FTPS ha presentado una denuncia en Inspección de Trabajo tras detectar en varios hospitales de la comunidad el incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales relativa a EPIs, lugares de trabajo, gestión de residuos y riesgo biológico.
Entre las anomalías constatadas, queremos resaltar cómo se han ido modificando los protoclos en función del material de protección existente, contraviniendo así la normativa de prevención. Debido a esta falta de material, se está obligando a los profesionales a reutilizar las batas desechables y las mascarillas FFP2 y FFP3 varias veces, cuando están indicadas para un solo uso.
Esta escasez de recursos está obligando a los profesionales de UCI a trabajar en este servicio con mascarillas FFP2, incluso para realizar técnicas que generan bioaerosoles, en lugar de FFP3, que son las que están indicadas. 
En cuanto al desecho de residuos, las bolsas destinadas para los de clase III se están acumulando en el suelo ya que no hay cubos acondicionados para su depósito y posterior eliminación.
A esta escasez de material se suma la falta de recursos humanos, como ocurre en el Hospital de Teruel, donde hemos solicitado que se contrate a los profesionales necesarios para cubrir las plantillas.
Asimismo, en el Hospital Miguel Servet se ha detectado una dotación de mascarillas que incumple la normativa europea y tenemos conocimiento de que éstas también se han distribuido en varios centros de salud, por lo que aquellos trabajadores que las hayan utilizado no han estado realmente protegidos y, por lo tanto, es probable que estén infectados y puedan contagiar a otros profesionales.
Por ello, también hemos presentado denuncia en Inspección de Trabajo, exigiendo a la Consejería que identifique en qué centros sanitarios se han recibido estas mascarillas, así como a los trabajadores potencialmente afectados para que se les realice urgentemente el test PCR. En este sentido, exigimos que a estos profesionales se les retire del servicio asistencial y se adopten las medidas de confinamiento oportunas hasta obtener un diagnóstico certero sobre su infección.    
 “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge claramente qué material de protección está indicado para cada situación y saltarse esta Ley para cambiar los protocolos y adaptarlos al material existente es intolerable, pues se está poniendo en peligro la seguridad y salud de los profesionales.  Por ello, desde FTPS exigimos que se adopten las medidas necesarias para acabar con esta situación de desprotección a la que se ven sometidos los trabajadores y que solo atiende a la irresponsabilidad de los gestores sanitarios aragoneses. Además, exigimos que se proporcionen mascarillas auto filtrantes que cumplan con la normativa y criterios aprobados por el Ministerio de Sanidad”, explica José Hernández, responsable de FTPS en Aragón.
 

            Los profesionales sanitarios se enfrentan a la escasez de guantes y de uniformes de un solo uso. Pero, además, se obliga al personal a pulverizar con lejía diluida batas y mascarillas para ser reutilizadas cuando estos materiales han de ser estériles y para un uso único. El mismo proceso se sigue con los mandiles impermeables que son lavados eliminando en este proceso la impermeabilidad que les da la eficacia necesaria para su utilización.

            “Todas estas carencias de material y actuaciones con el existente supone que los profesionales un evidente riesgo en la atención a los pacientes que el Sindicato de Técnicos de Enfermaría ha denunciado ante la Inspección de Trabajo”, finaliza Victoria González, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (CEMS CV SAE) ha remitido un escrito al Servicio de Prevención, a la Dirección de Enfermería, a la Dirección Médica y a la Dirección de Gerencia de Marina Salud exigiendo que se deje de obligar a los Técnicos en Cuidado de Enfermería (TCE) a realizar la desinfección de batas impermeables reforzadas, pues esta función corresponde al departamento de lavandería.
Esta decisión, adoptada por la Gerencia del centro, está poniendo en riesgo a los profesionales sanitarios, que se ven obligados a realizar una tarea que no está dentro de sus funciones, y lo está haciendo sin los EPIS adecuados para manejar material contaminado, como son estas batas, y sin que las bolsas no hidrosolubles y carros en los que se depositan y trasladan cumplan los criterios de bioseguridad establecidos.
    “La Dirección Gerencia está obligando a los TCE a llevar a cabo esta función sin ningún motivo ni justificación, por lo que exigimos que, de inmediato, retire el protocolo que ha publicado recientemente en la intranet del centro en el que se recoge esta nueva función para los TCE; en caso contrario, desde SAE adoptaremos las medidas que consideremos oportunas ante el incumplimiento que Marina Salud está haciendo de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, poniendo en juego la seguridad de estos profesionales sanitarios sin motivo justificado. En caso de insistir en esta decisión, la Dirección Gerencia se tendrá que hacer responsable de las consecuencias, incluidas las penales, que se puedan derivar de esta situación”, explica Concepción García, secretaria provincial de SAE en Alicante. 
 

            “Dejar este reconocimiento a la opinión e interpretación de los gerentes el nivel de exposición al Covid 19 es abrir la puerta a los agravios, las discriminaciones y la injusticia. No sólo entre unas provincias y otras sino entre hospitales de la misma provincia” manifiesta al respecto la secretaria autonómica de SAE, Ana Tobal.

            El planteamiento de esta situación en la videoconferencia de la Mesa Sectorial, que evidentemente recibió el rechazo tanto de SAE como del resto de organizaciones sindicales es presentado, inexplicablemente, como una negativa sindical. Lo único que SAE reivindica es un criterio uniforme que no dé lugar a interpretaciones subjetivas ¿cuánto tiempo de exposición se considera el mínimo? ¿a qué profesionales?

            Son muchas las ocasiones en las que los Técnicos en Cuidados de Enfermería pero también otros profesionales, se han llegado a sentir olvidados por la Administración cuando no directamente discriminados, por ejemplo, en el reparto de EPIs. Permitir que sean los gerentes quienes determinen qué profesionales serán reconocidos es un riesgo más que evidente de que van a ser muchos de estos profesionales quienes serán olvidados.

            Por otro lado, en la cuantificación de las jornadas es preciso establecer parámetros lógicos y no se puede partir del supuesto del turno fijo cuando la ponderación del turno rotatorio y de nocturno ha de ser diferente, de la misma manera que el cómputo horario es también diferente.

El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y expresa que éste debe ser garantizado por los poderes públicos. Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería, con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, reivindicamos que se cumplan sus derechos y lo hacemos pidiendo protección adecuada frente al Covid-19 para todos los profesionales sanitarios.
Los profesionales sanitarios somos los principales garantes de la salud de los ciudadanos, sin embargo, la falta de EPIs en los hospitales y centros de Atención Primaria, así como en centros sociosanitarios, complica que podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo, pues ponemos en riesgo tanto nuestra salud como la del usuario.  
Para que los profesionales sanitarios podamos proteger la salud de los ciudadanos, los responsables políticos deben garantizar la nuestra y, para ello, los centros asistenciales deben contar con los recursos materiales necesarios que permitan cumplir con tres derechos básicos del paciente: prevenir la enfermedad, realizar diagnósticos precoces y poner tratamientos personalizados.
Pero, además, el paciente tiene derecho a instalaciones seguras, a recibir información de su estado, a conocer a los distintos profesionales que le atienden y a que se registren todos sus cuidados, pues, en caso necesario, tiene derecho a reclamar.
“Los profesionales sanitarios, que también somos pacientes, somos los principales garantes de estos derechos y debemos protegerlos para generar una relación clínico-asistencial con los pacientes basada en la responsabilidad y la eficacia. Pero para ello, necesitamos un sistema sanitario que garantice también nuestra salud. Por ello, desde SAE reivindicamos que se implementen las herramientas necesarias que nos permitan garantizar su seguridad y la nuestra”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.