El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se ha concentrado frente al Departamento de Salud y ha entregado, con el apoyo de algunos delegados, las miles de firmas de los profesionales sanitarios catalanes a la Consejera de Salud, Alba Vergés, manifestando su protesta ante la forma en la que el Gobierno de Cataluña ha decidido repartir los 140 millones de euros que invertirá para agradecer y reconocer el sobreesfuerzo y compromiso que los profesionales sanitarios han realizado durante la crisis de la Covid-19.

El reparto de esta gratificación discrimina en función de las categorías profesionales y la jornada laboral, cuando todos los trabajadores han respondido con la misma entrega, implicación y eficacia para hacer frente a esta pandemia, sufriendo todos los mismos riesgos, porqué el virus no escoge a sus víctimas.

Desde SAE esperamos una respuesta de la Consejera Alba Vergés antes de que se lleve a cabo el pago de esta gratificación, que se comprometió a realizar en el mes de agosto. 
 
 

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) quiere manifestar su sorpresa e inquietud ante la publicación del Real Decreto 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
Según se recoge en la norma, si no hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones oficiales – Técnico en Cuidados de Enfermería, Ayuda a Domicilio o Asistencia Personal-, “podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, incluyendo aquellas prestadoras de cuidados en el ámbito familiar…”.
    Si realmente lo que se busca con este Real Decreto es garantizar la protección de usuarios y profesionales, con esta medida, que demuestra una alarmante falta de responsabilidad por parte de los gestores políticos y sanitarios de la comunidad, se va a conseguir todo lo contrario, pues permitir que personas sin titulación ni formación adecuada puedan atender las necesidades asistenciales de los usuarios de las residencias, pone en riesgo su salud y su bienestar, pues, tal y como llevamos años demostrando, somos los Técnicos en Cuidados de Enfermería quienes tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en estos centros.
     “La publicación de este decreto es insultante para uno de los colectivos sanitarios donde mayores tasas de paro existen, por lo que desde SAE hemos puesto en marcha varias acciones para que retiren este decreto. Llevamos años luchando para que en los centros residenciales de titularidad privada contraten a profesionales con la titulación requerida para atender a los residentes con todas las garantías y ahora tenemos que empezar a luchar para que esto también ocurra en las residencias públicas, lo que supone un paso hacia atrás en la atención sociosanitaria y un agravio hacia nuestro colectivo”, explican los responsables de SAE en Castilla y León.

La comparecencia realizada por el propietario de la residencia privada de Viella en el marco de la comisión parlamentaria creada para el estudio de la gestión del coronavirus en Asturias ha puesto de manifiesto el problema que existe con estos centros de titularidad privada: habitualmente, cuentan con los recursos materiales y humanos justos para atender a los residentes y, ante una situación de pandemia como la vivida, se ven desbordados, a pesar de la ayuda recibida por parte de la Administración Pública.
El propietario de este centro ha reconocido que contrató a la peluquera del mismo para realizar las funciones de los Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE), lo que nos sorprende y nos inquieta, pues es evidente que nuestro trabajo requiere de una formación específica, la de TCE, para poder llevar a cabo una atención sanitaria segura, de calidad y conforme a la norma. Sin embargo, parece que el propietario de la residencia prefirió emplear a la peluquera del centro, un servicio que difícilmente podía ofrecer a sus residentes durante esos meses, y recolocarla para realizar las funciones de nuestro colectivo, ahorrándose así un salario, en vez de ofertar ese empleo a alguno de los numerosos TCE que están en paro.
“Los recursos en estos centros tienden a ser escasos y las ratios en algunos casos son insoportables para los profesionales: tenemos constancia de algunos centros privados donde 2 TCE deben atender a 70 usuarios. Es inadmisible que se contrate a profesionales de sectores que nada tienen que ver con la sanidad para atender a los residentes, poniendo en juego su seguridad y su salud, pues este personal no tiene la formación sanitaria adecuada para realizar nuestro trabajo. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería esperamos que estos centros empiecen a invertir en sus recursos, tanto humanos como materiales, y dejen de primar el beneficio económico por encima de la salud y el bienestar de sus usuarios”, explica Luisa María Montañés, secretaria autonómica de SAE en Asturias.
 

Los responsables del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) en País Vasco han remitido una carta a la Consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, y a la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza, María Pilar Uriarte, para que se incluya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) en las 64 plazas de enfermería y 110 de todas las categorías, que se han aprobado para ampliar la plantilla de Atención Primaria, un nivel asistencial en el que los TCE tienen una gran labor y apenas están presentes.

Es urgente que en el nuevo modelo de Atención Primaria sobre el que la Consejería y la Dirección de Osakidetza llevan un tiempo trabajando se revisen los puestos estructurales y se incrementen las plantillas con los profesionales más adecuados para cada puesto de trabajo con el objetivo de optimizar los recursos en este nivel asistencial.

En este sentido, los Técnicos en Cuidados de Enfermería ya realizan en distintos centros de Atención Primaria la petición, recepción, estocaje y reposición de material sanitario, controlan la temperatura de las vacunas y el correcto funcionamiento de los refrigeradores en los que se  almacenan, controlan las caducidades de todo tipo de material y medicamentos,  gestionan y envían muestras biológicas al laboratorio, atienden directamente al paciente en el reparto de material y llevan a cabo la educación sanitaria de los usuarios en el adiestramiento a pacientes para la realización de pruebas y recogidas de muestras, entre otras funciones.  

Por ello, esperamos que dentro de las 64 plazas de profesionales de enfermería que se han valorado para incrementar las plantillas de este nivel asistencial, la Consejería contemple a los TCE, pues la Atención Primaria, tal y como ha indicado la propia Consejera, es un nivel necesario e imprescindible, no sólo para el control actual de la pandemia, sino también para el buen funcionamiento de una sanidad moderna. Y los TCE somos los profesionales indicados para optimizar los recursos en este nivel asistencial, por lo que es necesario incrementar exponencialmente nuestra presencia en Atención Primaria. 

El reparto de esta gratificación discrimina en función de las categorías profesionales y la jornada laboral, cuando todos los trabajadores han respondido con la misma entrega, implicación y eficacia para hacer frente a esta pandemia, sufriendo todos los mismos riesgos porque el virus no diferencia por categorías.
“Los poderes públicos, encargados de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, están vulnerando el principio de igualdad recogido en la Constitución, premiando el compromiso y la implicación del personal facultativo y del colectivo de enfermería en detrimento del personal asistencial con titulación de Formación Profesional Técnica, del personal para asistencia titulado o sin titulación, del personal administrativo y del personal de oficios. Por ello, desde SAE, teniendo en cuenta que el riesgo de contaminación no va en función al tiempo de permanencia en las dependencias sanitarias, ni al color de la bata, ni al cargo ocupado, ni a las funciones desarrolladas, vamos a seguir trabajando para que la Consellera nos escuche y realice un reparto justo de esta compensación económica, que, tal y como está planteada, fomenta brechas en el sistema sanitario y desnaturaliza su finalidad. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria por su parte, emprenderemos las acciones legales que consideremos oportunas”, explica Tània Riera, secretaria autonómica de SAE en Cataluña.