindicato de Técnicos de Enfermería comunica, a través de notas de prensa o cartas al director, a los medios de comunicación todas aquellas informaciones de interés público y profesional en las que SAE es noticia.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha denunciado, una vez más, la situación de la Residencia DomusVI San Jordi ante la Inspección de Trabajo solicitando una solución a la alarmante situación de falta de personal y sobrecarga laboral de los profesionales del centro.
“La Residencia DomusVI San Jordi tiene un problema endémico de falta de personal que ocasiona trastornos de salud, tanto físicos como mentales, en todos los trabajadores del centro que están al límite de su capacidad tanto física como emocional, como de los propios residentes. Cuando una persona tiene que atender a 30 pacientes, todos ellos con mayor o menor grado de dependencia, es imposible que los tiempos de asistencia en sus necesidades sean los que deberían”, explica la secretaria provincial del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Tània Riera.
SAE ha denunciado en reiteradas ocasiones, desde mayo de 2018, tanto ante la Inspección de Trabajo como ante la Consejería de Bienestar Social, la terrible e insoportable carga de trabajo tanto para los DUE del centro como para las gerocultoras. “La falta de DUE provoca que algunas de sus funciones recaigan en las gerocultoras, aumentado, aún más, su sobrecarga y teniendo que asumir funciones que, por titulación, no son de su competencia. Esto no sólo les ocasiona un gran estrés sino que son frecuentes los fallos, lo cual incide directamente en la salud de los usuarios”, manifiesta Tània Riera.
“Hemos comunicado en reiteradas ocasiones a los responsables de la empresa la necesidad de valorar la situación desde el Servicio de Prevención y los Delegados de Prevención y, en caso de estimar que puede comportar un riesgo hacia la salud de los trabajadores, poder adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos que está acarreando esta situación en sus trabajadores. Sin embargo, es evidente que la empresa no tiene ninguna intención de solucionar estos graves problemas ya que ha suspendido tanto las dos últimas reuniones de prevención de riesgos laborales del Comité de Seguridad y Salud como la reunión extraordinaria pedida en junio por la Presidenta del Comité para abordar precisamente este tema. No se ha realizado correctamente el pertinente “Test de prevención de riesgos laborales”, requerido por la Inspección de Trabajo ante la denuncia presentada por SAE. Dicho test es de una importancia esencial, puesto que no solo ayuda a evaluar la situación laboral y anímica de los empleados del centro, sino que además permite descubrir de qué forma el personal está asistiendo a los pacientes y que aspectos serían mejorables”, continúa Tània Riera.
Una prueba inequívoca de la gravedad de la situación en este centro es el nivel de bajas por IT y los continuos movimientos de plantilla, muchas veces ocasionados por bajas voluntarias del propio personal que no se ve capaz de aguantar la presión de trabajar allí en esas condiciones laborales. Ninguna de estas ausencias se sustituye aumentando la presión del personal en activo y agravando aún más la insostenible situación.
Ante la falta de respuesta por parte de la empresa a nuestra reivindicación, se ha convocado al Comité para que adopte como Órgano colegiado la medida correspondiente, y una vez se apruebe, se solicite a la Inspección de Trabajo su implementación, ya que proteger la salud de los trabajadores es una premisa básica.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha remitido un escrito al Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) exigiendo que cuando se proceda al pago de la nómina de julio de los profesionales afectados por el retraso en su cobro se incluyan también los intereses generados por este retraso.
Todos los profesionales contratados por el IMAS para cubrir las vacaciones de verano no percibirán la nómina de julio hasta finales de agosto, lo que ha generado un evidente malestar entre los trabajadores, quienes han cumplido con su deber y ahora, por una pésima gestión administrativa, no van a percibir su salario, lo que afectará claramente a su vida personal cuando no puedan hacer frente a los pagos.
A este error hay que sumar el hecho de que el IMAS ha dado de alta a los profesionales en la Seguridad Social con un retraso de varios días respecto a la fecha de inicio de su actividad laboral, lo que igualmente supone un perjuicio económico para estos trabajadores.
“Las sustituciones de verano no son una práctica nueva, por lo que nos parece intolerable que no se haya actuado con la anticipación debida para que este tipo de errores administrativos, que dejan al trabajador en una posición económica inestable, no se produjeran. Por ello desde SAE exigimos al Director Gerente del IMAS que sume los intereses generados por este retraso a la cantidad que le corresponda a cada trabajador en concepto de nómina”, finaliza Elisa Romero, secretaria autonómica de SAE en Murcia.
USAE ha solicitado al Director Gerente del SAMU-061 el aumento de un recurso de Soporte Vital Básico en el turno de noche para la zona de Palma-Ponent, donde se están llegando a realizar hasta once servicios en una noche.
Esta situación se produce porque la flota de vehículos de Soporte Vital Básico disminuye en un 40% en el turno de noche, lo que supone una presión para los profesionales Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) que están en servicio, pues el número de servicios no disminuye en la misma proporción.
