La desidia de la clase política y el desinterés de algunas categorías profesionales para reconocer la clasificación de los Técnicos Medios en el grupo C1 y la de los Técnicos Superiores en el B de la Formación Profesional mantienen paralizada la supresión de la Disposición Transitoria Tercera, que se aprobó en 2007.
“No entendemos que una disposición transitoria perdure en el tiempo más de 10 años, por ello ha llegado el momento de salir a la calle y luchar contra el engaño, el fraude y la estafa que la formación profesional está suponiendo para los Técnicos Medios y los Técnicos Superiores. Engaño porque no se nos reconoce laboralmente la titulación que nos otorga el Ministerio de Educación. Fraude porque estamos clasificados en un grupo profesional inferior al regulado por la Ley; de hecho, estamos en el mismo grupo que profesionales con menos años de formación, lo que supone un agravio para nuestros colectivos. Y estafa porque estamos dejando de percibir el sueldo que por nuestra categoría profesional nos correspondería, lo que afecta a nuestras cotizaciones a la Seguridad Social y, por supuesto, afectará a nuestras pensiones, sin olvidarnos de los casos de mayor desamparo, como es el desempleo, donde percibimos un subsidio inferior al que deberíamos por nuestra categoría”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización de SAE.
“Ante el olvido, el abandono, la discriminación y el ninguneo por parte de los distintos gobiernos y administraciones, la plataforma y los profesionales nos concentraremos mañana, y todos los miércoles, en las puertas de los hospitales españoles y adoptaremos las medidas que consideremos oportunas para demostrar que si la voluntad política hacia nosotros es mirar para otro lado, nuestra voluntad es que miren hacia dónde miren, allí nos van a ver y nos van a encontrar”, concluye Isabel Lozano.
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Esta pésima situación viene originada porque las instalaciones del aire acondicionado, que exponen a los profesionales TCE a un ruido continuo insoportable y a la inhalación del polvo tóxico que emiten. Asimismo, durante los meses de verano estas instalaciones generan hielo y, en alguna ocasión, éste se ha desprendido cayendo sobre los trabajadores. Finalmente, el almacén más pequeño almacena los cubos de residuos, que se recogen una vez a la semana, generando un olor insalubre.
Además de jugar con la salud de los profesionales, la dirección pone en riesgo la integridad de los pacientes, pues uno de los cuartos del almacén está habilitado para realizar curas.
Tras la denuncia realizada por los profesionales ante la Coordinadora y la Directora de Primaria, y la visita de los responsables de riesgos laborales, quienes han recomendado cambiar los almacenes de lugar, las medidas adoptadas por la dirección del centro han sido dotar a los profesionales de cascos para amortiguar el ruido y de mascarillas para evitar la inhalación de polvo.
“En ningún momento se ha contemplado trasladar este almacén a otro lugar, lo que hace que los profesionales continúen trabajando en un ambiente tóxico que pone en riesgo su salud. Es evidente que no se están adoptando las medidas de prevención de riesgos adecuadas, por ello desde SAE queremos denunciar públicamente el peligro que supone para estos profesionales acudir diariamente a su puesto de trabajo. Esperamos que la dirección del centro adopte las medidas indicadas por riesgos laborales y cambie la ubicación del almacén lo antes posible”, explica Valeria Casero, secretaria provincial de SAE en Valencia.
 

La Consellería de Sanidad está permitiendo que la empresa encargada de la limpieza de los hospitales de la comunidad incumpla el pliego de limpieza, obligando a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) a realizar las tareas que deberían llevar a cabo los profesionales contratados para esta función.
La falta de personal de limpieza ha dado lugar a que estos profesionales se nieguen a llevar a cabo tareas como el traslado de las bolsas de ropa sucia, la retirada de los cubos de basura que hay en las habitaciones si en ellos se han depositado pañales sucios, el cierre de los cubos de residuos tipo III y IV, o la limpieza de las neveras en las que se conservan alimentos para los pacientes y para el personal de cada unidad.
Ante esta negativa, la Consellería ha dado la razón a esta empresa de limpieza y obliga a los Técnicos en Cuidados de Enfermería a realizar estas labores, cuando, por ejemplo, la gestión de la ropa sucia, que la Consellería ahora no considera residuo, está regulada en el ámbito de la Comunidad Valenciana por el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, que clasifica en cuatro grupos los distintos tipos de residuos generados en los establecimientos sanitarios, incluyendo en el tipo II a la ropa sucia.
Asimismo, la Consellería obliga a los TCE a cerrar los cubos de residuos tipo III y IV, cuando la normativa no establece ninguna categoría profesional para realizar esta labor, aunque en el pliego de limpieza se recoge claramente que es el personal de limpieza el encargado de manipular y cerrar estos cubos. De hecho, en el contrato con la empresa de limpieza, entre las obligaciones que ésta contraía se encuentra la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales para sus trabajadores, adoptando la obligación de formarles en la manipulación de residuos sanitarios. 

