Desde hace tiempo, una de las reivindicaciones de SAE es la reducción de la edad de jubilación voluntaria sin penalizar para estos trabajadores. De hecho, este fue también uno de los puntos por lo que más de 8.000 profesionales se manifestaron el pasado 24 de febrero en Madrid. Asimismo, SAE ha ejercido, ya en dos ocasiones, su Derecho de Petición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones solicitando el inicio de los estudios necesarios para el reconocimiento de la profesión sanitaria como profesión de riesgo y, por lo tanto, la reducción de la edad de jubilación a los 60 años.

       El artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad mínima de 65 años exigida para tener derecho a pensión de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en aquellos grupos o actividades profesionales en las escalas, categorías o especialidades cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Los profesionales sanitarios y sociosanitarios están dentro de estas categorías, pues en su trabajo diario se enfrentan a riesgos para su salud al estar expuestos a posibles infecciones, radiaciones y productos tóxicos. De hecho, cada vez es mayor el número de profesionales que desarrollan afecciones de diferente evolución y sintomatología, como es la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) por la exposición continuada a sustancias tóxicas, aerosoles e infinidad de químicos a los que los sanitarios se exponen a diario en el ejercicio de sus funciones.

    También sufren el desgaste físico, psíquico y social que conllevan los turnos rotatorios y nocturnos, la fatiga mental, la escasez de personal, el envejecimiento de la población, en su mayoría dependientes/grandes dependientes, y la presión asistencial. Todas estas tensiones, implicación y esfuerzos deterioran la salud y provocan altos índices de morbilidad y, por lo tanto, de absentismo.

    El derecho al establecimiento de coeficientes reductores para los profesionales sanitarios y sociosanitarios, tal y como ya tienen reconocido otras profesiones, es una de las reivindicaciones que SAE abandera desde hace años, “por lo que consideramos  fundamental el apoyo de todos los agentes sociales y representantes de los trabajadores implicados, pues solo así conseguiremos una unión fuerte que obligue al Gobierno a  cumplir con el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que recoge que la edad de jubilación podrá rebajarse en los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”, explica Isabel Lozano, Secretaria de Organización de SAE.

      Pero, además, el Gobierno debe tener en cuenta que la mobilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, o la incapacidad permanente derivada de enfermedad laboral, se producen de manera constante y en un grado superior a otras profesiones, lo que debería impulsar el reconocimiento de este derecho.

 Coincidiendo con la concentración se producía la entrada al Parlamento de un gran número de personalidades no solo de la Administración navarra para el acto oficial de toma de posesión del Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, por lo que no han podido esquivar a los profesionales que han coreado sus consignas mientras entraban en el edificio. También lo acompañaba en este acto, su homólogo el Defensor del Pueblo del Estado, Ángel Gabilondo.

Begoña Ruiz, secretaria autonómica de SAE en Navarra manifiesta que “recordamos que su antecesor en el cargo, Francisco Javier Enériz Olaechea,  estimó la queja presentada por el Sindicato de Técnicos de Enfermería e incluso formuló una sugerencia al Departamento de Salud y al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior para que se impulsaran las disposiciones necesarias para dotar a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y Técnicos Sanitarios de la carrera profesional y para llevar a cabo el merecido encuadramiento de la categoría e instaba al Gobierno a elaborar y promover una norma  para reconocer a estos colectivos la Carrera Profesional en similares términos a los previstos para el resto del personal sanitario”.

“Es evidente que no se ha avanzado lo más mínimo en ninguna de las reivindicaciones. Teniendo en cuenta que Patxi Vera ha tenido ya un primer contacto con los Técnicos y sus problemas, confiamos en que pueda llevar a cabo alguna actuación que impulse estas reivindicaciones”, finaliza Begoña Ruiz.

SAE ha solicitado una reunión con el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, para hacerle llegar las quejas de los profesionales que están hartos de la invisibilidad en la que nos encontramos y tratar de posibles vías de solución.

SAE ha solicitado una reunión con el Vicepresidente Primero y Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, para hacerle llegar las quejas de los profesionales que están hartos de la invisibilidad en la que nos encontramos y tratar de posibles vías de solución.