Además, por las noches desaparecen las ambulancias Covid en Mallorca, lo que obliga a emplear otros vehículos para hacer los traslados Covid positivo, aumentando así la presión y la carga de trabajo entre los TES, pues muchas noches a los ya mermados recursos se suma el hecho de que dos ambulancias de Soporte Vital Básico tienen que pasar hacer estos traslados.
“El cansancio y agotamiento de los Técnicos en Emergencia Sanitaria que desarrollan su trabajo en este turno está poniendo en riesgo su salud física y mental, por ello desde USAE hemos solicitado el incremento de un recurso para que el servicio se pueda prestar con total garantías para la salud de los profesionales TES y, por supuesto, de los usuarios”, explica José Ramón Cerdó, delegado de USAE-GSAIB/ SAMU- 061.
Zaragoza, 27 de julio de 2021.- Una vez más, desgraciadamente, desde FTPS (SAE_ TCAE Aragón) tenemos que lamentar y condenar la agresión sufrida por profesionales, en el caso de ayer sanitarios, trabajador social y policías nacionales, en el desempeño de su trabajo.
FTPS manifiesta todo su apoyo y solidaridad con los profesionales agredidosy considera inadmisibles estas agresiones a los profesionales sanitarios y no sanitarios que tienen, como el resto de profesionales, derecho a realizar su trabajo con todas las garantías de seguridad. Una agresión no forma parte de los riesgos asumibles como propios de la profesión.
Para FTPS cada vez es más evidente la necesidad de establecer medidas encaminadas a mejorar la seguridad de los profesionales y de establecer una estrategia común y un marco jurídico debidamente reforzado para erradicar la que, sin duda, es una lacra social.
La Junta de Personal ha convocado una concentración en señal de repulsa que se celebrará mañana a las 12 de la mañana en la puerta principal del centro sanitario.
C. Valenciana, 26 de julio de 2021.- La Generalitat de la Comunidad Valenciana dicta leyes que después no tiene intención de aplicar como es el caso de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, publicada recientemente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y ya en vigor, y que supone que los Técnicos del Grado Superior de la Formación Profesional deben ser clasificados en el Grupo B y los Técnicos de Grado Medio, en el Subgrupo C1.
No obstante, parece que no tiene intención de llevar a cabo y aplicar esta ley en lo que atañe a la clasificación correcta de los Técnicos estatutarios de los Servicios de Salud ya que, a pesar de que la propia Ley de la Función Pública de la Comunidad Valenciana en su artículo 3.2 dice textualmente: “el personal estatutario que desempeñe su función en los centros e instituciones sanitarias del Servicio Valenciano de Salud se regirá por lo dispuesto en su normativa específica (el Estatuto Marco) y subsidiariamente en aquellas materias no reguladas en dicha normativa, por la presente ley”, se da la circunstancia de que la clasificación que hizo el Estatuto Marco por grupos, de acuerdo a la titulación exigida para el acceso al puesto de trabajo, es la misma que hacía la Ley 30/84, derogada por la entrada en vigor del EBEP que en su artículo 76 clasifica a los Técnicos Superiores en el Grupo B y a los Técnicos de Grado Medio en el Subgrupo C1 .Asimismo, el Estatuto Marco en su artículo 5.2 ya dividía al personal de la Formación Profesional en Técnicos Superiores y Técnicos de Grado Medio, es decir, los clasifica de igual modo que el artículo 76 del EBEP y que la Ley de la Función Pública Valenciana en base a este artículo.
El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha contactado tanto con la Consejería de Sanidad como con Función Pública para que se aplique de inmediato lo dispuesto en esta Ley que, para los Técnicos de la Formación Profesional supone, sin lugar a dudas, un avance sustancial que llevan años reclamando. Si bien SAE ha recibido la resolución del director general de Función Pública reconociendo de manera automática “la inclusión del personal funcionario/laboral empleado público de la categoría profesional de Técnicos en Cuidados de Enfermería en el Subgrupo C1 y de los Técnicos Superiores en el Grupo B”.
Las leyes entran en vigor cuándo y cómo corresponde. La clasificación de los Técnicos de la Formación Profesional debe producirse de manera automática como dice esta Ley y la Administración no debe recurrir argumentos y trucos dialécticos para perpetuar esta situación por más tiempo.
Lo contrario es un despropósito y el Sindicato de Técnicos de Enfermería no va a permitir que la Consellería de Sanidad mantenga a los profesionales en un grupo que no les corresponde.
Desde SAE animamos a los Técnicos de la Formación Profesional a manifestar su oposición y no admitir esta enorme injusticia por más tiempo dada la falta de voluntad política para aplicar esta ley. Hay que mantener la misma celeridad cuando se trata de leyes que benefician a los profesionales que cuando estas leyes supone un deterioro de las condiciones o un recorte de los derechos.