Ante esta situación USAE interpuso una denuncia ante la Inspección de trabajo y seguridad social de la Ciudad Autónoma de Melilla y tras acudir al centro se ha hecho llegar a esta organización los requerimientos que, con carácter inmediato y cumplimiento continuo, se deben realizar en el citado centro.

Todo ellos dirigidos a adoptar las medidas necesarias para dotar tanto a los residentes como a los trabajadores del Centro de Mayores de un lugar de trabajo en condiciones que garantice su seguridad y salud. A tal efecto, la temperatura de los locales no debe superar los umbrales legalmente establecidos por la normativa en vigor.

Para conseguir este objetivo se propone la realización de medidas concretas y comprobar periódicamente la eficiencia de los sistemas establecidos.

M.ª José Martín delegada de USAE en el centro, manifiesta su satisfacción por el resultado de la demanda interpuesta aunque lamenta tener que acudir a estos mecanismos cuando se había comunicado a la dirección y no se pusieron las medidas para solventar estos hechos.

            Todos para optar a una de las 5 plazas que para esta categoría profesional convocó el INGESA y que, tal y como hemos manifestado desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería, se consideran rotundamente insuficientes para dotar de la ansiada estabilidad de los profesionales que llevan años esperando poder consolidar su plaza.

          El sábado los delegados de SAE estuvieron presentes durante el desarrollo de la prueba apoyando a los opositores en los momentos previos y ofreciendo el material que pudieran necesitar y confía en que de manera paulatina INGESA convoque el número de plazas de Técnicos en Cuidados de Enfermería necesarias para cubrir la demanda asistencial de la población ceutí.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha conseguido la primera sentencia para que una profesional Técnico en Cuidados de Enfermería cobre la incapacidad temporal desde el primer día y no, como quería la Mutua, con una retroactividad de tres meses desde la presentación de la solicitud determinación de contingencia, para que esta baja pasara de ser enfermedad común a accidente de trabajo. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social dictó resolución por la que se consideraba como profesional la contingencia origen del proceso de la incapacidad temporal iniciado por la trabajadora y volcaba la responsabilidad de la mutua en la prestación económica y del SERGAS en la prestación sanitaria.
Sin embargo, la mutua formuló demanda alegando que el centro no constaba inscrito como sociosanitario (requisito exigido por el RDL), la inexistencia de parte de Accidente de Trabajo, y la inexistencia de informe del SPS. Por su parte, la sentencia del Juzgado de lo Social resolvió que el centro de trabajo era claramente sociosanitario (atención en residencia de mayores como TCE), siendo irrelevante que la empresa no lo hubiera inscrito como tal en el correspondiente registro y que, igualmente, era irrelevante cuándo la trabajadora solicitase la determinación de contingencia, pues lo importante es la fecha de Incapacidad Temporal, “debiendo ser ésta como fecha del hecho causante, sin estar a la fijación de efectos económicos con 3 meses de antelación máxima a la solicitud de cambio de contingencia”.
Ahora, la sentencia del Tribunal Suspserior de Justicia de Galicia confirma que "el hecho que motiva el recurso de si han de retrotraerse a la fecha del hecho causante el reconocimiento de la incapacidad temporal, o han de ser el de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud determinación de contingencia, ha de resolverse en el sentido acordado en la resolución impugnada, que lo extiende al momento del hecho causante de la incapacidad temporal"
“Desde SAE estamos muy satisfechos por esta sentencia, que reconoce todo el periodo de baja como accidente de trabajo de esta compañera y, estamos seguros, creará jurisprudencia en toda España. Asimismo, estamos pendientes de que el SERGAS abone el recargo de prestaciones de seguridad social derivadas de accidente de trabajo por Covid 19 a todos aquellos profesionales a quienes se les ha reconocido esta indemnización”, explica Trinidad Marín García, secretaria de comunicación de SAE en Galicia.
 

        En el caso de la planta de oncología hay más de veinte pacientes con unas necesidades y demandas características, especialmente aquellos que se encuentran en aislamiento o están en cuidados paliativos, a los que no se les puede dar una atención todo lo adecuada que se debiera por la falta de profesionales TCE. Asimismo, las familias también se ven desprotegidas y desamparadas ante ciertas situaciones debido a la falta de profesionales TCE, responsables de acompañarles en los procesos y alentarles cuando es necesario.
        Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se ha solicitado en varias ocasiones a la dirección del centro que lleve a cabo las contrataciones necesarias para cubrir las licencias, bajas o permisos de las compañeras, pues, además de una merma en la calidad asistencial que reciben los pacientes, esta situación está generando estrés y ansiedad entre los profesionales, que deben hacer el trabajo de dos personas. 
        “No se trata de un momento puntual, pues la situación se repite desde hace tiempo, por ello, exigimos a la dirección del centro que utilice la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud para cubrir las bajas, los permisos y las licencias de las compañeras, pues es intolerable que un servicio tan delicado como oncología se mantenga bajo mínimos. Es necesario que la dirección prime la atención de calidad y para ello debe erradicar la precariedad de las plantillas, pues los TCE están al límite de sus capacidades físicas y emocionales”, explica Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba.
 

            Desde junio de 2022 la empresa estableció que los Técnicos en Cuidados de Enfermería se encargarían de gestionar las incidencias de su planta. No es esta una función que venga recogida en el Convenio Colectivo de Centros Sanitarios de Cruz Roja en Gipuzkoa, que les es de aplicación por lo que, en primer lugar, supone una modificación de sus funciones que la empresa no debe llevar a cabo de manera unilateral a través de una nota interna.

            La nota establecía que “Se encargarán de gestionar las incidencias de su planta, en caso de que tenga que llamar a Giroa*, dicho personal se encargará de ello y que en caso de falta de AUX en su planta, por motivos de última hora, (bajas, urgencias, etc.) se encargarán de intentar que una/o compañera/o venga. Dispondrán de una cartelera actualizada para poder ver quien está libre”.

            Más allá de la modificación de funciones esta manera de proceder supone una clara intromisión de la privacidad y tal y como recoge la sentencia “no existe justificación concreta por parte de la empresa en cuanto a la necesidad u obligación por parte de los trabajadores de llevar a cabo esas funciones que no vienen recogidas en el convenio (….) No existe mayor justificación que la de ahorrarse un empleado  y ello no conlleva la obligación de los trabajadores a cumplir dicho trabajo”.

            Idoia Usón Camarero, Secretaria Provincial de SAE en Guipúzcoa celebra el fallo de esta sentencia  “se modificaron aspectos de funcionamiento sin tener en cuenta cómo afectaría esta modificación al resto de profesionales implicados cuando la forma de proceder anteriormente nunca causó problemas. Los TCE estamos hartos de que siempre nos sobrecarguen de trabajo por el interés de las direcciones o de otros estamentos.