Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación de SAE, planteó durante su intervención la necesidad de “reorientar el modelo sanitario que en la actualidad pivota en torno a la resolución de procesos agudos y patologías de alta complejidad por lo que predomina un patrón claramente especializado y resolutivo, pero el sistema que persigue la calidad y la excelencia, requiere de profesionales con el nivel de formación adecuado al servicio que demanda el ciudadano y no más especializado”

“Por ello hay que diseñar un modelo sanitario adaptado a las necesidades reales de una población envejecida, optimizando los recursos materiales y, sobre todo, humanos existentes como primer paso de la contención del gasto público”.

Insistió en la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión ordenada y coherente de los recursos que la sociedad pone a disposición de los responsables, que deben tener conciencia de que los recursos económicos públicos salen del esfuerzo de la mayoría de los contribuyentes y por tanto están obligados a distribuirlos y emplearlos de la forma más óptima posible.

La OMS señalaba en el año 2000 que la adecuada distribución de tareas entre los profesionales sanitarios era uno de los grandes retos para las organizaciones sanitarias y sistemas de salud y que era necesario que “los trabajadores apropiados, con las destrezas apropiadas ocupasen los puestos apropiados para realizar las tareas apropiadas”. Sin embargo, en España las políticas de contención del gasto público en sanidad no se están haciendo bien y esta recomendación de la OMS no se está aplicando, por desconocimiento de la realidad o por otros intereses.

La responsable de SAE aludió entonces a la ratio de algunos profesionales de la enfermería por paciente y la diferencia con la media europea, “pero la enfermería en muchos países de Europa nace de la Formación Profesional y a través de cursos posgrado de formación y antigüedad se van adquiriendo distintos niveles como enfermeros. Por tanto, esos datos son relativos y no pueden aplicarse estrictamente en nuestro país y dejar de lado a los Técnicos en Cuidados de Enfermería, también profesionales de la enfermería”, aclaró a este respecto.

Pese a esta realidad, los gestores no tienen en cuenta estos aspectos para salvaguardar los servicios sanitarios con la obligación de optimizar los recursos de los que disponen y no se entiende que a un personal al que se le exige para el desempeño de su puesto unos estudios de Formación Profesional, en aras de la calidad asistencial y mejor cuidado de los usuarios, no se les reconozca ni en la práctica asistencial ni retributivamente y se les mantenga al mismo nivel que a otras categorías no sanitarias a las que no se les exige nada más que la ESO.

Los interrogantes desconciertan a los ciudadanos ¿qué puede esperarse de una sanidad que se resiste a actualizar las funciones de los profesionales de enfermería que más tiempo pasan con el paciente, en base a su formación académica actual, manteniendo en vigor un Estatuto del año 73 de cuando ni siquiera existía una formación reglada de la FP para ellos?. ¿qué puede esperarse de los gobiernos que en teoría fomentan los estudios de Formación Profesional, pero en la práctica, se niegan a reconocer las funciones que los TCE realizan día a día, con el pretexto de delegación de funciones de otros profesionales?.

La subida de nivel de cualificación de las funciones de estos profesionales redundaría en beneficio del usuario a la vez que ayudaría a reducir costes y hacer más sostenible la sanidad, precisamente por el envejecimiento de la población ingresada y por seguir el consejo de la OMS de profesionales apropiados para tareas apropiadas, como así lo ha demostrado el estudio recogido en el Libro Blanco del TE que tomando como ejemplo un hospital medio de Madrid con 200 camas ha concluido que:

En la medida en que muchas funciones de enfermería sean realizadas por los TCE disminuiría la carga del personal enfermero, que podrían dedicarse a funciones emergentes en relación a los médicos y que podría suponer una bajada en el gasto total del área de Enfermería, en un 16,59%

Estos datos corresponden al supuesto de que el personal TCE estuviera encuadrado en el grupo C1 como marca el Estatuto Básico del Empleado Público, (del año 2007) con sus respectivas retribuciones. Pero aún no se ha cumplido ese mandato legal a pesar de que a estos profesionales se les exige formación específica para el desempeño del puesto de trabajo, a diferencia de otros profesionales clasificados en el mismo grupo C2, a los que solo se les exige la ESO.

A pesar de las reuniones que los responsables de SAE han mantenido con la dirección, subdirección y gerencia del centro, aún no se han adoptado las medidas necesarias para cubrir estas situaciones y solucionar así el problema de riesgos laborales al que están sometidos los TCE. Un ejemplo de esta situación lo encontramos en el área de Salud Mental donde, actualmente, existe una diferencia de 10 bajas y 2 reducciones por guardia legal sin cubrir en la jornada, lo que ha incrementado el número de agresiones a los TCE. Asimismo,  en esta unidad durante dos horas –de 20 a 22 horas- sólo hay un TCE, lo que aumenta su inseguridad al no tener un compañero de refuerzo.
“Desde 2012 y a pesar de las denuncias realizadas por SAE, la dirección del hospital mantiene la misma política de contratación, obviando la seguridad de los profesionales y, desde luego, la calidad asistencial que reciben los usuarios, pues, aunque es evidente que los profesionales realizan su trabajo y cubren todas las demandas de los pacientes, no pueden llevar a cabo sus funciones como deberían. Por ello, desde SAE exigimos, una vez más, que la dirección modifique la política de contratación y cubra el 100% de las bajas por incapacidad temporal y las reducciones de jornada. Sólo así se garantiza la integridad física de los profesionales y la calidad asistencial de los pacientes”, concluye Juan Antonio Moreno Torres, vicesecretario provincial de SAE en Córdoba.
 