La secretaria autonómica de SAE en Navarra recuerda que “hemos ido al Parlamento, al Defensor del Pueblo, hemos estado con la Consejera de Salud, pero falta voluntad política y la intención clara por parte del Gobierno, por ello insistimos en tener esta reunión. Llevamos demasiado tiempo aguantando una situación de maltrato, pero no vamos a renunciar al cumplimiento de nuestros derechos”.

La Plataforma EBEP 36.3 “Por una Democracia y Libertad Sindical Real y Efectiva” se reúne con el Diputado Oskar Matute para trasladarle la situación en las que se encuentra la representación sindical en las administraciones públicas consecuencia de una dinámica de exclusión de la representatividad sindical libremente elegida por parte de las y los empleados públicos, vulnerando principios fundaméntales de representación democrática y libertad sindical.
Por parte de la Plataforma se le ha hecho participe de las acciones realizadas hasta el momento para corregir el despropósito y vulneración que estamos sufriendo la mayoría de las organizaciones sindicales (excepto las denominadas “mayoritarias” CCOO y UGT) consecuencia de la rocambolesca situación creada tras la interpretación desacertada, inconexa y contraria a la LOLS, que realizó el Supremo sobre el artículo 36.3 del EBEP en el 2018 que establece la forma de constitución de las Mesas Generales de Negociación en las diferentes administraciones públicas.
La Plataforma le ha trasladado el dictamen elaborado por la Universitat de València el cual evidencia claramente el funcionamiento erróneo y desajustado al fundamento de la norma a la hora de la constitución de las mesas de negociación en las distintas administraciones, realizando un propuesta de modificación legislativa que solucione la situación sin ningún tipo de margen de interpretación excluyente y sesgada como ocurre en la actualidad.
Igualmente, se le ha informado de las reuniones realizadas ya con el resto de grupos de la cámara y el apoyo unánime a la iniciativa de todos ellos, con distintos puntos de vista pero todos coincidentes en la necesidad de solucionarlo, trasladándole las propuestas y compromisos adquiridos con los mismos.
El Sr. Matute comparte nuestra reivindicación y apoyará aquellas propuestas que garanticen el libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de las y los trabajadores a elegir a sus representantes sindicales y que estos puedan ejercer dicha función de manera efectiva. Coincide con la Plataforma en que no tiene sentido realizar elecciones sindicales en cada administración si después dichos representantes no van poder ejercer sus funciones de manera efectiva, mientras otras organizaciones por imperativo legal (sindicatos mayoritarios) lo harán por ellos aun no siendo elegidas por estos.
Oligarquía sindical, desafectada de la democrática decisión de las y los trabajadores y más propia de otras épocas, que pone en grave riesgo pilares fundamentales, produciendo una desafección respecto a los acuerdos o decisiones que estas organizaciones no respaldadas socialmente adopten, algo que en un sector fundamental como la administración pública es muy arriesgado.
La Plataforma EBEP 36.3 agradece el interés y preocupación del Sr. Matute y su compromiso por el mantenimiento de la Democracia y Participación Sindical, emplazándonos a mantener un contacto permanente en la modificación legislativa para solucionarlo.

            La asesoría jurídica de SAE en Burgos, servicio al que tienen derecho todos los afiliados, presentó numerosas denuncias en contra de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Burgos por el incumplimiento del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

                En los centros dependientes de estas administraciones existen plazas vacantes que son ocupadas por los profesionales durante varios años de forma ininterrumpida, sin que los organismos públicos hayan puesto en marcha los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la normativa, convocando los procesos selectivos pertinentes con el objeto de proveer definitivamente dichas plazas. Esta forma de proceder supone un incumplimiento del artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público.

                El Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha dictado varias sentencias según las cuales el personal interino que ocupa dichas plazas vacantes deben pasar a ser considerados como indefinidos no fijos con las consecuencias legales que a las que dé lugar. La inactividad de la Administración durante tan amplio periodo de tiempo no justifica la duración de la relación laboral y por ello se debe aplicar el art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores y convertir dichos contratos en indefinidos.

                Los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería en Burgos han manifestado su satisfacción por el reconocimiento de este derecho de estos trabajadores. Aunque se espera aún el resultado de algunas de las denuncias presentadas son ya 16 las sentencias favorables, dos contra la Diputación de Burgos y las catorce restantes a la Junta de Castilla y León, y confían en el que todas finalicen con el mismo resultado.