“El hecho de que un profesional sanitario sea obligado a manipular residuos y basuras y luego atienda a los pacientes supone, además, un importante riesgo de infecciones nosocomiales para el usuario. Desconocemos si rebajar las funciones laborales de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, una categoría profesional sanitaria, a tareas de limpieza que poco tienen que ver con su formación, responde a la incompetencia de la Consellería o si simplemente es un manifiesto desprecio hacia nuestra categoría profesional. Lo que sí es evidente es que está poniendo en riesgo la salud de los usuarios por no hacer cumplir los acuerdo a los que llega con las empresas contratadas y que un mal uso de los fondos públicos perjudica a todos los ciudadanos valencianos; por lo tanto, no podemos negar que permitir que una empresa a la que se ha contratado para dar un servicio público lo incumpla mientras se obliga al personal estatutario a realizar este servicio podría suponer un posible delito de prevaricación. Por ello, esperamos que la Consellería dé marcha atrás y obligue a los profesionales de la limpieza a cumplir con sus obligaciones mientras los TCE se ocupan de las suyas: garantizar la salud al paciente”, explica Soraya Beltrán, secretaria autonómica de Comunidad Valenciana.
 

La desidia de la clase política y el desinterés de algunas categorías profesionales para reconocer la clasificación de los Técnicos Medios en el grupo C1 y la de los Técnicos Superiores en el B de la Formación Profesional mantienen paralizada la supresión de la Disposición Transitoria Tercera, que se aprobó en 2007.
“Durante estos 10 años, SAE no ha dejado de luchar por el reconocimiento del grupo que por ley corresponde a los técnicos y lo continuaremos haciendo con acciones como la concentración que esta mañana ha reunido al colectivo en toda España para reivindicar que se cumpla la clasificación aprobada en 2007 y que, por nuestra formación, nos corresponde. Durante estos años, los Técnicos Medios y los Técnicos Superiores hemos estado sometidos al engaño, el fraude y la estafa que la formación profesional supone para los profesionales. Engaño porque no se nos reconoce laboralmente la titulación que nos otorga el Ministerio de Educación. Fraude porque estamos clasificados en un grupo profesional inferior al regulado por la Ley; de hecho, estamos en el mismo grupo que profesionales con menos años de formación, lo que supone un agravio para nuestros colectivos. Y estafa porque estamos dejando de percibir el sueldo que por nuestra categoría profesional nos correspondería, lo que afecta a nuestras cotizaciones a la Seguridad Social y, por supuesto, afectará a nuestras pensiones, sin olvidarnos de los casos de mayor desamparo, como es el desempleo, donde percibimos un subsidio inferior al que deberíamos por nuestra categoría”, explica Isabel Lozano, secretaria de organización de SAE.
“La plataforma y los profesionales continuaremos concentrándonos todos los miércoles en las puertas de los hospitales españoles hasta conseguir que los distintos gobiernos y administraciones nos escuchen y reconozcan la clasificación profesional que nos corresponde a los técnicos sanitarios. Por ello, además de salir a la calle, adoptaremos las medidas que consideremos oportunas para demostrar que si la voluntad política hacia nosotros es mirar para otro lado, nuestra voluntad es que miren hacia dónde miren, allí nos van a ver y nos van a encontrar”, concluye Isabel Lozano.
GALERÍA DE IMÁGENES DE LA CONCENTRACIÓN
 

El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y expresa que éste debe ser garantizado por los poderes públicos. Por ello, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería, con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, reivindicamos que se cumplan sus derechos y lo hacemos pidiendo plantillas adecuadas que los puedan garantizar.
Los profesionales sanitarios somos los principales garantes de la salud de los ciudadanos, sin embargo, la falta de plantillas, no sólo de Técnicos en Cuidados de Enfermería, sino de diversas categorías, en diferentes hospitales y centros de Atención Primaria, complica que podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo y que nos veamos sometidos a cargas laborales que ponen en riesgo nuestra salud. Para evitarlo, además, es fundamental que se cumpla la jornada de 35 horas, que se tenga en cuenta la turnicidad de los servicios y las enfermedades profesionales.
Para que los profesionales sanitarios podamos proteger la salud de los ciudadanos, los responsables políticos deben garantizar la nuestra y, para ello, los centros asistenciales deben contar con los recursos materiales y humanos necesarios que permitan cumplir con tres derechos básicos del paciente: prevenir la enfermedad, realizar diagnósticos precoces y poner tratamientos personalizados.
Pero, además, el paciente tiene derecho a instalaciones seguras, a recibir información de su estado, a conocer a los distintos profesionales que le atienden y a que se registren todos sus cuidados, pues, en caso necesario, tiene derecho a reclamar.
“Los profesionales sanitarios, que también somos pacientes, somos los principales garantes de estos derechos y debemos protegerlos para generar una relación clínico-asistencial con los pacientes basada en la responsabilidad y la eficacia. Pero para ello, necesitamos un sistema sanitario que garantice también nuestra salud con plantillas adecuadas a las demandas y necesidades de los usuarios. Por ello, desde SAE reivindicamos un incremento de profesionales TCE, pero también la implementación de las herramientas necesarias que nos permitan garantizar su seguridad, registrar sus cuidados para que en todo momento conozca quién le ha atendido o respetar su privacidad e intimidad, entre otros”, explica Daniel Torres, secretario de acción social y formación de SAE.