    Entre las propuestas planteadas por SAE, cabe destacar la necesidad de aumentar el periodo de validez de la nota de examen en las OPEs para que el personal eventual pueda conservarla y su futuro laboral no dependa únicamente del examen de la OPE; la adecuación de la plantilla estructural para dar cabida a los puestos funcionales ahora cubiertos de manera eventual, de manera que todas las vacantes que se prorroguen más de un año estén asociadas a un código y sean ofertadas en OPE para convertirse en plazas fija; la implementación de políticas para fomentar las jubilaciones anticipadas y las bajas incentivadas para el personal de mayor edad y hacer extensivo el contrato relevo para el personal estatutario, buscando las fórmulas necesarias para que no se produzca una merma en el poder adquisitivo de las trabajadoras tras su jubilación; y la creación de una Ley de ratios de personal que se adecúe a la realidad actual, para lo que es fundamental actualizar las funciones reales de cada categoría profesional y, en el caso de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, implantar con esta actualización las figuras del Tutor de Formación y del Coordinador.
     “Esta actualización de las funciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería es fundamental, pues aún nos regimos por las establecidas en 1973, momento en el que carecíamos totalmente de formación académica. Asimismo,  hemos planteado la urgencia de finalizar con la Disposición Transitoria Tercera del EBEP para que se cumpla la subida de nivel establecida en el artículo 76 de esta norma, que nos sitúa a los Técnicos de Grado Medio en el C1 y a los Técnicos de Grado Superior en el B y hemos insistido en la necesidad indemorable de desarrollar un nuevo Decreto de Puestos Funcionales acorde al ciclo formativo y a las recomendaciones realizadas por el INCUAL. Esperamos que nuestras peticiones sean tenidas en cuenta y se mejoren así las políticas de personal y el desarrollo de los procesos de selección en Osakidetza”, explica Agustín Serna, responsable de SAE en País Vasco.
 

            El Sindicato de Técnicos de Enfermería siempre ha defendido este derecho de los profesionales interinos, considerando inadmisible la diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los profesionales con contrato de duración determinada, derivada del hecho de que estos últimos no tienen derecho alguno al reconocimiento y abono del citado complemento retributivo. Es de justicia que el personal temporal tenga derecho a cobrar el grado, igual que el personal fijo. SAE siempre lo ha reivindicado y ahora así lo reconoce la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

            La sentencia afectará a unas 8.000 personas que pueden ver incrementadas sus retribuciones en cuantías que oscilan entre los 90 y los 165 euros al mes, pero en términos generales supone elevar en torno a un 8% el salario medio de los trabajadores.

            Ahora es el momento de que el Gobierno de Navarra haga efectiva la sentencia y, cuanto antes, abone a los profesionales lo que les corresponde por derecho. Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería hace meses que se llevaron a cabo todas las tramitaciones de los profesionales afectados en previsión, como así ha ocurrido, de que esta sentencia fuera favorable.

Los Técnicos Sanitarios de la Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, de toda España se han concentrado esta mañana a las puertas del Congreso de los Diputados con una exigencia clara: la finalización de la Disposición Transitoria del EBEP y la aplicación inmediata del artículo 76.
    Los grupos parlamentarios Podemos, Ciudadanos, PP y Vox han recibido a algunos de los portavoces de la plataforma de afectados. La secretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, Dolores Martínez, ha manifestado al término de esta ronda de reuniones que “todos apoyan nuestra reivindicación y entienden que es tan injusto como ilógico que la Disposición Transitoria se haya mantenido hasta hoy. Hace ya años que debería haberse dado por finalizada y consideramos que ha pasado el tiempo de los apoyos verbales y las buenas palabras y es necesario que los grupos políticos tengan la valentía y altura de miras necesarias para dar respuesta tanto a los Técnicos Sanitarios actuales como a todos aquellos jóvenes que se plantean optar por la formación profesional”. 
    Los titulados de formación profesional llevan años en un grupo inferior al que por titulación les corresponde, con su correspondiente merma salarial, con su desfase en la cotización a la Seguridad Social y con la imagen de que quién no vale para estudiar hace una formación profesional. Mientras tanto las empresas, y las propias administraciones como empleadoras, contratan mano de obra cualificada con retribuciones inferiores.
    En un periodo en el que miles de estudiantes están decidiendo su futuro la falta de respeto que reciben los ya titulados en formación profesional podría contribuir a un replanteamiento académico de muchos jóvenes ante el continuado desprecio que sufrirán si optan por la formación profesional. La solución es sencilla: aplicar la legislación vigente. 
    Durante las últimas semanas los Técnicos Sanitarios han celebrado concentraciones todos los miércoles en las puertas de los hospitales. En esta concentración a la que han acudido desde toda España han exigido que, de una vez por todas, se lleve a cabo la finalización de la Disposición Transitoria Tercera del EBEB, la entrada en vigor del artículo 76 del EBEP y la correspondiente reclasificación por titulaciones. 
    Desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería llevamos años recibiendo el manifiesto apoyo de todos los partidos políticos, con independencia de su ideología e incluso programa electoral. Todos apoyan esta histórica reivindicación. Por eso SAE exige que tengan la valentía necesaria para aplicar las medidas necesarias que deriven en esta exigencia de los profesionales.